Comunicadores del Sur

29.4.2020

Tras la jornada de protesta de ayer llevada a cabo en hospitales y centros de salud de la Ciudad, la justicia dictaminó que el gobierno porteño debe garantizar los elementos de protección necesarios contra el Covid-19 a los trabajadores de la salud. En primera línea enfrentando la pandemia, hace semanas que vienen reclamando porque sus vidas están en riesgo, frente a la negligencia de los gobiernos nacional y de la Ciudad que no garantizan su seguridad.

Ayer se realizó una jornada de protesta en decenas de hospitales y centros de salud de la Ciudad, de las y los trabajadores de la salud que vienen reclamando por falta de elementos de protección y los insumos necesarios para evitar el contagio de Covid-19.
Hace 40 días, desde que empezó la cuarentena, que los trabajadores vienen reclamando y organizándose, mostrando su bronca y su lucha, como fuimos reflejando en este diario.
Hoy el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 15, a cargo de Víctor Trionfetti, instó al gobierno de Rodríguez Larreta a que garantice la seguridad de las y los trabajadores de la salud, obligando a que “proporcione en forma inmediata a los trabajadores del sector de salud de la Ciudad, según las necesidades del área y del sector, todos los elementos para una adecuada protección a fin de evitar el contagio de covid-19”. La medida cautelar a la que dio lugar el juez fue presentada por ATE Capital.
A su vez, el juez Trinfetti le ordenó a la aseguradora Provincia ART que cumpla con la fiscalización de la higiene correspondiente: “que cumpla en forma inmediata con las normas de higiene, seguridad, control y fiscalización del empleador en los términos de la ley nº 24.557 respecto de la prevención de contagio” del Covid-19, porque de lo contrario, puede ser multada o sancionada.
También ordenó poner en pie una “mesa de diálogo” entre las partes.
Sin embargo, el cumplimiento de este fallo se logrará solo gracias a la propia organización y lucha que impongan las y los trabajadores de la salud, Larreta ya viene desconociendo 19 fallos de la Justicia, como también sucede en las escuelas porteñas, donde debe garantizar alimentación saludable para todos los estudiantes, pero el gobierno no lo cumple.

Mapa de la salud

El sistema de salud porteño cuenta con 13 hospitales generales de agudos, 2 hospitales generales de niños, 19 hospitales especializados, un centro asistencial, 45 centros de salud nivel 1 (CeSAC), 31 centros médicos barriales, tres centros de salud mental y dos centros odontológicos infantiles, y nuclea alrededor de 27.599 trabajadores y trabajadoras.
En Argentina, el porcentaje de los contagiados y fallecidos por Covid-19 en los trabajadores de la salud es de los más altos del mundo: asciende un 15,5%, es decir 638 personas. Algo muy grave y urgente de revertir, pero que evidentemente no preocupa de forma suficiente a los gobiernos.
Por el contrario, estos trabajadores “héroes”, que se encuentran en primera línea enfrentando a la pandemia, son sistemáticamente maltratados y ninguneados por los gobiernos, tanto de la Ciudad como a nivel nacional.
No solamente porque no se les garantiza su seguridad, entregándoles los elementos necesarios, sino que se les echa la culpa por “contagiarse”, como hizo el Ministro de Salud Ginés González García, cuando dijo que los trabajadores de la salud se contagian porque no se cuidan lo suficiente. Indignante, cuando vienen hace semanas reclamando porque no llegan los insumos básicos, como barbijos, uniformes, mascarillas, alcohol en gel.
En la jornada de protesta de ayer, los trabajadores de la salud le contestaron al ministro: “Son nefastos los dichos del ministerio, nosotros sí sabemos aplicar los protocolos y usar los materiales -nos protegemos nosotros, a los pacientes y a nuestras familias-, pero los insumos son escasos o de mala calidad”.
Mientras tanto, en la Ciudad, los insumos no llegan a los hospitales porteños, y el gobierno de Larreta no solamente paga sobreprecios en los barbijos sino que los compra vencidos. Queda claro cuáles son las prioridades del gobierno: hacer negocios a costa de la salud de la población.
En varios hospitales la bronca se fue transformando en organización, desde asambleas como en el Ramos Mejía, hasta comisiones de seguridad e higiene donde las y los trabajadores logran imponer protocolos y exigen la entrega de materiales de protección sanitaria, como en el Rivadavia, Garrahan, entre otros.
A su vez hoy la Legislatura Porteña está tratando un proyecto de ley de emergencia que contempla reducir salarios a trabajadores estatales y pagarlos de manera escalonada. Un escándalo que implica una vez más que el ajuste recaiga sobre los trabajadores.
Por eso es urgente la organización. El Gobierno debe garantizar todos los elementos de protección, seguridad e higiene en las instituciones del sistema de salud. A su vez, es necesario que se desarrollen e impulsen asambleas para votar un plan de lucha acorde a la crisis sanitaria actual e impulsar Comisiones de Seguridad e Higiene entre trabajadores y pacientes, para sean quienes controlen la cantidad y calidad de los insumos, y no dejarlo en manos de la desidia del Estado.

