Comunicadores del Sur

4.5.2020

Por Emiliano Martínez Viademonte

Son 5909 casos confirmados hasta el 1 de mayo, siendo los barrios precarios los más afectados

La ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, cuenta con la mayor cantidad de casos confirmados de Dengue a poco de superar el año más crítico con que contó la epidemia: el 2016 con 6241 casos confirmados.
La epidemia del dengue ya lleva 16.822 casos confirmados, siendo una de las principales crisis sanitarias del gobierno del Alberto Fernández que no tiene la relevancia nacional que requiere.
En los primeros día de abril, el jefe porteño junto al ministro de Salud nacional Ginés García encabezaron una acción contra el dengue, donde el dirigente de la cartera sanitaria expresó: “Me preocupa más el dengue que el coronavirus”; preocupación que no se vio reflejada en políticas públicas siendo que entre el mes de marzo y abril, el país estuvo a punto de llegar a un record histórico de contagios.
Hasta el 1 de mayo, el Boletín epidemiológico notificó 43.497 casos sospechosos nacionales de los cuales 8545 corresponden a la Ciudad con 2261 casos entre probables y sospechosos.
El distrito más rico del país es uno de los más afectados por la epidemia, que ha tenido sus picos más graves en los barrios vulnerables donde se encuentran las Comunas 7, 8 y 4 con mayor cantidad de casos. En estas Comunas el barrio de Flores cuenta con 1343 casos, seguido de Villa Lugano (721 casos) y Barracas (624 casos)
Una enfermedad que puede ser controlada con un plan sanitario y urbano, tiene un carácter de clase, ya que los distritos menos afectados son los que más poder adquisitivo tienen como las Comunas 2, 13 y 14 que cuentan con menos de 40 infectados, cada una, abarcando los barrios de Recolecta, Núñez, entre otros.
Estudios científicos demuestran que las condiciones precarias de vivienda y hábitat son un factor preponderante para la expansión de la enfermedad ya que en esas zonas se reproduce mayormente el mosquito que la transmite por la falta de infraestructura; y el hacinamiento y mayor densidad de población facilita también su expansión.
La Ciudad de Cambiemos no es la única en la crisis por la epidemia, la Provincia de Buenos Aires gobernada por el Frente de Todos encabeza la cantidad de casos notificados, con 8834, sin un plan de fondo y de emergencia hasta la fecha.
Donde la riqueza abunda, las políticas públicas necesarias son escasas. Desde el Frente de Izquierda, las legisladoras Alejandrina Barry y Myriam Bregman vienen denunciando este hecho y hace más de 2 meses presentaron un proyecto en la legislatura para exigir un plan serio de prevención y control.
Un plan habitacional que contemple a los más vulnerados, fumigación constante, inversión de emergencia en materia sanitaria, y elementos de protección y prevención para las familias puede evitar esta situación. Este plan de fondo se puede abarcar afectando los inmuebles vacíos a la expectativa de la especulación inmobiliaria y con un impuesto a las grandes fortunas locales.

4.5.2020

Por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, con el apoyo de todas y todos los abajo firmantes.

Mediante un documento común, apelamos a la responsabilidad de los funcionarios públicos, al compromiso de los medios de comunicación y a la conciencia de toda nuestra sociedad, para dimensionar y visibilizar la gravedad de la violación a los Derechos Humanos más esenciales en la Villa 31 de Retiro, donde ningún problema entre su titular y la empresa prestataria pueden justificar estos 9 días sin agua para más de 50 mil personas.

