Comunicadores del Sur

16.10.2020

Por Leandro Sorribas

La UBA denuncia que la ocupación es ilegal y usufructúan hace 50 años estos terrenos costeros en el barrio de Núñez. El trato judicial contrasta con las familias que ocupan tierras por no tener donde vivir. Unos son tratados de delincuentes y los otros son negocios.

El Consejo directivo de la UBA denuncia a los clubes náuticos CUBA, Liceo naval y al Centro naval por una ocupación ilegal de terrenos costeros pertenecientes a la universidad. Los mismos se encuentran en el barrio de Núñez al costado de la Ciudad Universitaria, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad. Esos terrenos se cotizan oficialmente en 12 millones de pesos mensuales de canon.
Los terrenos pertenecientes a la UBA fueron cedidos provisoriamente a la Armada Argentina en 1958 por un decreto del entonces presidente Arturo Frondizi y luego ratificado por ley. Desde entonces la Armada fue otorgando permisos provisorios y precarios a los tres clubes en cuestión, sin abonar un solo peso, a pesar de que deberían volver a su dueño original, la Universidad de Buenos Aires.
Esta denuncia no la verás en TN, ni en ningún otro medio de comunicación. Tampoco a ningún juez se le ocurriría denunciarlos como delincuentes y mucho menos pedir un desalojo policial. Un trato completamente distinto, comparado con el trato que sufren las familias que por no tener donde vivir, ocuparon terrenos abandonados y se las pretende desalojar violentamente.
“Toda la situación comenzó a regularizarse el año pasado, cuando la Universidad firmó un acuerdo con la Armada a través del cual se le restituía definitivamente esta franja de 20 hectáreas”, explicaron desde el Consejo directivo de la UBA.
Sin embargo, desde entonces se encuentran en tratativas con los tres clubes para que abandonen las 20 hectáreas que usufructúan y no hay avancen, más bien trabas judiciales para restituir esos terrenos. La actitud complaciente de la justicia con estos clubes de lujo es una demostración palpable que no todos somos iguales ante la ley. Este accionar contrasta brutalmente con el trato que reciben las familias de Guernica por parte de la justicia, la policía y la gobernación de Kicillof.
Los clubes cuentan en esos terrenos costeros con más de 700 amarras para embarcaciones de lujo, que alquilan a sus adinerados socios; talleres de mantenimiento; canchas de tenis; bares; restoranes; piletas; entre otros tantos servicios y actividades rentables. Mientras los clubes realizan estos negocios no abonan ni un peso del canon mensual que se calcula en 6 millones y medio de pesos del club CUBA; 4 millones del Liceo Naval, y 2 millones del Centro Naval.
La Universidad, podría con esos cánones mensuales fortalecer sus planes de becas a estudiantes, como así también realizar obras de mantenimiento y mejoras de sus edificios. Sin embargo, los tres clubes siguen contando a favor las trabas judiciales que se van imponiendo.
La vivienda es un derecho otorgado hasta en la Constitución nacional, sin embargo, la justicia, las fuerzas represivas, los medios de comunicación y los gobiernos amedrentan, estigmatizan, persiguen y reprimen a familias que, sólo ocuparon un terreno abandonado.
Un club náutico de lujo tiene más derechos, que miles de familias sin techo, esa es la verdad. Hay ocupantes y ocupantes. No todos somos iguales ante la ley, unos son más iguales que otros y sobre todo si se es parte del poder económico y de la alta sociedad. Hipocresía de clase.

15.10.2020

La medida de lucha que realizarán hoy los y las profesionales de la salud porteños nucleados en ATE es la continuidad de un plan de lucha en reclamo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de aumento salarial de emergencia, pase a planta permanente en el escalafón profesional de los y las enfermeras y la renovación de 1500 contratos originados para enfrentar la pandemia de Covid-19. Desde las 11 concentrarán en el cruce de la Avenida Caseros y La Rioja, para luego movilizar a la sede de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3160), en el barrio de Parque Patricios, donde instalarán el acampe.

