Comunicadores del Sur

26.6.2020

Desde el Facebook de la Revista Sudestada, la Madre de Plaza de Mayo denuncia la mala alimentación que ofrece Larreta en las escuelas y el pago de la deuda externa. Al mismo tiempo repudió la campaña sucia contra Myriam Bregman orquestada por Juntos por el Cambio.

Aprovechando la oportunidad Nora Cortiñas, se solidarizó con Myriam Bregman, quien fuera blanco de una campaña sucia por parte de Juntos por el Cambio. Dicha campaña sucia realizada desde una circular oficial del ministerio de educación y con fake news por whatsapp, estaba originada para desprestigiar a la diputada del Frente de Izquierda por encabezar junto a familias y docentes el amparo que obliga al gobierno de la Ciudad a entregar bolsones de comida con mas cantidad y calidad a las y los chicos de las escuelas públicas.
Sobre la alimentación de las niñas y niños, Nora Cortiñas denuncia “Deben comer la misma comida que comen los funcionarios. Pero mandan comida que no está en condiciones y poca. Ayer vi en un noticiero que para 15 días les mandan 5 mandarinas. Daba vergüenza”.
El fallo a favor del amparo impulsado a comienzos de marzo, ya tiene un largo recorrido en la justicia. Luego de varias audiencias favorables, se logró ir mejorando la alimentación de las y los niños, a pesar de las campañas sucias y apelaciones del Gobierno de la Ciudad.
Falta terminar de imponer hasta el final la cantidad necesaria para cubrir bien la alimentación por 15 días, además de que sea de buena calidad y con los nutrientes necesarios para los distintos grupos etarios en edad escolar.
Mientras se sigue por esta pelea con el apoyo de Nora Cortiñas, sentenció “Con la plata que paga el pueblo para la deuda externa se podría palear el hambre de los chicos. Con esa plata que se le saca al pueblo, para pagarle a los privados que se hicieron ricos con los bonos. A ellos no les importa el hambre del pueblo”.
Si querés ver el total de la intervención de la entrañable Norita para la Revista Sudestada, visita su Facebook.

25.6.2020

Por Julieta Azcárate

Rossio Roxana Choque tenía 38 años, tenía 3 hijos, era vecina de la villa y militante del FOL. Se había acercado a un comedor barrial porque no tenía para comer y comenzó a ayudar como cocinera voluntaria. Los vecinos denuncian que los hospitales y centros de salud están colapsados en el barrio. No hay políticas de los gobiernos para cambiar esta situación crítica.