Anteayer, una vecina del sector Bajo Autopista murió de coronavirus. Pero no sólo de coronavirus. Tenía 84 años, mantenía una salud estable y habitaba una enorme comunidad empobrecida, enclavada en la ciudad más rica de la Argentina. Murió por el abandono y la desidia que padecen silenciosamente 350 mil seres humanos hacinados en las peores condiciones de hábitat. No puede ser en democracia. No puede ser en silencio. No puede ser.
La primera víctima del Barrio Mugica, que podrían ser muchas más de no existir un enfático repudio social y una inmediata reacción estatal, vivía en una habitación de nueve metros cuadrados, con su marido de 85 años y su hija, que contrajo el virus; compartiendo un mismo baño con otras 11 personas. No los hisoparon, porque no tenían síntomas. Y tampoco los aislaron, porque recién 48 horas después de diagnosticar a su hija les pidieron “el teléfono de los padres” a los compañeros de La Poderosa, que tienen la captura de pantalla para probarlo. Una y otra vez, nos preguntamos cómo podría ignorar el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que semejantes condiciones de pobreza estructural, en el distrito que gobierna una misma gestión hace 13 años, indefectiblemente quedarían en carne viva frente a una pandemia que ahora nos amenaza con una catástrofe. ¿Podía ignorarlo? No. ¿Podía ocultarlo? Sí.
Hoy, lunes 4 de mayo, la máxima autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumple 10 días jugando a las escondidas, a espaldas de la sociedad. No hay que indagar demasiado para entender el por qué. Ahora también en estas líneas queremos expresar nuestra preocupación frente a la responsabilidad, la ética y la sensibilidad del campo de la información. Pues la curva de contagios en la Villa 31 creció un 1900% sólo en cuatro días y el pueblo no recibió más datos oficiales sobre las villas porteñas, desde el jueves a la mañana hasta el domingo a la tarde, cuando livianamente reconocieron la información que gritaban los vecinos: “Los barrios populares saltaron a 182 confirmados en la Capital Federal”, de los cuales 107 corresponden al territorio que dejaron sin agua, cuando sólo tenía 3 infectados. Y sí, la Villa 1-11-14 por ahora sigue teniendo agua, pero ahí también murió una mujer sumergida en la pobreza crónica y tampoco se tomaron las medidas del caso, para evitar la proliferación que ya infectó a 67 vecinos más.
¿Cómo puede parecerles normal? ¿Cómo puede ser que hayan aplanado 4 días la curva de las villas en los medios, ocultando la información oficial de la Ciudad? ¿Por qué no hicieron públicos los 83 positivos de la 31 que el Gobierno porteño tenía ya el último viernes, cuando los medios repetían esos “57 casos” del miércoles? ¿Cómo puede haber medios que reiteraran todos esos días el mismo dato, sin preguntar? ¿Cómo puede ser que AySA no detallara públicamente el problema técnico específico o que Galmarini no aclarara en toda la semana por qué no le correspondía atender el tendido interno? ¿Cómo puede ser que Rodríguez Larreta pretenda licuar su condición de titular, delegando el derecho constitucional al agua? ¿Cómo puede ser que no responda ninguna requisitoria de los medios, cuando su propio vicejefe de Gobierno reconoce que recibieron “8 mil” llamados diarios de los vecinos? ¿Cómo puede ser que funcionarios de alto rango intenten instalar “la normalización del servicio”, una y otra vez, mientras los vecinos debaten si contagiarse buscando agua o contagiarse movilizándose para visibilizar su situación? ¿Cómo puede ser que no se indignen, ahora más que nunca, por la libertad de prensa?
¿Cómo puede ser que, sea cuanta sea la pauta oficial, se pueda silenciar un crimen tan brutal?
Y si todas esas garantías evidentemente no están dadas por la Ciudad o cualquier distrito provincial, habiéndose tomado ciertas medidas elogiables para el resguardo de los sectores populares al inicio de toda esta pandemia mundial ¿en qué instancia denunciará o confrontará con la Ciudad, el Gobierno Nacional? Bienvenida la mancomunión de la clase política por encima de los partidos y la cercanía necesaria más allá de las discordias de los debates políticos, pero ese marco de convivencia saludable no puede volverse bajo ninguna circunstancia un manto de silencio: todas y todos, debemos esbozar alguna reacción. Acá está la nuestra.
