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CABA: “Mientras Larreta hace contratos por más de 5 millones, el Ticket Social consiste en unos magros $1200”

24.4.2020

Por ATE Junta Interna Promoción Social

CABA: sobreprecio y beneficio para los amigos, subejecución para lxs más vulnerables

En un contexto en el que muchxs habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la está pasando mal, con dificultades para comer, hacinadxs en lugares precarios, sin la posibilidad de generar ingresos que les permitan, al menos, subsistir en el día a día, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno porteño comando por Horacio Rodríguez Larreta, que debería atender las situaciones de más alta vulnerabilidad social, retacea presupuestos y especula con necesidades básicas.
Quienes trabajamos en los programas de restitución y promoción de derechos nos encontramos, cotidianamente, con las mismas respuestas de parte de la gestión: «estamos viendo cómo lo resolvemos». Pero ya se cumplió un mes desde el inicio de la cuarentena y todavía no hay respuestas acordes para paliar el hambre de las familias que no pueden ni siquiera salir a hacer changas, no hay alternativas para las personas a las que se les pide que se queden encerradas en una casilla con población de riesgo, y los recursos extra para los hogares de chicxs que dependen de la Dirección de Niñez, para los dispositivos que trabajan con jóvenes en situación de calle, con uso de sustancias psicoactivas, o para los refugios donde se acompañan a víctimas de violencia de géneros, apenas empezaron a llegar: tarde y a cuentagotas.
Mientras tanto, hay programas del Gobierno de la Ciudad que están paralizados por las medidas de prevención, con presupuestos que no se están ejecutando. Pero las partidas tampoco se reasignan para cubrir las necesidades de otros dispositivos, como los hogares para niñxs, centros de día o comunidades terapéuticas, que están sobrexigidos por la crisis sanitaria. ¿Qué hace la gestión de Larreta con la plata? El pago de sobreprecios a empresas vinculadas con amigos y familiares es doblemente grave en un contexto como este. ¿Qué es más urgente que destinar fondos a la salud y a que los habitantes de la Ciudad tengan para derechos básicos? Los anuncios de Larreta, Santilli y el Ministro de Hacienda Martín Mura sobre la reasignación de partidas, parecen más orientadas a tapar la repercusión mediática por las compras arbitrarias y con sobreprecios, que a llegar a las poblaciones más vulnerables.
Donde hace falta más personal, hasta ahora el Ministerio convocó a que voluntariamente los trabajadorxs nos anotáramos para cubrir los baches. La propuesta implica que por los hogares y paradores, entonces, circulen entre 10 y 20 personas extra por semana, además de lxs trabajadorxs habituales, desconociendo las medidas de prevención establecidas frente al COVID. Recién hace unos días, después de tres semanas de cuarentena, llegaron elementos básicos de higiene y termómetros para tomarles la temperatura a quienes entran, mientras que en la sede principal del Ministerio, donde se reúnen lxs funcionarixs, se utilizan desde mucho antes.
La limitación acerca de la incorporación de nuevxs trabajadorxs que también se incluyó en los anuncios realizados por los funcionarios del gobierno porteño, suspendiendo nuevos contratos, en un contexto en el que muchos programas y dispositivos están sobreexigidos por la pandemia, solo responden a un criterio económico. La merma de personal en lugares que atienden situaciones críticas y que tienen un funcionamiento que requiere atención 24 hs., ha sido presentada a la gestión de manera reiterada. Sin embargo, del GCBA elige seguir desgranando estos efectores, que ahora se encuentran en un punto de criticidad extremo.
