Comunicadores del Sur

18.5.2020

Por Francisco Lucotti

Los más de 1.300 casos confirmados de COVID-19 en las villas de la capital argentina representan al menos un 33% de los contagios en la ciudad de Buenos Aires. Entre los fallecidos se encuentran Ramona Medina y Víctor Giracoy, trabajadores comunitarios y vecinos del barrio Padre Mugica, cuyas muertes desnudan el abandono del Estado.

Mientras aumentan los números de infectados confirmados y muertes por día a raíz del coronavirus y se acerca el pico esperado para junio en Argentina, la situación en los barrios vulnerables capitalinos, donde la población vive hacinada, se vuelve cada vez más insostenible. Los reclamos apuntan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, referente de la oposición a la Administración nacional.
“Estamos pidiendo el refuerzo alimentario de comedores y merenderos, porque hay mucha gente que tiene trabajo informal y necesita de esos espacios.
Seguimos pidiendo kits de limpieza para esos lugares; de las cuatro personas que fallecieron en la Villa 31, dos eran militantes sociales”, dijo a Sputnik Mónica Córdoba, de la organización Barrios de Pie y oriunda del barrio.
Según el Ministerio de Salud, hay más de 8.000 infectados en el país. En la ciudad de Buenos Aires, el número supera los 3.000, pero más de 1.300 de estos están ubicados en los barrios populares y asentamientos de emergencia porteños, es decir, más de 33 % del total.

Ramona: el grito de auxilio que será un eco infinito

Durante semanas, Ramona Medina, referente de la organización barrial La Poderosa e incansable trabajadora comunitaria, reclamó ayuda estatal mientras veía con pavor cómo aumentaban los casos en su barrio, la Villa 31-Barrio Padre Mugica, en la zona de Retiro, donde viven alrededor de 60.000 personas en construcciones apelmazadas y superpuestas.
Ella, al igual que cientos de familias, estuvo 12 días sin suministro de agua en su vivienda, sin poder cumplir el aislamiento, por necesidad, como ocurre en todos los barrios carenciados, donde se come gracias al esfuerzo de las organizaciones populares, iglesias y comedores.
“Nos piden que nos higienicemos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle, que nos lavemos las manos. ¿Con qué lo hacemos si no tenemos agua?”, denunciaba la vecina de 42 años en un video destinado a desmentir las palabras del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien había asegurado que la falta de agua en el barrio estaba solucionada.
Días más tarde, Ramona, diabética e insulinodependiente, fue internada con un cuadro de neumonía, contagiada de COVID-19. El miércoles 13 de mayo, la entubaron por insuficiencia respiratoria. Dos días después, murió de una muerte injusta y trágicamente anunciada.
En su casa vivían otras seis personas, cuatro de ellas, población de riesgo, pero ninguno fue internado preventivamente y continuaron en la misma residencia, sin operativos de intervención ni apoyo a los infectados por parte de las autoridades.
Se confirmó que las dos hijas de Ramona, una de las cuales tiene discapacidad, están infectadas también, al igual que su sobrina y sus dos cuñados, estos últimos, mayores de 60 años.

Víctor: dejar la vida para alimentar al barrio

Tan solo un día después, el sábado 16 de mayo, murió Víctor “El Oso” Giracoy, referente desde hace más de 25 años del comedor Estrella de Belén de la Villa 31. Tenía 60 años y estuvo internado una semana antes de perder la batalla contra el nuevo coronavirus.
“Es triste saber que sus hijos y familiares no se pudieron despedir y más triste es saber que no van a poder hacerlo, no se pueden abrazar entre ellos para tener un consuelo porque están aislados en distintos lados”, manifestaron en un comunicado desde el Comité de crisis por coronavirus constituido por las organizaciones del Barrio Padre Mugica.
Víctor era un vecino histórico del barrio desde la década de 1990, cuando resistió a la destrucción del asentamiento. Estuvo por años junto a su familia a cargo del comedor y sus vecinos aseguran que extrañarán comer su locro, típico guisado a base de maíz que se suele preparar en Argentina para la fecha patria del 25 de mayo.