Aislados en la precariedad, los habitantes de las villas pasan a ser un indiscutible “grupo de riesgo”, masivo. Claramente, los mayores niveles de hacinamiento aceleran el contagio y deterioran la salud de quienes padecen enfermedades, ¿verdad? ¿No sabe Rodríguez Larreta que nadie puede enjabonarse cada dos horas, si pasa una semana entera sin agua? ¿No sabe que nadie puede atender consejos para el “aseo”, sin contar siquiera todavía con los sachets de agua potable que los informes de La Garganta exigían un mes atrás, cuando el corte era en Zavaleta? ¿De verdad nos vamos a escandalizar de ver “mucho movimiento en los pasillos”, cuando la gente debe salir de sus casas siete veces por día para cargar un balde, para buscar comida o para cumplir un trabajo informal? ¿Cómo pueden decir tan livianamente que “algunos vecinos no quieren aislarse”, como si no supieran los condicionamientos que sus propias políticas de hábitat les imponen, ahí donde siguen sucediendo los desalojos y los aumentos de alquileres que jamás quisieron regularizar? ¿Cuánto habrá que sufrir para que se materialicen los insumos, los horarios extendidos y el personal de las salitas barriales, ahí donde muchas veces no ingresan las ambulancias? ¿Cómo van a garantizar la dignidad a la hora de la muerte, ahí donde no garantizan la dignidad a la hora de la vida?
¿Hasta cuándo se van a lavar las manos?
Hoy ya no quedan dudas: esta pandemia sí distingue clase social y no afecta del mismo modo al conjunto de la población. Por eso, amén del color partidario que gobierne, todos los estamentos del Estado deben abordar de manera urgente y específica esta realidad que mantiene a miles de familias frente a un riesgo inminente, por la emergencia social, económica y sanitaria. Apenas 10 días atrás, cuando la Villa 31 tenía agua todavía y contaba sólo con tres casos positivos, el propio ministro de Salud de la Ciudad confirmó en persona tener apenas 300 camas preparadas por los Curas Villeros, para más de 25 mil adultos mayores que viven en condiciones inadmisibles. Lo hizo en el marco del respeto, la colaboración y el esfuerzo solicitado a esas mismas organizaciones que hoy pretenden censurar en los medios, mientras improvisan vagas respuestas.
Ya mismo, hoy, ahora, tarde pero ahora, necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de gobernar dejen de mirar para otro lado y que asuman su rol como garantes del derecho a la vida, ese derecho que tan cruelmente le fue negado el sábado a una vecina de la Villa 31. No queremos una catástrofe. No la vamos a perdonar.
Está en sus manos.
***
Acompañan este documento y nuestra denuncia, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Rita Segato, Adrián Paenza, Wos, Elia Espen, Boaventura de Sousa Santos, Vicente Zito Lema, Liliana Herrero, Carlos “Sueco” Lordkinpanidse, Rita Cortese, Pablo Llonto, Sonia Alesso, Hernán Mala Fama, Diego Capusotto, Julieta Díaz, Alejandro Apo, Sandra Rodríguez Fuentealba, Pedro Saborido, Ingrid Beck, Francesc Orella (Merlí), Emilce Moler, Trueno, Soledad Villamil, Sebastián Wainraich, Facundo Sava, Berta Cáceres (h), Arbolito, Srta Bimbo, Darío Sztajnszrajber, Leonardo Sbaraglia, Luciana Peker, Norman Brisky, Joaquín Furriel, Marta Dillon, Juan Carlos Baglietto, Angela Lerena, Piñón Fijo, Pedro Brieger, Juan Carlos Monedero, Silvia Martínez Cassina, Carlos Belloso, Thelma Fardín, Ricardo Bochini, Juan Minujín, Norberto Liwski, Emanuel Álvarez Agis, César Gonzalez, Malena Pichot, Patricio Contreras, Diana Maffia, Osqui Guzmán, Fernando Signorini, Camila Sosa Villada, Sergio Maldonado, María Fiorentino, Alfredo Zaiat, Mirta Israel, Juan Cruz Komar, Alejandra Darín, Marco Teruggi, Susy Shock, Pablo Pimentel, Charo López, Lucas Fauno, Mariana Carbajal, Claudia Korol, Jorge Fandermole, Claudia Acuña, Liliana Daunes, Brenda Matto, Mariana Dopazo, Pablo Piovano, Louta, Marina Mariasch, Carlos Aznarez, Claudia Cesaroni, Ana Bianco, Pomu Sánchez, Christian Gonzalez D’Alessandro, Ana Cacopardo, Mirta Baravalle, Beverly Keene, Marcela Guerty, Jorge Fonseca, Nelly Minyerski, Verónica Gago, Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Sergio Ciancaglini, Tilda Rabbi, Daniela Díaz, Susana Reyes, Mónica Scandizzo, Nora Zaldua, Margarita Noia, Maria Santucho, Pablo Russo, María Teresa Acosta, Paulina Gramaglia, Mabel Zurita, Pedro Peligro, Milagros Alarcón, Ana Careaga, Analía Rivadera, Beatriz Luque, Lita Stantic, Susana Zaldúa, Pedro Galíndez, Karina Batthyany, CLACSO, SipreBA, CISPREN, UTT, Jóvenes por el Clima, Futurock, Comisión Provincial por la Memoria, Familiares de Desaparecidos, CELS, Federación de entidades Argentino-Palestinas, INTA, La Nuestra – Futbol Feminista, CTERA, Asociación de Actrices Argentinas, Revista Cítrica, TecMe (Territorios Clínicos de la Memoria), Comunidad Educativa Isauro Arancibia, Revista MU, Canticuenticos, Fotógrafes x los barrios, Multisectorial Extractivista, Resumen Latinoamericano, Barricada TV, Centro Cultural La Toma, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Hotel Cooperativo Bauen, Sindicato Luz y Fuerza, Diálogo 2000, Periodistas Amigos de Cuba, Sindicato de Prensa de Rosario, Pañuelos en Rebeldía, COMUNA (Comunicadores de Argentina), Psicoanalistas de Buenos Aires.