Otra muerte más que se suma a las víctimas de Covid-19 en las villas y de la política de los gobiernos. Rossio Roxana Choque tenía 38 años y se había acercado en el mes de marzo a uno de los comedores barriales por la situación crítica que estaba atravesando. Desde aquel momento, comenzó a colaborar como cocinera voluntaria y formó parte del Frente de Organizaciones en Lucha.
“Ella era boliviana y nunca pudo concretar el trámite para tener la residencia permanente en el país, entonces no podía acceder a ninguno de los beneficios sociales. Se acercó a pedir un plato de comida para llevar a la casa, y ahí empezó a participar”, contó Ana Gamorro, vecina del barrio e integrante del FOL.
Rossio Roxana Choque había sido internada en el Piñero luego de varios días de sentirse mal, y sufría de una enfermedad renal crónica que le complicó el cuadro del Covid-19. Como ella, hay muchos vecinos y vecinas que tienen enfermedades previas que no se tratan por varias razones: porque sacar un turno médico y que los atiendan en una institución pública es una odisea, sobre todo siendo extranjera, a la vez que muchos tienen miedo de ir al hospital y los dejen internados, abandonando sus casas y sus familias.
Es la dramática situación de muchas madres solteras que están solas con sus hijos y no tienen con quién dejarlos, y por eso no quieren acercarse al hospital, como le sucedió a Rossio Roxana Choque. “Muchas madres solteras estamos en su misma situación. No queremos quedarnos internadas y dejar solos a nuestros hijos”, señaló Nelly, compañera de Choque en el comedor barrial.
Los vecinos de la villa cuentan que la situación crítica de la villa se recrudeció con la pandemia: el hacinamiento, las viviendas precarias, la falta de trabajo e ingresos, la falta de comida y elementos de higiene y protección que los prevengan del Covid-19.
También se suma que los hospitales del barrio, como el Piñero y los centros de salud, comienzan a estar saturados y no dan abasto para atender a todos los que llegan. Esto vienen anunciando sus trabajadores/as hace semanas, reclamando más insumos y recursos para evitar el colapso.
Por eso hoy el FOL llevó a cabo una segunda jornada de ollas populares y reclamos en los barrios populares, exigiendo un “fondo de emergencia urgente” para atender la situación en las villas.
Hasta hoy, el gobierno porteño confirmó 8.180 casos de Covid-19 en las villas y barrios pobres de la Ciudad. Desde el comienzo de la pandemia, los barrios más afectados son la Villa 31, que alcanzó los 2625 casos y la 1-11-14, con 2505.
Las víctimas fatales continúan aumentando con la situación de hacinamiento y precariedad en estos barrios. Por eso las organizaciones como el FOL reclaman que intervenga el estado “con fondos públicos aportados por los sectores más ricos de la Ciudad, para reconocer el trabajo no pago de miles de compañeras y compañeros, para realizar las obras que nos permitan acceder al agua potable, para re-urbanizar las Villas”, señala su comunicado.
Exigen que se reconozcan las tareas que realizan las voluntarias en comedores como Roxana Choque, que son quienes garantizan un plato de comida a los vecinos del barrio, exponiendo su vida, y las promotoras de salud que brindan información fundamental a los vecinos. Piden que se reconozca un ingreso económico.
Mientras el gobierno nacional se prepara para otra conferencia junto a Kicillof y Rodriguez Larreta sobre cómo continuar la cuarentena, la situación en las villas y barrios de la Ciudad continúa siendo alarmante, se siguen contagiando y muriendo los vecinos mientras no hay respuestas de los gobiernos. Mañana anunciarán más medidas de restricción de la circulación como respuesta a la preocupante curva de contagios que viene aumentando en el AMBA. Sin embargo, no hay testeos suficientes en los barrios, no se garantiza su salud y tampoco su alimentación. Muchos se quedaron sin ingresos, no tienen para darle de comer a sus hijos, como le sucedió a Roxana Choque.
Por eso es urgente que el gobierno de respuesta a los reclamos de las villas y los barrios, garantice un salario de cuarentena de $30 mil en base al impuesto a las grandes fortunas además de testeos y condiciones de aislamiento para todxs.