Focos dentro de focos

El 90 % de los casos confirmados de coronavirus en las últimas semanas en Argentina se circunscriben a la región metropolitana de Buenos Aires, que incluye la capital nacional y sus alrededores.
La Villa 31 es el más golpeado entre los barrios vulnerables porteños, con 913 casos confirmados, según el último sondeo, que contabilizó un total de 12 muertes. El Gobierno porteño lleva adelante operativos de contingencia que son criticados por las organizaciones populares. Estos programas comenzaron a replicarse en otras villas de la ciudad y el conurbano, donde por el momento no existen cifras oficiales y donde es muy bajo el volumen de testeos.
“La militancia pone el cuerpo pero ¿qué pone el Gobierno de la Ciudad? Tenemos a las compañeras y compañeros muy expuestos porque las demandas las seguimos garantizando desde las organizaciones. Necesitamos mayor articulación y mayor destinación de recursos para que esta situación mejore, y no vemos que estén dispuestos a hacerlo”, reclamó Córdoba.
Demandan una presencia potente del Estado, con recursos para detectar los casos sin poner en riesgo a la población mediante más exposición, como sucede ahora, asegurarles a los casos sospechosos que puedan aislarse facilitándoles víveres, y aislar en hoteles y hospitales a los contagiados según su nivel de riesgo.
Las organizaciones denunciaron que los protocolos sanitarios no se respetan ni siquiera por las autoridades en la Villa 31, con personas expuestas a multitudes durante los hisopados, para luego ser trasladados los casos sospechosos en autobuses y en grupo a los hospitales, en lugar de aislados en ambulancias, mezclando a potenciales enfermos de COVID-19 con aquellos con dengue o gripes estacionarias.
“Sabiendo que el programa iba a llegar a las otras villas, les llevamos el balance de lo que fue el operativo en la Villa 31 para que no vuelvan a repetir los errores. Hablando con compañeres nos dijeron que todo lo que hicieron mal acá lo siguen replicando allá, donde están los otros focos que empieza a haber”, alertó la militante de Barrios de Pie.
El primer caso de COVID-19 en la Villa 31 fue detectado el 21 de abril. Las organizaciones denunciaron que recién dos días después de confirmarse el resultado positivo se comunicaron con ellos para intentar contactar a los padres de la paciente, que vivían con ella. El 2 de mayo, Toribia Balbuena, de 84 años, madre de la paciente cero, se transformó en la primera víctima mortal de coronavirus en el barrio.

18.5.2020

Por La Retaguardia

El Ministerio de Educación no autorizó aún el comienzo de la cohorte 2020. Solicita modificaciones al proyecto y cuestiona el enfoque. Por ejemplo, lo que considera el predominio de temas vinculados al género. Mientras se sigue dilatando la decisión, cientos de alumnos y alumnas continúan esperando comenzar la cursada de primer año. Ante esta nueva avanzada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín V. González, María Eugenia Otero y Mariela Sarlinga, integrantes del Consejo Académico participaron de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa matutino de Radio La Retaguardia, para explicar la situación.

