Comunicadores del Sur

28.5.2020

La Cátedra de Ingeniería Comunitaria, El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma de Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, realizaron un informe sobre las políticas del GCBA con relación a las villas y la crisis sanitaria.

Los siguientes son las diez principales conclusiones a las que arribaron:
1. La curva de contagios se aplana a nivel nacional pero no sucede lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Principalmente, los contagios se incrementan exponencialmente en los sectores de la ciudad que más sufren la desigualdad urbana y la falta de acceso a los servicios públicos: las villas o Barrios Populares a partir de la Ley Nacional N° 27.453.
2. En la última semana, el 60% de los casos confirmados de Covid-19 corresponde a habitantes de los Barrios Populares. Actualmente, 1 de cada 2 porteños/as contagiados vive en las villas. El 34% de los casos de toda la ciudad se concentra en el Barrio de Retiro. En este barrio, en las dos últimas semanas los contagios se incrementaron en un 377% mientras que en la ciudad sólo un 165%.
3. En un escenario preventivo, pensábamos que el GCBA, mientras apostaba al aislamiento comunitario, preparaba los protocolos y las políticas para enfrentar la situación que generaría el ingreso del coronavirus en los Barrios Populares. El aislamiento social obligatorio justamente tenía como objetivo dar tiempo al estado no sólo para preparar el sistema sanitario hospitalario sino también, medidas de mitigación y de atención de la calidad de vida de las familias de los sectores más vulnerados en caso de contagios.
Lamentablemente, el desinterés, la improvisación o los deseos inmobiliarios sobre las tierras de los barrios populares hicieron que nada de esto ocurriera. Hemos sido testigos de que el GCBA no previó con seriedad los problemas que emergerían de la conjunción de la precariedad económica y la infraestructura sanitaria que sufren las familias en estos barrios, y de la pandemia del coronavirus. Pero, estamos más azorados frente a la falta de respuestas una vez que los problemas se magnificaron.
4. A dos meses del aislamiento social obligatorio, el GCBA no cuenta con un Protocolo Específico que atienda a cada una de las situaciones emergentes en los Barrios Populares. La mirada integral y específica está ausente. Por esto, el 21 de mayo la Justicia le dio un plazo de 5 días para elaborarlo. La falta de tal protocolo y de ámbitos para su discusión, evaluación y actualización, ha generado decisiones erráticas, parciales y hasta desconocidas no sólo por la ciudadanía sino también por los propios actores del sistema de salud.
5. Si avanzamos en problemáticas particulares, notamos la misma carencia. No existe un Plan de Contingencia para garantizar el agua potable. Tampoco existe un Plan con relación a la prestación del servicio de alimentación. La fuerza comunitaria se puso al hombro la alimentación de la población en las villas a través de los comedores. Pero, una vez que empezaron a contagiarse sus integrantes por falta de elementos de protección y que cerraran algunos comedores, el GCBA no apareció para brindar una respuesta clara y efectiva. Nuevamente se hizo presente la incertidumbre por la falta de previsión. En muchos casos, el GCBA tomó la medida equivocada de que las familias de un comedor fueran atendidas por otro comedor aumentando la circulación de personas, trasladando el coronavirus a otros sectores del barrio, sobrecargando de tareas a las mujeres de las organizaciones, principales actoras del cuidado de la alimentación. La ajenidad frente a la dinámica social del barrio llevó al GCBA incluso a discutir internamente como alternativa implementar una billetera virtual para las familias asistidas por comedores. Descartaron esta idea descabellada pero esta cuestión sigue latente sin solución. Si abordamos la educación a distancia y la brecha digital de los sectores populares, el panorama es peor. El GCBA ni siquiera ha detectado que tiene allí un gran problema, por lo tanto, ni siquiera lo tiene en agenda.
6. Existe, además, una desorganización estructural en la administración pública de este gobierno para superar esta crisis pandémica, que no tiene parangón en el último siglo. Por más que se vanagloria del trabajo en equipo y de la existencia de un comité de crisis, cada ministerio trabaja por su cuenta, no consulta a los otros. No hay vasos comunicantes de información ni de decisiones. Esto no sólo sucede a nivel horizontal entre los Ministerios sino también a nivel vertical entre dependencias u organismos de un mismo Ministerio. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: la Secretaría de Integración Social y Urbana (encargada del Barrio Carlos Mugica), la Ugis (encargada de la emergencia de la totalidad de los Barrios Populares) y el Instituto de Vivienda – IVC (Principal responsable de la política de reurbanización de villas en la ciudad), actúan bajo directrices políticas distintas. Las disputas internas terminan perjudicando a la población. Aquí, la metáfora de islas administrativas sin una centralidad organizadora sería la imagen correcta.
