Comunicadores del Sur

15.5.2020

Por Santiago Gómez

La serie de Sebastián Wainraich en Netflix muestra la clase media porteña que creció en el punto central de la ciudad. Cuenta la historia de una separación con hijos, pasados los treinta y cinco. Un gran reflejo de ese sector social.

Quizá por haberme separado hace poco. Quizá por la saudade del humor judío. Quizá por haberme reído durante muchos años escuchando la Metro, superada la resistencia Peña, cuando vi el adelanto de la serie Casi feliz, de Sebastián Wainrich, supe que le daría una oportunidad. Lo que no imaginé es que vería tan bien reflejada la clase media porteña. La media media, la que crecimos en Villa Crespo, en el punto central de la ciudad, o así me enseñaron en la Tomasa, la escuela de Corrientes y Malabia. Esa clase media que pasa por cheta por usar ropa de marca, la misma que usan entre Santa Fe y el río, pero comprada por laburantes.
La serie cuenta la neura de un judío exitoso por su humor, que la mujer lo deja porque perdió interés por la monotonía de la relación criando mellizos. Sebastián es un reconocido conductor de la radio Urbana, en la serie actúan varios de los compañeros de radio de Wainraich. Muestra esos personajes siniestros que pululan alrededor de famosos, que se presentan con un fanatismo que asusta, que lleva pronto a pensar en posibles asesinos seriales. Una gran actuación de Pilar Gamboa, sino la mejor de la serie, interpretando una compañera de primaria de Sebastián, que se presenta pidiendo favores, ofendida si Sebastián no concede. Se destacan las actuaciones de Hugo Arana y Adriana Aizemberg, como padres de Sebastián.
Sebastián encarna a la perfección los Danieles, los Arieles, que más de uno tuvo como compañero en la primaria, la secundaria. Al menos los que crecimos en Villa Crespo tuvimos muchos. La serie también muestra esa fauna desagradable de la clase media porteña: el escritor que pasó veinte años en la vida académica y reniega de ella, que no falta a cuanto evento social de caretas hay. Los músicos que entraron en agencias de publicidad para ganar un mango y salieron espantados por la lógica financiera.
Los ambientes en los que se desarrolla la serie no son departamentos despampanantes, sino típicos departamentos de la clase media de la ciudad. Claro que con algunos toques modernos, con artículos comprados en Palermo, en la casa de los cuarentones. Pero la casa de los padres de Sebastián es una de esas en las que parece que no pasó el tiempo. Simplemente, se ve el cuidado por algo que se pudo comprar en una mejor época. Muestra los espacios en los que algunos consiguen celebrar fiestas y los métodos para hacerlos: videos familiares, contratación de animadores.
La historia es veloz, los capítulos cortos. No se caracteriza por el relleno. Es divertida. Es un buen reflejo de nuestra clase media urbana.

15.5.2020

Sin agua potable la pandemia avanza. Viernes 15 de mayo • 11 horas. Ministerio de Desarrollo y Hábitat de CABA. Piedrabuena y Hubac (Ex Elefante Blanco).

Se venció el plazo que la justicia le dio al Gobierno de la Ciudad en la sentencia que lo obliga a garantizar el abastecimiento de agua potable a vecinos y vecinas de los barrios populares.
La semana pasada la justicia dictó una medida cautelar sobre una acción de amparo presentada por la CTA-A Capital, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Observatorio de Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Política Pública (IPPYP), para que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantice el agua potable en la totalidad de los Barrios Populares, en el marco de la pandemia declarada por Covid-19.
Los plazos establecidos por la justicia para el cumplimiento de la sentencia se vencieron y los barrios populares continúan con el suministro interrumpido, bajas presiones y agua contaminada. Al tiempo que las campañas de comunicación del propio Gobierno, instan a reforzar la higiene personal y ambiental.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes convocamos a una conferencia de prensa este viernes 15 de mayo, a las 11 horas frente al Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la CABA (Ex Elefante Blanco). Para informar sobre la situación real de los barrios que desde el gobierno se pretende ocultar y exigir una reunión urgente con la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat para operativizar el cumplimiento de esta sentencia.

14.5.2020

Por Liga Argentina por los Derechos Humanos

EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SE OCUPE DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS VILLAS