El 21 de septiembre de 2019 el auditorio del subsuelo del Profesorado Joaquín V. González desbordaba de gente. El Postítulo de ESI cumplía 10 años. Es probable que, en plena euforia, las y los docentes hayan tenido tiempo para pensar que poco tiempo después iban a tener que estar discutiendo, otra vez, la renovación de un postítulo que crece cada año, pero que tiene que estar pendiente de su aprobación por el Ministerio de Educación cada dos años; cada vez con mayores obstáculos. En paralelo a esa discusión, más de 2.000 personas se inscribieron para las tan solo 200 vacantes. Las personas que pudieron conseguir su lugar en la cursada, no han podido comenzarla porque el Ministerio todavía no aprobó la cohorte 2020. María Eugenia Otero y Mariela Sarlinga son parte del Consejo Académico de Postítulo de Educación Sexual Integral, y visitaron La Retaguardia para comentar la situación, preocupadas por el desgaste al que están sometidas en plena pandemia.
—La Retaguardia: ¿Qué pasa con el Postítulo?
—María Eugenia Otero: Bueno, el Postítulo de ESI del Joaquín siempre está en peligro. Es un espacio en riesgo, no tiene estabilidad, no hay una decisión del Estado que plantee que este postítulo se va a quedar hasta que las y los docentes estén formados en ESI. Todo el tiempo aparecen situaciones que lo ponen en riesgo.
—LR: Por eso cada dos años tienen que esperar una nueva resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
—Mariela Sarlinga: Sí, pero la precariedad no apunta solamente a esa renovación por dos años sino a la precarización laboral que sufrimos en el equipo de trabajo.
—EO: Sí. Nosotras como trabajadoras no tenemos estabilidad, nos hacen contratos de Altas y Bajas, cuando empiezan y al terminar las clases. Y eso no cuenta momentos de laburo por fuera de ese período, como por ejemplo los exámenes. Por otro lado, cada dos años hay que renovar el proyecto, y en los últimos tiempos las autoridades lo toman cada vez que se presenta como un proyecto nuevo, sin tener en cuenta la antigüedad del postítulo, la experiencia, hace diez años que sostenemos la formación de docentes, con muestras de excelencia académica y resultados en la práctica, con docentes que se comprometen con la ESI y lo aplican en sus escuelas.
—MS: No sólo diez años de trayectoria sino de experiencia acumulada, de repensarnos, de diversidad de alumnos y alumnas que aportan a nuestra base teórica. Los enlaces tejidos con organizaciones, activistas, con grupos que trabajan con ESI, en una relación dialéctica, de ida y vuelta, que parece no ser suficiente para el Estado. Nos vemos este último mes sometidas a explicar cada punto del proyecto de presentación que hace pensar que partimos de cero.
—EO: Lo más importante es ver que nuestros egresados y egresadas están insertos en las escuelas, están formados, y detectan situaciones de abuso, de violencia, sacando pibas de redes de trata, trabajando con métodos anticonceptivos, previniendo embarazos no intencionales o infecciones de transmisión sexual, comprometidos con los derechos, porque ese es el enfoque de nuestro espacio.
—LR: En un momento de todo este mes transcurrido parecía que el Postítulo se daba este año pero, ¿qué pasó?
—EO: Sí, porque nos planteaban que no tenían firma por el cambio de gestión. Eso nos indicaba que estaba el último paso y sólo dependía de la voluntad política, y que la presión de las organizaciones, de las cinco mil firmas que se juntaron para que salga la resolución, había resultado. Pero luego descubrimos que no faltaba sólo la firma, sino que nuestro proyecto presentado en tiempo y forma el año pasado, y que debería haber sido evaluado en octubre, noviembre o diciembre del año pasado, recién ahora nos están sugiriendo modificaciones, es decir, un paso intermedio, porque aún faltan revisiones. Esto nos indica que durmieron el proyecto. Que lo cajonearon, y esto no es inocente. Hay una línea de trabajo nuestra que, evidentemente, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le convence.
—MS: Sí. La dilatación es evidente. Primero usaron a la pandemia, que había que re-direccionar los fondos por el contexto, separando educación de salud, como si nuestro trabajo no tuviera que ver con salud, mientras sí aprobaban otros proyectos, incluso de ESI, que no tienen la misma orientación que la nuestra. Luego, comienzan la revisión muy tardíamente, como decía Euge.
—EO: Sí, y cuando hablan de revisar nos comentan que nuestro proyecto tiene un marcado predominio de cuestiones de género. Y que temen que esto sea en detrimento de una mirada integral sobre la sexualidad. Y esto es gravísimo.
—MS: Esto es grave, sobre todo desde lo constitucional. En el artículo 38 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de 1994, donde dice que el GCBA incorpora la perspectiva de género en todos sus ámbitos. Que es, en definitiva, lo que plantea nuestro proyecto. No se puede entender las observaciones que nos hacen sin pensar que hay un ensañamiento ideológico con el Postítulo.
—LR: ¿Qué quisieron decir con eso?
—EO: No sabemos, porque la perspectiva de género atraviesa todo contenido. No es algo suelto. Que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad digan eso no es señal de no comprender. Es un posicionamiento político.
—LR: ¿Esto deja al descubierto que la ausencia de la voluntad política que planteaban al comienzo de la nota es por algo ideológico?
—EO: Si, viene por acá. Esto que decimos lo dejaron por escrito. Es una sugerencia para nuevos proyectos pero nos piden que lo hagamos ahora. Pero además nos dicen, aunque no por escrito, que hay una perspectiva que les preocupa: que nuestra didáctica está basada en la psicologia social y que deberíamos incluir otras herramientas para que las y los docentes puedan trabajar la ESI en el aula y en todos los niveles. Y si, nosotras partimos de la Psicología Social, de la dialéctica materialista, del modo que tiene la Psicología Social de entender al sujeto, de su concepción de salud. Y todo eso les molesta.
—MS: Hay una demanda también sobre distintas didácticas sobre la ESI, lo que evidencia un desconocimiento del campo, la ESI tiene los mismos años de antigüedad que la ley, como didáctica aplicada a la escuela. Eso quiere decir que tiene 14 años. Nosotras somos parte de esa didáctica, con cada aporte, con cada renovación, vamos creando esa didáctica, con la Psicología Social, con enfoque desde los Derechos Humanos, de la Pedagogía de Paulo Freire. Y todo esto ahora parecería estar puesto en cuestión.
—LR: ¿Cómo sigue todo esto?
—EO: Nosotras nos preguntamos si había que ponerse a trabajar observando estas sugerencias o salir a denunciar, pensando en que el Postítulo se apruebe. Cuál era el mejor modo de llegar a eso. Nos sentamos a hacer las modificaciones, obviamente sin corrernos de nuestro lugar ni de nuestros posicionamientos, que están sostenidos por un marco legal por otro lado, no es un invento nuestro. Estamos esperando que la respuesta del gobierno sea positiva, pero están dilatando todo con pasos burocráticos.
—MS: Y además este año hicimos una preselección de dos mil aspirantes y hay 220 personas esperando para ver si empiezan a cursar, tenemos un equipo de 16 personas viendo si van a tener trabajo o no. Y un proyecto con muchas horas de laburo, muchas expectativas, solidaridad grupal. No estamos hablando sólo de una propuesta de trabajo, es más que eso.