Así por ejemplo, en los hogares que dependen de la Dirección de Niñez, más de 30 chicxs pasan el día sin recursos que, para el Estado de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, no debería ser muy difícil proveer. Mientras desde el Ministerio de Educación promueven el uso de la tecnología para suplantar las clases presenciales, en los hogares y paradores de Niñez y Mujer no hay internet, ni computadoras o tablets, y en algunos ni siquiera una tele. Con una escasez general de materiales lúdico recreativos para sobrellevar el encierro y las consecuencias subjetivas que de este derivan, en algunos dispositivos, solamente dos adultxs, que cubren turnos de entre 12 y 18 horas, tienen que rebuscarse para dar de comer, alojar, contener y entretener a un promedio de 35 chicxs al mismo tiempo.
Pero además de una cuestión financiera, hay una cuestión de prioridades. En la sede principal del Ministerio, donde se reúnen lxs funcionarixs, los termómetros para tomarles la temperatura a quienes entran al edificio aparecieron antes que en los hogares de niñxs, donde llegaron casi un mes después.
En paralelo, las trabajadoras de la Línea 144 que acompañan situaciones de violencia de géneros, atienden en soledad desde sus casas. Al igual que el equipo que acompaña adolescentes en situación de explotación sexual, cada trabajadora se las tiene que rebuscar, sin ningún tipo de asistencia de la gestión, utilizando sus propios celulares, comprando barbijos tanto para protección propia como para otorgar a la población con quien se trabaja, y sin viáticos para sostener gastos de movilidad.
La improvisación, la falta de planificación y la informalidad son las lógicas del Ministerio ante un escenario de crisis como el actual. Ante casos con indicadores asociados al COVID en dispositivos convivenciales, las medidas que se tomaron estuvieron orientadas por la autoformación de cada equipo de trabajo y el acompañamiento gremial. En los lugares de atención para niñxs en situación de calle, a la vez, la gestión fuerza nuevos ingresos que rompen el proceso de aislamiento preventivo y ponen en peligro a quienes ya están alojadxs.
Basándonos en años de experiencias concretas, lxs trabajadorxs pusimos de relieve las distintas necesidades: mayor dotación de personal y esquemas de rotación, recursos materiales, insumos y elementos de cuidado e higiene, protocolos de salud y ampliación de las políticas públicas que atienden necesidades básicas, como la alimentación o la vivienda. Sin embargo, al cuidado de la vida de las poblaciones más empobrecidas de la Ciudad se le sigue respondiendo con más declamaciones que presupuesto.
No es un «Estado ausente», un Estado «sin respuestas» el de la CABA; es un Estado que se presenta respondiendo con desidia, abandono, represión y precarización. Esta es la política pública social de Rodríguez Larreta y su gestión.
Mientras la gestión de Larreta hace contratos por más de 5 millones de pesos a favor de una empresa integrada con la media hermana del Jefe de Gobierno, el Ticket Social que dispensa el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat consiste en unos magros 1.200 pesos. El subsidio habitacional, en tanto, es de 5.000 pesos, con un máximo de 8.000. Son montos que apenas si alcanzan para pagar habitaciones insalubres, donde los grupos familiares solo pueden vivir hacinados.
A los agujeros de las políticas públicas, se les suma la precarización laboral. La tarea del Ministerio fue declarada esencial. Pero muchxs de lxs trabajadorxs que sostienen los dispositivos que siguen en funcionamiento con tareas de primer orden, están contratadxs bajo modalidades precarias y fraudulentas, sin ART y con sueldos que, debido al aumento del monotributo, son menores al que cobraban, en mano, en diciembre de 2019.
Es urgente revalorizar, con presupuesto, las políticas que apuntan a las poblaciones más vulnerables. No alcanza con sacarse fotos. La democracia no es solamente dialogar con políticos de otros partidos, sino también incluir a quienes no tienen acceso a los derechos más elementales. La crisis sanitaria puso en evidencia que la precarización –habitacional, alimenticia, laboral– mata. No es momento para especular, sino para gestionar con la prioridad puesta en quienes más necesitan del Estado.