24.6.2020

Por Santiago Brunetto

La autopsia realizada al cuerpo de Facundo Scalzo determinó que el joven de 20 años fue asesinado de cuatro balazos disparados por detrás: «Dos impactaron en sus brazos y los otros directamente en la espalda», informó a Romina Ávila, abogada de Andrea Scalenghe, la madre de la víctima. Así, la autopsia confirma los testimonios de los vecinos del Barrio Rivadavia II, quienes negaban la versión del «tiroteo» dada por los tres gendarmes detenidos y aseguraban que Scalzo fue perseguido y baleado por detrás. En este sentido, tanto Ávila como Yamila Cirigliano, coordinadora del Área Interdisciplinaria de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, dieron detalles a este diario de nuevas pruebas aportadas a la causa que confirman que la víctima no portaba armas al momento de recibir los disparos.
Desde el pasado miércoles por la tarde, momento del asesinato de Scalzo, hasta este martes, todas las versiones brindadas por los testigos del hecho indicaban que el joven había sido perseguido por los gendarmes Juan Pablo Ruiz, Jorge Luis Pérez y Diego Arturo Rocha, para luego ser baleado por detrás. Incluso la médica del Hospital Piñero que recibió a la víctima confirmó a Scalenghe que su hijo había muerto tras recibir disparos en la espalda. Ahora, según informaron a este diario Ávila y Cirigliano, esta versión fue confirmada por la autopsia, que determinó que el cuerpo de Scalzo recibió cuatro balazos, dos en la espalda y otros dos en sus brazos.
Este lunes por la noche, los gendarmes Ruiz y Pérez pagaron la fianza fijada en cien mil pesos por la jueza Alejandra Mercedes Allaud y podrán continuar el proceso en libertad. Por su parte, Rocha, señalado como quien disparó el arma que asesinó a Scalzo, seguirá en prisión preventiva imputado por «homicidio calificado», ya que la jueza entendió que en su caso “se avizora la existencia de un muy alto peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación».
Sin embargo, todavía no está confirmado que solo Rocha haya efectuado disparos. Las versiones de los vecinos indican que durante el hecho se escucharon más de cuatro detonaciones y que los gendarmes incluso dispararon al aire para ahuyentar a los testigos. Para este miércoles está previsto que se den a conocer los resultados de los peritajes balísticos y de los dermotest realizados en los dedos de los tres gendarmes. Allí se podrá saber si las balas que asesinaron al joven fueron disparadas solo por el arma de Rocha y si en los dedos de los otros dos acusados se encontraron residuos de disparos.
Pero no solo a los gendarmes se les realizó el dermotest. Al cuerpo de Scalzo, que fue acusado por los efectivos de iniciar un supuesto tiroteo que terminó en su muerte, también se le tomaron muestras de sus dedos para saber si efectuó algún disparo. En este sentido, Ávila y Cirigliano confirmaron a este diario que se aportó a la causa un video donde se observa con claridad que en ningún momento de la tarde el joven asesinado tuvo un arma en su poder.
Por otro lado, en el lugar de los hechos los gendarmes secuestraron un arma que adjudicaron a Scalzo. Después de afirmar que el joven era narcotraficante, lo que se descartó de inmediato ya que la víctima no tenía antecedente alguno, dijeron que se trataba del arma con que había iniciado el tiroteo. Ahora, además de los testimonios de los vecinos que indican que ni él ni el amigo con el que intentó escapar de los disparos tenían armas, Ávila y Cirigliano informaron que el arma secuestrada nunca fue disparada. Restará saber entonces de dónde salió el arma con que los gendarmes intentaron inculpar a Facundo.

23.6.2020

Por La Retaguardia

Florencia Álvarez, integrante de la Junta Interna de ATE en Promoción Social, contó en diálogo con cómo el gobierno porteño pretende desalojar la única institución que alberga y acompaña a adolescentes madres y/o embarazadas con sus hijos e hijas, que han atravesado situaciones de violencia de género. El motivo de la mudanza, aseguran desde el Gobierno de la Ciudad, es la seguridad y cuidados ante la pandemia de COVID-19, ya que el Hogar Eva Duarte funciona en el edificio del Hogar San Martín, de adultos y adultas mayores, aunque las poblaciones de ambas instituciones no tienen ningún espacio en común.

