Comunicadores del Sur

24.5.2020

Por Claudio Mardones

El gobierno capitalino desplegará un operativo de seguridad para limitar la entrada y salida de las villas. Las críticas internas al secretario de Integración Urbana y la táctica para que Nación asuma el operativo sanitario.

La «montaña de dolor» que pronosticaba el entorno del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hace dos semanas comenzó a asomar con potencia en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. La metáfora elegida para hablar del pico de contagios de Covid-19 confirma las previsiones de la administración capitalina, que ocultaba parte de la estrategia elegida para afrontarla, como la velada decisión de entregarle la detección de casos en las villas porteñas al Ministerio de Salud de la Nación y avanzar en la instalación de cerrojos de seguridad en sus ingresos para disuadir la salida de los vecinos, especialmente en el barrio 31 de Retiro, considerado el epicentro inaugural del pico de contagios en los barrios populares de la Capital.
«Será como cerrar un pueblito para cuidar a sus habitantes», confió a Tiempo un integrante del Gabinete del alcalde para confirmar que la comuna estudia la instalación de «check points» en la villa 31 que estarán a cargo de la Policía de la Ciudad. Esa misma arquitectura de control policial, que ha sido experimentada en algunos distritos bonaerenses, podría repetirse en los barrios más pobres de la zona sur porteña, como la villa 21-24, de Barracas, donde ya hay presencia de Prefectura, y la 1-11-14, de Flores, donde está Gendarmería Nacional. Los dispositivos podrían extenderse también a la villa 20 de Lugano y al resto de los núcleos habitacionales precarios de la Ciudad. Ese mapa de controles «está en estudio» por los funcionarios porteños, que también utilizarían recursos del Estado nacional para aplicarlos.
La implementación de ese mecanismo de control profundizará la tensión existente entre los vecinos y las fuerzas policiales y explica, en parte, por qué algunos ex funcionarios de la administración de Mauricio Macri plantean la utilización de «cuadrículas» para dividir la Capital en “verdes y rojas”. “Las primeras con libre circulación y las segundas sin entradas o salidas», como propuso el ex director del Pami, Carlos Regazzoni, con el apoyo del ex senador Federico Pinedo y la titular del PRO, Patricia Bullrich. La experiencia ya fracasó en otros países, pero es parte de una nueva ofensiva argumental.
La extensión del plan Detectar y los refuerzos de seguridad federal en los barrios pobres de la Ciudad son parte de los tironeos entre el gobierno porteño y la Nación para encontrar un abordaje común. El disparador de esa búsqueda fue la resignación que comenzaron a ventilar en el entorno de Larreta sobre la «inevitable» multiplicación de contagios en las villas capitalinas, a partir de los errores cometidos por la gestión comunal, especialmente en el barrio 31, donde la crisis se incrementó a partir de los problemas estructurales de provisión de agua potable.
El mayor destinatario de las críticas internas es el secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, que ingresó a la gestión de Larreta como encargado del «plan maestro de integración urbana Retiro-Puerto Madero» con el apoyo del actual senador nacional Esteban Bullrich. Tal como reveló este diario en su edición online, el funcionario aseguró en una teleconferencia que la villa 31 tiene «la mejor red de agua potable que cualquier otro barrio vulnerable». Lo hizo para defender los 17 kilómetros de infraestructura realizados por su administración, pero sus pares lo critican por haber priorizado el alcance de esa red para la sede del Ministerio de Educación que se construyó al lado de los tribunales federales de Comodoro Py y no para los vecinos del barrio.
El dato no fue desmentido por ninguno de los funcionarios porteños consultados por este diario y en Nación lo dan por descontado como una de las fallas que disparó la crisis de contagios. No es la única diferencia. Distintos funcionarios de la Rosada ya hicieron llegar sus quejas a Larreta y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por los maltratos que padecen los vecinos de los barrios pobres cuando se detecta que tienen coronavirus, y las derivaciones «de facto» desde la línea de atención porteña. «Sabemos que cuando llaman de una villa para pedir asistencia ante un posible caso sospechoso les dicen que llamen a las líneas de Nación», lamentó una de las fuentes nacionales consultadas por este medio.
«Un tipo que tiene un local de sushi en Figueroa Alcorta y Tagle no puede manejar la Villa 31», se quejó un funcionario porteño, en referencia al secretario Fernández. Pero las fuentes consultadas también apuntan a su superior inmediata, la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, aunque la funcionaria todavía no cumplió seis meses en el cargo y su subalterno transita su quinto año de gestión y una estrepitosa derrota electoral en el barrio 31 en las elecciones del año pasado.
Las fallas de esa repartición se multiplican en otras áreas. Este sábado los delegados vecinales de Lugano denunciaron la recepción de carne podrida para los comedores del barrio, un problema que también se repite en otras latitudes de la Ciudad. En la cartera que conduce Migliore detallaron que en el comienzo de la cuarentena asistían a 102 mil personas en 471 comedores comunitarios y que ahora llegan a 260 mil personas, pero la mala calidad de las provisiones de alimentos frescos revelan fallas que podrían haberse evitado con una mayor inversión presupuestaria.
En la villa 31, la cartera de Migliore ya instaló 15 postas febriles para detectar casos. Desde el lunes serán 50 y podrían ser custodiadas por los cerrojos de seguridad que analiza el alcalde porteño para rodear a las villas más pobladas a partir de esta semana. Con esa estrategia, en gran parte sostenida por el Estado nacional, el gobierno capitalino buscará evitar que los contagios se propaguen al Conurbano.