La policía de la Ciudad detiene a trabajadores de la Línea E de Subtes

23.4.2020

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a trabajadores y delegados de la Línea E de subte, por tomar medidas de acción que implican la paralización del servicio. “Hacemos responsables al Gobierno de la Ciudad y a Metrovías de atentar contra los derechos laborales de los trabajadores del subte y exigimos la inmediata liberación de Walter Gayoso, Rocío Córdoba y Maximiliano Barrera que fueron llevados a la comuna 10”.

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a trabajadores y delegados de la Línea E de subte, por tomar medidas de acción que implican la paralización del servicio.
Mediante un comunicado los trabajadores expresaron:
“Luego que se conociera que un trabajador de la línea dio positivo en el test de COVID 19 y en respuesta al irresponsable accionar de Metrovías S.A, que negó y ocultó información vital para tomar medidas de protección acordes a la gravedad del hecho, como, por ejemplo, dar a conocer el recorrido laboral del compañero durante los últimos 10 días para establecer posibles cadenas de contagio y resguardar a lxs compañerxs que pudieron haber tomado contacto con él, el Cuerpo de Delegadxs del sector decidió avanzar en una medida gremial”.
Como medida de protesta realizaron un corte de línea, exigiendo entre otros puntos la conformación de un Comité mixto de trabajadores que verifique de forma conjunta la limpieza, desinfección y fumigación de los ámbitos de trabajo, tests masivos para el conjuntos de los trabajadores y material de protección adecuado a la función del riesgo para los peones que hoy se ven más expuestos.
“Hacemos responsables al Gobierno de la Ciudad y a Metrovías de atentar contra los derechos laborales de los trabajadores del subte y exigimos la inmediata liberación de Walter Gayoso, Rocío Córdoba y Maximiliano Barrera que fueron llevados a la comuna 10”, finalizó el comunicado.

COVID-19 en la Villa 31: “No recibimos todavía ningún tipo de ayuda del Gobierno de la Ciudad”

22.4.2020

Tras la confirmación de un segundo caso de COVID-19 en la Villa 31, La Garganta Poderosa publicó el testimonio del primer caso confirmado con la enfermedad en el barrio.

Resguardando su identidad, la Garganta Poderosa publicó el testimonio de una mujer que se convirtió en el primer caso con COVID-19 en el Barrio Carlos Mugica. Villa 31. La mujer se encuentra internada en el Hospital Vélez Sarsfield. “Bueno, ante todo quiero empezar aclarando por qué prefiero resguardar mi nombre, aun cuando todos los registros oficiales ya cuentan con mis datos, porque me encuentro ahora mismo internada. Lamentablemente, hay una inmensa paranoia en los barrios y también mucha falta de información, que se traduce en miedos o en amenazas como las que vengo recibiendo desde que me diagnosticaron coronavirus. Y sí, lógicamente ahora tengo miedo yo también, por mi salud, por el hostigamiento y por la realidad en la que siguen viviendo mis vecinas y mis vecinos de la Villa 31. Para que se puedan imaginar, yo tengo 43 años y vivo en una pieza de 3 metros cuadrados con mi padre y mi madre diabética, que tienen 85 y 84 años. Pero eso no es todo: en el mismo piso viven otras tres familias, obligadas a compartir un baño para 13 personas… ¿Cómo podríamos entonces cumplir las normas de prevención? Y simplemente ´un baño´ no, un baño que suele quedarse sin agua, frecuentemente”, sostuvo la mujer.
En este mismo sentido, añadió: “Sin poder pensar en otra cosa, tengo la sospecha de haberme contagiado en un cajero automático, porque tuve que hacer una cola durante largas horas, una cola peligrosa para mí, porque va mucha gente por día y no se desinfecta permanentemente. Traté de conseguir alcohol más de una vez, pero escasea y cuando conseguimos, vale oro. ¿Quién no quiere cuidarse? Yo me corté dos remeras para usarlas de tapabocas porque no puedo comprar barbijos, necesito esa plata para comer”:
“El último viernes por la noche comencé a sentir los síntomas y, sin esperar demasiado, me acerqué hasta la salita del barrio, donde me derivaron al Hospital Rivadavia; ahí me hicieron el hisopado, me tomaron la fiebre y me mandaron a un cuarto en el segundo piso, donde estuve hasta el sábado a la noche. Ahí supe que mi análisis había dado positivo y me trasladaron hacia el Hospital Vélez Sarsfield. Ahora estoy internada acá, donde me faltan frutas para comer, pero la atención es buena. Y sí, mi condición es un poco más grave por ser asmática, pero ya no tengo fiebre y me siento mejor”, destacó la mujer.
“¿Por qué hablo? Porque me preocupan profundamente mi papá y mi mamá. Si bien ya se les acercaron alimentos y artículos de higiene desde la asamblea barrial de La Poderosa, a esta hora no recibimos todavía ningún tipo de ayuda del Gobierno de la Ciudad, ninguna, aunque la doctora de la salita me dijo que a mi casa llegaría una contribución de comida desde la Secretaría de Integración Social y Urbana. Pues ahora sé que no ha llegado. Es necesario que, al menos, vayan a hacerles el hisopado a mis padres en su propia casa, para no exponerlos, ¡porque todavía no los testearon! Al menos por una vez, nos tienen que escuchar”, concluyó la vecina del barrio popular.

