Comunicadores del Sur

18.5.2020

Daniel Castillo vive en la Villa 31 (hoy Barrio Padre Mugica) desde que nació. El sábado pasado le comunicaron que fue diagnosticado como positivo de Covid-19, luego del hisopado. En las últimas horas difundió su testimonio en redes sociales, explicando la realidad desde adentro del barrio y los procesos de testeo y aislamiento. También realizó un llamado a todo el barrio a cuidarse, siguiendo el protocolo, y a las autoridades gubernamentales, para que redoblen esfuerzos. Al igual que otras voces del barrio, Daniel señaló que al conocerse el primer caso no hubo una respuesta de parte de las autoridades, insistiendo en la falta de un proceso de urbanización pertinente que, entre otras necesidades, le permita a todo el barrio tener acceso al agua potable.

Primero desde una unidad febril del Hospital Muñiz y luego desde un hotel, Daniel difundió dos videos contando su experiencia. En su primer video mostró fallas, principalmente en los recursos humanos, al señalar la falta de personal, siempre aclarando y resaltando la labor de las y los trabajadores de la salud, pero en un ambiente de mucha confusión y desinformación: “quiero que sepan lo que está pasado, es muy doloroso saber que un familiar mío pueda pasar por lo que estoy pasando yo”.
“Quiero pedirle al Presidente que por favor redoble sus esfuerzos. Nosotros cumplimos con el protocolo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Por un mes funcionó, por un mes el virus no entró a la villa. La realidad es que Ciudad tenía que preparar algún protocolo específico en ese mes. Después de que se conoció el primer caso ya no tuvimos ninguna respuesta. No dieron participación a los vecinos, y bueno, éste es el resultado. Por la cantidad de infectados que hoy tenemos en nuestro barrio, prácticamente todos somos contactos estrechos. Tomen precaución y cuiden a sus familiares mayores”, pidió en uno de sus videos.
“Por favor tomen conciencia vecinos, está muriendo gente, esto no es joda. Estamos pasando un mal momento, pero es el momento de tomar conciencia, de ser realistas y también de exigir lo que tengamos que exigir. Con respeto, con educación y con compromiso, porque nosotros no somos ignorantes”, agregó. “Sabemos lo que está pasando, están ocultando la curva de infectados en la Villa 31. Hay un montón de gente que se va en ambulancia y no está incorporada en el sistema “testear”. A esas familias nadie las va a ver, nadie les lleva productos de limpieza o comida. Por favor, Presidente, le agradecemos las medidas que ha tomado. Nos sirvió. Nosotros vivimos en una zona de Retiro donde están las estaciones de trenes, vamos a los cajeros y los comercios que tenemos cerca a abastecernos y podemos contagiar, tienen que tomar medidas más contundentes. Por favor tomen conciencia, nuestros vecinos están en riesgo”. También Daniel le envió un pésame a la familia Galindo y se solidarizó por el fallecimiento de Víctor Giracoy “El Oso”, un vecino histórico que resistió las topadoras en los desalojos de los años 90′.
En un segundo video, horas después, mientras cumplía la cuarentena desde un hotel, Daniel envió tranquilidad sobre su estado al decir que no tiene síntomas, pero insistió en alertar sobre la precaución y en su llamado a hacerse los test y cumplir con los protocolos pertinentes. Reiteró el pedido a organismos gubernamentales para tomar nuevas medidas. En ese video precisó información hacia sus vecinas y vecinos sobre el operativo de test actual para poder realizar la mayor cantidad de chequeos: “nuestro barrio ha pasado por un montón de situaciones. Tiene más de 85 años. Pasamos dictadura militar, guerra de Malvinas, crisis del 2001, topadoras, un montón de circunstancias y hoy seguimos ahí, estamos de pie. Queremos seguir luchando. Queremos salir para adelante, seguir trabajando y darle un futuro mejor a las futuras generaciones, que son quienes van a tener que seguir peleando por la urbanización de nuestro barrio. Esto se pudo haber evitado si realmente hubiera existido una urbanización real. La realidad es que no tuvimos agua. La realidad es que hay muchas familias que tuvieron que moverse para ir a buscar un plato de comida.”
Daniel también alertó sobre la situación de la clase trabajadora. Tanto en sectores donde obligan a trabajar a gente infectada, como personas que están perdiendo sus trabajos. También se pronunció pidiendo que por favor les garanticen la continuidad de sus puestos de trabajo: “la realidad es que mucha gente de nuestro barrio está perdiendo trabajo. Los están estigmatizando por vivir en la villa. Les quiero pedir a todos aquellos empleadores que tienen a gente de nuestro barrio que nos conocen, que saben que somos trabajadores. Es mentira lo que muestran en la tele, que somos todos chorros. Esa estigmatización tiene que terminar de una vez por todas. Es lamentable este momento que estamos pasando pero tenemos que ser conscientes nosotros mismos. Solamente nosotros vamos a poder salir adelante”.
También recalcó la importancia de la ayuda estatal y de las y los trabajadores que, sobre explotados, realizan sus tareas: “a los trabajadores, a los chicos del barrio que recorren el barrio con los profesionales, que los hacen trabajar 12 horas por día, quiero mandarles un gran saludo y decirles que tienen nuestro apoyo. Ustedes están llevando adelante el operativo en el barrio”, agregó.
Daniel terminó su mensaje pidiendo nuevamente que si tienen fiebre se hagan los testeos, explicando cómo es el procedimiento. Llevó tranquilidad al informar que él está bien, y que al no tener síntomas está en un hotel, pero que a quienes tienen síntomas los llevan a un hospital para un mayor control. “Los quiero mucho a todos, tomemos conciencia. Esto se va a terminar, pero sólo si trabajamos todos de par a par. Gracias a todos los que me mandaron mensajes. Esto es con todos. Hasta luego vecinos”, cerró su video.

