Comunicadores del Sur

18.6.2020

El proyecto que regularía la actividad de los repartidores que presentó Juntos por el Cambio, finalmente no se trató en la legislatura. Los trabajadores movilizados expresaron su repudio, fueron acompañados por la diputada Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda.

En el día de ayer entró a última hora un Proyecto de ley presentado por el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura porteña. La propuesta es para reglamentar y regular la actividad de reparto que mayormente se hace desde las plataformas digitales como Glovo, Rappi, Pedido Ya y Uber Eats. El proyecto finalmente fue retirado por bloque oficialista porque no logró conseguir la mayoría y será tratado mañana en la comisión transporte.
La diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda declaró que rechazaba el proyecto presentado porque convalida la situación de precarización laboral de las y los trabajadores de las Apps y expresó su desacuerdo en tratar un proyecto que no fue consultado con las y los trabajadores de reparto. Se prevé que se trate en la próxima sesión legislativa.
La legisladora Alejandrina Barry desde la banca del Frente de Izquierda expresó también su repudio al Proyecto:
Los trabajadores organizados en La Red de trabajadores precarizados e informales se movilizaron el día de hoy a la Legislatura porteña para expresar su repudio. Denuncian que se vienen discutiendo entre las y los trabajadores del sector cómo regularizar su actividad laboral, pero el gobierno de de la ciudad y el nacional desoyen sus reclamos.
“Hoy nos enteremos que además de que no nos escuchan, Larreta impulsa un proyecto que es a espalda de los trabajadores, cuando somos nosotros los que ponemos el cuerpo todo los días en las calles, ya son 5 los compañeros que murieron este año. La precarización nos mata. Nosotros nos organizamos y luchamos por que nuestras vidas importan” comenta Damián trabajador de Rappi

De qué se trata el Proyecto

El Proyecto ley sigue avalando la precarización laboral por que considera a la empresas como “simples intermediarias” entre los trabajadores y usuarios. Estipula como obligatorio el uso de casco y chaleco para el trabajador pero las empresas no estarían obligadas a garantizarlos.
Además atenta contra el derecho a trabajar ya que restringe la actividad laboral en CABA para miles de trabajadores, ya que los trabajadores que tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires no podrían sacar la habilitación para trabajar en la ciudad.
Los trabajadores declararon que iniciarán una gran campaña para frenar el Proyecto de ley y seguirán exigiendo que cualquier proyecto que sea tratado no sea a espalda de ellos, para que estén contempladas todas las demandas de las y los trabajadores de aplicaciones.

18.6.2020

En la sesión legislativa de este jueves, una vez más el oficialismo impidió que se traten las decenas de proyectos para palear la crisis sanitaria y social. La diputada del FIT, Alejandrina Barry, llevó la voz de los reclamos de los docentes, trabajadores de la salud y jóvenes precarizados de las apps.

