Comunicadores del Sur

14.5.2020

Por La Retaguardia

El martes 12 de mayo se confirmaron 79 personas contagiadas de COVID-19 entre residentes del Parador Retiro, que alberga a varones en situación de calle y está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este parador, que es uno de los tres con ingreso directo del gobierno porteño y se suman a los autogestivos Proyecto 7 y a los tres polideportivos que se habilitaron en la Ciudad, fue cerrado provisoriamente.

Todo comenzó hace casi una semana. Uno de los empleados administrativos del Parador, quien pidió se reserve su identidad por temor a las represalias laborales, había confirmado el jueves pasado que uno de los usuarios fue retirado con un estado febril por una de las ambulancias del SAME y trasladado a uno de los dos hospitales que dependen del área programática del Parador Retiro, el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. Lo llamativo de este primer caso era que el paciente no había salido del Parador, por lo que era más que probable no sólo el contagio comunitario sino la extensión hacia toda la población del lugar, cosa que sucedió, con el agravante de que 12 de ellos fueron trasladados al Hospital Muñiz en un micro escolar, cuestión que viola cualquier protocolo de aislamiento existente sobre Coronavirus y que produjo la elevación de una queja por parte de la responsable del Área del hospital. Lo que queda en evidencia, como tantas otras cuestiones que exacerbó esta pandemia, es el combo fatal de falta de improvisación, desidia y ausencia de acciones concretas por parte del Estado, que termina con la imposibilidad de tratar a personas en estado de vulnerabilidad social como sujetos de derecho.
Según la página oficial del gobierno los paradores “tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, pero en la realidad y, desde hace muchos años, sufren falencias estructurales y de sobrepoblación que la pandemia terminó subrayando. En la práctica, el dispositivo es un galpón con muchas camas en fila, en el que se viven conflictos diarios, muchos de ellos violentos; en el que se mezclan personas “pesadas” de ranchadas con adultos mayores o personas que recién ingresan al circuito “calle” y con pocos profesionales (Psicólogos, Médicos, Trabajadores Sociales) que, lejos de tener un enfoque interdisciplinario, deben hacer malabares con pocos recursos para mediar en situaciones emergentes. Muchos cuadros de esta dinámica cotidiana están muy bien representados en el documental “Parador Retiro”, filmado durante el 2008.
Los recursos ya limitados y con una evidente falta de planificación se muestran en el relato del empleado. La Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo, a cargo de Soledad Crugnale, le informó que durante el fin de semana posterior al contagio “no iban a realizar ningún hisopado (sic) a los demás usuarios”, pero que quedaba en cuarentena en su domicilio tal como indica el protocolo a nivel nacional. El resultado, una semana después, está a la vista: 79 usuarios del parador están infectados y 13 bajo sospecha.
Hasta su permanencia en el dispositivo, el mismo empleado aseguró que no se acercó ningún funcionario ni personal de limpieza. Una vez en su domicilio se enteró por comunicación vía celular con otros empleados que se hizo presente el coordinador del parador, Leonardo Pasatir, además de un equipo especial que desinfectó las instalaciones. Los demás escalones, además de la mencionada Soledad Crugnale, son el Director General de Atención Inmediata Mariano Goyenechea y el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad Maximiliano Corach, hijo del recordado Ministro del Interior menemista, Carlos Corach, denunciado por distintas organizaciones sociales desde hace años por dibujar el número real de personas que viven en las calles.
También la voz preocupada del empleado denuncia presiones de esta estructura jerárquica para permanecer en sus lugares de trabajo, ya que la mayor parte no está en planta permanente y debe renovar sus contratos cada año, en el mejor de los casos. Si bien él está en cuarentena, conoce la situación por relación directa con otros empleados que son obligados a asistir. “Es como que te dicen: ‘o te morís solo o matás a tu propia gente'”, graficó de manera contundente, enumerando a los componentes de las familias y un indicador más de su estado de sensibilidad, y la casi nula contención psicológica a empleados que están en situación de riesgo, salvo llamados telefónicos diarios para que informe su estado de salud y del lugar.
Los últimos datos del Censo Popular realizado por organizaciones sociales en el 2019 fueron contundentes: la cifra de gente en situación de calle trepó a 7251. Este tipo de políticas públicas paradigmáticas del macrismo desde su asunción en el gobierno de la Ciudad, condena a las personas que viven en la calle, no sólo a un proceso de invisibilización, sino que las cronifica sin planes de reinserción laboral, más allá de iniciativas individuales de buena fe de algunos funcionarios o talleres del gobierno.

13.5.2020

«Estamos devastados, porque gritamos y gritamos que esto podía pasar», lamentaron desde La Garganta Poderosa al informar esta tarde que Ramona Medina, vecina y vocera de la organización en la villa 31, dio positivo en el test de Covid-19 y fue intubada por tratarse de una paciente de riesgo, diabética e insulina dependiente.