17.5.2020

Por Lidia E. Fernández y Carolina Macaggi

Este domingo, junto a la noticia de la muerte de Ramona Medina, referente de la villa 31 y militante de La Poderosa, producto de la desidia de los gobiernos nacional y porteño, se conocieron nuevos casos de Covid 19 entre los trabajadores de salud. Con 89 pacientes internados en el hospital Durand, ya no hay camas disponibles.

Este domingo, los trabajadores de la salud amanecimos con la noticia de la muerte de Ramona, referente de la Villa 31 y militante de La Poderosa. Al igual que las organizaciones sociales, hace semanas venimos denunciando la grave situación de falta de agua y hacinamiento de las familias que viven en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Y exigiendo que los gobiernos de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, declaren la emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria para dar respuestas concretas acordes a la gravedad de la crisis.
Lo que veníamos denunciando y anticipando, hace semanas, hoy es una realidad: hay 89 pacientes internados, 61 con Covid (+) y 28 en estudio, no hay más camas disponibles y tenemos 6 compañeros más infectados (tres médicos y tres enfermeros). La capacidad del hospital está al límite y los casos positivos siguen en aumento. El informe epidemiológico del hospital Durand reporta que el aumento de cantidad de casos se ve influenciado por conglomerados de grupos familiares.
Las trabajadoras y trabajadores del hospital Durand, denunciamos que el “operativo conjunto” entre el Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad, implementado luego del aumento exponencial de casos, empezó hace 10 días de forma improvisada y deficiente, realizando en la Villa 31, 50 testeos promedio por día en un barrio de 50.000 habitantes y sin ningún tipo de coordinación con los hospitales que, como el Durand, son centros de derivación de Covid 19.
También presentaron las bancas del Frente de Izquierda, un pedido de informe respecto de los traslados en micros de familias enteras y la falta de calefacción y agua caliente en el hospital, que se suman a la falta de Equipos Protección Personal (EPP), testeos al personal de salud, insumos biomédicos y adecuación de la infraestructura para hacer frente a la demanda de atención en la pandemia.
Mientras los recursos no aparecen, y queda en la solidaridad de los trabajadores que juntan frazadas y otras donaciones, el oficialismo y la oposición se negaron a tratar en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas para garantizar los recursos para salud, pero los subsidios a las grandes empresas y el pago de los intereses de la deuda usuraria, ilegal y fraudulenta, están a la orden del día.
El maltrato que sufrimos por parte de los gobiernos los trabajadores de la salud que estamos en la primera línea y las familias más vulnerables es evidente.
Sin la adecuada contención de los contagios, las plazas en los hospitales van a ser totalmente insuficientes. El gobierno habla hoy de un 50% de camas ocupadas a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta que ese porcentaje se produjo en una sola semana de aumento exponencial de casos y que aún no estamos en el pico de la pandemia.
Los recursos no aparecen, las medidas para evitar los contagios en los barrios vulnerables, tampoco. Son crímenes sociales porque son evitables si se destinan los recursos necesarios.
Por eso, no solo seguimos denunciando la situación real del hospital y nos solidarizamos con las familias de la 31, la 1-11-14 y la 21-24 que ya suman 1.200 casos de Covid 19, sino que exigimos que en la Legislatura se traten los proyectos presentados para dar respuesta y que ATE, Sutecba y la AMM se pongan al frente de nuestras demandas, llamando a asambleas para que desde abajo salga un plan de lucha que esté a tono con la crisis que atravesamos.
No podemos seguir esperando y pagando con nuestras vidas y las del pueblo pobre.