7. Tampoco es sólo una cuestión de desorganización, ya que a la vez existe una desjerarquización de los problemas que son derivados a los escalafones más bajos de la burocracia estatal. Por ejemplo, la grave crisis del acceso al agua potable está casi en su totalidad encomendada a los técnicos de un organismo de emergencia como es la UGIS. Funcionarios que no cuentan con poder de decisión porque no cuentan con facultades para destinar más presupuesto a resolver este problema.
8. En definitiva, tenemos un comité de crisis sólo de nombre. Si agregamos la dimensión democrática participativa se desfigura directamente el nombre. Parte de la angustia e incertidumbre de las familias se debe; a la falta de un verdadero comité de crisis; a la ausencia de participación de la comunidad porteña a través de las organizaciones sociales, asambleas, colectivos y sindicatos; a la fragmentación administrativa que genera espacios estancos e inflexibles; a la desjerarquización de los problemas por resolver; etc.
9. El problema del acceso al agua potable en las villas es la muestra sintética de este panorama desolador. El GCBA en los tribunales sostuvo la postura de que no tenía obligación de garantizar el derecho humano al agua en las villas y que esa obligación pertenecía únicamente a AYSA. Practicaron la cultura higiénica del coronavirus, se lavaron las manos. La Justicia ordenó garantizar agua potable y elaborar con la comunidad un Plan de Contingencia y un Plan de Actuación. El GCBA apeló la decisión judicial que a su pesar sigue vigente y decidió no cumplir la orden judicial hasta el día de hoy.
9.1. El colectivo de organizaciones que firmamos la acción judicial estamos llevando a cabo un mapeo continuo sobre el acceso al agua potable junto con más de 150 referentas y referentes de los distintos barrios populares de la Ciudad. El resultado del relevamiento permitió identificar problemas de presión, calidad del agua y falta de suministro en numerosos barrios populares y complejos habitacionales. Además, permitió documentar que los dispositivos actuales con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el acceso al agua son absolutamente insuficientes e ineficaces. El GCBA ofrece un número telefónico para realizar los reclamos urgentes por falta de agua potable y otro tipo de emergencias sanitarias. Se trata de una única línea telefónica que no funciona 24 horas los 7 días de la semana (Teléfono: 2000-8200). El dispositivo para atender las emergencias por falta de agua potable en barrios populares con camiones cisterna se encuentra concesionado. El gobierno se limita a pasar el reclamo a las distintas empresas que tienen a su cargo la concesión del servicio sin realizar ningún tipo de seguimiento. Las familias se ven obligadas a reiterar diariamente los reclamos. La asistencia de agua potable a granel mediante camiones cisterna no cuenta con ningún mecanismo de trazabilidad ni control de calidad. Es decir, el gobierno desconoce si la entrega de agua potable fue realizada, en qué plazos, que cantidades y con qué calidad. La demora en la asistencia de agua potable puede llegar a superar las 96 horas y como no existe ningún protocolo público las familias desconocen el día, horario y lugar del camión cisterna. Por eso, es usual que los camiones cisterna lleguen a un barrio y se retiren sin haber abastecido a los hogares. También es oportuno mencionar, que la entrega de agua a granel es eficiente sólo si los hogares cuentan con sistemas seguros donde almacenar el agua que se entrega. El almacenamiento inadecuado pone en riesgo la calidad del agua, no permite almacenar el volumen diario de agua necesaria para garantizar todos los usos y contribuye a la expansión del dengue. Por tal motivo venimos solicitando al gobierno porteño que garantice un tanque en cada hogar.
9.2. El 15/5 y el 22/5 ingresamos los informes detallados por la mesa de entrada del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El 22 de mayo los actores de la causa judicial fuimos convocados a una reunión en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con la finalidad de discutir mecanismos adecuados que garanticen el agua potable en la totalidad de los hogares porteños. De la reunión, participó inicialmente el presidente del IVC quien luego se retiró dejando a cargo a funcionarios de gobierno que no tenían instrucciones ni poder de decisión, por lo tanto, solicitaron un plazo de 96 horas para darnos una respuesta.
10. Creemos sumamente necesario conformar un Comité de Crisis al más alto nivel jerárquico, donde todos los ministerios involucrados articulen transversalmente, garantizando el ejercicio de la Democracia Participativa convocando a los representantes de la comunidad (organizaciones sociales, barriales y comunitarias, asambleas, colectivos ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, etcétera.).
Cátedra de Ingeniería Comunitaria – CLIC (Ing. María Eva Koutsovitis) Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo) CTAA – Capital (Pablo Spataro) Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando) Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP (Claudio Lozano).

