28.5.2020
La Cátedra de Ingeniería Comunitaria, El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma de Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, realizaron un informe sobre las políticas del GCBA con relación a las villas y la crisis sanitaria.
Los siguientes son las diez principales conclusiones a las que arribaron:
1. La curva de contagios se aplana a nivel nacional pero no sucede lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Principalmente, los contagios se incrementan exponencialmente en los sectores de la ciudad que más sufren la desigualdad urbana y la falta de acceso a los servicios públicos: las villas o Barrios Populares a partir de la Ley Nacional N° 27.453.
2. En la última semana, el 60% de los casos confirmados de Covid-19 corresponde a habitantes de los Barrios Populares. Actualmente, 1 de cada 2 porteños/as contagiados vive en las villas. El 34% de los casos de toda la ciudad se concentra en el Barrio de Retiro. En este barrio, en las dos últimas semanas los contagios se incrementaron en un 377% mientras que en la ciudad sólo un 165%.
3. En un escenario preventivo, pensábamos que el GCBA, mientras apostaba al aislamiento comunitario, preparaba los protocolos y las políticas para enfrentar la situación que generaría el ingreso del coronavirus en los Barrios Populares. El aislamiento social obligatorio justamente tenía como objetivo dar tiempo al estado no sólo para preparar el sistema sanitario hospitalario sino también, medidas de mitigación y de atención de la calidad de vida de las familias de los sectores más vulnerados en caso de contagios.
Lamentablemente, el desinterés, la improvisación o los deseos inmobiliarios sobre las tierras de los barrios populares hicieron que nada de esto ocurriera. Hemos sido testigos de que el GCBA no previó con seriedad los problemas que emergerían de la conjunción de la precariedad económica y la infraestructura sanitaria que sufren las familias en estos barrios, y de la pandemia del coronavirus. Pero, estamos más azorados frente a la falta de respuestas una vez que los problemas se magnificaron.
4. A dos meses del aislamiento social obligatorio, el GCBA no cuenta con un Protocolo Específico que atienda a cada una de las situaciones emergentes en los Barrios Populares. La mirada integral y específica está ausente. Por esto, el 21 de mayo la Justicia le dio un plazo de 5 días para elaborarlo. La falta de tal protocolo y de ámbitos para su discusión, evaluación y actualización, ha generado decisiones erráticas, parciales y hasta desconocidas no sólo por la ciudadanía sino también por los propios actores del sistema de salud.
5. Si avanzamos en problemáticas particulares, notamos la misma carencia. No existe un Plan de Contingencia para garantizar el agua potable. Tampoco existe un Plan con relación a la prestación del servicio de alimentación. La fuerza comunitaria se puso al hombro la alimentación de la población en las villas a través de los comedores. Pero, una vez que empezaron a contagiarse sus integrantes por falta de elementos de protección y que cerraran algunos comedores, el GCBA no apareció para brindar una respuesta clara y efectiva. Nuevamente se hizo presente la incertidumbre por la falta de previsión. En muchos casos, el GCBA tomó la medida equivocada de que las familias de un comedor fueran atendidas por otro comedor aumentando la circulación de personas, trasladando el coronavirus a otros sectores del barrio, sobrecargando de tareas a las mujeres de las organizaciones, principales actoras del cuidado de la alimentación. La ajenidad frente a la dinámica social del barrio llevó al GCBA incluso a discutir internamente como alternativa implementar una billetera virtual para las familias asistidas por comedores. Descartaron esta idea descabellada pero esta cuestión sigue latente sin solución. Si abordamos la educación a distancia y la brecha digital de los sectores populares, el panorama es peor. El GCBA ni siquiera ha detectado que tiene allí un gran problema, por lo tanto, ni siquiera lo tiene en agenda.
6. Existe, además, una desorganización estructural en la administración pública de este gobierno para superar esta crisis pandémica, que no tiene parangón en el último siglo. Por más que se vanagloria del trabajo en equipo y de la existencia de un comité de crisis, cada ministerio trabaja por su cuenta, no consulta a los otros. No hay vasos comunicantes de información ni de decisiones. Esto no sólo sucede a nivel horizontal entre los Ministerios sino también a nivel vertical entre dependencias u organismos de un mismo Ministerio. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: la Secretaría de Integración Social y Urbana (encargada del Barrio Carlos Mugica), la Ugis (encargada de la emergencia de la totalidad de los Barrios Populares) y el Instituto de Vivienda – IVC (Principal responsable de la política de reurbanización de villas en la ciudad), actúan bajo directrices políticas distintas. Las disputas internas terminan perjudicando a la población. Aquí, la metáfora de islas administrativas sin una centralidad organizadora sería la imagen correcta.