17.5.2020

Por Laura Litvinoff

Ramona estuvo necesariamente activa durante los más de 10 días que los barrios vulnerados de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron sin agua: denunció, mostró en videos cómo la situación seguía siendo crítica a pesar de que desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se decía que se había solucionado, puso su cuerpo para cambiar las cosas.

“Soy parte del grupo de riesgo y hace doce días que estoy sin agua en mi casa”, le decía la semana pasada a Las12 y con una voz estremecida por la angustia, Ramona Medina, vecina de la villa 31 y referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa.
“No tengo plata para comprar bidones, tengo que reciclar agua para todo; desde el Gobierno se la pasan diciendo que este virus se combate higienizándose, ¿pero cómo podemos hacer para higienizarnos si no tenemos ni una gota de agua?», se preguntaba también Ramona mientras se las seguía ingeniando como podía para pasar una cuarentena imposible en una vivienda junto a seis integrantes más de su familia y además cuidar a su hijita, que está en silla de ruedas por padecer una enfermedad que prácticamente no le permite hacer nada por su propia cuenta.
Ramona también llegó a filmar un video que enseguida se volvió viral, en donde insistía en su reclamo por el agua y contaba las condiciones inhumanas en las que ella y su familia estaban viviendo. Pero nada de eso fue suficiente, porque a comienzos de esta semana, tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el hospital por un cuadro de neumonía, y ahí mismo le dieron la peor de las noticias: le diagnosticaron Covid-19, y eso la llevó a tener que quedarse internada, entubada, sedada y conectada a un respirador.
“Ramona se tuvo que exponer ella primero, y después tuvo que exponer su cuerpo porque al final siempre terminamos siendo nosotras, las mujeres, quienes no solamente sostenemos las ollas populares, los comedores, y un montón de otras cosas más, sino también quienes terminamos poniendo el cuerpo y exponiendo nuestra salud para poder garantizar derechos básicos que no son garantizados, y fue por todo eso también que ahora Ramona se vio expuesta al contagio”, denuncia Lilian Andrade, compañera de militancia de Ramona, y vecina y comunicadora de la Asamblea de La Poderosa en la villa 31.
Como si todo esto fuera poco, mientras la curva de contagios se disparó y está creciendo de manera brutal en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, las dos hijas de Ramona, su sobrina y sus cuñados también dieron positivo al examen de coronavirus.
“Lo que le pasó a Ramona y a su familia hubiera sido un poco más evitable, o hubiera sido transitado de una manera mejor, si ellxs hubieran tenido una vivienda digna, algo que de hecho el Gobierno les venía diciendo que se lo iba a garantizar, porque fue algo por la cual Ramona tuvo que pelear un montón”, agrega Tamara Noga, vecina de la villa 21.24, referenta del espacio de Salud de la Asamblea de la Poderosa y también compañera de Ramona.
En esta entrevista, Tamara y Lilian nos cuentan sobre su compañera y sobre la complejísima situación que se está viviendo en los barrios más vulnerados de la Ciudad, en donde no solo sus habitantes están siendo afectadxs por la pandemia sino también, y tal vez principalmente, por la desidia y el abandono absoluto de parte de un Gobierno y de una sociedad que, a pesar de todo, sigue eligiendo mirar para otro lado.