Una nueva sesión de la legislatura, donde el oficialismo sigue impidiendo que se traten las decenas de proyectos acordes a resolver los reclamos de trabajadores esenciales, de la salud y vecinos de la ciudad que vienen sufriendo la crisis sanitaria, económica y social.
La diputada Alejandrina Barry del PTS en el Frente de Izquierda, aprovechó sus diez minutos, para hacer público los reclamos que a diario escucha en sus recorridas y reuniones con trabajadores.
Las distintas denuncias arrancaron con la escandalosa medida que el Jefe de Gobierno porteño, pretende pagar el aguinaldo en cuotas a docentes y estatales. Y no solo esta medida de ajuste es privativa de la Ciudad, sino que lo mismo pretende aplicar Kicillof en la provincia y Fernández a nivel nacional.
A esto le sumó la denunció de los jóvenes precarizados de las Apps, que no solo deben sufrir una completa precarización en sus condiciones de trabajo, sino que ahora Larreta pretende incorporarlo en las leyes de tránsito avalando el fraude empresarial y haciendo cargo a los jóvenes de sus materiales de protección vial y responsabilidad social. Mientras en el recinto Alejandrina hacia el reclamo, su par Myriam Bregman, salió a las puertas del reciento para solidarizarse con los jóvenes movilizados.
A su debido momento, Alejandrina, se explayó sobre los contagios en hogares de ninños y adolescentes, acaecidos en esta semana, por falta de protocolos claros, protección sanitaria personal y por una desidia del estado en mantener a los hogares en condiciones pésimas de infraestructura y falta de personal. Días atás, la diputada estuvo reunida con los trabajadores que esperan los resultados de los hisopados y le contaban toda la situación calamitosa de sus trabajos.
Esta misma situación de abandono ante los contagios de Covid-19, la sufren los trabajadores de empresas privadas, como en Coca Cola. Donde la patronal prioriza la producción ante la salud y vida de sus trabajadores. “La vida de los trabajadores también importan” decía Alejandrina, como parte de una pelea para que los trabajadores conformen comités de higiene y seguridad para ser ellos mismos los que impongan las condiciones sanitarias para el trabajo sin enfermedad, ni muerte.
Por último y no por ello menos importante, retomó las denuncias de “las heroínas”, las “esenciales”, las y los trabajadores de la salud, que vienen desde el comienzo de la cuarentena denunciando las pésimas condiciones de los hospitales, la falta de personal, la falta de insumos y la falta de protección sanitaria acorde a las tareas de riesgo que encaran.
Alejandrina Barry, que viene acompañando desde un comienzo a las y los trabajadores de la salud, hoy se encontró con la necesidad de denunciar la muerte de varios trabajadores por desidia de las autoridades. A los trabajadores de la salud, que son población de riesgo por enfermedades preexistentes, se les niegan las licencias médicas o se las retrasan por la falta de personal. Así es que fue el lamentable fallecimiento de Julio, enfermero del hospital Durand; una verdadera muerte completamente evitable. Un crimen social.
Todas estas denuncias surgen del acompañamiento de parte de Alejandrina Barry y del conjunto del Frente de Izquierda a los reclamos de las y los trabajadores. Todas estas denuncias conllevaron propuestas para resolverlas, muchas de ellas proyectos de ley presentados, demandas judiciales o amparos. Sin embargo, el oficialismo sigue frenando sus tratamientos en la legislatura y sigue haciendo oídos sordos a los mismos. Será necesario que las y los trabajadores se organicen para imponerles a los gobiernos que la crisis sanitaria, social y económica no recaiga sobre su vida y la de sus familias.

17.6.2020

Un informe del Ministerio Público de la Defensa porteño le puso cifras al maltrato cotidiano de las fuerzas de seguridad sobre los menores de barrios populares: uno de cada dos dijo haber sido víctima de maltrato físico o verbal cuando se lo llevaban detenido. “Son prácticas naturalizadas que hay que erradicar”, dijo Durga Angulo, directora de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil del MPD.