El “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, con sus múltiples restricciones, no frenó la decisión del Gobierno de la Ciudad de actuar en la Villa 31-31 bis “Barrio Padre Carlos Mugica” para poner en práctica su modelo de exclusión (del que no están exentos los demás barrios populares de la ciudad más rica del país), que a largo plazo busca la gentrificación de esa zona y a corto plazo significaría el desalojo de centenares de familias y el despojo de las tierras donde se erige el barrio y aledañas, con el fin de favorecer la especulación inmobiliaria. Desde la Liga hemos denunciado en reiteradas oportunidades con las organizaciones del barrio y otras fuerzas sociales la verdadera finalidad del plan para la supuesta “integración social y urbana” de lxs habitantes de la Villa. También hemos señalado más recientemente que la cuarentena no se sufre de la misma manera en los barrios populares que en las viviendas de la clase media o de los grupos más privilegiados. Y la semana pasada hemos denunciado que la ausencia de acciones eficaces gubernamentales ante la falta de agua en la mayor parte de la Villa 31-31 bis (y en otros barrios populares) genera enormes riesgos, que a la fecha alcanza el resultado de 628 casos positivos de Covid-19 y que ya han costado la vida de tres habitantes de ese histórico barrio. Exponemos también que, ante la falta de intervención del GCABA, lxs vecinxs, organizaciones de base y territoriales han sido quienes estuvieron siguiendo los casos «sospechosos» y «vínculos estrechos», como así también sosteniendo las ayudas económicas y de alimentos de las personas afectadas. En este sentido queremos remarcar, aunque parezca una obviedad, que buena parte de la población del barrio 31 trabaja de manera informal y, el aislamiento les imposibilita generar recursos para las necesidades básicas. Es en este contexto, en el que otra vez lxs vecinxs, organizaciones de base y territoriales se articulan para alimentar a un porcentaje importante de la población, a través de comedores comunitarios y ollas populares, dado que la IFE no fue diseñada para que todxs lxs habitantes puedan percibirla -recordemos que el barrio tiene un componente migratorio importante y que de las personas migrantes más de la mitad, hoy, no percibe ningún ingreso. En este mismo sentido, el Gobierno porteño ha avanzado con la reglamentación del plan de supuesta “urbanización” prevista en la Ley CABA 6129, en el medio de la imposibilidad de que lxs habitantes, representantes y organizaciones sociales participen al menos en esta etapa, cuando se les negó intervención real en las fases previas de elaboración y sanción de esta normativa, consolidando así una avanzada antidemocrática de avasallamiento de sus derechos. ¿Por qué, incluso mientras estuvo expresamente prohibido, el gobierno de Rodríguez Larreta continuó realizando mudanzas y relocalizaciones? ¿Por qué esta reglamentación se aprobó de manera callada y aprovechando la imposibilidad de participación de lxs habitantes, representantes y organizaciones del barrio, que se ocupan día a día de garantizar un plato de comida y luchar contra la falta de agua? ¿Por qué, si el Gobierno porteño dice no poder solucionar la prestación del agua corriente, no reclama públicamente a quien pueda hacerlo? ¿Y por qué no adopta mientras tanto medidas que permitan el suministro de agua a las familias en cantidad y calidad suficiente? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para reforzar la alimentación? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para minimizar otros graves peligros para la salud, como el dengue? La inacción del Gobierno porteño parece estar directamente vinculada con su voluntad de avanzar con su política de urbanización con criterios de exclusión y de desalojar a la mayor cantidad de habitantes que puedan, al tornar inhabitables los hogares de miles de familias. Por todos estos motivos, Exigimos que se garantice el acceso al agua potable y su efectivo suministro a lxs habitantes de las villas. Exigimos que se garanticen las medidas de higiene y sanitarias requeridas, para evitar la propagación del Dengue y el Covid-19. Exigimos el aumento de las raciones de alimentos de todos los comedores y merenderos populares. Exigimos la aplicación de una Renta Básica Universal que contemple a todxs. Exigimos las suspensiones de las demoliciones de las casas en el sector “Bajo Autopista” de la Villa 31, 31 bis “Barrio Carlos Mugica” y que se suspendan las relocalizaciones, que es el engañoso ropaje con el que se presentan hoy, los desalojos en el barrio. Y, en definitiva, exigimos que toda decisión importante para el futuro de los barrios populares sea tomada con participación real y plena de sus habitantes, sus representantes elegidxs democráticamente y organizaciones populares, ya que la salida a estos problemas es colectiva, es solidaria y que la vivienda digna es un derecho humano que debe garantizar el Estado

14.5.2020

Lo hicieron el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital, a través de una Medida Cautelar para que el gobierno porteño reubique a las personas en situación de calle en hoteles que contrate la ciudad o en viviendas sociales.

Reproducimos comunicado:

Hace casi dos meses (24 de marzo) alertábamos en un INFORME que los paradores, además de violar la Ley N° 3.706, creaban una situación de alto riesgo de contagio masivo por la aglomeración de personas en el caso de que el coronavirus ingresara. Es la situación que ocurrió en el parador de Retiro donde el 85% de las personas se contagiaron.
También hay casos de personas contagiadas en el parador Olímpico y en el parador ubicado en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza.
Además, se SOLICITÓ que se ordene al GCBA:
* Disponer de hoteles de la misma calidad y atención para las personas en situación de calle que los utilizados para los repatriados.
* Adoptar medidas adecuadas y específicas para atender situaciones de consumo problemático o problemas de salud mental que requieren de un acompañamiento y contención especial.
* Crear un COMITÉ DE MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE para evaluar y supervisar que se respeten los derechos de las personas en situación de calle.
* Establecer medidas especiales para garantizar la vacunación contra la gripe.
La Legisladora Laura Velasco, frente a esta situación, presentó un proyecto de Declaración N° 1012-D-2020 y un pedido de informes N° 1013-D-2020 en la Legislatura porteña.