¿Quién se está ocupando de la familia de Ramona? ¿Hay alguna respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad o del Estado?
Tamara Noga: No, prácticamente no hubo ninguna respuesta. Antes de entrar en estado crítico Ramona se comunicó con la Asamblea de La Poderosa porque sabe perfectamente, cómo lo sabemos todxs quienes vivimos en los barrios, que cuando pedimos información, recaudos o medidas al Estado, nunca hay respuesta. Por eso ella nos contactó a nosotrxs, para ver cómo podíamos ayudarla, para que le hagamos un seguimiento a su familia, igual que como estamos haciendo con muchos vecinos y vecinas de la 31, pero realmente la situación general del barrio es muy preocupante.
L.A: Una vez más nosotras y lxs vecinxs del barrio nos estamos ocupando de todo. El Gobierno no le garantizó el hisopado a la familia de Ramona, entonces nosotras tuvimos que hacer el acompañamiento al hospital para que se lo hagan. Tampoco les llevaron productos de limpieza, el miércoles dijeron que lo iban a hacer pero eso todavía no sucedió, por eso tuvimos que volver a exigir que se los lleven ¿y sabés que nos contestaron? Que eso ellos no podían garantizarlo, así que veamos la manera de conseguirlo nosotras. O sea, el Gobierno nos está diciendo directamente que somos los vecinos y las vecinas quienes les tenemos que conseguir alcohol, lavandina y cosas básicas de higiene a las familias de los contagiadxs. Además de todo esto, en la familia de Ramona hay más personas en situación de riesgo, porque la hija tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, lo cual la hace tener convulsiones refractarias, entonces la situación es todavía mucho más grave, y nos resulta muy indignante que el Gobierno no les pueda garantizar ni siquiera las cosas mínimas de higiene a estas familias.

Ramona fue una de las tantas vecinas de la 31 que estuvo más de 12 días sin agua y eso resultó ser un agravante fundamental para su salud, pero a la vez creer que ella se enfermó solamente por la falta de agua es simplificar la situación que se está viviendo en todos los barrios populares de la Ciudad…
L.A: Claro, el tema del agua fue muy importante, porque la casa de Ramona es una de las que siguieron estando sin agua incluso después de que supuestamente se había restablecido el servicio en varios lugares del barrio. Ahora algunos días tiene y otros no, el servicio todavía es intermitente. Y durante todos esos días, ella tuvo que reciclar agua para todo. Nosotrxs también le estuvimos alcanzando bidones, pero a ella no le alcanzaba porque obviamente con un bidón no podés sostener a toda una familia, además de que no se pueden lavar las manos y eso implica no poder tomar las medidas necesarias para prevenir el virus. Pero no tener agua no fue lo único, porque en la casa de Ramona también falta comida, productos de limpieza, faltan un montón de cosas, y desde el Estado nadie fue capaz de hacerse cargo.
T.N: Es una cuestión de pobreza estructural. Lo que le pasó a Ramona y a su familia hubiera sido un poco más evitable, o hubiera sido transitado de una manera mejor, si ellxs hubieran tenido una vivienda digna, que de hecho era algo que el Gobierno le venía diciendo a Ramona que se lo iba a garantizar, porque fue algo por la cual ella tuvo que pelear un montón y también peleó para poder tener los espacios que necesitaba, porque en esa vivienda que le iban a dar no entraba, por ejemplo, la silla de ruedas que usa su hija. Entonces justamente ese accionar lento del Estado también fue clave a la hora de que haya tantos contagios, y ahora a eso se le sumó todo lo del agua y otros factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones de salud que tenemos todas las personas que vivimos en el barrio como el hacinamiento, la humedad, las lluvias, las inundaciones, el rebalse de la cloaca, etcétera. Son todas cosas que también nos hacen estar mucho más expuestxs a correr diferentes riesgos, entonces ninguno de todos esos factores contribuyeron a que se evite el contagio de Ramona.