24.5.2020

El Juzgado 20 de la Ciudad resolvió dar lugar a la medida cautelar presentada por ATE Capital ante los 5 casos confirmados de coronavirus en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida alcanza al sistema penal juvenil y los centros de atención transitoria.

Entre otras acciones, la justicia ordena al gobierno porteño a que en forma inmediata proporcione a los trabajadores del CDNNyA, como también a los niños que se alojan en los dispositivos de dicho organismo, los elementos de protección personal (EPP) necesarios para evitar el contagio del COVID 19, los correspondientes kits de desinfección e higienización y, asimismo, adopte las demás medidas necesarias para prevenir el contagio de dicha enfermedad.
Ordena además que realicen los exámenes correspondientes de detección del COVID 19 a todos los trabajadores dependientes del CDNNyA, y a todos los niños, niñas y adolescentes alojados en los dispositivos del CDNNyA que hayan tenido un contacto estrecho con un caso sospechoso. En el supuesto de que por las características de los dispositivos del CDNNyA no se pueda determinar qué personas tuvieron contacto estrecho con el caso sospechoso de COVID 19, se deberá proceder a testear a todos los trabajadores, niños, niñas y adolescentes del dispositivo.
“Manifestamos nuestra satisfacción ante la medida así como instamos a su urgente puesta en práctica para cuidar a los que nos cuidan en los lugares de trabajo del GCBA en vinculación directa con los sectores más postergados de nuestra sociedad”, afirmaron desde ATE Capital y la Junta Interna del CDNNyA.

22.5.2020

Patricio Abalos Testoni

Frente al avance del virus Covid 19 el Gobierno porteño utiliza los súper poderes que le votó Legislatura e implementa el programa de “Servidores Públicos”. Una medida marketinera que reasigna tareas, obligando a trabajadores del GCBA a participar de operativos aun cuando se encuentran en grupos de riesgo o con personas a cargo.