18.5.2020

Por Nicolás G. Recoaro

Las voces de militantes de base, trabajadores esenciales y luchadores sociales que sostienen a la barriada en plena cuarentena.

Emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional son las demandas urgentes que solicitaron en una conferencia de prensa. Derechos básicos que el Estado le niega al barrio Padre Mugica.
“Nunca vienen tantos medios, hermano. Será que los pobres no somos noticia. Ahora se hizo viral la muerte de la compañera Ramona (Medina), igual que la de Víctor (Giracoy), y acá están los canales. Por ahí después llega el gobierno. No puede ser que tengan que morir vecinos para que se hable de nuestros problemas. Para que se sepa que el virus nos está matando”. El que habla es Ezequiel Martínez, 26 años, vecino de toda la vida de la ex Villa 31. Se gana el mango como empleado de una cooperativa que desinfecta todas las mañanas los pasillos de la barriada para mantener a raya al maldito Covid. Pero ya no alcanza. La curva de contagios en el postergado barrio Padre Mugica crece a diario un 20%. El primer caso se conoció el pasado 20 de abril. Hoy suman casi 800.
Martínez se acomoda el barbijo, mira a distancia los móviles de la TV que llenan la canchita de fútbol de la Parroquia Cristo Obrero y reflexiona: “De alguna manera, los vecinos nos tenemos que hacer escuchar, porque parece que somos invisibles para el gobierno de la Ciudad. Por eso hacemos esta conferencia, por eso labura el Comité de Crisis. La lucha es en nombre de Ramona, de Víctor, de todos los vecinos, los que te dan una mano. Los gobiernos se pasan la pelota. El Estado acá está borrado.”
Desde los parlantes que prestó el cura de la parroquia se escucha la voz firme de Silvana Olivera, vecina del Güemes, uno de los barrios que da musculatura al Mugica: “En esta cuarentena los comedores se sostienen a pulmón, con el apoyo de los vecinos, la Iglesia y las organizaciones. Dan de comer a miles. No sólo los días de semana, sino que también están las ollas populares los fines de semana, porque la cuarentena es todos los días y peleamos para que no falte el plato de comida en ningún hogar.”
Karina Calla puede dar fe de cada palabra de su compañera. La morocha es madre de dos pibes, docente y cocinera al frente del merendero Fuerza y Lucha Popular: “Dan una mano mis vecinos para conseguir la mercadería. Por eso pedimos la Emergencia Alimentaria. Sin comida, no se aguante la cuarentena.” Los cimientos solidarios de la barriada popular sostuvo la subsistencia estas semanas: “Antes daba merienda a los chicos, pero ahora vienen las familias enteras. Si antes daba 100 viandas, ahora tengo que repartirlas entre 200. Decime cómo se hace”.
Eduardo vive en el barrio hace una década. Es estudiante del Profesorado Dorita Acosta, militante de base y empleado de una fábrica. Mantiene a su familia con el magro sueldo que sus patrones le achicaron por la cuarentena: “Estamos en un momento en que se plantea el dilema de garantizar la vida o darle la manija al mercado –afirma-. Si el Estado no articula con los comedores, si no garantiza el plato de comida, los villeros estamos perdidos.” El obrero dice que conoce a varios militantes que se pegaron la peste mientras laburaban en los comedores: “¿Y quién remplaza a esos compañeros? ¿Quién va a garantizar que sigan funcionando las cocinas? Lo mismo pasa con las cooperativas de limpieza. Eso le preguntaría a Larreta, ¿quién va a limpiar las calles del barrio?”