“Este jueves desde las 11 vamos a dar continuidad a nuestro plan de lucha con una movilización y acampe en la sede del Gobierno de la Ciudad”, anunció Héctor Ortiz, secretario general de ATE en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, en referencia a la medida de lucha, que comenzará a las 11 con una concentración en el cruce de la Avenida Caseros y La Rioja, para luego movilizar a la sede de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Uspallata 3160, en el barrio de Parque Patricios, donde procederán a instalar un acampe.
Los principales reclamos de los y las profesionales al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta son el aumento salarial de emergencia, el pase a planta permanente en el escalafón profesional de los y las enfermeras y la renovación de 1500 contratos originados para enfrentar la pandemia de Covid-19.
“El tema de la falta de reconocimiento a los licenciados en enfermería que el Gobierno de la ciudad no se digna a hacer en es un reclamo que viene del 2018. También planteamos un aumento salarial de urgencia”, expresó en declaraciones radiales Ortiz y agregó que al permanecer fuera del escalafón profesional los y las enfermeras sufren “una diferencia salarial de casi 20 mil pesos”. “Este reconocimiento tiene que ver con un esfuerzo: hemos estudiado y nos hemos recibido como licenciados, no entendemos por qué no estamos dentro del escalafón profesional”, remarcó.
En esa línea, apuntó contra el ministro de Salud porteño Fernán González Bernaldo de Quirós: “la explicación que da Quiroz no tiene mucho sentido, dice que no quiere separar a la familia de enfermería porque hacemos el mismo trabajo. Está nivelando para abajo”, sentenció.
Asimismo, destacó el reclamo de la renovación de 1500 contratos creados para enfrentar la pandemia porque, en caso de no renovarse “nos vamos a quedar sin los servicios de enfermería en los hospitales”, remarcó Ortiz.
“Cuando hablamos de todos los trabajadores, abarca a enfermeros, técnicos radiólogos y de laboratorio, administrativos, camilleros, choferes de ambulancias y trabajadoras de servicios generales“, finalizó.

15.10.2020

Así lo afirmó Jorge Adaro, dirigente de Ademys, sobre el anuncio de Acuña para retornar a clases presenciales. Para el gremio, están experimentando con los alumnos “de los sectores más periféricos de la ciudad” para fidelizar el voto de un sector de cara a 2021. Hay paro docente por 48 horas.

“Consideramos que en este marco no puede haber clases y estamos convencidos de que ninguna de estas medidas el gobierno porteño las toma pensando en los niños y niñas que van a las escuelas. Lo que se abre es un adelanto del escenario electoral de 2021 donde no deja de haber una puja con dos temas sensibles, que es el abordaje de la pandemia y el regreso de la escolaridad, entre el gobierno nacional y el porteño”, sostuvo Jorge Adaro, secretario adjunto del sindicato docente Ademys, el cual decretó un paro de 48 horas que durará hasta el miércoles 14, inclusive.
La afirmación se dio luego de que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, anunció que esta semana regresan las clases presenciales para los estudiantes del último año de las escuelas técnicas y comunes, mientras que los alumnos de séptimo grado de la escuela primaria lo harán la semana que viene. Y luego detalló que “se trabajará con grupos de diez chicas y chicos y un docente con el formato de burbuja” y que se habilitará el transporte público para los alumnos.
“El gobierno está vendiendo que empezaron las clases, y lo hicieron sólo en dos escuelas con un porcentaje de la matrícula muy baja, aseguró Adaro. Todos estos meses estuvimos costeando la conectividad igual que las familias para poder trabajar con los alumnos. Familias presentes, docentes presentes, gobierno ausente: esa fue la situación. Ahora hay todo un sector que plantea que no queremos trabajar, mientras que el 11 de septiembre el gobierno porteño reconocía el trabajo que venimos sosteniendo los docentes en este marco. Quieren aliviar un poco a un segmento de la sociedad que tienen que reafirmar en su voto, con un aperturismo a ultranza”.

