Comunicadores del Sur

30.4.2020

Ante la propuesta del PRO, de que la legislatura se pronuncie, Bregman aprovechó para denunciar, sin hipocresía ni demagogia, la cruda realidad de las cárceles argentinas. Como así también a los responsables históricos de esta situación. Además se pronunció contra la corrupción en las compras de la Ciudad y denunció el rol de ayer y hoy del Ejército.

Este jueves sesionó la Legislatura porteña, en la misma el PRO presentó hipócritamente una resolución para que toda la Cámara se pronuncie por un “repudio ante la concesión de libertades condicionales y prisiones domiciliarias a detenidos en penitenciarias nacionales y provinciales, con motivo de la pandemia por covid-19”.
Bregman, salió al cruce del presidente de la Legislatura y bloque del PRO, denunciando esta demagógica e hipócrita declaración, de quienes hace no mucho pedían la prisión domiciliaria para los genocidas, con Lilita Carrió de vocera.
A su vez denunció las distintas medidas que desde hace décadas, pasando por distintos gobiernos, fueron empeorando la situación carcelaria en nuestro país, como las famosas leyes Blumberg.
Siendo esta la primera sesión de la Legislatura posterior al 24 de marzo, en la misma se planteó la conmemoración por el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
En este punto Myriam Bregman utilizó su histórica pelea contra los genocidas y la impunidad, para reafirmar que el Ejército, la Gendarmería y la Prefectura de ayer son las mismas de hoy. En este punto Bregman, se encontraba acompañada por su compañera de banca, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y querellante en la causa que investiga la participación de los ex directivos de la Editorial Atlántida por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Fue categórica en su posición; “No avalamos que se hagan manifestaciones por el 24 de Marzo mientras se saca al ejército a la calle”. Y recordó el accionar de las mismas en democracia “No nos confundamos, las fuerzas de seguridad son las mismas y no nos olvidemos de Jorge Julio López, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
En esta misma sesión y ante la solicitud de resolución, propuesta por su compañero Gabriel Solano, de “citación a la comisión de salud al jefe de gabinete Felipe Miguel para ser interpelado en relación, a la compra de barbijos y el alquiler del hotel BA Central”, Bregman apoyó categórica.
Y planteo su visión: “Es escandaloso y repudiable lo que pasó en la Ciudad, pero también lo que pasó en el Gobierno nacional. La corrupción en las contrataciones del Estado saltan continuamente”.

30.4.2020
Por Ramona Medina, vecina del sector Bajo autopista, Villa 31. (Ciudad de Buenos Aires)

Hace cuatro días estamos sin agua en el barrio, aún con trece casos confirmados de coronavirus. ¿Cómo pretenden que cumplamos todas las medidas de prevención e higiene? En mi familia esto golpea mucho más fuerte porque somos seis personas, cuatro en población de riesgo: mi marido Alexis, mis hijas Guadalupe y Maia y mis sobrinos Damián y Soledad. Vivimos hacinados y eso complica los cuidados que tomamos con Guada, que desde los cinco meses fue diagnosticada con Síndrome de West y Síndrome de Aicardi, además sufre convulsiones refractarias y tiene 34 puntos por una operación de escoliosis que empeoran con la humedad. Como no entramos todos sentados, antes sacábamos una mesa al pasillo, pero ahora debemos comer parados y otros en la cama.
Así no se puede vivir, es insostenible que Guada siga en estas condiciones: le cambió por completo la rutina y ahora llora, grita, vive triste, con ojeras y las convulsiones son más frecuentes. Nos había costado mucho trabajo que bajaran sus convulsiones diarias de 50 o 60 a sólo siete. Sin embargo, retrocedimos en todo lo que habíamos logrado. Desde el censo de 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conoce mi situación y hace dos años les vengo implorando una solución habitacional dentro del marco de la urbanización y no toman como prioridad a las personas con discapacidad. Sin embargo, no hacen nada. ¡Nada! No se imaginan la angustia que cargo, el peso que llevo encima, porque en el Sector YPF todavía no adaptaron ningún hogar para las condiciones que necesita mi hija: vimos uno donde la silla de ruedas no pasaba por la puerta, no había rampa, el baño no estaba acondicionado para que entrara la silla, ya que no la podemos bañar parada. Como si esto fuera poco, me dijeron que “los arreglos correrían por mi cuenta” y que perdería la garantía de la vivienda en caso de remodelar.
Después de que el 15 de abril salí en Televisión Pública contando mi situación, me llamaron inmediatamente desde la Secretaría de Integración Social y Urbana para hacerme una nueva oferta, pero al coordinador de las relocalizaciones le expliqué que no cumplía las necesidades de mi hija y comenzó a tratarme mal: «Vos no estás para pensar», «sos una mala madre porque no te interesa, ya que seguís esperando» y lo último que me dijo fue «con vos, histérica, no puedo hablar». Y me cortó. Después de eso no recibí ninguna otra oferta, sólo hostigamiento y presión para mudarme igual, ¡pero que no cumplía las condiciones para Guada!
Después de todo este sufrimiento, no sé qué hace el gobierno porteño.
¡Pero necesitamos soluciones!