El segundo caso

Por su parte, el referente de la Garganta Poderosa Nacho Levy transmitió en redes sociales la confirmación del segundo caso. Además, el dirigente social exigió al Gobierno de la Ciudad la habilitación de hoteles para las personas en riesgo. “Nos acaban de confirmar otro caso de coronavirus en la Villa 31, una mujer de 36 años, asmática, desempleada y con problemas renales: segunda vecina ya diagnosticada y todavía no aislaron ni siquiera a las 12 personas que compartían el baño con la primera contagiada”, señaló
“¿Sabés cómo podés ayudar? Exigiéndole al Gobierno porteño que habilite ya mismo todos los hoteles disponibles para las 1500 personas en grupos de riesgo dentro de las villas, que hoy debieran estar cumpliendo rigurosamente su aislamiento, si no fuera inviable por el hacinamiento que padecen en la ciudad más rica del país, con 150 mil viviendas ociosas, trabajadores amontonados y hoteles de 10 lucas nuestras para todos los recién aterrizados”, sintetizó el referente social.

Hospital Piñero: Coronavirus positivo en trabajador del CeSAC 14

22.4.2020

El Colectivo de Trabajadores del CeSAC 14, perteneciente al área programática del Hospital Piñero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclaman condiciones de seguridad e higiene tras un caso positivo de uno de sus integrantes.

Para el personal del Centro de Salud y Acción Social que lleva tareas en el día a día, es vital «garantizar» la salud y protección de profesionales, administrativos, personal de limpieza y de seguridad. Para eso, es necesaria la elaboración de protocolos actualizados de manera permanente, que se otorguen licencias para trabajadores mayores de 60 y trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo y de cuidadores.
También exigen la implementación de protocolos específicos para abordar situaciones de contagio en trabajadores de la salud y un plan de contingencia; «sumado a la puesta en marcha de equipos de trabajo rotativos según las necesidades de nuestro centro y de la comunidad», indicaron.
«El día 10 de abril pasado se confirmó el diagnóstico positivo para COVID-19 de unx de lxs profesionales del CeSAC 14, motivo por el cual la institución permaneció cerrada la semana del 13 al 17 de abril. En función de ello todxs lxs profesionales debimos permanecer aislados en nuestros hogares, junto a nuestros
familiares convivientes», señalaron los trabajadores.
Luego, acusaron al ministerio de Salud porteño por no realizar controles: «A pesar que fue solicitado por lxs trabajadorxs la realización de testeos para descartar o confirmar posibles contagios, las autoridades del Ministerio de Salud de la CABA se negaron a autorizar los hisopados a las personas con contacto estrecho, aun habiendo varios casos que presentaron síntomas leves».
Desde la óptica del personal, «lamentablemente la falta de estrategias y el abordaje adoptado por las autoridades
de salud del GCBA ha dejado al margen nuestra posibilidad de incidir y participar, como así también excedido nuestras decisiones».
Y agregaron que «las acciones llevadas a cabo ante casos de COVID confirmados en personal de salud y la referencia constante a la adecuación o no a las definiciones de «caso» para activar los protocolos, demuestra la falta de un plan de acción claro a seguir en tales situaciones, que deja a lxs trabajadorxs libradxs a su suerte y a la comunidad
bajo la incertidumbre sobre el funcionamiento adecuado y sostenido del sistema de salud. Los protocolos resultan rígidos y desacordes frente a la situación sanitaria actual, sumamente dinámica y cambiante».