En plena pandemia de COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó de la mudanza del Hogar Eva Duarte, ubicado en el barrio de La Paternal porque comparte edificio con el Hogar San Martín, de adultos y adultas mayores que son población de riesgo. A raíz de la presión social y la difusión de esta situación, cambiaron la idea de distribuir a las trabajadoras, junto a las personas alojadas en el Eva Duarte a otras instituciones dependientes Gobierno porteño, y ahora proponen mudar el hogar de manera definitiva a otra espacio donde ya había funcionado durante muchos años y, ante el peligro de derrumbe de ese edificio, en el año 2009 lo cerraron y dejó de funcionar hasta el año 2011. Florencia Álvarez, de la Junta interna de ATE, habló acerca de la situación y enfatizó en la necesidad de que el lugar a donde trasladen el hogar debe cumplir con todos los requisitos que garanticen las necesidades de la población con la que trabajan.
¿Qué está pasando con el Hogar?
—Florencia Álvarez: El Hogar Eva Duarte es el único dispositivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pertenece a la Dirección General de la Mujer, y que está preparado para recibir, alojar y albergar a adolescentes madres con sus hijes o que estén embarazadas, que vienen atravesando situaciones de violencia de género en contexto de vulnerabilidad social. Luego de unas semanas de idas y vueltas, no nos permitían el ingreso de nuevas jóvenes. Un equipo de asesores de la Subsecretaria Jazmín Lerner nos comunicó la mudanza del hogar, entre varias comillas. Nosotras entendemos que esto no es mudanza, es un desalojo y claramente el cierre del dispositivo. No hay ningún fundamento de carácter formal y legal, ni siquiera ningún tipo de informe o sugerencia que venga por ejemplo del Ministerio de Salud, entendiendo que hay algún tipo de riesgo en contexto de pandemia.
¿Les comunicaron que pasaría con las personas que están alojadas allí?
—FA: Tuvimos algunas conversaciones cuando empezaron a surgir estas ideas y primero estaban evaluando lugares en distintos barrios de la Capital para que nosotras fuéramos trasladadas junto con la población, a algún dispositivo que fuera apto para nosotras. Donde supuestamente estuvieran seguras las jóvenes, les niñes y el equipo de trabajadoras. Esto cambió repentinamente y los que nos dicen es que en todo caso van a hacer una redistribución del equipo de trabajo, somos casi 30 personas trabajando en ese dispositivo, y que la población iba a ser distribuida en los distintos dispositivos con los que cuenta la Dirección General de la Mujer.
¿Cuántas personas hay actualmente haciendo uso de ese dispositivo?
—FA: Esa es otra de las aristas de este problema que venimos teniendo. El hogar tiene la capacidad para alojar entre diez y doce jóvenes contemplando que estén con algún bebé o que estén embarazadas. En este momento hay dos jóvenes con sus bebés. No tenemos más población porque muchas de las pibas cuando comenzó esto del aislamiento obligatorio quedaron fuera del Hogar y no regresaron. Por supuesto que estas jóvenes están en situaciones de riesgo, de hecho por algo ellas llegan a este dispositivo a través de Defensoría donde se informa que están en riesgo en los contextos que estaban viviendo. Están atravesadas por circuitos de violencia y efectivamente lo que sucedió es que transcurrieron algunos días y ellas empezaron a solicitar poder volver al dispositivo, que además, es su casa. Este reingreso nos fue denegado.
¿Hay muchos lugares disponibles en este contexto?
—FA: Hay muchos menos aún en este contexto de pandemia donde sabemos que se recrudecen los casos por violencia de género. De igual modo, esto viene siendo ya un problema histórico de la cantidad de dispositivos existentes en la Ciudad. Hay cuatro actualmente que dependen de La Dirección General de La Mujer, estarían quedando tres, y dos de ellos ya están colapsados. Una de las opciones que plantearon fue mandarnos junto con la población a otro hogar convivencial que se llama Juana Manso, que además está en muy malas condiciones edilicias. Estarían las jóvenes y trabajadoras en condiciones de hacinamiento. Cabe destacar que este Hogar trabaja con una población de mujeres adultas, con lo cual estos equipos de trabajo tienen una forma de abordaje diferente, porque nosotras estamos trabajando con adolescentes y niñes. No es lo mismo, en todo lo que hacemos en el acompañamiento en el maternaje y en la crianza de sus hijes, porque ellas son muy jóvenes, son menores de edad.
¿Cuál es la excusa que les dan para la mudanza?
—FA: “No hay hasta ahora ningún fundamento válido o legal para corrernos y desalojarnos de esa locación. Lo que dicen de alguna manera es que este Hogar funciona dentro de un predio que pertenece al Hogar San Martín, que aloja población de la tercera edad. Todos sabemos el riesgo que esta población tiene. Lo cierto es que el Eva Duarte funciona en el primer piso de un ala de este predio, de manera tal que las poblaciones de tercera edad y las que podrían ser las jóvenes adolescentes con sus niñes en ningún momento tienen contacto. Salvo la entrada principal al edificio por la cual ingresamos las trabajadoras del Eva Duarte y todes les trabajadores que pertenecen al Hogar San Martín, donde pasamos exhaustivos controles sanitarios. Nos toman la temperatura, nos hacen pruebas de olfato y una serie de cosas para reducir los riesgos al máximo y tener todos los cuidados al máximo, o sea que eso está garantizado.
Hecha la denuncia, ¿cómo la ven y qué sigue?
—FA: En principio, estamos tratando de seguir con la difusión. Estuvimos visibilizando la situación. Vamos a seguir visibilizando y resistiendo porque nos parece gravísimo lo que están haciendo. El vaciamiento claro de una política pública con perspectiva de género, donde además el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaría siendo el responsable de la vulneración de derechos y del incumplimiento de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Que es una ley nacional, la 2601, o la 114 de Ciudad. Vamos a seguir luchando por qué no se cierre este hogar, porque además se trabaja con esa especificidad, acompañamos particularmente a estas adolescentes, y además de todo somos sus referentes. Esta es la casa de ellas, y puede ser la casa de un montón de adolescentes más que lo estén necesitando y es su derecho tenerlo.