Ramona fue, además, la vecina que salió en muchos medios de comunicación para denunciar al Gobierno por la falta de respuestas.
L.A: Sí, cuando salían en todos los medios a decir que ya había agua en la 31, que estaba todo normalizado, Ramona salió a denunciar que invitaba a todos los políticos a que vayan a su casa y que convivan ahí, porque ella todavía seguía sin agua. O sea, Ramona se tuvo que exponer ella primero, y después tuvo que exponer su cuerpo porque al final siempre terminamos siendo nosotras, las mujeres, quienes no solamente sostenemos las ollas populares, los comedores, y un montón de otras cosas más, sino también quienes terminamos poniendo el cuerpo y exponiendo nuestra salud para poder garantizar derechos básicos que no son garantizados, y fue por todo eso también que ahora Ramona se vio expuesta al contagio.

¿Cómo se sienten ustedes después de enterarse de lo que le pasó?
L.A: Estamos muy enojadas, muy indignadas, porque es algo que venimos denunciando muchísimo desde el comienzo de la cuarentena, y es increíble que no nos hayan dado pelota, que no hayan respondido a ninguna de las denuncias que veníamos diciendo, a ninguna de las propuestas que veníamos sugiriendo. Sabemos muy bien todo lo que Ramona la peleó, todo lo que puso para poder denunciar y visibilizar su situación, y nos da muchísima bronca y dolor que aún así no haya sido suficiente.
T.N: La vez seguimos peleando, porque no queremos más llorar a ningún vecino ni a ninguna vecina, no queremos poner más los cuerpos, no queremos ser más lxs que vivimos en los barrios quienes ponemos a lxs enfermxs, porque siempre somos nosotrxs quienes salimos más perjudicadxs y además sin ningún tipo de respuesta.

¿Cuáles son las necesidades urgentes que el Gobierno de la Ciudad o el Estado tienen que atender para evitar que se sigan expandiendo los contagios en los barrios?
T.N: Lo que habría que hacer es en realidad lo que debería haberse hecho hace muchos años, que es una urbanización pensada en conjunto con los vecinos y vecinas de los barrios, y que de una vez por todas nos entiendan como actores fundamentales en la construcción de propuestas o soluciones para todas las problemáticas que nos atraviesan. También es importante que el Gobierno responda en tiempo y forma cada vez que se confirma un caso sospechoso o que hay demanda por alguna falta de los servicios básicos para que se puedan garantizar las medidas preventivas en cada uno de los barrios. O que se pueda relocalizar a las personas, o a las familias que viven hacinadas sin romper la estructura familiar. Todo eso es responsabilidad del Estado también y no lo está haciendo. Como que haya una respuesta rápida y acertada del Ministerio de Desarrollo a la hora de poder garantizar los elementos que las familias necesitan para pasar esta pandemia. Y por otro lado, el seguimiento de cuestiones de salud tiene que ser muy cuidado, porque sabemos que si bien las personas que tienen mayor riesgo son los adultos mayores, también hay muchas personas jóvenes en nuestros barrios que por la mala alimentación y un montón de otras cuestiones tienen factores de riesgo, y eso hace que aumenten mucho más los contagios.
L.A: Hoy el “Detectar” (el programa que empezó a realizar el Gobierno para tomarle la fiebre a vecinos y vecinas con casos estrechos o familiares de casos confirmados) se está llevando a cabo solamente en la villa 31 y en la 1-11-14, o sea, en otras villas ya hay confirmados pero no se están tomando las medidas, y necesitamos que se empiecen a tomar ya, porque sino lo que está pasando en la 31 va a seguir en todos los demás barrios. O por ejemplo, en la villa 21-24 está pasando una cosa gravísima también, que es que el agua está contaminada, entonces el 70% de la población de ahí tiene plomo en sangre por consumir ese agua. O lo que pasa también con las ambulancias, que los fines de semana no entran a nuestros barrios. Nosotrxs propusimos soluciones a todas esas cosas, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Hay muchísimo para hacer, pero lo que falta son ganas, lo que falta es que vengan y hagan lo que tienen que hacer, y que si el Gobierno de la Ciudad no toma cartas en el asunto, que lo haga el Estado. Porque lo que está pasando es que se están tirando la pelota de quién es el responsable, pero acá son vidas humanas, son nuestras vidas las que están en juego, y necesitamos que esto que está pasando deje de suceder ya, que se comience a nombrar realmente a los responsables de esta situación. A Horacio Rodríguez Larreta, que hace una conferencia de prensa y en ningún momento menciona el tema del agua, o a Diego Santilli, que salió el otro día en televisión diciendo que si ahora hay más contagios en los barrios es porque ellos se están ocupando, o sea, son unos sinvergüenzas, y siguen sin hacerse cargo de toda esta situación que generaron, porque ellos tienen todos los recursos para solucionar los problemas que tenemos en los barrios, pero la realidad es que siguen sin ponerlos en acción.