El crecimiento de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más alarmante, sobre todo en villas y asentamientos. En paralelo el Gobierno porteño flexibilizó la cuarentena sobre todo por la presión de grupos empresariales. Frente a esta situación crea el programa “Servidores Públicos” con el fin poner al Estado “al servicio del acompañamiento de la transformación cultural de la comunidad en su conjunto” como se expresa en el Boletín Oficial del Decreto.
La resolución RESFC-2020-20-GCABA-MJGGC refiere que el Programa tiene como fines el “apoyo a las acciones de concientización, distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos” por lo que “requiere que aquellos recursos humanos que pudieran ser puestos a disposición, siempre que no estén alcanzados por las eximiciones dispuestas en el Decreto 147/20, (Salud, Seguridad y Desarrollo Humano y Hábitat) puedan ser reasignados en forma transitoria y excepcional a dicho Programa”. Aun así puede reasignar trabajadores dentro de las áreas esenciales, por lo que dentro de estos sectores también están viviendo reasignaciones de tareas.
A partir de la publicación de esta medida, lo que se empezó a vivir en el Gobierno de la Ciudad aprietes de los funcionarios en “reasignar” a los miles de trabajadores (o recursos humanos como expresa el GCBA en lenguaje empresarial) de una forma desesperada, sin importar mucho la tarea, el cómo, el dónde, ni el cuándo. Entonces lo que está sucediendo es que las reasignaciones quedan en la discreción de los directivos y ya hay numerosos casos en que se dan tareas sin importar si los trabajadores forman parte del grupo de riesgo o que tienen a cargo a personas de dicho grupo; o se los quiere colocar en tareas que nada tienen que ver con las habituales, sin ninguna capacitación, y sin los elementos de protección necesaria.
Estos aprietes surten más efecto sobre los miles de trabajadores contratados, que tiene que optar entre el miedo al contagio o el miedo a ser despedidos. Además de no contar ni siquiera con ART por su precariedad laboral.
Como se podía prever, ya hay trabajadores contagiados por el virus Covid-19 que habían sido reasignados desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a hacer hisopados a las villas. Los propios trabajadores del IVC denunciaron que los mandan a los operativos donde están siendo testeadas las personas en las villas, con un solo barbijo para 8 horas de trabajo cuando tienen una duración de 2 o 3 horas; con unos camisolines que son descartables pero increíblemente en los operativos los reutilizan. Además en ningún momento son capacitados para ejercer tareas relacionas a la salud y no hay protocolos para manejarse.
Era una cuestión de tiempo que en estas condiciones, algunos de los trabajadores iban a terminar contagiados por coronavirus. Pero crece la bronca e indignación porque era evitable si se hubiesen tomado las medidas sanitarias necesarias.

Los trabajadores y los más necesitados doblemente expuestos al virus en estas condiciones

Se están enviando a los trabajadores a lugares donde hay alta posibilidad de contagio, como las villas, asentamientos, hogares o paradores, sin los insumos necesarios para la prevención y sin ninguna formación para hacer tareas de salud.
Pero además los trabajadores denuncian cómo son los operativos. Las personas con las que se trabaja están siendo doblemente expuestas. Por ejemplo en las villas, donde las personas son testeadas, después son agrupadas todas juntas, entonces si no tenías el virus previamente, podes contagiártelo mientras esperas el resultado. En estas condiciones los trabajadores están casi sin insumos e incluso en espacios donde no se puede respetar el distanciamiento social que se requiere en este contexto.
Sumado a todo esto, se van cambiando los lugares de trabajo, por lo que se fomenta la circulación de las personas. Dependiendo el día son reasignados a distintos operativos en distintas villas, por lo que si alguno se contagia, puede estar trasmitiendo el virus a distintos puntos de la Ciudad.
También una trabajadora del GCBA nos relataba que estuvo en el Parador Retiro (que luego cerró por 90 casos positivos) y después las pusieron a atender personas en un Cesac, exponiendo al resto de los trabajadores y a las personas que atendía.
Por lo tanto la vulnerabilidad con la que obligan a trabajar a miles de municipales, no solo expone a los propios trabajadores, sino a las personas con las que trabaja, a sus familias e incluso a trasmitirlo en el transporte público, porque ni donde viven se tiene en cuenta para la reasignación de tareas.
Los trabajadores también advierten que en algunos espacios no hay demasiadas tareas para hacer, sino que es colocarlos allí para que se los vea, es decir con un fin más marketinero que para suplir una función esencial. Muchas veces ni siquiera se los convoca para tareas esenciales, aunque si están al lado de posibles casos.
Por si fuera poco la resolución permite “modificar los horarios habituales de trabajo o prestación de servicio” como si esto no afectara la vida de las personas. Cabe destacar que muchos de los trabajadores tienen más de un trabajo para suplir los salarios del Gobierno porteño que rondan los 30 mil pesos y están lejos de cubrir la canasta básica familiar.