El cura Guillermo Torre hace 20 años que predica con el ejemplo de Mugica, el santo patrono del barrio: “Ni lo dudo, Carlos seguro estaría acá, al pie del cañón, junto a sus vecinos.” El sacerdote villero escucha atento las demandas del Comité de Crisis y confiesa: “Todas las necesidades y peticiones están en ese documento: emergencia alimentaria, habitacional y sanitaria. A mí me gusta rescatar la solidaridad que afloró en este tiempo oscuro. Cómo crecieron los lazos entre los vecinos. Ahora le toca al Estado. Dar respuestas, y que sea rápido. Porque este virus no da respiro, avanza y avanza.” A su espalda, una pared tatuada con la imagen de Mugica y unas palabras que rezan: “Señor, sueño con morir por ellos: ayúdame a vivir para ellos.”
“Cuando se cortó el agua, lo primero que pensé fue ‘esto va a ser incontrolable’. Y así fue”, cuenta Gabriel Sánchez, comunero y médico que participa en el operativo Detectar. Después agrega: “La única certeza que teníamos era que al virus se lo combatía con higiene de manos. Pero sin agua, la mitad de la batalla la tenemos perdida.” Durante semanas, los vecinos tuvieron que cruzar de punta a punta la barriada para conseguir el insumo básico para la vida: “Y ahí creció el contagio –dice Sánchez-. El virus circula con la gente. Se armaron filas larguísimas, se pasaban de mano en mano baldes, botellas, bidones. Así estamos ahora, casi 800 positivos. Luchando contra la expansión del virus, la desidia del gobierno de la Ciudad y pidiendo que intervenga Nación. Esto cala hondo en los vecinos. Se sienten abandonados. Por eso pedimos la emergencia sanitaria.”
Las cámaras de tevé se apagan, se enrollan los cables y finalmente los móviles dejan en silencio el barrio. El doctor Sánchez tiene que volver a recorrer los pasillos para entrevistar a posibles vecinos contagiados. Pero antes, recuerda a Ramona y a Víctor: “Queda la angustia, la bronca, el dolor por saber que sus muertes se podían haber evitado. Por ellos y los 50.000 vecinos del barrio no vamos a bajar los brazos.”

18.5.2020

Por Francisco Lucotti

Los más de 1.300 casos confirmados de COVID-19 en las villas de la capital argentina representan al menos un 33% de los contagios en la ciudad de Buenos Aires. Entre los fallecidos se encuentran Ramona Medina y Víctor Giracoy, trabajadores comunitarios y vecinos del barrio Padre Mugica, cuyas muertes desnudan el abandono del Estado.

Mientras aumentan los números de infectados confirmados y muertes por día a raíz del coronavirus y se acerca el pico esperado para junio en Argentina, la situación en los barrios vulnerables capitalinos, donde la población vive hacinada, se vuelve cada vez más insostenible. Los reclamos apuntan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, referente de la oposición a la Administración nacional.
“Estamos pidiendo el refuerzo alimentario de comedores y merenderos, porque hay mucha gente que tiene trabajo informal y necesita de esos espacios.
Seguimos pidiendo kits de limpieza para esos lugares; de las cuatro personas que fallecieron en la Villa 31, dos eran militantes sociales”, dijo a Sputnik Mónica Córdoba, de la organización Barrios de Pie y oriunda del barrio.
Según el Ministerio de Salud, hay más de 8.000 infectados en el país. En la ciudad de Buenos Aires, el número supera los 3.000, pero más de 1.300 de estos están ubicados en los barrios populares y asentamientos de emergencia porteños, es decir, más de 33 % del total.