29.4.2020

Por CEDET*

Los y las integrantes comunales están trabajando en la construcción de ámbitos participativos de emergencia. En la Legislatura desde la Comisión de Descentralización que dirige la ex comunera María Suarez y preside el legislador Leandro Santoro se está trabajando en un proyecto de Ley.

Entre los fundamentos se esgrime que “la necesidad de asistencia social, sanitaria y económica vuelve indispensable que las Comunas, que son el órgano de Gobierno de mayor cercanía a la ciudadanía, reconviertan sus prácticas y acciones y las orienten a atender cuestiones vinculadas con la pandemia.”. Además se afirma que “Distintos municipios del país han creado comités de crisis y eso ha resultado en mejoras para los argentinos y argentinas que allí habitan”. Pero por sobre todo hace hincapié en que “Previendo que la situación descripta se va a prolongar en el tiempo durante semanas o meses es que resulta necesario darle a las Comunas y a los Comuneros un marco jurídico a institucional para facilitar sus tareas y orientarlas para que conviertan sus estructuras institucionales en herramientas para los vecinos y vecinas de la Ciudad”. Y que “A su vez, resulta de vital importancia dotar a las Comunas de mayores recursos para enfrentar las crecientes demandas que se encuentran vinculadas con sus competencias exclusivas y concurrentes”.
Por su parte, comuneros y comuneras ya vienen trabajando en el tema más allá del nombre o denominación de los ámbitos de acción. En la Comuna 3 ya está funcionando el comité de manera muy amplia con actores políticos, culturales, religiosos e inclusive educativos. En las comunas 12 y 15 se presentaron propuestas para la creación del comité de emergencia por parte de los comuneros del Frente de Todos. En la comuna 7 la tarea se lleva adelante con Iglesias, organizaciones sociales, políticas y culturales. En la comuna 8 la Junta Comunal convocó a trabajar a las organizaciones barriales, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Ministerio de Salud para atender las urgencias de Villa 20 y Ciudad Oculta. En la Comuna 10, comuneros del peronismo, vecinos y el Consejo Consultivo Comunal han creado el relevamiento comunitario para tener información más concreta sobre los casos de COVID-19 y Dengue.
En síntesis, los barrios de Buenos Aires ya comenzaron a organizarse a través de la instancia comunal y organización territorial. Habrá que esperar que receptividad muestra el Gobierno de la Ciudad ante esta realidad.

Voces desde las Comunas

“Logramos centralizar en el Comité actores, políticos, culturales, religiosos e incluso instituciones educativas pudiendo construir un espacio que puede monitorear mucho mejor el desarrollo de la infección en la comuna” señaló Gabriel Zicolillo, miembro Junta Comunal 3.
“Los juntitas del Frente de Todos de la Comuna 12 propusimos en la Junta Comunal la creación de un Comité de emergencia. Hay que darles una respuesta inmediata a los vecinos más afectados por la crisis desatada por la pandemia. Consideramos que la experiencia de acciones coordinadas por el Gobierno Nacional con distritos provinciales y municipales, muestra el camino a seguir” dijo Pablo Ortiz Maldonado, miembro Junta Comunal 12.
“Si bien no hay un espacio con el nombre de Comité en los hechos tenemos un trabajo conjunto al Instituto de la Vivienda (IVC), las organizaciones del barrio, el Ministerio de Salud y la Comuna para lo que es Ciudad Oculta y Villa 20” explicó que Nayla Loytegui miembro Junta Comunal 8.
“Planteé en la Junta Comunal, con mis compañeras del Frente de Todos, la necesidad de crear un Comité de emergencia Comunal. La Junta votó y fue unánime a favor de la creación. Ahora está en proceso de formación, estamos sumando al CESAC, al hospital Tornu, los clubes Atlanta, Comunicaciones y Argentinos Juniors, Cámaras de Comercio y otras instituciones” propuso Leo Lucchese, miembro de la Junta Comunal 15.
“Para llenar el hueco que deja el Estado de la Ciudad venimos articulando, con Iglesias, clubes, organizaciones sociales y políticas de los barrios y hacer frente la epidemia de dengue y a la pandemia de Coronavirus que hay en la Comuna 7” advirtió Julián Cappa, miembro de la Junta Comunal 7.
* Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial.