Los más precarizados son los más “voluntarios” para el Gobierno porteño

Todo esto en la práctica ya lo vimos desde el principio de la cuarentena, con los “voluntarios que presentaba Larreta que en verdad eran trabajadores obligados a prestar tareas bajo amenazas directas de los funcionarios, como se pudo escuchar en audios que se difundieron. Incluso abusaban de la fragilidad de contratación de los tercerizados y de locación de servicio para mandarlos a trabajar sin ninguna capacitación en áreas que no tenían nada que ver con sus funciones. Lo que ahora se potencia es que las tareas que se obligan a hacer son más riesgosas y con menos recursos. Encima ya hay casos de despidos para los que se negaron.
La bronca de los trabajadores crece al leer los fundamentos de la medida, que implica que sus tareas tratan de una “transformación cultural” cuando son los que mejor conocen las condiciones que viven miles en la Ciudad porque trabajan todos los días con los más necesitados.
El crecimiento de casos positivos en las villas y asentamientos o entre las personas en situación de calle, no es por cuestión cultural sino estructural, donde las políticas nunca benefician a los que tienen menos recursos, que no pueden acceder a servicios de salud de calidad o a trabajos bien remunerados, o vivir en condiciones dignas. Hay miles de Ramonas en las calles que ni tienen agua potable y están totalmente expuestas al coronavirus y sobre todo a la pobreza.
Es justamente por esto que si se quiere hacer bien una medida así, debería estar la organización en manos de los propios trabajadores; que puedan armar tanto los protocolos preventivos como en casos de positivos, teniendo todos los recursos necesarios, con el asesoramiento de especialistas de la salud, y no depender de funcionarios que sacan a los trabajadores a la calle para que se vean más chalecos amarillos dando vuelta.
Sin embargo no hay una mínima consulta a los trabajadores para organizar las tareas y funciones, y solo están llegando directivas de donde presentarse, sin ninguna otra capacitación. Es claro que las políticas del Gobierno de Rodríguez Larreta están atravesadas más por la presión empresarial de no tirar atrás la flexibilización de la cuarentena que por las necesidades de la mayoría.
Por lo tanto los trabajadores son los que saben que frente al avance de la pandemia se necesitan recursos y políticas estructurales y que este programa de Servidores Públicos es solo una maniobra que termina dejando a miles expuestos al contagio, e incluso poniendo en riesgo sus vidas, con tal de aparentar una política activa. Ya se ha visto que los propios trabajadores fueron los que voltearon la Ley de residentes y concurrentes el año pasado, por lo que hay fuerzas para enfrentar este ataque, exigiendo a las conducciones de Sutecba que deje la complicidad histórica con el GCBA y a ATE que salga de su pasividad, para hacer caer esta medida marketinera.

22.5.2020

Trabajadores y trabajadoras de los dispositivos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ) de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo de alrededor de 200 jóvenes en centros socioeducativos) denuncian la falta de políticas y protocolos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante la emergencia sanitaria, que pone en riesgo a los jóvenes, sus familias, los y las trabajadoras. “Hasta el momento hay cinco casos positivos confirmados y tres a la espera de resultado. No se ha hisopado a ninguna persona más hasta la fecha. No sabemos si hay o no más casos positivos”, remarcan. Denuncian “la falta total de protocolos de acción centralizados y acordes para prevenir el contagio”, la “discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones y criterios”, que la “información que circula en los medios de comunicación es mayormente falsa”, la “falta de elementos adecuados de bio-higiene y limpieza”, la falta de “un espacio de consulta, ni de informes centralizados frente a la pandemia”, y que “cuando se exige información a las autoridades se producen aprietes y amedrentamientos”, entre otras denuncias.