Desidia y abandono: una anciana muerta y 27 infectados de Covid-19 en dos geriátricos de CABA

22.4.2020

El martes por la noche salió a la luz el caso del geriátrico en el barrio porteño de Belgrano donde 19 adultos mayores dieron positivo al hisopado. Este miércoles se hizo pública la situación en un geriátrico de Parque Avellaneda donde murió una anciana y hay al menos 8 infectados. El abandono y el lucro empresarial ponen en peligro la salud del grupo de mayor riesgo.

El geriátrico Apart Incas fue evacuado durante la noche del martes, luego de la denuncia vía mail presentada el día lunes por un familiar de uno de los ancianos internados allí. Desde esa evacuación el lugar permanece clausurado por orden judicial.
La Fiscalía General de la Ciudad ordenó que se abriera una investigación ante la falta de respuestas de las autoridades del lugar y recién a partir de esa orden desde el Gobierno porteño ordenaron la intervención del SAME.
A raíz de este escándalo que ya empezaba a conocerse a través de los medios, a las autoridades del geriátrico San Lucas, de Parque Avellaneda, no les quedó otra que informar lo que estaba pasando.
El modus operandi fue igual de escandaloso: a través de mensajes de Whatsapp, les pedían a los familiares que se llevaran a los ancianos. En ese lugar, además hubo una víctima fatal: una anciana de 90 años que falleció el sábado, pero que según cuenta su hijo, recién obtuvieron el resultado de los análisis que dieron positivo para coronavirus este lunes. Además, denunció que en el acta de fallecimiento indicaron “paro respiratorio y neumonía grave” y no coronavirus, como finalmente se comprobó que fuera la causa de la muerte.
En el barrio de Belgrano, las autoridades del geriátrico dijeron a los medios que se comunicaron desde el día sábado con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, apenas conocieron el caso de un enfermero que presumiblemente fue el primer contagiado en el lugar.
La directora médica de la institución justificó el accionar diciendo que “no fue un abandono” y que “hemos llamado al Gobierno de la ciudad y hemos obedecido”.
Según ella, las autoridades les indicaron que llamaran a las obras sociales pero “ninguna se quiso hacer cargo de sus afiliados”. Uno de los apoderados además declaró que se encontraban sin personal médico y que “nadie quiere trabajar allí”.
Lo cierto es que quienes (sobre todo en estas situaciones) deberían cuidar la salud de los adultos mayores, se pasan la pelota y se deslindan de cualquier responsabilidad. De hecho cuando llegaron las ambulancias del SAME al edificio ubicado en la calle Los Incas ayer por la noche, no había ninguna autoridad en el lugar.
Según denuncian los familiares los ancianos se encontraban al cuidado de “un electricista y una persona que hace mantenimiento” y cuentan que se enteraron de la situación a través de un mail que recibieron el domingo que decía que tenían que ir a retirar a los ancianos porque no había personal médico que se hiciera cargo de ellos.
La hija de uno de los internados declaró ante los medios que “gracias a que los familiares nos movimos esto se hizo público y se hisopó a todas las personas. Nosotros tenemos recursos y gente conocida que nos ayudó, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen las mismas posibilidades que nosotros?”. Vale aclarar que las cuotas de ese geriátrico llegan, algunas, a los $180.000. Lo que nos lleva a pensar cuál será la realidad en los lugares donde se encuentran alojados aquellos de menores recursos.
La situación no fue muy distinta en Parque Avellaneda: los familiares denuncian que desde el sábado los 45 residentes del lugar se encontraban al cuidado de sólo dos enfermeras que “hacen lo que pueden”, según declaró esta mañana una de las familiares a los medios, sin la asistencia y seguimiento médico adecuados. Además contó que están reclamando que hagan los testeos correspondientes. Debido a esta escandalosa situación el PAMI decidió recién hoy trasladarlos a otros establecimientos.