3.5.2020

La búsqueda de la suma del poder público como forma de borrar la imagen de la corrupción del gobierno Análisis del Proyecto de Ley sobre Emergencia Económica y Financiera

Análisis del Proyecto de Ley sobre Emergencia Económica y Financiera

Por ▶️ Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad
▶️ María Eva Koutsovitis (IPYPP)
▶️ Alejando Volkind (ODC / IPYPP)

1. Introducción

El 22 de abril de 2020, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta remitió a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 818-J-2020 sobre “Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Este Proyecto de Ley, en caso de ser aprobado por la Legislatura, otorgaría absoluto poder al Jefe de Gobierno sobre el presupuesto, las contrataciones, la vigencia de las leyes, los impuestos y el sueldo de la planta estatal, en el marco de una declaración de emergencia Económica y Financiera de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Proyecto solicita a la Legislatura la delegación de gran parte de sus atribuciones al Jefe de Gobierno, adquiriendo éste facultades extraordinarias y prácticamente la suma del poder público. Esta situación es considerada nula por la Constitución Nacional[1].
La Constitución de la Ciudad es más estricta que la Constitución Nacional. Su art. 84 establece que la Legislatura no puede delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo en ningún tema, en ninguna situación ni por ningún plazo[2].
Este Proyecto de Ley si bien es un intento de concentración de poder por parte del Jefe de Gobierno también tiene otro interés político quizás más relevante para este gobierno, el de opacar con un nuevo debate conflictivo las denuncias varias de sobreprecios en contrataciones[3]. El GCBA desea reemplazar la imagen de corrupción por la imagen de avasallamiento de las instituciones e instauración de un autoritarismo. Ya intentó hacerlo con el debate sobre la restricción de la movilidad de los adultos mayores a 70 años, pero no le resultó.

2. ¿Qué es lo que permitiría este proyecto al Jefe de Gobierno?