En su portal el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) define a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DGRPJ) como el espacio gubernamental que “se encarga de asistir a la Presidencia del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la instrumentación de los programas y servicios esenciales para la implementación de las políticas públicas relativas a la temática de Responsabilidad Penal Juvenil”.
El DGRPJ tiene a cargo alrededor de 200 jóvenes en los centros socioeducativos de régimen cerrado, las residencias socioeducativas de libertad restringida, el programa de cumplimiento de medida en territorio (PAIAS), más una buena cantidad que circulan en el Centro de Atención y Derivación (CAD).
Sin embargo, los y las trabajadoras del organismo denuncian que, en este contexto de emergencia sanitaria, social y económica por la expansión mundial del nuevo coronavirus (Covid-19), el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene políticas ni protocolos adecuados para protegere a la población penal juvenil ni a quienes trabajan allí.
En un comunicado publicado el 21 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención y Derivación (CAD), el Inchausti, los Centros de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, Agote, Roca y San Martín, las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringidas (Almafuerte, Simón Rodríguez, Juana Azurduy) y el programa de cumplimiento de medida en territorio (PAIAS), destacan: “nos hemos reunido frente al avance de los casos positivos de COVID-19 en nuestros dispositivos (casos positivos confirmados en todos los centros cerrados y se siguen sumando diariamente), la falsa información que circula en medios de comunicación por estos días y la conducta negligente sostenida de las autoridades, para decir basta”.
Asimismo, remarcan: “denunciamos y hacemos responsable a las autoridades y a cada Dirección Operativa (DO) de las consecuencias que sus acciones tengan ahora y a futuro sobre nuestra salud, la de nuestras familias y la de la población con la que trabajamos, y exigimos se revierta esta conducta, dando lugar a nuestras exigencias en lo inmediato, dado que la emergencia sanitaria continuará”.