28.4.2020

Se trata de una trabajadora de la salud con 30 años de antigüedad en la profesión y trabaja en el Hospital Penna. Los argumentos judiciales se deben a que se trata de un área de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia.

La Justicia porteña revocó una medida cautelar presentada por una enfermera con 30 años de antigüedad del Hospital José María Penna en la que solicitaba una licencia por ser única responsable del cuidado de su hija de cinco años y le ordenó elegir entre enviarla a un centro de atención transitoria (CAT) durante la semana o el cuidado a través del programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos de la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los argumentos de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario se destacó que el decreto de la Ciudad 147/2020 establece al Ministerio de Salud y todos los organismos bajo su órbita como “áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia” y se facultó a las autoridades a la suspensión temporal del otorgamiento de las licencias y permisos.
“En ese decreto también se plantea que quienes tienen que cuidar a sus hijos, si ambos progenitores trabajan en el Estado, uno se puede quedar en su casa gozando de una licencia extraordinaria y si bien están exceptuados quienes trabajan en organismos declarados esenciales estamos frente a un caso que merece aplicar una excepción”, dijo a Télam Carlos Gustavo López, abogado de la enfermera.
“No planteé la inconstitucionalidad del decreto porque es lógico, no podés licenciar a todos los médicos y enfermeros en forma indiscriminada, porque te quedás sin sistema de salud pero en este caso se trata de una familia monoparental y si, además, ella se contagia trabajando, ¿quién cuida a su hija mientras ella hace la cuarentena?”, agregó.
El amparo presentado el 18 de abril pasado por la enfermera fue concedido por el Juzgado 13 a cargo del doctor Martín Scheibler que dispuso que fuera el Gobierno porteño el que debía plantear opciones para resolver el problema.
Al respecto, la sala 2 de la Cámara Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario planteó dos alternativas: la primera, el alojamiento semanal de la menor en un centro de atención transitoria “debiendo retornar al domicilio familiar en los días de descanso de la amparista y hasta tanto se extendiese el aislamiento preventivo, social y obligatorio”.
La segunda propuesta, “el cuidado personal de la menor mediante la implementación del programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
“La primera la descartamos y la segunda también porque (su clienta) se opone a dejar a su hija con alguien que no conoce”, explicó el letrado y agregó que su pedido es “que le otorguen una licencia mientras dura la pandemia, no solo porque parte de los Derechos del Niño que se pueda quedar con su madre, sino porque si ella se contagia trabajando su hija no tiene con quién quedarse y por lo tanto no se le aseguraría”.
“Es decir, lo esencial del amparo, en resumen, es que para asegurar la protección de la niña, se debe proteger a la madre quien, en definitiva, es la expuesta a contraer la enfermedad cuya consecuencia es el desamparo para la niña”
Por último, destacó que “será el Juzgado número 7, a cargo de Miguel Converset, quien deberá tomar la decisión de fondo”.

28.4.2020

El fallo es en respuesta a una medida cautelar pedida por ATE Capital ante la falta de barbijos, guantes y equipos de protección para reducir el riesgo de contagio en el sector.

En coincidencia con las protestas en los hospitales de la Ciudad por falta de insumos, un juez porteño le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que brinde a los trabajadores de la salud elementos de protección adecuados para evitar el contagio de Covid-19
El juez Víctor Trionfetti del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 15 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por ATE Capital y ordenó que “el GCBA proporcione en forma inmediata a los trabajadores del sector de salud de la Ciudad” todos los elementos necesarios para su protección.
El juez también ordenó la conformación urgente de una mesa de diálogo (física o virtual) donde participen el jefe de Gobierno y otros funcionarios de su gabinete junto a los demandantes de ATE Capital a los fines de abordar seriamente la crisis sanitaria en los efectores de salud.
A su vez, afectó también a Provincia ART S.A. en el cumplimiento “en forma inmediata de las normas de higiene, seguridad, control y fiscalización del empleador en los términos de la Ley 24.557 respecto de la prevención de contagio del COVID-19”.
“Larreta hace gala de las acciones del Gobierno porteño para proteger a las y los porteños y prevenir los contagios de coronavirus, pero a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que les toca pelear en la primera línea contra la pandemia, no les proporciona barbijos adecuados, guantes y equipos de protección para reducir el riesgo de contagio”, planteó Daniel Catalano, secretario general del sindicato estatal porteño e impulsor de la acción de amparo tramitada por Trionfetti.
El gremialista explicó que esta situación “no sólo afecta a los trabajadores y las trabajadoras de la salud sino a todas y todos aquellos trabajadores del GCBA abocados a tareas esenciales en el marco de esta pandemia, como los que atienden las líneas telefónicas de denuncia y asistencia, agentes de Prevención del Delito que realizan trabajos de control en hoteles de cuarentena o reparten viandas en las escuelas”, entre otros sectores del Estado porteño.
La cautela se conoció el mismo día que ATE realiza una protesta en los hospitales porteños, como el Fernández, Durand, Muñiz o Santojanni, en la que los trabajadores de la salud reclaman por la falta de insumos y elementos de protección personal.