2.1. Facultades presupuestarias:

La Legislatura, año tras año, ha votado superpoderes presupuestarios para el Jefe de Gobierno[4][5] con ciertos límites (que las modificaciones no superen el 5%). Ahora este límite desaparece autorizando al Poder Ejecutivo a establecer el presupuesto de la ciudad en su totalidad y a modificarlo integralmente las veces que el Jefe de Gobierno disponga. El destino y la distribución de los recursos de la ciudad es, conforme a la organización institucional y política de la ciudad, una de las decisiones con mayor exigencia democrática en su debate y con plena participación ciudadana tanto a nivel comunal como a nivel de toda la ciudad. Una decisión democrática por antonomasia queda reducida a la voluntad de una sola persona.
No sólo se pretende eliminar las ataduras presupuestarias sino también ocultar el ejercicio de estas nuevas facultades extraordinarias. El Poder Ejecutivo ya no estará obligado a informar a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura sobre las modificaciones de la Ley de Presupuesto ni tampoco a publicarlas en el Boletín Oficial.
La modificación de las partidas presupuestarias no es un tema irrelevante. La tendencia de los últimos 12 años ha sido la disminución de los montos presupuestarios de las áreas sociales a favor de los servicios de la deuda, el maquillaje urbanístico y la creación y equipamiento de la policía de la ciudad. Que el presupuesto sea estructurado por el Jefe de Gobierno casi inevitablemente significará un ajuste de las políticas y programas destinados a las áreas sociales, ambientales y culturales.
Durante esta crisis sanitaria el GCBA ha decidido destinar presupuesto para el pago de sobreprecios[6] y fortalecer a las fuerzas de seguridad para la represión y vigilancia de la ciudadanía[7][8].
El Proyecto de Ley aclara que ahora se destinará mayor presupuesto a la difusión y concientización de la población. Esto significa en realidad mayor pauta oficial para los medios de comunicación y así restablecer el cerco mediático del gobierno que parece haberse agrietado en las últimas semanas.

2.2. Facultades Normativas:

El Proyecto de Ley autoriza al Jefe de Gobierno a suspender la ejecución de programas creados por leyes específicas con excepción de los que tengan por objeto el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas.
Casi no existe ley que no sea operativizada a través de un programa. Por lo tanto, se estaría otorgando al Jefe de Gobierno el poder de decidir qué leyes actualmente vigentes va a cumplir y cuáles no. La decisión de suspender una ley es la decisión de no cumplir con lo que ordena dicha ley. El ordenamiento jurídico de la Ciudad sujeto a la voluntad de una persona.
Por ejemplo, el Jefe de Gobierno podrá decidir no cumplir con la ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (Ley N° 3.871), con las leyes de Integración Social y Urbana de Barrios Populares (villas), con la Ley N° 341 de Créditos Colectivos a Cooperativas, con las leyes que ordenan crear nuevos espacios verdes, etcétera.
Resultará muy conveniente para el GCBA en aquellas causas judiciales donde justamente se solicita a la Justicia el cumplimiento de leyes específicas. Por ejemplo, el GCBA podrá defenderse en la causa “Quinto”[9] fundamentando que ha decidido no cumplir con la Ley N° 2.240 de Emergencia Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca.

2.4. Facultades Contractuales:

El Proyecto de Ley autoriza la revisión de la totalidad de los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros, obra pública, concesiones y permisos con la facultad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones.
Podríamos pensar que el Jefe de Gobierno necesita estas facultades para rescindir los contratos en los cuales se pagaron sobreprecios, como los 207 millones que se pagaron de más en la compra de 6 millones de barbijos tricapa[10]. Pero no, para estos casos existen otras herramientas jurídicas.
Esta petición de facultades parece estar más orientada a la modificación de contratos para beneficiar a concesionarias. Por ejemplo, la concesión del servicio público de bicicletas que actualmente se encuentra inexplicablemente suspendido y que probablemente se reanude con ciertos cambios favorables a la empresa.
También, quizás, estas facultades sean empleadas para modificar los pliegos de la licitación del servicio público del SUBTE. Metrovías como único ofertante, luego de la deserción de varias empresas, podría estar necesitando algunos ajustes.
O, tal vez, estas facultades sean requeridas por el GCBA para ocultar la inoperancia en no finalizar obras por razones previas a la pandemia, por ejemplo, el cambio de la traza de la Autopista Illia o el viaducto del tren San Martín.