Gritos, insultos, trato humillante, presión de las esposas en las muñecas, patadas, empujones y golpes contra el suelo o la pared. Ésas y otras formas de maltrato físico y verbal surgen de los testimonios de pibes menores de edad, en su mayoría habitantes de villas y barrios populares, que fueron detenidos durante el último año por las fuerzas de seguridad que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. Los relatos forman parte del informe elaborado por un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil (SIPJ) del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que entrevistó a un centenar de adolescentes en situación de vulnerabilidad y se encontró con que la mitad dijo haber sido víctima de violencia institucional en el momento en que se los llevaban presos.
De acuerdo al informe, el ensañamiento de los efectivos se da particularmente con varones de 16 y 17 años (representan el 64,5 por ciento de los casos) y en detenciones efectuadas tanto en los barrios de Flores y Parque Chacabuco (dentro de la Villa 1-11-14 y en sus alrededores) como en Once y San Cristóbal, zonas de circulación de pibes con dificultades para mantener la escolaridad o que están en riesgo de calle y asisten a la red de dispositivos de contención del Gobierno porteño como La Balsa, La Boquita o el CAINA.
“El informe viene a constatar que la violencia institucional es otra de las vulnerabilidades que se suma a las tantas que ya tienen los adolescentes de los barrios populares, catalogados culturalmente con el estigma de pibes chorros, y también, que esa violencia es cotidiana, es moneda de todos los días en el barrio”, precisó Durga Angulo, directora de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil del MPD. “Cuanto más vulnerable es el menor, más expuesto está a la violencia de las fuerzas”, explicó.
Una de las preocupaciones que resalta el trabajo apunta a que la violencia está naturalizada no sólo por los efectivos de las fuerzas de seguridad, sino por los propios pibes, lo que da cuenta de que ese tipo de prácticas abusivas son moneda corriente. “En general, los relatos de los chicos muestran que se conocen con los efectivos, que hay un ida y vuelta violento, desde la discriminación del adulto, y que muchas de las detenciones, bajo la figura de resistencia a la autoridad, se dan a partir de malas respuestas o cruces, que no implican la comisión de ningún delito”, aclaró Angulo.
“Nos sorprende que en los relatos, además, los chicos ven como normal que un policía o un gendarme les apriete las muñecas con las esposas. Cuando una les pregunta si fueron violentados, capaz dicen que no o que no saben, pero ante la pregunta de quién te hizo ese moretón o de dónde salió esa marca en las muñecas, la violencia de los efectivos surge con claridad”, describió. “Eso da cuenta de una práctica naturalizada, que hay que erradicar”, advirtió.
Otro de los datos llamativos del informe hace referencia a la actuación de la Gendarmería Nacional en la Villa 1-11-14, donde los casos son más frecuentes. En ese barrio ocurrió un hecho gravísimo hace ya cuatro años, cuando un grupo de gendarmes reprimió una murga del barrio, compuesta en su mayoría por pibes. “Allí lo que surge es que para los chicos el uso del espacio público es clave, porque sabemos que tienen problemas en sus casas, ni hablar del hacinamiento y demás condiciones precarias de habitabilidad, por lo que estar y encontrarse con otros en las esquinas y las plazas es algo que necesitan, y es precisamente en esos espacios donde se producen los cruces con las fuerzas de seguridad y las posteriores detenciones”, afirmó Angulo.
Si bien la muestra del informe, de 107 entrevistas, es pequeña en relación al número de detenciones de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad (el promedio a junio de 2019 es de 159 detenciones por semana, según el Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación), los datos sirven para poner las violencias en debate. “Seguramente, si entrevistáramos a todos, los números serían similares, porque lo que tenemos enfrente es una cultura, un modo de proceder”, explicó Angulo.
Consultada sobre las estrategias para revertir la violencia institucional, la especialista propuso una pedagogía similar a la que está intentando realizar el Estado contra la violencia de género, como el caso de la Ley Micaela. “Muchas veces comparé acertadamente la violencia contra los niños con la violencia de género. Se trata de violencias instaladas, que es necesario visibilizar e incluir en la educación, erradicar esa noción de que esa violencia está bien”, concluyó. “Por otro lado, nada se podría hacer sin tener en cuenta el testimonio y la experiencia de los propios chicos, que tienen que ser los protagonistas de las estrategias para erradicar el maltrato. Es lo que les pasa todos los días: los adultos no los escuchan y eso termina en violencia”.

17.6.2020

Por Carlos Platkowski

En los últimos días murieron tres personas que dormían en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Son cuatro desde el inicio de la cuarentena. Las diputadas Bregman y Barry del FIT presentaron un Proyecto en mayo para que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad y se tomen medidas urgentes. El oficialismo lo tiene cajoneado.