Ramona fue la vocera de la organización para denunciar públicamente al gobierno de la Ciudad desde fines de abril por el abandono ante el aumento de casos en el barrio popular de Retiro y la falta de servicios de agua.
«¿Y ahora? Y ahora Ramona tiene coronavirus, sí, la misma Ramona que salió en todos los informes y videos que publicamos desde que comenzó el aislamiento inviable para los barrios abandonados, denunciando el sometimiento a las condiciones infrahumanas que padecía la Villa 31», denunció la organización villera.
Ramona pasó doce días sin servicio de agua en su casa, donde viven seis personas, cuatro de ellas, pacientes de riesgo. Una de sus hijas padece los síndromes de West y Aicardi, patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas.
La vocera de la organización quedó internada tras detectarse que es una de los 759 casos positivos en las villas porteñas, pero su familia continúa en su casa y, desde esta mañana, otra vez sin agua. «Estuvieron 55 días aisladas en esa misma casa, que hoy tampoco tiene agua y ya ni siquiera tiene a Ramona, porque la acaban de intubar», denunció La Poderosa.
La referente barrial fue la vocera de la organización desde que comenzaron a detectarse los primeros casos en el barrio, donde tampoco había agua potable. «¿Cómo pretenden que cumplamos todas las medidas de prevención e higiene en estas condiciones?», advertía Ramona a las autoridades del gobierno porteño.
«¿Qué nos quieren explicar? ¿Qué más debiéramos callar? ¿Cuántos compañeros con respiradores vamos a esperar? Ahí, en la misma vivienda del sector Bajo Autopista, Ramona pasó 12 días pidiendo auxilio, sin agua, rogando que por favor materializaran su traslado», subrayó La Poderosa en un comunicado, en el que exigió «basta de silencio», reforzar el dispositivo Detectar, transparencia en los datos del gobierno porteño e intervención del gobierno nacional.
«Lo imploró, lo gritó, lo lloró, un día en Telefé, otro día por la TV Pública, todos los días en La Garganta, pero ni así logró arrancarle al periodismo esa mordaza que propios y extraños presentan como barbijo, para no romper lanzas con (Horacio) Rodríguez Larreta, ni hacerse cargo de sus propias estadísticas», agregó la organización villera.
Hace diez días, Ramona grabó un video, que se difundió por las redes sociales, en el que interpeló directamente el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien se encargó de dar entrevistas en radios y canales de televisión para asegurar que el problema de la falta de agua estaba solucionado.
«Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones», reclamó Ramona en su momento.
En su mensaje, la vecina insistió: «Hay una pandemia que nos está consumiendo. Todos los días nuevos casos, nuevos vecinos, y nosotros seguimos sin agua y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo de no tener agua y de contagiarse este virus terrible».

13.5.2020

Por Mariano Martín

Lo reclama un proyecto presentado por los legisladores del Frente de Todos. Buscan indagarlo tras las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa.

El escándalo por la denominada “mesa judicial” del macrismo llegó a la Legislatura porteña con un pedido para citar a Juan Bautista Mahíques por los señalamientos como presunto partícipe en maniobras de presión a jueces durante el gobierno anterior.
El proyecto de llamado fue presentado por los legisladores del Frente de Todos Lucía Cámpora y Juan Manuel Valdés con el propósito de indagar la posible participación del actual jefe de los fiscales porteños “en acciones de injerencia sobre las decisiones de los magistrados del Poder Judicial de la Nación mientras desempeñaba funciones tanto en el Ministerio de Justicia de la Nación así como en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
El planteo responde a las declaraciones periodísticas de la camarista de Casación Ana María Figueroa cuando afirmó haber sido víctima de “presiones” recurrentes en la administración de Mauricio Macri y mencionó la visita a su despacho de un “alto funcionario” que intentó convencerla de apurar un voto relacionado con la constitucionalidad del memorándum con Irán. Aunque Figueroa no lo nombró, primero descartó de plano que se tratara de otros dos dirigentes y recién cuando se le mencionó a Mahíques hizo silencio, rió y sólo dijo que “por suerte eso quedó en el tiempo”.
En 2015, apenas asumido el gobierno de Cambiemos, Mahíques era representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. El año pasado fue designado fiscal general a propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “En ese momento su postulación fue cuestionada por organismos como el CELS y ACIJ por falta de autonomía e independencia. Ahora los legisladores exigen que se presente ante el órgano parlamentario para dar explicaciones sobre la posible comisión de delitos contra la institucionalidad y la división de poderes”, señala un comunicado de los autores de la iniciativa.
Y añade: “Si Mahíques no fue el funcionario responsable de esos aprietes, debe quedar claro. No pretendemos revertir el principio de inocencia en torno a los delitos que se le imputan. Muy por el contrario, este cuerpo legislativo necesita saber si son ciertas las acusaciones vertidas sobre Mahíques”, apuntan Cámpora y Valdés en los fundamentos.

12.5.2020

Según informó el Ministerio de Salud porteño, los casos de Covid-19 en las villas ya ascienden a 685. En operativo conjunto entre Nación y Ciudad, sólo testearon a 345 personas en una población mayor a 40.000 habitantes en la Villa 31.