2.4. Facultades Impositivas:

El Proyecto de Ley autoriza al Jefe de Gobierno a establecer bonificaciones y descuentos, que no podrán exceder del 30%, en los impuestos liquidados a fin de incentivar su pago anticipado.
También establece que el GCBA, hasta el día 30 de junio de 2020 o el plazo que disponga, no solicitará judicialmente la traba de medidas cautelares o ejecutorias en ejecuciones fiscales.
No se establece ningún criterio progresivo para el ejercicio de estas facultades. El GBCA podrá aplicar estos beneficios impositivos a empresas o personas que quizás no lo necesiten.
Desde nuestro sentido común pensaríamos que el uso de estas facultades se reglamentará para favorecer a quienes más padecen los impactos negativos de las crisis económica y sanitaria. Pero este gobierno en forma sistemática aplica la doctrina del derrame, beneficiando a los sectores más ricos de la sociedad con la esperanza infundada de que la concentración y crecimiento económico de unos cuantos terminará transfiriendo riquezas a una mayoría empobrecida.

2.4. Facultades Salariales:

El Proyecto de Ley autoriza al GCBA el pago escalonado o diferido de haberes de sus nóminas salariales, priorizando a las personas que perciben menor remuneración.
Desde Ademys manifestaron que “se está atacando exclusivamente a los salarios ya de pobreza de los y las trabajadoras estatales, docentes y de los municipales en general, mientras no se afecta la propia deuda pública de la ciudad que ha crecido, no se tocan los intereses de los bancos radicados en la ciudad, ni de las corporaciones que amasaron enormes fortunas con la especulación inmobiliaria y los negociados en la Ciudad. Al igual que con el reciente acuerdo entre la Unión Industrial Argentina y la CGT, se privilegian los intereses de los ricos a costa de la pobreza del pueblo trabajado”.

2.5. Redireccionamiento de la recaudación por los juegos de apuesta:

El Proyecto de Ley modifica la Ley N° 1.251 para eliminar, del patrimonio del Instituto de Vivienda, el 70% de las utilidades del resultado económico de la explotación de los juegos de apuesta.
El gobierno porteño utiliza la pandemia para impulsar los permisos de Agencias de Juego en Línea. Considera que obtendrá buenas recaudaciones de los juegos de apuesta, pero parece que no tiene la intención de que esos ingresos vayan para soluciones habitacionales, sino que alimenten el Tesoro de la Ciudad para su manejo discrecional.

Este proyecto es un desguace de las políticas de vivienda.

El art. 50 de la Constitución de la Ciudad prohíbe la privatización o concesión de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas. ¿Cómo es posible que se esté avanzando en el otorgamiento de permisos a agencias de juegos en línea?

Agradecemos la colaboración del Legislador Santiago Roberto que compartió el análisis del proyecto de ley elaborado por su equipo de asesores y del cual hemos tomado varias de nuestras reflexiones.

RESUMEN del Proyecto de Ley N° 818-J-2020.

1⃣ Declara la emergencia Económica y Financiera hasta el 31 de diciembre de 2020 (art. 1).

2⃣ Modifica la Ley de Presupuesto[11] para autorizar al Jefe de Gobierno a modificar la distribución funcional y por objeto del gasto e incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital (art. 3). Es decir, autoriza a modificar el presupuesto de la ciudad sin ningún límite y sin tener la obligación de informar a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura como debía hacerlo hasta el momento. También se suspende la obligación de publicar en el Boletín Oficial las modificaciones presupuestarias (art. 8).

3⃣ Elimina la afectación específica de ingresos del GCBA dispuesta por leyes para incorporarlos a la cuenta única del Tesoro (art. 4).