30.4.2020

Preocupación de las centrales sindicales de la ciudad ante el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica de Horacio Rodríguez Larreta.

Desde ambas CTAs de la ciudad escribieron una carta abierta a los legisladores y las legisladoras porteñas para expresar su preocupación ante el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica que permite, a Horacio Rodríguez Larreta, la facultad de pagar escalonadamente los salarios y producir despidos.
En medio de la discusión sobre el posible impuesto a las altas fortunas, las centrales sindicales, afirman que, ante la necesidad de aprobar normas de emergencia para enfrentar la pandemia de COVID19, “aquellas deben dirigirse que aporten más a los que más tienen”.
Consideran por tanto, inadmisible que se otorgue a, Rodríguez Larreta, la facultad de pagar escalonadamente los salarios y producir despidos en los sectores precarizados del empleo público mediante la suspensión o no renovación de contratos.
La carta abierta, firmada por Eduardo López, secretario general de la CTA Ciudad y Alejandro Gianni, secretario general de la CTA Capital, destaca que el Estado porteño debe procurar una política tributaria que, afecte a las entidades bancarias y financieras, a las empresas de juego on line, las aseguradoras, las apps vinculadas al reparto a domicilio son todas actividades que lejos de ver afectada su facturación, la aumentarán asegurando de esta manera, “los recursos sanitarios, preventivos y económicos para atender a los sectores más vulnerables de la ciudad y evitar los cierres de pequeñas empresas y la pérdida de fuentes de trabajo”.
Al respecto, en diálogo con Alejandro Bercovich, para “Pasaron Cosas”, en Radio Con Vos, Eduardo López, secretario general de la CTA Ciudad, fue contundente y dando cuenta del negociado que hubo en la compra de barbijos en la ciudad, señaló que “un salario docente equivale a lo que Larreta paga por 10 barbijos vencidos, y ahora quiere pagarlo en cuotas, además, no quiere pagar los aumentos previstos”.
El dirigente sindical, advirtió además que “cuando le propusimos un impuesto a los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, de grandes financieras, de aseguradoras que hoy se están llenado de plata, de todos los lugares que están ganando fortuna en la City Porteña, dijo que no”.
El referente docente comparó la miserabilidad de Larreta con la de Paolo Rocca y el grupo Clarín señalando que “Paolo Rocca no necesitaba despedir a los trabajadores y trabajadoras que despidió, Clarín no necesita bajar salarios y Larreta no necesita diferir salarios, ahora a dos meses y medio, en la jurisdicción más rica del país”.
Sintetizó, la política del jefe de gobierno porteño durante la pandemia, afirmando, que en la Ciudad de Buenos Aires hay un gobierno que “enfrenta la pandemia comprando armas, haciendo negocios y bajando salarios”

30.4.2020

Por Paula Sabatés

La jueza laboral Ana Barilaro ordenó a los dueños de la empresa Goliardos SRL reincorporar al trabajador Matías Pragana. Su caso sienta jurisprudencia para otras situaciones similares. 25 guías habían sido despedidos a fines de marzo.