Hay una enorme cantidad de contagios de Covid-19 en la Ciudad. Ya comenzaron las noches más frías del año y de la profundización de la crisis económica que sigue arrojando personas a vivir en la calle. Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Larreta se sigue negando a adoptar medidas elementales para atender un drama que afecta a miles de personas.
El 20 de mayo las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de Ley para que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad y así obligar al Poder Ejecutivo a ejecutar políticas públicas inmediatas a fin de brindar una vivienda digna a toda persona en situación de calle o en riesgo de perder su techo. (Al final de la nota podrás ver el proyecto completo).
A su vez ese mismo proyecto no solo establece el reacondicionamiento de la red de alojamientos de la Ciudad garantizando todas las pautas y recomendaciones sanitarias si no que apunta a que se garantice, a las personas en situación de calle, habitaciones en hoteles y/o viviendas pagas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto ni siquiera fue tratado por la legislatura porteña. Pero es necesario luchar para que sea aprobado ya que cada vez son más las personas sin vivienda que mueren en las calles de la ciudad.
El primer caso ocurrió en el barrio de Núñez. A pocos días del inicio de la cuarentena, vecinos encontraron muerto a una persona en situación de calle muy conocida por la gente del barrio. Los vecinos, que informaron de esta situación al Ministerio Público de la Defensa, mencionaron que por esa fecha había existido “una situación poco clara con la policía y que para ellos la muerte tuvo que ver con este contacto con las fuerzas de seguridad” según ese mismo organismo.
El 30 de mayo un pedazo de mampostería de un local abandonado cae y mata a un adolescente de 16 años que vivía en la calle. Ese joven se llamaba Agustín Lara. Terminó viviendo en la calle escapando del acoso policial que sufría por parte de personal de la Comisaría 48.
Una semana después murió Leonardo. Aún no está claro si murió de frío o a causa de haberse contagiado de Covid 19. Vivía en la calle ya que había sido desalojado junto a su pareja del hotel La Florida en el barrio de Monserrat. Los desalojos se encuentran prohibidos por disposición del decreto 320/20. Esa protección, como la del derecho al acceso a una vivienda digna, fue una ilusión para Leonardo. Murió en la calle. De madrugada. Tiritando, en la ciudad más rica del país.
El gobierno porteño tomó conocimiento de todos los casos. Pero no hizo nada. Pocos días después, mientras la temperatura bajó a los 3 grados, murió otro hombre en situación de calle. Esta vez la víctima era un enfermo de diabetes de 63 años. Sergio tosió y tuvo fiebre toda la noche hasta que falleció en la puerta de la fábrica donde dormía todas las noches. Todavía se esperan los resultados del hisopado para conocer si estaba enfermo de coronavirus.
Estas muertes, que son verdaderos crímenes sociales, se seguirán incrementando. Y es por eso que, Bregman y Barry insistirán en su proyecto que denuncia la grave situación en la que se encuentran los paradores de la Ciudad. En particular, denunciaron la situación del Parador Retiro, donde se habían detectado 79 casos positivos de COVID-19 sobre un total de 92 personas alojadas. Que en los mismos no hay insumos sanitarios adecuados y que por la cantidad de personas que viven allí donde todas las instalaciones son pequeñas y de uso compartido terminan actuando como un foco de contagio de personas que son parte de una población de extrema vulnerabilidad que padece frecuentemente enfermedades infectocontagiosas, neumonías y tuberculosis.
En el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC), se constató que en el año 2019 había más de 5.412 personas durmiendo en la calle y sin acceso a paradores. Esa cantidad ascendía a 7.200 personas que no tienen acceso a un techo. Producto de la crisis económica, que se profundizó durante la pandemia, este número se está incrementando ya que muchos hoteles e inquilinatos no cumplen con la prohibición de desalojo que rige hasta el mes de septiembre.
Por eso, Bregman y Barry, proponen que se use para las personas en situación de calle la enorme cantidad de habitaciones de los hoteles de la ciudad. Según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) se registró una cancelación del 85% de las reservas en los hoteles a raíz de la pandemia. Del mismo modo en que el Gobierno de la Ciudad contrata los hoteles para que los viajeros realicen la cuarentena, exigieron que adopten la misma medida para las familias y personas que no cuentan con una vivienda. En ese sentido solicitaron que se disponga de viviendas para el mismo fin.
El mismo proyecto se denuncia que, además de los inmuebles que son propiedad del mismo gobierno, hay 138.328 viviendas ociosas registradas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Recursos hay, solo hace falta imponer que sean usados al servicio de la vida de los sectores más vulnerables de la Ciudad y no en post de mantener la especulación inmobiliaria del capital financiero, que ve la Ciudad como un negocio habilitado y fomentado por el Gobierno de la Ciudad. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