4⃣ Transfiere a la cuenta única del Tesoro el saldo del Fideicomiso de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. (art. 6)

5⃣ Autoriza al Jefe de Gobierno a suspender la ejecución de programas creados por leyes específicas con excepción de los que tengan por objeto el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas (art. 7).

6⃣ Autoriza al Jefe de Gobierno a establecer bonificaciones y descuentos, que no podrán exceder del 30%, en los impuestos liquidados a fin de incentivar su pago anticipado (art. 9).

7⃣ Establece que el GCBA, hasta el día 30 de junio de 2020 o el plazo que disponga, no solicitará judicialmente la traba de medidas cautelares o ejecutorias en ejecuciones fiscales, salvo inminente prescripción de la sentencia (art. 10).

8⃣ Autoriza la revisión de la totalidad de los procesos de compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos con la facultad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones(art. 11). El contratista sólo tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante ni por intereses sobre capitales requeridos para financiación (art. 12).

9⃣ Prohíbe al GCBA efectuar nuevas designaciones o incrementar cargos. Se permitirán excepciones para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales (art. 14 y 15).

1⃣0️⃣ Prohíbe nuevos Convenios de Asistencia Técnica para servicios personales, nuevos convenios con las Universidades salvo los Convenios firmados por el Ministerio de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria (art. 16).

1⃣1⃣ Prohíbe retribuciones extraordinarias y beneficios, tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, salvo aquellos que se otorguen en el marco de la emergencia sanitaria (art. 17)

1⃣2⃣ Autoriza al GCBA al pago escalonado o diferido de haberes de sus nóminas salariales, priorizando a las personas que perciben menor remuneración (art. 19).

1⃣3⃣ Modifica la Ley N° 1.251 para eliminar del patrimonio del Instituto de Vivienda, el 70% de las utilidades provenientes de la explotación de los juegos de apuesta.

[1] La Constitución Nacional, en su art. 29, establece que no puede conceder “las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna” y que actos de esta naturaleza “llevan consigo una nulidad insanable”.
[2] La Constitución Nacional, en su art. 76, autoriza la delegación legislativa en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
[3] https://observatoriociudad.org/la-ciudad-compr%C3%B3-barbijos-con-200-millones-de-pesos-de-sobreprecio/
https://observatoriociudad.org/el-negocio-de-los-intermediarios-sobre-la-contrataci%C3%B3n-al-hotel-ba-central/
https://observatoriociudad.org/no-hay-2-sin-3-otra-vez-sobreprecios-en-barbijos-en-el-gcba/
[4] https://observatoriociudad.org/2016-12-aprobacion-ley-de-presupuesto-de-la-ciudad-nuevamente-superpoderes-para-el-jefe-de-gobierno-y-mas-endeudamiento/
[5] https://observatoriociudad.org/discusion-del-proyecto-de-ley-de-presupuesto-nuevamente-superpoderes-para-macri/
[6] https://observatoriociudad.org/la-ciudad-compr%C3%B3-barbijos-con-200-millones-de-pesos-de-sobreprecio/
https://observatoriociudad.org/el-negocio-de-los-intermediarios-sobre-la-contrataci%C3%B3n-al-hotel-ba-central/
https://observatoriociudad.org/no-hay-2-sin-3-otra-vez-sobreprecios-en-barbijos-en-el-gcba/
[7] https://observatoriociudad.org/balas-de-goma-s%C3%AD-barbijos-y-computadoras-no/
[8] https://observatoriociudad.org/el-coronagate-endeudamiento-en-la-ciudad-de-buenos-aires-para-pagar-sobreprecios-y-equipar-a-la-polic%C3%ADa-para-la-represi%C3%B3n/
[9] QUINTO, NATALIA GIMENA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – HABITACIONALES”, Exp. N° A12809-2019/0.
[10] https://observatoriociudad.org/la-ciudad-compr%C3%B3-barbijos-con-200-millones-de-pesos-de-sobreprecio/
[11] Artículo 22° de la Ley de PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 6.281

3.5.2020

La Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas analizaron la información aportada por el gobierno porteño con relación al Coronavirus Covid-19 en los Barrios Populares (Villas y Asentamientos) de la Ciudad, al 2 de mayo.