Ramona: el grito de auxilio que será un eco infinito

Durante semanas, Ramona Medina, referente de la organización barrial La Poderosa e incansable trabajadora comunitaria, reclamó ayuda estatal mientras veía con pavor cómo aumentaban los casos en su barrio, la Villa 31-Barrio Padre Mugica, en la zona de Retiro, donde viven alrededor de 60.000 personas en construcciones apelmazadas y superpuestas.
Ella, al igual que cientos de familias, estuvo 12 días sin suministro de agua en su vivienda, sin poder cumplir el aislamiento, por necesidad, como ocurre en todos los barrios carenciados, donde se come gracias al esfuerzo de las organizaciones populares, iglesias y comedores.
“Nos piden que nos higienicemos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle, que nos lavemos las manos. ¿Con qué lo hacemos si no tenemos agua?”, denunciaba la vecina de 42 años en un video destinado a desmentir las palabras del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien había asegurado que la falta de agua en el barrio estaba solucionada.
Días más tarde, Ramona, diabética e insulinodependiente, fue internada con un cuadro de neumonía, contagiada de COVID-19. El miércoles 13 de mayo, la entubaron por insuficiencia respiratoria. Dos días después, murió de una muerte injusta y trágicamente anunciada.
En su casa vivían otras seis personas, cuatro de ellas, población de riesgo, pero ninguno fue internado preventivamente y continuaron en la misma residencia, sin operativos de intervención ni apoyo a los infectados por parte de las autoridades.
Se confirmó que las dos hijas de Ramona, una de las cuales tiene discapacidad, están infectadas también, al igual que su sobrina y sus dos cuñados, estos últimos, mayores de 60 años.

Víctor: dejar la vida para alimentar al barrio

Tan solo un día después, el sábado 16 de mayo, murió Víctor “El Oso” Giracoy, referente desde hace más de 25 años del comedor Estrella de Belén de la Villa 31. Tenía 60 años y estuvo internado una semana antes de perder la batalla contra el nuevo coronavirus.
“Es triste saber que sus hijos y familiares no se pudieron despedir y más triste es saber que no van a poder hacerlo, no se pueden abrazar entre ellos para tener un consuelo porque están aislados en distintos lados”, manifestaron en un comunicado desde el Comité de crisis por coronavirus constituido por las organizaciones del Barrio Padre Mugica.
Víctor era un vecino histórico del barrio desde la década de 1990, cuando resistió a la destrucción del asentamiento. Estuvo por años junto a su familia a cargo del comedor y sus vecinos aseguran que extrañarán comer su locro, típico guisado a base de maíz que se suele preparar en Argentina para la fecha patria del 25 de mayo.

Focos dentro de focos

El 90 % de los casos confirmados de coronavirus en las últimas semanas en Argentina se circunscriben a la región metropolitana de Buenos Aires, que incluye la capital nacional y sus alrededores.
La Villa 31 es el más golpeado entre los barrios vulnerables porteños, con 913 casos confirmados, según el último sondeo, que contabilizó un total de 12 muertes. El Gobierno porteño lleva adelante operativos de contingencia que son criticados por las organizaciones populares. Estos programas comenzaron a replicarse en otras villas de la ciudad y el conurbano, donde por el momento no existen cifras oficiales y donde es muy bajo el volumen de testeos.
“La militancia pone el cuerpo pero ¿qué pone el Gobierno de la Ciudad? Tenemos a las compañeras y compañeros muy expuestos porque las demandas las seguimos garantizando desde las organizaciones. Necesitamos mayor articulación y mayor destinación de recursos para que esta situación mejore, y no vemos que estén dispuestos a hacerlo”, reclamó Córdoba.
Demandan una presencia potente del Estado, con recursos para detectar los casos sin poner en riesgo a la población mediante más exposición, como sucede ahora, asegurarles a los casos sospechosos que puedan aislarse facilitándoles víveres, y aislar en hoteles y hospitales a los contagiados según su nivel de riesgo.
Las organizaciones denunciaron que los protocolos sanitarios no se respetan ni siquiera por las autoridades en la Villa 31, con personas expuestas a multitudes durante los hisopados, para luego ser trasladados los casos sospechosos en autobuses y en grupo a los hospitales, en lugar de aislados en ambulancias, mezclando a potenciales enfermos de COVID-19 con aquellos con dengue o gripes estacionarias.
“Sabiendo que el programa iba a llegar a las otras villas, les llevamos el balance de lo que fue el operativo en la Villa 31 para que no vuelvan a repetir los errores. Hablando con compañeres nos dijeron que todo lo que hicieron mal acá lo siguen replicando allá, donde están los otros focos que empieza a haber”, alertó la militante de Barrios de Pie.
El primer caso de COVID-19 en la Villa 31 fue detectado el 21 de abril. Las organizaciones denunciaron que recién dos días después de confirmarse el resultado positivo se comunicaron con ellos para intentar contactar a los padres de la paciente, que vivían con ella. El 2 de mayo, Toribia Balbuena, de 84 años, madre de la paciente cero, se transformó en la primera víctima mortal de coronavirus en el barrio.