7. Tampoco es sólo una cuestión de desorganización, ya que a la vez existe una desjerarquización de los problemas que son derivados a los escalafones más bajos de la burocracia estatal. Por ejemplo, la grave crisis del acceso al agua potable está casi en su totalidad encomendada a los técnicos de un organismo de emergencia como es la UGIS. Funcionarios que no cuentan con poder de decisión porque no cuentan con facultades para destinar más presupuesto a resolver este problema.
8. En definitiva, tenemos un comité de crisis sólo de nombre. Si agregamos la dimensión democrática participativa se desfigura directamente el nombre. Parte de la angustia e incertidumbre de las familias se debe; a la falta de un verdadero comité de crisis; a la ausencia de participación de la comunidad porteña a través de las organizaciones sociales, asambleas, colectivos y sindicatos; a la fragmentación administrativa que genera espacios estancos e inflexibles; a la desjerarquización de los problemas por resolver; etc.
9. El problema del acceso al agua potable en las villas es la muestra sintética de este panorama desolador. El GCBA en los tribunales sostuvo la postura de que no tenía obligación de garantizar el derecho humano al agua en las villas y que esa obligación pertenecía únicamente a AYSA. Practicaron la cultura higiénica del coronavirus, se lavaron las manos. La Justicia ordenó garantizar agua potable y elaborar con la comunidad un Plan de Contingencia y un Plan de Actuación. El GCBA apeló la decisión judicial que a su pesar sigue vigente y decidió no cumplir la orden judicial hasta el día de hoy.
9.1. El colectivo de organizaciones que firmamos la acción judicial estamos llevando a cabo un mapeo continuo sobre el acceso al agua potable junto con más de 150 referentas y referentes de los distintos barrios populares de la Ciudad. El resultado del relevamiento permitió identificar problemas de presión, calidad del agua y falta de suministro en numerosos barrios populares y complejos habitacionales. Además, permitió documentar que los dispositivos actuales con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el acceso al agua son absolutamente insuficientes e ineficaces. El GCBA ofrece un número telefónico para realizar los reclamos urgentes por falta de agua potable y otro tipo de emergencias sanitarias. Se trata de una única línea telefónica que no funciona 24 horas los 7 días de la semana (Teléfono: 2000-8200). El dispositivo para atender las emergencias por falta de agua potable en barrios populares con camiones cisterna se encuentra concesionado. El gobierno se limita a pasar el reclamo a las distintas empresas que tienen a su cargo la concesión del servicio sin realizar ningún tipo de seguimiento. Las familias se ven obligadas a reiterar diariamente los reclamos. La asistencia de agua potable a granel mediante camiones cisterna no cuenta con ningún mecanismo de trazabilidad ni control de calidad. Es decir, el gobierno desconoce si la entrega de agua potable fue realizada, en qué plazos, que cantidades y con qué calidad. La demora en la asistencia de agua potable puede llegar a superar las 96 horas y como no existe ningún protocolo público las familias desconocen el día, horario y lugar del camión cisterna. Por eso, es usual que los camiones cisterna lleguen a un barrio y se retiren sin haber abastecido a los hogares. También es oportuno mencionar, que la entrega de agua a granel es eficiente sólo si los hogares cuentan con sistemas seguros donde almacenar el agua que se entrega. El almacenamiento inadecuado pone en riesgo la calidad del agua, no permite almacenar el volumen diario de agua necesaria para garantizar todos los usos y contribuye a la expansión del dengue. Por tal motivo venimos solicitando al gobierno porteño que garantice un tanque en cada hogar.
9.2. El 15/5 y el 22/5 ingresamos los informes detallados por la mesa de entrada del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El 22 de mayo los actores de la causa judicial fuimos convocados a una reunión en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con la finalidad de discutir mecanismos adecuados que garanticen el agua potable en la totalidad de los hogares porteños. De la reunión, participó inicialmente el presidente del IVC quien luego se retiró dejando a cargo a funcionarios de gobierno que no tenían instrucciones ni poder de decisión, por lo tanto, solicitaron un plazo de 96 horas para darnos una respuesta.
10. Creemos sumamente necesario conformar un Comité de Crisis al más alto nivel jerárquico, donde todos los ministerios involucrados articulen transversalmente, garantizando el ejercicio de la Democracia Participativa convocando a los representantes de la comunidad (organizaciones sociales, barriales y comunitarias, asambleas, colectivos ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, etcétera.).
Cátedra de Ingeniería Comunitaria – CLIC (Ing. María Eva Koutsovitis) Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo) CTAA – Capital (Pablo Spataro) Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando) Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP (Claudio Lozano).