Al respecto, las organizaciones señalan que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa con relación al Coronavirus que hay 182 personas contagiadas confirmados en 12 Barrios Populares; que el 14,2% de los casos de la ciudad son de habitantes de Barrios Populares en tan solo dos semanas; que hay 249 casos sospechosos.
El Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31bis) con 107 casos confirmados y el Barrio Padre Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14) con 62 casos, son los que más contagiados tienen.
El 8% de los casos de la Ciudad corresponden al Barrio Carlos Mugica y el 5% al Barrio Padre Ricciardelli. Por esta razón, los Barrios de Retiro y de Bajo Flores tienen las tasas más elevadas de la ciudad.
En una semana Retiro (donde se encuentra el Barrio Carlos Mugica) aumentó un 764 % sus contagiados. La ciudad aumentó un 64% sus contagiados.
El primer caso en el Barrio Carlos Mugica se confirmó el 21 de abril, y en 12 días se llegó a 107 casos, mientras que este sábado 2 de mayo se registró la primera muerte.
A su vez, se confirmaron los 2 primeros casos de personas en situación de calle.
“Estamos esperando la resolución de la Medida Cautelar que presentamos por acceso al agua potable en los Barrios ya que el GCBA se lavó las manos ante la justicia diciendo que sólo es una responsabilidad de AYSA”, afirmaron las organizaciones.

2.5.2020

Por La Garganta Poderosa

No se murió, ¡la mataron de abandono! La mataron de desidia, la mataron de indiferencia, la mataron de mezquindad. O qué nos van a explicar, ¿ahora sí quieren escuchar? Acaba de perder la vida Torobia Balbuena, una vecina de 84 años que apareció anónima varias veces en las denuncias que publicamos, cuando decíamos literalmente: “Los padres de la primera contagiada tienen 84 y 85 años, viven en la misma casa y comparten inodoro con 11 personas más”.

Casi 48 horas después del resultado positivo que recibió su hija, sí, dos días después, nos llamaron los responsables de Contactos Estrechos de la Ciudad, para “pedirnos” el número de teléfono de sus padres, cuando ya no sabíamos en qué medio nos faltaba denunciar sus falsos operativos. “Ellos fueron aislados” decían públicamente, antes de pedirnos el teléfono, amparados en el silencio forzado de muchos vecinos que temen por su vida, pero también tienen miedo de perder sus casas, en un barrio que por supuesto sigue padeciendo desalojos y suba de alquileres, en la más absoluta informalidad. Confirmada en “la tanda de nuevos contagios”, la madre del “Caso Cero” quedó internada el domingo último por Covid-19. Y ahora su esposo, Ramón, llora su fallecimiento desde otra cama del mismo hospital, porque también está contagiado.
Hace más de 70 años que la Villa 31 viene peleando por su derecho a la vivienda digna y hace más de 10 que venimos escuchando como promocionan una “urbanización” de fantasía, que tiene McDonalds, pero no puede garantizar el derecho al agua. “Las villas, el otro grupo de riesgo”, anunciaba el primer informe que publicamos hace un mes. No leyeron, no escucharon, no respondieron, no reaccionaron: hace apenas diez días, tenían apenas 300 camas para 25 mil personas mayores que habitan la Ciudad en condiciones habitacionales infrahumanas, donde día por medio nos quedamos sin luz, donde se corta el agua con o sin cuarentena, donde no llega el gas, ¡donde no llega el Estado! Lo dijimos, lo gritamos, pero miraron para otro lado. ¿Y ahora qué dirán? Que ya estaba vieja, que no saludaba con los codos, que cuánta mala suerte, ¡siguen mintiéndoles a todos y acá ya llegó la muerte!
#LarretaEsResponsable.