18.5.2020

Por La Retaguardia

El Ministerio de Educación no autorizó aún el comienzo de la cohorte 2020. Solicita modificaciones al proyecto y cuestiona el enfoque. Por ejemplo, lo que considera el predominio de temas vinculados al género. Mientras se sigue dilatando la decisión, cientos de alumnos y alumnas continúan esperando comenzar la cursada de primer año. Ante esta nueva avanzada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín V. González, María Eugenia Otero y Mariela Sarlinga, integrantes del Consejo Académico participaron de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa matutino de Radio La Retaguardia, para explicar la situación.

El 21 de septiembre de 2019 el auditorio del subsuelo del Profesorado Joaquín V. González desbordaba de gente. El Postítulo de ESI cumplía 10 años. Es probable que, en plena euforia, las y los docentes hayan tenido tiempo para pensar que poco tiempo después iban a tener que estar discutiendo, otra vez, la renovación de un postítulo que crece cada año, pero que tiene que estar pendiente de su aprobación por el Ministerio de Educación cada dos años; cada vez con mayores obstáculos. En paralelo a esa discusión, más de 2.000 personas se inscribieron para las tan solo 200 vacantes. Las personas que pudieron conseguir su lugar en la cursada, no han podido comenzarla porque el Ministerio todavía no aprobó la cohorte 2020. María Eugenia Otero y Mariela Sarlinga son parte del Consejo Académico de Postítulo de Educación Sexual Integral, y visitaron La Retaguardia para comentar la situación, preocupadas por el desgaste al que están sometidas en plena pandemia.
—La Retaguardia: ¿Qué pasa con el Postítulo?
—María Eugenia Otero: Bueno, el Postítulo de ESI del Joaquín siempre está en peligro. Es un espacio en riesgo, no tiene estabilidad, no hay una decisión del Estado que plantee que este postítulo se va a quedar hasta que las y los docentes estén formados en ESI. Todo el tiempo aparecen situaciones que lo ponen en riesgo.
—LR: Por eso cada dos años tienen que esperar una nueva resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
—Mariela Sarlinga: Sí, pero la precariedad no apunta solamente a esa renovación por dos años sino a la precarización laboral que sufrimos en el equipo de trabajo.
—EO: Sí. Nosotras como trabajadoras no tenemos estabilidad, nos hacen contratos de Altas y Bajas, cuando empiezan y al terminar las clases. Y eso no cuenta momentos de laburo por fuera de ese período, como por ejemplo los exámenes. Por otro lado, cada dos años hay que renovar el proyecto, y en los últimos tiempos las autoridades lo toman cada vez que se presenta como un proyecto nuevo, sin tener en cuenta la antigüedad del postítulo, la experiencia, hace diez años que sostenemos la formación de docentes, con muestras de excelencia académica y resultados en la práctica, con docentes que se comprometen con la ESI y lo aplican en sus escuelas.
—MS: No sólo diez años de trayectoria sino de experiencia acumulada, de repensarnos, de diversidad de alumnos y alumnas que aportan a nuestra base teórica. Los enlaces tejidos con organizaciones, activistas, con grupos que trabajan con ESI, en una relación dialéctica, de ida y vuelta, que parece no ser suficiente para el Estado. Nos vemos este último mes sometidas a explicar cada punto del proyecto de presentación que hace pensar que partimos de cero.
—EO: Lo más importante es ver que nuestros egresados y egresadas están insertos en las escuelas, están formados, y detectan situaciones de abuso, de violencia, sacando pibas de redes de trata, trabajando con métodos anticonceptivos, previniendo embarazos no intencionales o infecciones de transmisión sexual, comprometidos con los derechos, porque ese es el enfoque de nuestro espacio.
—LR: En un momento de todo este mes transcurrido parecía que el Postítulo se daba este año pero, ¿qué pasó?