Un fallo judicial de las últimas horas brindó un poco de respiro a los guías tercerizados del Teatro Colón que habían sido despedidos durante los últimos días de marzo por la empresa Goliardos SRL. La jueza laboral Ana Barilaro ordenó a sus dueños reincorporar al trabajador Matías Pragana amparándose en el DNU 329/20 que prohíbe las cesantías sin causa (o por fuerza mayor, como este caso) por 60 días. La magistrada entendió que sin bien la empresa envió el telegrama un día antes de la publicación del decreto, la fecha que debe considerarse es aquella en la que fue recibido por el trabajador: en este caso, el 6 de abril. Así, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el abogado de Pragana, quien ya notificó a la empresa sobre esta decisión judicial.
El fallo no sólo es positivo para ese único trabajador. Otra de sus compañeras, incluso, recibió la misma sentencia, sólo que el caso de Pragana cobró relevancia pública porque fue publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la Cámara del fuero. Por eso, también, reviste una importancia clave para todos los trabajadores de cualquier sector en la misma situación. Ernesto Zas, miembro de Abogades en Cooperativa y letrado de Pragana lo explica así: “El fallo es una punta de lanza para los reclamos de les trabajadores que pierden sus trabajos por el desprecio de las empresas a la normativa de emergencia”, refiere el laboralista.
Pragana lo entiende igual: “Es un primer paso muy importante para mí pero también para mis compañeros. Desde que se efectuaron los despidos cada uno eligió a su abogado u abogada por afinidad, pero siempre hubo una estrategia conjunta decidida en la asamblea, que funciona desde el primer día”, dijo el trabajador, que ahora espera cobrar su salario de abril, acorde a la sentencia de la jueza. “Nuestro objetivo sigue siendo la reincorporación de los veinticinco guías”, sentenció.
Si bien la cautelar de Barilaro refiere a que lo expuesto es sin perjuicio de la situación de terciarización y la solidaridad que le corresponde al Colón, el despido de los guías reabrió la discusión sobre las distintas modalidades de contratación dentro del teatro, el más grande y de mayor presupuesto en toda la Ciudad, sin embargo conocido por su amplísima e inconcebible precarización. Habrá que ver qué actitud toma de acá en más el Estado porteño frente a esta situación.

29.4.2020

Tras la jornada de protesta de ayer llevada a cabo en hospitales y centros de salud de la Ciudad, la justicia dictaminó que el gobierno porteño debe garantizar los elementos de protección necesarios contra el Covid-19 a los trabajadores de la salud. En primera línea enfrentando la pandemia, hace semanas que vienen reclamando porque sus vidas están en riesgo, frente a la negligencia de los gobiernos nacional y de la Ciudad que no garantizan su seguridad.