28.5.2020

Por Juan Borges

“Esta carne que nos tiraron el viernes ni siquiera mis perros la hubieran querido comer, ese maltrato nos duele”; sostuvo el referente barrial Diosnel Pérez.

El día viernes 22 de Mayo pasado, el comedor “21 de Septiembre” que asiste a 240 personas en la Villa 20 de Lugano recibió comida en descomposición por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La llegada de la carne en mal estado generó un fuerte repudio e indignación en los responsables del comedor, que realizaron los reclamos correspondientes y denunciaron el hecho aberrante en la Defensoría del Pueblo y otros organismos. El referente barrial y coordinador del comedor, Diosnel Pérez, relató los hechos.
¿Cómo es la tarea que lleva el comedor “21 de Septiembre?
DP: Mi nombre es Diosnel Pérez y hace treinta y cinco años que vivo en la Villa 20. Asistimos a 240 personas en su mayoría niños que están en una situación de pobreza. La situación en la villa está empeorando, debido al coronavirus pero también hay muchos casos de dengue.
¿Hay muchos casos de coronavirus en el barrio?
DP: Hasta la semana pasado había sólo tres casos acá en la villa, ahora ya tenemos treinta. En menos de diez días se multiplicó y esto genera mucha preocupación en la gente. Lo que pasa acá es parecido a lo que pasa en todas las villas porque nos faltan los elementos para tener una buena higiene y además vivimos muchas personas en las casas.
A veinte metros conectaron el caño principal para conectar el agua para la villa y quedó ahí. Se detuvo ahí, porque nunca conectaron los caños para distribuir el agua. Es una vergüenza porque el caño principal tiene agua pero no se puede distribuir dentro de la villa.
Solo en algunas partes hay agua, pero la mayoría no tiene. Por otro lado, no sabemos qué hacer con el comedor porque cada vez viene más gente pidiendo comida y no podemos darle respuesta, piden vacante aunque sea para sus hijos. Hay mucha hambre. Tenemos 180 raciones y la estamos estirando a 240 personas.
La situación se está desbordando y el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer, no nos dan respuestas ni soluciones por el hambre y el coronavirus tampoco. La gente está empezando a tener miedo y eso es complicado, aunque buscamos concientizar sobre la enfermedad ellos dicen que lo que los está matando es el hambre. La cuarentena es necesaria sino nos morimos. Pero necesitamos agua y comida.
¿Cómo fue el hecho de la llegada de carne podrida al comedor?
DP: El viernes trajeron la carne para cocinar y también para el lunes 25 pasado que también funcionaba el comedor. Alzamos para poner en el freezer y cuando abrimos las cajas ahí sentimos un olor asqueroso que nos volteaba. Agarro toda mi casa el olor de tan fuerte que era. Le dije a mi compañera y ella me dijo para hacer la denuncia el martes pero yo le dije que ya mismo había que denunciar eso porque era una vergüenza, no puede el gobierno de la Ciudad hacer semejante cosa con nosotros, jugar con el hambre y la necesidad de los chicos.
Entonces empecé a mandar audio y fotos de la carne por todos lados, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Desarrollo Humano, a Gustavo Moreno que es asesor tutelar de menores. De repente empezaron a llamar las autoridades pidiendo disculpas .diciendo que no se dieron cuenta. Todo esto pasó el sábado que hice la denuncia y el domingo a las ocho de la mañana ya llego la carne en buen estado y llevarse la podrida. Me ayudó mucho la difusión que se le dio .Era una vergüenza lo que pasó. El lunes y el martes pudimos cocinar por suerte. Lo que nos preocupa es la gran cantidad de gente que viene buscando un plato de comida. Nuestra prioridad son los chicos. Es insuficiente la ayuda que está dando el Estado.
¿Por qué cree usted que son tratados de esta manera por las autoridades?
DP: No entendemos porque nos tratan así. La calidad de la mercadería bajo un montón, fideos, arroz de malísima calidad. Nosotros nos sentimos discriminados y maltratados por todos los gobiernos porque ellos hacen la suya y nosotros siempre seguimos en la miseria. Para todos somos los negros de la villa que debemos agarrar lo que venga y no quejarnos. Muchos creen que queremos todo gratis pero no tienen idea de que tenemos dignidad y sufrimos por nuestra pobreza. Esta carne que nos tiraron el viernes ni siquiera mis perros la hubieran querido comer, ese maltrato nos duele. Yo no me caso con ningún gobierno y siempre levante la voz cuando vi injusticias y maltrato a mi gente. Los políticos nos tratan bien cuando necesitan votos, después se olvidan de nosotros.
¿Qué lo motiva a ayudar a la gente y llevar adelante el comedor?
DP: La gente que tenga un poco de corazón haría lo mismo que hago yo, nosotros pusimos el comedor porque veíamos la necesidad en el barrio, el hambre, los chicos. Nadie te paga ni te da un sueldo por hacer esto, es todo a pulmón lo que hacemos pero sabemos que es el Estado el que debe hacerse cargo de todo esto, pero como ellos no están nosotros debemos ayudar a nuestros niños y hacer algo. Darle una mano a la gente, yo también necesito pero siempre hay mucha gente que está peor que yo, eso nos motiva.