14.5.2020

Por La Retaguardia

El martes 12 de mayo se confirmaron 79 personas contagiadas de COVID-19 entre residentes del Parador Retiro, que alberga a varones en situación de calle y está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este parador, que es uno de los tres con ingreso directo del gobierno porteño y se suman a los autogestivos Proyecto 7 y a los tres polideportivos que se habilitaron en la Ciudad, fue cerrado provisoriamente.

Todo comenzó hace casi una semana. Uno de los empleados administrativos del Parador, quien pidió se reserve su identidad por temor a las represalias laborales, había confirmado el jueves pasado que uno de los usuarios fue retirado con un estado febril por una de las ambulancias del SAME y trasladado a uno de los dos hospitales que dependen del área programática del Parador Retiro, el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. Lo llamativo de este primer caso era que el paciente no había salido del Parador, por lo que era más que probable no sólo el contagio comunitario sino la extensión hacia toda la población del lugar, cosa que sucedió, con el agravante de que 12 de ellos fueron trasladados al Hospital Muñiz en un micro escolar, cuestión que viola cualquier protocolo de aislamiento existente sobre Coronavirus y que produjo la elevación de una queja por parte de la responsable del Área del hospital. Lo que queda en evidencia, como tantas otras cuestiones que exacerbó esta pandemia, es el combo fatal de falta de improvisación, desidia y ausencia de acciones concretas por parte del Estado, que termina con la imposibilidad de tratar a personas en estado de vulnerabilidad social como sujetos de derecho.
Según la página oficial del gobierno los paradores “tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, pero en la realidad y, desde hace muchos años, sufren falencias estructurales y de sobrepoblación que la pandemia terminó subrayando. En la práctica, el dispositivo es un galpón con muchas camas en fila, en el que se viven conflictos diarios, muchos de ellos violentos; en el que se mezclan personas “pesadas” de ranchadas con adultos mayores o personas que recién ingresan al circuito “calle” y con pocos profesionales (Psicólogos, Médicos, Trabajadores Sociales) que, lejos de tener un enfoque interdisciplinario, deben hacer malabares con pocos recursos para mediar en situaciones emergentes. Muchos cuadros de esta dinámica cotidiana están muy bien representados en el documental “Parador Retiro”, filmado durante el 2008.
Los recursos ya limitados y con una evidente falta de planificación se muestran en el relato del empleado. La Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo, a cargo de Soledad Crugnale, le informó que durante el fin de semana posterior al contagio “no iban a realizar ningún hisopado (sic) a los demás usuarios”, pero que quedaba en cuarentena en su domicilio tal como indica el protocolo a nivel nacional. El resultado, una semana después, está a la vista: 79 usuarios del parador están infectados y 13 bajo sospecha.
Hasta su permanencia en el dispositivo, el mismo empleado aseguró que no se acercó ningún funcionario ni personal de limpieza. Una vez en su domicilio se enteró por comunicación vía celular con otros empleados que se hizo presente el coordinador del parador, Leonardo Pasatir, además de un equipo especial que desinfectó las instalaciones. Los demás escalones, además de la mencionada Soledad Crugnale, son el Director General de Atención Inmediata Mariano Goyenechea y el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad Maximiliano Corach, hijo del recordado Ministro del Interior menemista, Carlos Corach, denunciado por distintas organizaciones sociales desde hace años por dibujar el número real de personas que viven en las calles.
También la voz preocupada del empleado denuncia presiones de esta estructura jerárquica para permanecer en sus lugares de trabajo, ya que la mayor parte no está en planta permanente y debe renovar sus contratos cada año, en el mejor de los casos. Si bien él está en cuarentena, conoce la situación por relación directa con otros empleados que son obligados a asistir. “Es como que te dicen: ‘o te morís solo o matás a tu propia gente'”, graficó de manera contundente, enumerando a los componentes de las familias y un indicador más de su estado de sensibilidad, y la casi nula contención psicológica a empleados que están en situación de riesgo, salvo llamados telefónicos diarios para que informe su estado de salud y del lugar.
Los últimos datos del Censo Popular realizado por organizaciones sociales en el 2019 fueron contundentes: la cifra de gente en situación de calle trepó a 7251. Este tipo de políticas públicas paradigmáticas del macrismo desde su asunción en el gobierno de la Ciudad, condena a las personas que viven en la calle, no sólo a un proceso de invisibilización, sino que las cronifica sin planes de reinserción laboral, más allá de iniciativas individuales de buena fe de algunos funcionarios o talleres del gobierno.