—EO: Sí, porque nos planteaban que no tenían firma por el cambio de gestión. Eso nos indicaba que estaba el último paso y sólo dependía de la voluntad política, y que la presión de las organizaciones, de las cinco mil firmas que se juntaron para que salga la resolución, había resultado. Pero luego descubrimos que no faltaba sólo la firma, sino que nuestro proyecto presentado en tiempo y forma el año pasado, y que debería haber sido evaluado en octubre, noviembre o diciembre del año pasado, recién ahora nos están sugiriendo modificaciones, es decir, un paso intermedio, porque aún faltan revisiones. Esto nos indica que durmieron el proyecto. Que lo cajonearon, y esto no es inocente. Hay una línea de trabajo nuestra que, evidentemente, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le convence.
—MS: Sí. La dilatación es evidente. Primero usaron a la pandemia, que había que re-direccionar los fondos por el contexto, separando educación de salud, como si nuestro trabajo no tuviera que ver con salud, mientras sí aprobaban otros proyectos, incluso de ESI, que no tienen la misma orientación que la nuestra. Luego, comienzan la revisión muy tardíamente, como decía Euge.
—EO: Sí, y cuando hablan de revisar nos comentan que nuestro proyecto tiene un marcado predominio de cuestiones de género. Y que temen que esto sea en detrimento de una mirada integral sobre la sexualidad. Y esto es gravísimo.
—MS: Esto es grave, sobre todo desde lo constitucional. En el artículo 38 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de 1994, donde dice que el GCBA incorpora la perspectiva de género en todos sus ámbitos. Que es, en definitiva, lo que plantea nuestro proyecto. No se puede entender las observaciones que nos hacen sin pensar que hay un ensañamiento ideológico con el Postítulo.
—LR: ¿Qué quisieron decir con eso?
—EO: No sabemos, porque la perspectiva de género atraviesa todo contenido. No es algo suelto. Que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad digan eso no es señal de no comprender. Es un posicionamiento político.
—LR: ¿Esto deja al descubierto que la ausencia de la voluntad política que planteaban al comienzo de la nota es por algo ideológico?
—EO: Si, viene por acá. Esto que decimos lo dejaron por escrito. Es una sugerencia para nuevos proyectos pero nos piden que lo hagamos ahora. Pero además nos dicen, aunque no por escrito, que hay una perspectiva que les preocupa: que nuestra didáctica está basada en la psicologia social y que deberíamos incluir otras herramientas para que las y los docentes puedan trabajar la ESI en el aula y en todos los niveles. Y si, nosotras partimos de la Psicología Social, de la dialéctica materialista, del modo que tiene la Psicología Social de entender al sujeto, de su concepción de salud. Y todo eso les molesta.
—MS: Hay una demanda también sobre distintas didácticas sobre la ESI, lo que evidencia un desconocimiento del campo, la ESI tiene los mismos años de antigüedad que la ley, como didáctica aplicada a la escuela. Eso quiere decir que tiene 14 años. Nosotras somos parte de esa didáctica, con cada aporte, con cada renovación, vamos creando esa didáctica, con la Psicología Social, con enfoque desde los Derechos Humanos, de la Pedagogía de Paulo Freire. Y todo esto ahora parecería estar puesto en cuestión.
—LR: ¿Cómo sigue todo esto?
—EO: Nosotras nos preguntamos si había que ponerse a trabajar observando estas sugerencias o salir a denunciar, pensando en que el Postítulo se apruebe. Cuál era el mejor modo de llegar a eso. Nos sentamos a hacer las modificaciones, obviamente sin corrernos de nuestro lugar ni de nuestros posicionamientos, que están sostenidos por un marco legal por otro lado, no es un invento nuestro. Estamos esperando que la respuesta del gobierno sea positiva, pero están dilatando todo con pasos burocráticos.
—MS: Y además este año hicimos una preselección de dos mil aspirantes y hay 220 personas esperando para ver si empiezan a cursar, tenemos un equipo de 16 personas viendo si van a tener trabajo o no. Y un proyecto con muchas horas de laburo, muchas expectativas, solidaridad grupal. No estamos hablando sólo de una propuesta de trabajo, es más que eso.