28.5.2020

Así se manifestó la diputada del FIT Alejandrina Barry, sobre la intrascendente sesión legislativa de este jueves. Mientras recordando a Ramona insistió en imponer las demandas populares en una sesión especial, “desde el oficialismo, traban todos los proyectos emanados de los reclamos de las villas, hospitales, escuelas y paradores”.

Setenta días de cuarentena y la legislatura porteña, epicentro de los contagios de COVID-19, sesionó solamente 3 veces, como les recordó la diputada del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, a sus pares. E insistió con imponer una sesión especial, donde poder discutir todos los problemas de la Ciudad en medio de esta crisis sanitaria, económica y social, algo que Larreta y los bloques mayoritarios se niegan.
A partir de la intervención de Barry, más legisladores se sumaron a denunciar lo intranscendente de esta sesión. Ramona Medina, militante de la Garganta Poderosa, fue el nombre de los innombrables vecinos de las villas. Su rostro, sus denuncias y su muerte pusieron en el centro los padecimientos en las villas porteñas. “La muerte de Ramona es un crimen social”, así lo definió la diputada del Frente de Izquierda.
El padecimiento de los barrios vulnerables y villas y la desidia estatal ante los mismos, se escucharon en el recinto, por más que le pese a los legisladores de Cambiemos. La falta de agua en las villas 31, 1-11-14 y 21-24, más la falta de información, los maltratos y la falta de testeos y aislamiento a la altura de la disparada de casos en los barrios, estuvo en boca de Alejandrina.
Por su parte, los trabajadores de la salud vienen protagonizando asambleas, protestas y hasta paros desde sus hospitales contra la falta de insumos, falta de personal, falta de salas preparadas para el Covid-19. La primera línea exige al estado la respuesta para poder encarar esta crisis y sus reclamos se hicieron oír en la sesión. Como denunció Alejandrina Barry “Tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad, vienen insistiendo que la cuarentena era para preparar el sistema de salud. Bueno, las denuncias y protestas que vienen realizando los trabajadores de la salud, desmienten a los gobiernos”.
“Las familias de la 21-24, donde yo trabajada, me contaban como tuvieron que cerrar un comedor y las viandas no alcanzan”, denunció Alejandrina. Mientras volvió a recordar que el gobierno sigue incumpliendo el fallo judicial favorable al amparo que presentó junto a Myriam Bregman, cooperadoras, familias y docentes, por las viandas para las y los pibes, “mientras esto tampoco se puede discutir en la Legislatura”.
En definitiva, los grandes problemas ante la pandemia no son debatidos en la legislatura. A la misma, solo llegan los proyectos del oficialismo. Donde la primera sesión en cuarentena fue el endeudamiento por U$S 150 millones, apoyado por el Frente de Todos. Y la segunda sesión, la ley de Emergencia Económica, que le habilitó los súper poderes a Larreta. De poder discutir proyectos para resolver los grandes problemas sanitarios, económicos y sociales, nada, completamente bloqueado por el oficialismo. Y como dijo Alejandrina Barry “hay que discutir realmente de fondo como esta crisis social y sanitaria no la está pagando el pueblo con muertos, trabajadores despedidos, pasando hambre. Sino que realmente los que la tienen que pagar son los grandes empresarios y los bancos. No queremos más Ramonas. Fue un crimen social, no fue una tragedia”.

28.5.2020

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti, dijo que el 65% de los trabajadores porteños «tuvo problemas de empleo» como consecuencia de la pandemia por el coronavirus y precisó que la reapertura de actividades en el distrito dependerá de la situación sanitaria y el comportamiento de la curva de contagios.