27.4.2020

Por Nadia Mayorquin

Los presos reclaman por medidas de sanidad mientras se confirmó un caso de coronavirus en una agente penitenciaria.

El 24 de abril un grupo de presos de la Cárcel de Devoto visibilizó una protesta que surgió al enterarse de que un agente penitenciario había dado positivo en COVID 19. Además del penitenciario infectado, otros seis fueron aislados preventivamente. El reclamo se inició el jueves 23 de abril a la noche con batucadas y mensajes de audio vía whatsapp enviados desde los pabellones a grupos familiares. En dichos mensajes se preanunciaba lo que pasaría el viernes y el pedido de traslados, elementos de higiene y controles sanitarios por miedo a un contagio masivo.
Los internos ocuparon dos plantas del penal con capacidad para 1683 personas pero que alberga a 2200. Al mediodía la protesta incluía aproximadamente al 80 % de los pabellones. Fueron momentos de tensión para los familiares y observadores expectantes desde el exterior.
Claudia Cesaroni, abogada y querellante de la causa conocida como “Masacre del pabellón séptimo”, ocurrida en el mismo penal el 14 de marzo de 1978, estuvo en el lugar desde el inicio y aseguró: “Ahí en el pabellón séptimo fue la masacre de 1978. Me desespera pensar que uno solo puede salir lastimado hoy. Son personas con derecho, el principal a la vida y a la salud. Lo que sucedió es mucho más que un motín, es un grito de auxilio para que se les considere seres humanos”. De acuerdo con Cesaroni todas las medidas públicas de cuidado entran también tras los muros del penal, esa es la demanda.
La Cárcel de Devoto es el único penal que aún existe dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En las alturas de la cárcel se veían tres banderas que sintetizaron la razón del motín: Nos negamos a morir en la cárcel. La frase colgada en los techos es el sentir en todas las cárceles del país donde se viven horas de tensión en medio de esta crisis sanitaria mundial. La aparición del COVID 19 se suma a una situación crítica en las cárceles, en ellas los presos sufren hacinamiento, malos tratos, superpoblación, comida poco nutritiva, escasa atención médica, falta de barbijos, guantes y alcohol en gel, sin el distanciamiento social necesario. Un dato importante es que la gran mayoría de los presos sufren de enfermedades respiratorias.
Tras nueve horas de motín, el viernes se logró el comienzo de una salida pacífica, sin represión, con el acuerdo de una mesa de diálogo con inicio el sábado 25 de abril para tratar el petitorio realizado por los presos.
Desde las 10:30 del sábado los miembros de la mesa de negociación se reunieron en la capilla del penal. Concurrieron el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el Subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; dos jueces de Casación Nacional y Federal, Daniel Morin y Gustavo Hornos; Ariel Cejas Meliare, por la Procuración Penitencial y varios representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las personas detenidas, así como los defensores oficiales. La abogada Andrea Casamento y el presidiario Guillermo “El Concheto” Álvarez, representaron la postura de los internos.
Según el acta se propuso como medidas abarcar el universo de alojamiento en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no solo es un tema de la Cárcel de Devoto. Se acordó la conformación inmediata de un grupo de trabajo interdisciplinario y priorizar la revisión y estado de los trámites judiciales vinculados a la población de riesgo sanitario: personas en término de libertad condicional y asistida, las que tenían salidas transitorias otorgadas, aquellos con condenas no superiores a los cuatro años, los que tienen prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años, mujeres embarazadas y/o con hijos, extranjeros con trámite de expulsión, personas que fueron condenadas bajo el régimen penal de menores. La próxima mesa de diálogo será el jueves 30 de abril.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el distanciamiento social como uno de los recaudos para evitar los contagios de COVID 19. Por las características propias del sistema carcelario y las condiciones de hacinamiento esto es imposible. A nivel mundial se está aplicando una política en la que el objetivo es descomprimir las cárceles para disminuir los contagios. América Latina afronta está crisis sanitaria con una desventaja adicional: las cárceles tienen sobrepoblación, hay más de un millón y medio de internos, tiene una tasa de encarcelamiento de 241 internos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. Casi un 6% son mayores de 65 años, el grupo de edad más vulnerable.
Las medidas de prevención recomendadas para esta pandemia: lavarse las manos, reducir las interacciones sociales, etc. son casi impracticables en el contexto carcelario. Los datos señalan que el 58% de los internos no tiene una cama para dormir y un 20% no tiene acceso a suficiente agua potable.