Difundimos la denuncia de los y las trabajadoras:
“Denunciamos:
1- Hasta el momento hay 5 casos positivos confirmados y 3 a la espera de resultado en la DGRPJ. Más allá de la alarmante situación y las indicaciones de la OMS y autoridades en el tema en todos los niveles para lugares convivenciales, no se ha hisopado a ninguna persona más hasta la fecha (y si se hizo fue por gestión propia de cada trabajador con su obra social o gestor de salud de manera informal). Por lo mismo, no sabemos si hay o no más casos positivos. Hasta el momento hay sólo 32 personas aisladas preventivamente aproximadamente 28 en el CAD (Nº 54), quienes además no fueron provistas de lugar para aislarse en el caso de necesitarlo (lxs trabajadores tuvieron que organizarse para conseguir lugares frente a la fallida oferta de hoteles) y en algunos casos se procedió a indicar informalmente (vía Whatsapp), que 48 horas después de estar aisladxs debían volver a trabajar porque resulta que no estuvieron en “contacto estrecho” (CAD).
2- La falta total de protocolos de acción centralizados y acordes para prevenir el contagio y para proceder ante un caso positivo, avalados por organismos competentes e informados y trabajados oportunamente con trabajadores y población de los distintos dispositivos desde la definición de la pandemia. Las autoridades mienten cuando informan a la prensa que el Ministerio de Salud intervino en todos los casos.
3- Discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones y criterios adoptados por parte de las autoridades. El ejemplo más claro fue cuando frente a los casos positivos las direcciones transmitieron al menos 3 definiciones distintas de “contacto estrecho” para decidir a quién se aislaba y a quién no. Finalmente consensuaron que esto era contacto por más de media hora, sin protección, a menos de 70 cm. Esta definición, a la que arribaron muy desprolijamente, fue informada telefónicamente y con matices a lxs trabajadorxs amparándose en que es la que indica el Ministerio de Salud de CABA, sin ofrecer respaldo de dicha definición. Alarmamos sobre la gravedad de este proceder, ya que justamente determina o no la posibilidad de seguir propagando el virus. Hasta el día de la fecha la definición de contacto estrecho que ofrece el Ministerio de Salud de Nación para los centros convivenciales (aplica a nuestros dispositivos) es para el caso de “barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada”: toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19 y toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos)”, tal cual figura en la página https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.
4- Vulneración al derecho a la información para lxs jóvenes cumpliendo medida penal, sus familias y el conjunto de lxs trabajadores de la DG (y del CNNYA en general). Nunca desde el inicio del ASPO se nos informó de manera formal (hay comunicaciones formales en el ámbito de la administración pública de CABA), ni protocolos, ni procedimientos, ni adecuación de la modalidad de trabajo ni estado de situación de la DG completa, menos aún a lxs jóvenes o sus familias, lo cual es una situación angustiante y violenta. Hasta el día de hoy, la información a la que accedemos lxs trabajadorxs es a través de otrxs trabajadorxs, mientras que la información que circula en los medios de comunicación es mayormente falsa, agravando la situación. Cuando se exige información a las autoridades se producen aprietes y amedrentamientos. Para ejemplo sirve la situación que se denunció oportunamente en redes por lxs propios trabajadores de residencia: frente a un caso sospechoso se envió a tres jóvenes a sus domicilios con sus familias sin testeo previo (arriesgando la propagación en sus hogares y comunidad), sin la explicación debida ni a ellos ni a sus familias y cerrando al institución no por aislamiento sino por “no tener jóvenes alojados”, diciendo que “no pueden extender certificado por aislamiento preventivo”. El agravante en esta situación es que no se licenció a los empleados de seguridad destinándolos a prestar servicio en otro dispositivo.
5- Falta de elementos adecuados de bio-higiene y limpieza y deficiente estructura para trabajar de manera remota. Recién frente a los casos confirmados aparecieron algunos insumos más de manera improvisada y desigual por dispositivos. Hasta hoy se sigue sin proveer a lxs trabajadorxsde datos para internet o dispositivos electrónicos, en caso de necesitarlos, para realizar el trabajo remoto. Por supuesto seguimos utilizando nuestros celulares personales para trabajar. Cabe aclarar que sin estos recursos todos puestos por lxs trabajadores, quienes cobramos salarios por debajo de la línea de la pobreza, el trabajo esencial que reza el DNU 147/20, no podría llevarse adelante. Es decir, lxs jóvenes con disposición penal en CABA no podrían ser asistidxs en el contexto de la pandemia.
6- No utilización del criterio epidemiológico indicado por autoridades pertinentes: guardias mínimas y mínima circulación. Para ejemplificar el caso de lxs compañerxs que realizan talleres para los jóvenes, siguen yendo de un dispositivo a otro por requerimiento de las autoridades. Otro ejemplo son lxs trabajadorxs del PAIAS, quienes son obligadxs a prestar servicio en el parador ROCA2 a pesar de estar cumpliendo tareas esenciales – remotas y presenciales – con la población del programa (el PAIAS asiste a más de 90 jóvenes). Lxs mismxs trabajadorxs van luego a villas y asentamientos de la ciudad circulando por lugares de alto riesgo innecesariamente.
7- Falta de una comisión especializada con referencia sanitaria y de lxs trabajadorxs. Hasta hoy no hay un espacio de consulta, ni de informes centralizados frente a la pandemia.
8- Ningún organismo de control se ha hecho presente en los dispositivos. Al menos no nos consta a lxs trabajadorxs.

Todas estas decisiones y conductas de las autoridades producen:
– Creciente violencia laboral sobre trabajadorxs sin distinción de prestación presencial o remota. Hasta hoy lxs laburantxs hemos sufrido aprietes, flexibilización horaria, exposición en absoluta desprotección al virus repetidas veces, angustia, trabajo a destajo, desorganización de la tarea, etc.
– Que se viole el derecho de lxs NNyA a cargo de la DG, de sus familias y de lxs trabajadorxs a la información clara, a la salud y a la accesibilidad de recursos.
– Que el CNNYA se convierta de hecho en un organismo que colabora con la propagación del virus, lejos de mitigarlo como es responsabilidad de cualquier organismo público en este contexto