«Creemos que la magnitud de la crisis por el coronavirus nos va a obligar al Estado a tener políticas públicas activas para generar empleo», aseguró el funcionario, quien concurrió a la Legislatura a exponer ante la Comisión de Desarrollo Económico en una reunión que se realizó bajo la modalidad mixta de participación de los diputados presencial y virtual.
En ese marco, Giusti reveló que, desde que asumió al frente de la cartera económica en diciembre pasado, trabajaba en planes de desarrollo al 2035, los que debieron ser reformulados con la llegada de la pandemia del Covid-19 ya que, dijo, «la Ciudad va a sufrir un poco más la crisis que el resto del país».
«Nos enfocamos en varias líneas de acción, como una mesa de ayuda a empresas para que les sea más fácil el acceso a las medidas que puso en marcha el Gobierno nacional para mitigar la crisis, y también trabajamos con el Banco Ciudad para que se puedan flexibilizar al máximo los requisitos para los créditos», detalló.
Consultado por los legisladores sobre el impacto de la cuarentena en la actividad laboral de la Ciudad, Giusti sostuvo que «el 35% de los trabajadores no han tenido problema de empleo, mientras que el 65% restante ha tenido problemas, entre los cuales algunos vieron menguada su actividad y otros están inactivos».
En ese sentido, informó que mantienen reuniones con las diferentes cámaras de la actividad económica del distrito para «que el impacto sea el menor posible» y señaló que el esquema de reaperturas de los comercios, que comenzó semanas atrás y que se retrotrajo a partir de hoy, estará atado a la situación sanitaria por el coronavirus.
«Vamos evaluando semana a semana porque, si bien el nivel de contagios no tiene que ver exclusivamente con el nivel de apertura de las actividades, no hay que ser ingenuos y debemos prever situaciones como ocurridas en otros países, en donde abrieron todo el mismo día y al, otro día, tuvieron que cerrar todo«, remarcó.
Y agregó: «queremos generar un movimiento de apertura y de cierre de actividades que eviten con colapso en el sistema sanitario».

26.5.2020

Por Jonathan Raed

En la reunión con el Jefe de Gobierno, también exigieron la renuncia de Diego Fernández, secretario de Integración Urbana.

Ocho organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
“Hicimos un planteo que se puede dividir en dos: uno, sobre la urgencia, relativa al cuello de botella que se conforma porque no hay lugares intermedios para la espera de resultados de los isopados, la declaración de la emergencia sanitaria y la universalización de los alimentos ante la ausencia de trabajo; la otra parte tiene que ver con pensar la economía pospandemia”, contó Rafael Klejzer, referente del Movimiento Popular La Dignidad y uno de los presentes en la reunión con Larreta.
Sobre el jefe de Gobierno, Klejzer resumió: “Nos escuchó y tiró algunos tips que nos permiten ser optimistas con esta reunión. Nos planteó que la recaudación le cayó a la mitad, que llegan a pagar los salarios pero no así planes de contingencia. Por tanto, van a esperar un acuerdo con Alberto (Fernández) para ver cómo se empieza a desarrollar la economía post pandemia”.
Entre los principales planteos de las organizaciones, estuvo el reconocimiento económico y el registro del trabajo de cuidados y acompañamiento socio comunitario de: responsables de comedores y merenderos, promotoras de salud, promotoras de género, promotoras comunitarias. “Tenemos un 60% de los comedores populares de la Ciudad, por lo que pedimos un reconocimiento para nuestras compañeras, que están en la línea de fuego”, afirmó Klejzer.
Se pidió también la universalización de las prestaciones alimentarias, abastecimiento de agua y gas en barrios populares para garantizar aislamiento social y frenar la circulación comunitaria del virus. De la misma forma, plantearon establecer un cronograma de reuniones/mesas de planificación y articulaciones entre ministerios y organizaciones populares.
Además, se abogó por la creación de un Consejo de la Economía Popular, Social y Cooperativa para la construcción de estrategias de fortalecimiento del sector ante la crisis y post pandemia. “Entendemos que la economía de mercado va a tardar en activarse. Tiene que ver con que desde la economía popular se puedan generar los puestos de trabajo necesarios para salir de esta crisis, que es muy grave y que la están pagando los sectores populares”, explicó el dirigente.
Finalmente, hicieron oficial el pedido de renuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público de Diego Fernández a cargo de la Secretaría de Integración Urbana, “máxima autoridad de aplicación tanto de la urbanización de la Villa 31 como el responsable de los programas de asistencia en la emergencia sanitaria”.
“Los trabajadores nunca somos parte del problema, sino de la solución. Siempre hemos recompuesto lo que otros destruyeron”, concluyó Klejzer.