17.5.2020

Por Lidia E. Fernández y Carolina Macaggi

Este domingo, junto a la noticia de la muerte de Ramona Medina, referente de la villa 31 y militante de La Poderosa, producto de la desidia de los gobiernos nacional y porteño, se conocieron nuevos casos de Covid 19 entre los trabajadores de salud. Con 89 pacientes internados en el hospital Durand, ya no hay camas disponibles.

Este domingo, los trabajadores de la salud amanecimos con la noticia de la muerte de Ramona, referente de la Villa 31 y militante de La Poderosa. Al igual que las organizaciones sociales, hace semanas venimos denunciando la grave situación de falta de agua y hacinamiento de las familias que viven en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Y exigiendo que los gobiernos de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, declaren la emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria para dar respuestas concretas acordes a la gravedad de la crisis.
Lo que veníamos denunciando y anticipando, hace semanas, hoy es una realidad: hay 89 pacientes internados, 61 con Covid (+) y 28 en estudio, no hay más camas disponibles y tenemos 6 compañeros más infectados (tres médicos y tres enfermeros). La capacidad del hospital está al límite y los casos positivos siguen en aumento. El informe epidemiológico del hospital Durand reporta que el aumento de cantidad de casos se ve influenciado por conglomerados de grupos familiares.
Las trabajadoras y trabajadores del hospital Durand, denunciamos que el “operativo conjunto” entre el Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad, implementado luego del aumento exponencial de casos, empezó hace 10 días de forma improvisada y deficiente, realizando en la Villa 31, 50 testeos promedio por día en un barrio de 50.000 habitantes y sin ningún tipo de coordinación con los hospitales que, como el Durand, son centros de derivación de Covid 19.
También presentaron las bancas del Frente de Izquierda, un pedido de informe respecto de los traslados en micros de familias enteras y la falta de calefacción y agua caliente en el hospital, que se suman a la falta de Equipos Protección Personal (EPP), testeos al personal de salud, insumos biomédicos y adecuación de la infraestructura para hacer frente a la demanda de atención en la pandemia.
Mientras los recursos no aparecen, y queda en la solidaridad de los trabajadores que juntan frazadas y otras donaciones, el oficialismo y la oposición se negaron a tratar en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas para garantizar los recursos para salud, pero los subsidios a las grandes empresas y el pago de los intereses de la deuda usuraria, ilegal y fraudulenta, están a la orden del día.
El maltrato que sufrimos por parte de los gobiernos los trabajadores de la salud que estamos en la primera línea y las familias más vulnerables es evidente.
Sin la adecuada contención de los contagios, las plazas en los hospitales van a ser totalmente insuficientes. El gobierno habla hoy de un 50% de camas ocupadas a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta que ese porcentaje se produjo en una sola semana de aumento exponencial de casos y que aún no estamos en el pico de la pandemia.
Los recursos no aparecen, las medidas para evitar los contagios en los barrios vulnerables, tampoco. Son crímenes sociales porque son evitables si se destinan los recursos necesarios.
Por eso, no solo seguimos denunciando la situación real del hospital y nos solidarizamos con las familias de la 31, la 1-11-14 y la 21-24 que ya suman 1.200 casos de Covid 19, sino que exigimos que en la Legislatura se traten los proyectos presentados para dar respuesta y que ATE, Sutecba y la AMM se pongan al frente de nuestras demandas, llamando a asambleas para que desde abajo salga un plan de lucha que esté a tono con la crisis que atravesamos.
No podemos seguir esperando y pagando con nuestras vidas y las del pueblo pobre.