23.6.2020

Ante el crecimiento de casos, crece la preocupación por la capacidad del sistema sanitario para responder a la pandemia. Según la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en el AMBA ya hay entre un 50% y 60% de camas de terapia intensiva ocupadas.

Según el relevo que realiza chequeando.com en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación, producto del coronavirus al 12 de junio habían 280 camas de terapia intensiva ocupadas a nivel nacional, al 22 del mismo mes ese dato es de 414, un aumento del 48% en solo 10 días.
Estos números dan cuenta de la situación del conjunto del país. Dentro de este marco el dato preocupa dado que de mantenerse el crecimiento del contagio como se observó la última semana, focalizado en la zona del conurbano, podría llevar a una saturación del sistema sanitario, en particular por la utilización de las camas para los pacientes más críticos.
En el AMBA, excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, hay 3.757 camas de cuidados intensivos que están ocupadas en un 52,20%, 250 son pacientes confirmados con el virus y 191 son pacientes sospechados de la enfermedad dado que presentan los síntomas.
Según las declaraciones del Ministro de Salud de CABA en la mañana de hoy en la ciudad hay “400 camas de terapia intensiva en el subsector público, hasta anoche 178 están ocupadas. El subsector privado tiene 1.600 camas de terapia intensiva y estamos trabajando con ellos para discriminar con más claridad cuáles pueden ser dedicadas al Covid o no esa cantidad, pero tienen una ocupación que está un poco arriba del 50%”.
En declaraciones, la presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina afirmó que la ocupación de las camas de terapia intensiva “está en un 50% y un 60%, depende de los lugares en la provincia de Buenos Aires y CABA”. A lo que sumó “hay lugares donde las terapias intensivas están en un 70% ocupadas”.
Por otro lado, aseguró que los pacientes en estado crítico “habitualmente permanecen un promedio de 20 o 25 días (en las camas), a veces puede prolongarse más. En esta época del año, fuera de la pandemia, las camas de terapia intensiva suelen estar ocupadas al 90%. Una situación alta en esta época del año, para nosotros no es una novedad fuera del Covid, es lo habitual. El resto de las patologías del invierno siguen viniendo”.
Según estos números, el cálculo estimativo para todo el AMBA daría el la cifra aproximada de 2.800 camas de terapia intensiva desocupadas al día de hoy. El dato preocupa porque de pegar un salto la propagación de casos, se expresarían aún más los límites del sistema sanitario para dar respuesta a la crisis del coronavirus. Un sistema sanitario que viene hace años sufriendo el desfinanciamiento en la salud pública hace décadas mientras se priorizan los grandes negociados, como muestra la desproporción abismal en la Ciudad de Buenos Aires entre la capacidad del sector público en comparación al privado.
En una entrevista, la vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), alertaba sobre la falta de profesionales para dar respuesta ante la pandemia y denunciaba el alto número de trabajadores contagiados así como las pésimas condiciones salariales.
Ante la crisis, se pone en evidencia la necesidad de la centralización de la salud para dar respuesta a la pandemia, una medida de la que rápidamente retrocedió el gobierno nacional, en palabras del propio Ministro de Salud Ginés González García, cediendo ante la demanda de los empresarios del rubro como Belocopitt, dueño de Swiss Medical.