Eduardo Pérez, titular del PAMI, apareció recién este último miércoles en la institución para indicar los traslados, y argumentó que tomó la decisión porque no se estaba cumpliendo con lo acordado y que desde el sábado ningún profesional médico realizaba seguimiento de la salud de los ancianos del lugar.
En ambos casos el deslinde de responsabilidades estuvo a la orden del día. Tomala vos, damela a mí, y en el medio se encuentran los ancianos que habitan en los 478 geriátricos registrados en la Ciudad.
Los familiares en el caso del barrio de Belgrano, indicaron que presentaron una denuncia contra Luis Megyes y su socio, los dueños del lugar, por “abandono de persona y responsabilidad en la propagación de COVID 19”.
En el otro establecimiento, las familias elevaron sus reclamos contra el PAMI para que se realicen los testeos correspondientes, y también contra el asilo por no informar de la situación. Allí intervino el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Otro gran problema es la situación de vulnerabilidad y exposición en la que se encuentra el personal de la salud, tomando en cuenta como se cree, que ingresó el virus: en ambas instituciones estaba vigente la normativa de que nadie entraba ni salía de los edificios, a excepción del personal de cuidado de los ancianos.
La falta de condiciones a las que están expuestos las trabajadoras y trabajadores de la salud representa un peligro no sólo para ellos y sus familias, sino también para los pacientes en general y en especial para los mayores de 65 años.
En declaraciones a los medios, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, planteó que uno de los problemas es que a los trabajadores de esos geriátricos se los mantiene con bajos sueldos además de que no son considerados personal de la salud. Muchos viven en zonas carenciadas y tienen mayor probabilidad de contagio. Resaltó que estos es un alto riesgo para los adultos mayores, sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de las personas que contraen el virus son asintomáticas.
Las pésimas condiciones en las que trabajan son absoluta responsabilidad tanto de los dueños de los geriátricos como del Gobierno de la Ciudad, que al igual que el nacional (en el caso de las trabajadoras y trabajadores de la salud pública), permiten y sostienen esta situación.
Desde que empezó la pandemia y la cuarentena obligatoria, vimos cómo las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel municipal no se cansaban de repetir que la prioridad son los adultos mayores.
Pero la realidad mostró la otra cara, como el escándalo de las largas filas de jubiladas y jubilados para cobrar sus míseras jubilaciones, en los bancos de todo el país, luego se sumó la restricción de circulación inconstitucional que quería imponerle el Gobierno de la Ciudad. Aunque luego Rodríguez Larreta tuvo que retroceder, debido al escándalo que suscitó y ahora a aquellos adultos mayores que quieran salir, se les indica que llamen al 147.
Ahora sale a la luz este escándalo en uno de los geriátricos más exclusivos, donde queda a la vista no sólo la inexistencia de un protocolo de actuación para casos de emergencia sanitaria en instituciones donde se encuentra el sector más vulnerable de la población, sino también una larga cadena de negligencia por parte de los dueños y las autoridades médicas de este tipo de instituciones, las obras sociales y los gobiernos. Esto pasa cuando la salud de los ancianos también es un gran negocio.
Para que esto no ocurra más es necesario que todos los geriátricos privados pasen a la órbita estatal y dependan del Ministerio de Salud. A su vez, sus trabajadores y los familiares deben organizarse en Comisiones de seguridad e higiene en cada lugar para decidir cuáles son las necesidades y también puedan controlar que estas se cumplan.
Sólo de esa manera podrá garantizarse el cuidado necesario de los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo, y de las trabajadoras y trabajadores que los asisten.

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