En conferencia de prensa, Fernán Quirós ministro de salud porteño, presentó un nuevo informe epidemiológico de la Ciudad. En el mismo dan cuenta del salto del contagio entre los pobladores de las villas porteñas. Algo que las organizaciones territoriales vienen denunciando desde hace más de un mes, cuando el gobierno ocultaba la información.
Los barrios con mayores casos positivos de Covid-19 son las populosas villas 31 de Retiro y la 1-11-14 del bajo Flores.
Recordemos que el primer caso en la Villa 31 se confirmó el 21 de abril y recién dos semanas después, el 5 de mayo, el gobierno nacional y de la Ciudad llegó al barrio. Para el 5 de mayo los casos en barrios vulnerables ya ascendían de 300, una verdadera desidia estatal.
En el marco de los operativos que la Ciudad lleva adelante en conjunto con el Gobierno nacional, en la villa 31 se evaluaron 1.721 personas, se testearon solamente 345 de los cuales 173, la mitad de los testeados, dieron positivos para Covid-19.
Mientras que en la villa 1-11-14 del bajo Flores el 80% de los casos testeados dieron positivo, siendo este barrio una nueva gran preocupación.
Trabajadoras de la salud vienen denunciando cómo esta desidia y abandono que los pobladores de las villas reciben en sus barrios, se traslada luego a la atención hospitalaria. Esperas de horas para ser atendidos, falta de alimento caliente, sin calefacción ni frazadas y un asilamiento en hoteles con las mismas condiciones de desinformación y una mala atención.
De esta denuncia se viene haciendo eco y tomándola como demanda propia la diputada de la Ciudad del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry.

12.5.2020

¡QUE TAPARNOS LA BOCA NO SIGNIFIQUE CALLARNOS!
¡BASTA DE PERSECUSIÓN LABORAL!

Para solidarizarte firmá al final del documento

Desde el 18 de abril trabajadorxs del Hospital Piñero y Área Programática nos organizamos para exigir, frente a la declaración de la crisis sanitaria, el cuidado de nuestra salud y la de nuestros pacientes. Nos organizamos de forma virtual y presencial, participamos por ejemplo de la jornada del 28/4 convocada por ATE y otras organizaciones ante la falta de insumos en los hospitales. Lo hacemos porque estando en la primera línea contra la pandemia, vemos en la tarea que realizamos todos los días la falta de equipos de protección personal (EPP) y de criterios unificados de intervención; hemos tenido compañerxs contagiadxs o con sospecha de contagio por COVID-19 en varios sectores (terapia intermedia, guardia traumatología, CESAC 44 y 14) y en no todos se procedió al aislamiento y testeo correspondiente, exponiendo de este modo a más trabajadorxs, y todo por el mismo salario de miseria. Estos son los motivos que explican la alta tasa de contagios entre trabajadorxs de la salud: la negligencia de las autoridades hospitalarias y gubernamentales correspondientes
Es esta misma realidad la que denunciamos públicamente en un comunicado de la asamblea desde el día 20/4, y que hicimos llegar formalmente al director del Hospital Piñero el pasado jueves 30/4 con el conjunto de las adhesiones conseguidas. Es esa misma realidad la que Wladimir Tintaya, enfermero de la guardia, hizo pública en el diario La Nación, en una nota el día 23/4 titulada «Coronavirus: «Si nos contagiamos, ¿quién cuidará a los pacientes?», y por la cual es perseguido por la Dirección del Hospital, al igual que la enfermera Laura Costa, de la unidad nº 3 de Clínica médica por sus supuestos dichos en esa nota. A raíz de esto, el Dr. Rivero, junto al subgerente de Enfermería, Marcelo Alanís, y el responsable del departamento de Enfermería, Manuel Barreiro, les notificó formalmente que quería pruebas de lo declarado, cuando deberían ser más bien las autoridades del Hospital y el Gobierno de la Ciudad y todos los responsables de garantizar la salud de los trabajadores y la población, quienes den muestras de que se está en condiciones para atender en esta pandemia y garanticen los recursos necesarios en cantidad y calidad para ello.
En este sentido, entendemos que el ataque a lxs compañerxs es un ataque a todxs lxs que nos organizamos por nuestros derechos y los de lxs pacientes, ya que no pasa sólo en el Htal. Piñero, sino también en el Htal. Penna, el Htal. Pirovano y tantos otros. Es por esto que rechazamos el proceder de la Dirección del Hospital y exigimos urgentemente que se retiren las acciones realizadas contra lxs compañerxs, ya que va en contra del derecho a la libertad de expresión y de organización.
¡Si tocan a unx, nos levantamos todxs! ¡Llamamos a la más amplia solidaridad de lxs trabajadorxs de la salud y en general, y a las organizaciones de DD HH, sociales, sindicales y políticas para que den su apoyo y se pronuncien al respecto!
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