EXIGIMOS
1- Comité de crisis del consejo ya conformado por expertxs y representación de trabajadorxs . Basta de arbitrariedades y definiciones improvisadas que nadie supervisa y arriesgan a lxs pibxs, sus familias y a lxs trabajadorxs.
2- Acceso a la información para jóvenes, familias y trabajadorxs cotidianamente. Basta de informalidad en la comunicación.
3- Protocolos de actuación actualizados y conforme a normativa del Ministerio de Salud Nacional, frente a casos positivos de covid-19 ya. Basta de discrecionalidad. Exigimos el testeo y el derecho aislamiento de todxs lxs trabajadorxs y adolescentes/jóvenes.
4- Elementos adecuados para personal esencial. Convivimos con el virus. Si no están los elementos no llevamos adelante las tareas.
5- Respeto de la normativa vigente: mínima e imprescindible circulación: guardias mínimas, bancarización y aumento de las DASES y dinero mensual para que además las familias puedan elegir que alimentos consumir, en lugar de entrega de bolsón.
6- El trabajo no puede ser a costa de la salud mental y física de lxs trabajadorxs. Basta de violencia laboral y abusos. Normativa urgente del trabajo remoto que respete los derechos laborales conquistados, garantía de condiciones integrales para desempeñar las tareas. Suspensión de toda tarea innecesaria.
7- La presencia de organismos externos de protección de derechos humanos de adolescentes privados de libertad.
8- Frente al evidente brote en el Centro Belgrano testeo inmediato de toda la población y medidas urgentes para frenar la expansión allí. Testeo rápido ya para lxs adolescentes y lxs trabajadores que estuvieron en contacto con otro par o personal con COVID19 positivo.
9- Egreso de adolescentes que se encuentran dentro del grupo de riesgo.
10- Los sindicatos deben estar a la altura, pedimos que nos acompañen en estos reclamos. La Salud es un Derecho fundamental que como Trabajadorxs del Consejo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estamos obligadxs a proteger y garantizar, tanto la de la población como la nuestra.
Trabajadorxs de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil en ALERTA
-CAD- INCHAUSTI-CSRC Belgrano-CSRC AGOTE-ROCA-CSRC SAN MARTIN-Residencias Socioeducativas de Libertad Restringidas (Almafuerte, Simón Rodríguez, Juana Azurduy)-PAIAS
Contactanos: trabajadorxsdgrpjenalerta@gmail.com

21.5.2020

Con un informe suministrado por el MP La Dignidad y la Corriente Villera Independiente

El WhatsApp suena. Es nuestra compañera, Naty Molina, miembro de la Junta Vecinal 21-24 y Zavaleta, referenta de la Corriente Villera Independiente (CVI), que no tardó en informar el parte de todos los días:
“Les compartimos el parte diario de personas con coronavirus:
Villa 21-24: 49
NHT Zavaleta: 11
Tengan en cuenta que hay demoras en la carga oficial de resultados”
Vuelve a sonar.
“Considero que es muy importante el tema de reforzar las cuestiones preventivas.
Tenemos que seguir trabajando en el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Son las medidas que nos van a ayudar a controlar la cantidad de contagios. Esto es más allá de todo el trabajo que realizamos diariamente”
Una vez más. Es un video.
“Están desalojando a algunos vecinos porque no pueden pagar el alquiler por falta de changas y del rebusque que tienen siempre”.
La pandemia desnuda múltiples problemáticas.
1.557 casos de COVID-19 en las Villas de la Ciudad de Buenos Aires.
DE VILLA EN VILLA
Villa 31: El 35,05% de los casos en la Ciudad se concentran en las villas y el 23,72% se concentra en Barrio Mugica – Villa 31.
Barrio Rivadavia y 1.11.14: 427 casos de COVID-19
Villa 21-24: 49
NHT Zavaleta: 11
Villa 15: 12 casos
Villa 20: 7 casos confirmados por el CESAC
Cildáñez: 4 casos.
Rodrigo Bueno: 3 casos.
Ramón Carrillo: 2 casos.
Inta y Fátima: 1 caso.
Los Piletones: “Hay problema con la basura”, informó Mónica Ruejas, Presidenta de Los Piletones. El Coronavirus queda en un segundo plano en relación al porcentaje de vecinas y vecinos con dengue. Las cifras aumentan debido a la falta de descacharreo. A pesar de todas las dificultades, se continúan realizando viandas sociales todos los días. En el comedor “La Nueva Esperanza”, se elabora 700 platos de comidas y meriendas diarias.
«Mañana estará el número de casos actualizado», asegura Malvina, delegada y consejera de la Villa 31.
Sí, sabemos de ausencias. Sí, sabemos de injusticia. Pero, sobre todo, sabemos de lucha y de organización popular y ésa es nuestra bandera.