15.6.2020

Por Patricio Abalos Testoni

En estos días dieron positivos por Covid-19 niños que residen en el hogar Nuestra Señora del Valle y en el hogar Curapaligüe. Además de varios casos sospechosos entre otros niños residentes y trabajadores. Los trabajadores venían denunciando a Larreta por la falta de insumos y recursos desde principios de la cuarentena y que los protocolos son impracticables en los hogares por la infraestructura y funcionamiento de los mismos.

Tras más de 72 horas de espera y protocolos nada efectivos se dio a conocer el primer caso positivo de Covid-19 en la población del hogar Nuestra Señora del Valle del Gobierno porteño. En estos días también apareció un caso en el hogar Curapaligüe. En los dos hogares pertenecientes a la Dirección de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hay otros niños y trabajadores que se encuentran aislados por sospecha de coronavirus.
Las y los trabajadores del hogar del Valle nos expresan que pasaron más de 3 días hasta que se dieron a conocer los resultados del primer caso que dio positivo. Mientras tanto en el dispositivo hay unos 34 niños, niñas y adolescentes y todos los trabajadores quedaban expuestos al “enemigo invisible”. Además denunciaron ante este medio la desidia del Estado y que los protocolos son inaplicables y por lo tanto inservibles.
Según el último protocolo del Gobierno de la Ciudad, la planta de trabajadores del hogar debía dividirse en dos equipos, el E1 y E2. Para que de esta forma el equipo que trabajó y estuvo en contacto con el caso positivo entrara en cuarentena estricta. ¿Pero si aparece otro caso positivos mientras trabaja el equipo 2, y este debe entrar en cuarentena, ¿quién cuida y asiste al resto de los niños? Esto demuestra a simple vista la inviabilidad del mismo.

¿Por qué el protocolo no habla de test masivos rápido?

La situación en el hogar es crítica. Los test masivos con resultados rápidos son hoy el principal reclamo de los trabajadores del hogar porque no saben si hay más niñas, niños y adolescentes contagiados. Incluso nos relataban lo angustiante de la situación cada vez que vuelven a sus casas con sus familias y no saber si pueden estar trasmitiendo el virus.
Desde el hogar Curapaligüe nos informaban las mismas situaciones de infraestructura y de insumos, como que la temperatura se la deben tomar con termómetros que no funcionan o que cada uno debe oler por su cuenta el vinagre, para ver si tiene síntomas. En épocas de testeos masivos rápidos para estos hogares solo le dan opciones arcaicas para el cuidado.
Pero no son los únicos reclamos. A este se le suma falta de personal, problemas en la estructura edilicia y los escasos elementos de seguridad e higiene con los que cuentan y que no alcanzan para todas las medidas preventivas y de desinfección necesarias en este contexto de pandemia.
Para seguir graficando la gravedad de la situación nos contaban desde el hogar del Valle, que el abandono es tal que hay guardias que son cubiertas por tan solo 2 operadores. Hay que recordar que en este hogar hay 40 niños, niñas y adolescentes, desde los 3 hasta los 18 años. Todo el agotamiento que demanda cotidianamente las tareas de cuidado, en estas circunstancias se agrava todo.
También denunciaron que los elementos de seguridad escasean a tal punto que bajaron la línea a los coordinadores y operadores que deben lavar los barbijos para reutilizarlos varias veces.
Por otra parte nos cuentan que hay baños que se encuentran sin agua. Y que el distanciamiento social del que hablan en conferencia de prensa con dispositivos con súper población es imposible de llevar a adelante.
Las licencias están suspendidas y hay muchos que tienen contratos precarios a tal punto que están expuestos sin tener ART.
Actualmente hay chicos en aislamiento es espacios de apenas unos metros por ser sospechosos de covid y acompañado 24 horas por un operador que ni siquiera tiene una cama para él, así que se pasa más de un día sentado en una silla. La situación en el hogar del Valle es crítica.
Desde un comunicado del equipo de intervención del hogar se expresaba: “En el marco del testeo, dos compañeros estuvieron más de 60 hs en hospitales a cargo de niños a la espera del resultado y en ningún momento se acercó nadie de la dirección a contenerlos, a cuidarlos. El día de ayer, 14 de junio, había una compañera volando de fiebre con 39, en un cuarto de aislamiento en el hogar. Esperando que den una directiva clara, estuvo más de 6 hs. Mientras tanto quedó sola otra compañera a cargo de 40 niños, niñas y adolescentes”
En el hogar Curapaligüe la situación no está mejor. También denuncian la falta de espacios para mantener distanciamiento social e incluso comentan que la sala de aislamiento es en un baño que no llega a dos metros donde tienen que permanecer horas un niño y el operador en ese espacio.
Además en el Curapaligüe también sufren la falta personal. Por este motivo mezclaron las poblaciones del hogar, y ahora con los casos positivos por covid, están todos expuestos.