Ayer se realizó una jornada de protesta en decenas de hospitales y centros de salud de la Ciudad, de las y los trabajadores de la salud que vienen reclamando por falta de elementos de protección y los insumos necesarios para evitar el contagio de Covid-19.
Hace 40 días, desde que empezó la cuarentena, que los trabajadores vienen reclamando y organizándose, mostrando su bronca y su lucha, como fuimos reflejando en este diario.
Hoy el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 15, a cargo de Víctor Trionfetti, instó al gobierno de Rodríguez Larreta a que garantice la seguridad de las y los trabajadores de la salud, obligando a que “proporcione en forma inmediata a los trabajadores del sector de salud de la Ciudad, según las necesidades del área y del sector, todos los elementos para una adecuada protección a fin de evitar el contagio de covid-19”. La medida cautelar a la que dio lugar el juez fue presentada por ATE Capital.
A su vez, el juez Trinfetti le ordenó a la aseguradora Provincia ART que cumpla con la fiscalización de la higiene correspondiente: “que cumpla en forma inmediata con las normas de higiene, seguridad, control y fiscalización del empleador en los términos de la ley nº 24.557 respecto de la prevención de contagio” del Covid-19, porque de lo contrario, puede ser multada o sancionada.
También ordenó poner en pie una “mesa de diálogo” entre las partes.
Sin embargo, el cumplimiento de este fallo se logrará solo gracias a la propia organización y lucha que impongan las y los trabajadores de la salud, Larreta ya viene desconociendo 19 fallos de la Justicia, como también sucede en las escuelas porteñas, donde debe garantizar alimentación saludable para todos los estudiantes, pero el gobierno no lo cumple.

Mapa de la salud

El sistema de salud porteño cuenta con 13 hospitales generales de agudos, 2 hospitales generales de niños, 19 hospitales especializados, un centro asistencial, 45 centros de salud nivel 1 (CeSAC), 31 centros médicos barriales, tres centros de salud mental y dos centros odontológicos infantiles, y nuclea alrededor de 27.599 trabajadores y trabajadoras.
En Argentina, el porcentaje de los contagiados y fallecidos por Covid-19 en los trabajadores de la salud es de los más altos del mundo: asciende un 15,5%, es decir 638 personas. Algo muy grave y urgente de revertir, pero que evidentemente no preocupa de forma suficiente a los gobiernos.
Por el contrario, estos trabajadores “héroes”, que se encuentran en primera línea enfrentando a la pandemia, son sistemáticamente maltratados y ninguneados por los gobiernos, tanto de la Ciudad como a nivel nacional.
No solamente porque no se les garantiza su seguridad, entregándoles los elementos necesarios, sino que se les echa la culpa por “contagiarse”, como hizo el Ministro de Salud Ginés González García, cuando dijo que los trabajadores de la salud se contagian porque no se cuidan lo suficiente. Indignante, cuando vienen hace semanas reclamando porque no llegan los insumos básicos, como barbijos, uniformes, mascarillas, alcohol en gel.
En la jornada de protesta de ayer, los trabajadores de la salud le contestaron al ministro: “Son nefastos los dichos del ministerio, nosotros sí sabemos aplicar los protocolos y usar los materiales -nos protegemos nosotros, a los pacientes y a nuestras familias-, pero los insumos son escasos o de mala calidad”.
Mientras tanto, en la Ciudad, los insumos no llegan a los hospitales porteños, y el gobierno de Larreta no solamente paga sobreprecios en los barbijos sino que los compra vencidos. Queda claro cuáles son las prioridades del gobierno: hacer negocios a costa de la salud de la población.
En varios hospitales la bronca se fue transformando en organización, desde asambleas como en el Ramos Mejía, hasta comisiones de seguridad e higiene donde las y los trabajadores logran imponer protocolos y exigen la entrega de materiales de protección sanitaria, como en el Rivadavia, Garrahan, entre otros.
A su vez hoy la Legislatura Porteña está tratando un proyecto de ley de emergencia que contempla reducir salarios a trabajadores estatales y pagarlos de manera escalonada. Un escándalo que implica una vez más que el ajuste recaiga sobre los trabajadores.
Por eso es urgente la organización. El Gobierno debe garantizar todos los elementos de protección, seguridad e higiene en las instituciones del sistema de salud. A su vez, es necesario que se desarrollen e impulsen asambleas para votar un plan de lucha acorde a la crisis sanitaria actual e impulsar Comisiones de Seguridad e Higiene entre trabajadores y pacientes, para sean quienes controlen la cantidad y calidad de los insumos, y no dejarlo en manos de la desidia del Estado.