16.5.2020

Por Lucas Coria y Lucila Colaneri

Este viernes se confirmaron los primeros 2 casos positivos en el Centro de Admisión y Derivación -CAD- y otro en el Dispositivo Socio Educativo San Martín. Se trata de los primeros confirmados en un dispositivo de intervención juvenil.

El primer caso corresponde a un adolescente que fue testeado durante su permanencia en el CAD, en donde las condiciones de aislamiento total en el dispositivo son imposibles de cumplir dadas las condiciones estructurales y la precariedad en cuanto a elementos de protección personal. El segundo positivo se trata de una enfermera del San Martín, quien ya se encuentra aislada.
En un comunicado, los trabajadores denuncian la responsabilidad de las autoridades de la Direccion General de Responsabilidad Penal Juvenil y al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNYA) por ignorar anteriores pedidos de insumos y elementos de protección elevados por la Junta Interna ATE de la dependencia.
Son conocidos los reclamos y denuncias realizadas por los trabajadores respecto a la falta de elementos de protección y del cumplimiento de protocolos, como viene sucediendo en los hospitales, geriátricos y en los paradores del GCBA. Así como de la necesidad de que los niños y adolescentes sean testeados antes de ingresar a los dispositivos para minimizar el riesgo de circulación del virus.
Este destrato y negligencia es la regla en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y se agrava en el contexto de la pandemia. El tratamiento a los y las trabajadoras de la salud, el abandono en los geriátricos y barrios más vulnerados (donde los contagios de coronavirus aumentan día a día) son una muestra de esta práctica de ignorar a los trabajadores y sectores vulnerables.
En el caso de la juventud de los sectores más vulnerados y los trabajadores que atienden sus problemáticas esto se profundiza. En abril, a días de iniciada la cuarentena, autoridades del gobierno porteño pretendieron abrir un centro de detención para adolescentes que no cumplieran con la cuarentena, complementario al aumento de la presencia (y envalentonamiento) represivo en los barrios. Sin embargo, luego de denuncias de organismos de derechos humanos y referentes en el área tuvieron que dar marcha atrás ante el escándalo provocado.
Para sumar otro ejemplo, el GCBA suspendió la continuidad del “Programa Adolescencia” que se encarga de fomentar el acceso de adolescentes a actividades culturales, tecnológicas y deportivas, si bien cuenta con un cupo para 9000 inscriptos, este año el número había llegado a 13.000. Además, cumple un importante rol haciendo un seguimiento de situaciones de alta vulnerabilidad de derechos de la población con la que trabaja. Muchas veces incluso haciéndose extensivo a las familias de estos adolescentes. Los propios trabajadores presentaron iniciativas para darle continuidad virtual a sus tareas, pero fueron negadas por los funcionarios.
A principios de esta semana, fue hecho público el cierre del Parador Retiro donde 90 personas en situación de calle que allí residen dieron positivo a los testeos. Previamente los trabajadores habían denunciado la ausencia de elementos de protección y la imposibilidad de mantener el distanciamiento social preventivo, situación que se hace extensiva a otros paradores destinados a las más de 7000 personas que se encuentran en situación de calle. Lo mismo sucedió en el Hogar Guillermo Rawson de Tercera Edad, donde viven 200 adultos mayores, de los cuales uno dio positivo y motivó el aislamiento de otros 33 residentes y 30 trabajadores, muchos de ellos en el mismo Hogar.
Es necesaria la realización de testeos masivos en los barrios más vulnerables y a todos los residentes y trabajadores de geriátricos, paradores y dispositivos donde no existe la posibilidad de aislamiento social, allí donde se viene registrando un aumento de los casos. El hacinamiento que se vive tanto en barrios como instituciones debería ser motivo suficiente para que se habiliten hoteles y viviendas ociosas para la cuarentena, sin embargo, esta problemática no es atacada sino sus consecuencias. En estos espacios se comparten dormitorios, comedores y hasta baños. Estos dispositivos necesitan también protocolos especiales, junto a una adecuada provisión de elementos de protección e higiene.