Nuestras vidas valen

¿Quién cuida a los que cuidan? Una vez más esta pregunta y una vez más la misma respuesta por parte de los gobiernos, en este caso el de Ciudad.
Alejandrina Barry, diputada de la Ciudad por el FIT, que es operadora social y trabajaba en el área de niñez, viene denunciando la grave situación en las instituciones para niños y adolescentes. Nos relataba que han aparecido casos en los dispositivos penales, en los hogares, en los paradores de personas y familias en situación de calle. Incluso actualmente quieren cerrar el Hogar Eva Duarte, el único para adolescentes embarazadas o con derechos vulnerados. “Como parte de la Comisión de mujer niñez y adolescencia hemos presentado con Myriam Bregman, proyectos para que se trate urgente y se den soluciones a la situación que están pasando los niños y adolescentes más pobres en la Ciudad. Toda esta situación se preveía, y se venía denunciando, pero para Larreta no es prioridad.”
Los sindicatos no se ponen a la cabeza de cuidarnos, ya que Sutecba mantiene una complicidad con el Gobierno de Larreta alarmante, y desde Ate Capital más allá de comunicado no llevaron a cabo ninguna acción real en todos estos meses para cuidar a los trabajadores.
La Junta Interna de Promoción Social viene denunciando desde principios de la cuarentena la falta de insumos y recursos para enfrentar la actual situación. Se necesitan protocolos eficaces y específicos para estos dispositivos, pensados por los propios trabajadores que trabajamos todos los días en estos lugares y conocemos la realidad de los hogares, junto a profesionales de la salud.
Necesitamos tests masivos con resultados inmediatos para poder intervenir y aislar a la población entre los casos positivos y los negativos. Muchos de los pibes vienen con enfermedades previas que son parte del grupo de riesgo, que si se llegan a infectar corren peligro.
Precisamos todos los recursos a disposición para cuidar a los pibes y a los trabajadores; la infraestructura necesaria y que se pongan otros inmuebles del propio Gobierno porteño u hoteles a disposición si hace falta.
Debemos tener todo el personal necesario e idóneo para las tareas que demanda un hogar; así como poner en pie comisiones de seguridad e higiene integrada por trabajadores coordinando con otros sectores de la Ciudad que están pasando por las mismas condiciones.
Con esta pandemia ya no quedan dudas que nuestro trabajo es esencial, sin embargo en estos sectores abunda la precarización. Debemos pasar a planta permanente todos los laburantes y con salarios que como mínimo alcance los niveles de la canasta básica familiar.
Ya sabemos que desde las autoridades no cuidan ni a los trabajadores ni a todos los pibes que vienen ya sufriendo situaciones donde sus derechos se encuentran vulnerados. Somos los propios trabajadores quienes debemos ponernos a la cabeza de organizarnos para cuidarnos así seguir exigiendo al Gobierno todas las medidas necesarias. Nuestras vidas valen, y las vamos a hacer valer.