Marketing versus salud

Para el gremio –que viene denunciando los problemas estructurales del sistema educativo porteño antes de la pandemia-, las escuelas no están preparadas para sostener clases presenciales en el marco de la emergencia sanitaria dado que desde el gobierno dirigido por Horario Rodríguez Larreta no se designó ningún presupuesto de emergencia para acondicionarlas.
“Nosotros somos los primeros que queremos volver al aula, porque estamos trabajando y porque nuestro lugar es el aula. Pero la pandemia en nuestro país no ha tocado techo. En la Ciudad de Buenos Aires estamos en unos 900 casos diarios. Y entendemos que la apertura de las escuelas no va a mejorar este panorama. No es un capricho: no queremos la presencialidad porque no están dadas las condiciones. Hay experiencias en nuestro país donde provincias como San Juan o Catamarca, que tenían un relativo bajo porcentaje de casos de COVID-19, abrieron las escuelas y casi de inmediato tuvieron que volver sobre sus pasos porque empezó el crecimiento de los contagios”, agregó Adaro.
En la misma línea, UTE –el otro gremio mayoritario en representación de los docentes porteños- reafirmó “la necesidad de garantizar la provisión de dispositivos y conectividad a las y los 6.500 estudiantes que lo necesitan hasta tanto la circulación del virus sea baja o nula”, e instó a seguir educando “en modalidad a distancia en contexto de pandemia”. También acusó a Larreta y Acuña de priorizar “el marketing por sobre la salud de las y los estudiantes, sus familias, los trabajadores y las trabajadoras de la Educación en un distrito en el que la cantidad de casos sigue siendo muy alta”. Y convocó a la Retención de Servicios Educativos Presenciales.
Experimentar con los más vulnerables
Mientras, Acuña anticipó una instancia de evaluación y calificación de contenidos a fin de año y la implementación de una “escuela de verano en enero” para fortalecer lo aprendido. De igual manera, informó que se evalúa adelantar un mes el inicio de clases en el período 2021 para recuperar lo perdido durante la pandemia.
Para Adaro, la vuelta a clases presenciales en este contexto va a contramano también de lo que piden las familias de los chicos en edad escolar.
“La pandemia no es igual para todos. No es lo mismo reponerse de un cuadro de COVID-19 para las personas que tienen cubiertas sus necesidades de salud que para los que no tienen nada. Y acá el experimento se está haciendo con los 6.500 alumnos y alumnas que no tuvieron conectividad, que precisamente pertenecen a los sectores más periféricos de la ciudad, los más golpeados por la crisis –consideró el dirigente gremial-. Nosotros estamos en contacto con las familias, yendo a las escuelas cada quince días para la entrega de los bolsones y del material didáctico. Y de esa relación lo que surge es la preocupación sobre en qué condiciones se vuelve a las aulas. Estamos representando lo que la mayoría piensa, que es que no hay condiciones para volver”.

14.10.2020

Luego de un acuerdo entre Ciudad y Nación, se habilitan con determinados protocolos que contemplan límites en cantidad de gente, tiempo de permanencia, uso obligatorio de tapabocas. Continúa la política de apertura económica y comercial.

Luego de siete meses de tener cerradas sus puertas, los shoppings de la Ciudad fueron habilitados para volver a funcionar. La noticia fue publicada en el Boletín Oficial, tras un acuerdo entre las autoridades del Gobierno nacional, con la firma de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, y funcionarios de la Ciudad.
El texto firmado entre las partes, señala que “Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúen las tareas autorizadas deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus trabajadoras y trabajadores, y que estas y estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros”.
El protocolo en vigencia fue establecido entre la Cámara Argentina de Shoppings Centers y el Gobierno porteño y establece distintas pautas de funcionamiento. Entre ellas, que el acceso sea restringido a una persona cada 5 metros cuadrados, aunque dependiendo del tamaño del centro comercial. Por ejemplo, en el shopping Abasto, podrían estar en simultáneo 2500 personas, al igual que en el Dot, mientras que en el Paseo Alcorta, como en el Alto Palermo, no más de 1.400. También se deberá respetar un único sentido de la circulación; un tiempo de permanencia de no más de 90 minutos; se controlará el ingreso de personas con alcohol en gel y tomando la temperatura. Los estacionamientos estarán abiertos, aunque no los patios de comidas, solamente con la modalidad take away o delivery. Los empleadores deberán garantizar el transporte de sus trabajadores, ya que no estará habilitado el transporte público para ellos.
Según la Cámara Argentina de Shoppings Centers, durante los 7 meses de pandemia, el 25% de los locales de los 15 centros comerciales que no estuvieron en funcionamiento, tuvieron que cerrar de forma definitiva.
Esto se suma a los miles de pequeños comercios que se fundieron durante este período, sin contar con ingresos suficientes ni subsidios para sostenerse económicamente.
La apertura de los shoppings es parte de la política de apertura económica y comercial impulsada por el Gobierno de la Ciudad, con el aval de Nación, en el marco de la cual ya el viernes pasado Larreta anunció los nuevos rubros que se sumarían aretomar las actividades (la construcción, los servicios domésticos, la industria fílmica, los espectáculos culturales al aire libre y con pocos espectadores, las calesitas en las plazas, pistas aeróbicas, polideportivos para deportes individuales y los espacios comunes en los consorcios de edificios).
Mientras tanto, los contagios en la Ciudad aunque descendieron de su pico de 1.400, se mantienen en una cifra alta, entre los 700 y 900 casos diarios. La política de aperturas es sin medidas complementarias de cuidado y prevención por parte del Estado.
La apertura de escuelas es otro punto que generó rechazo por parte de la comunidad educativa durante estos meses, y que el gobierno porteño de forma unilateral implementará estas semanas, habilitando la concurrencia de los últimos años del nivel secundario y primario.
Hoy miércoles por la mañana, el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo que “necesitamos que el ingreso sea para comprar, buscar lo que necesitás y que salgas. Cuanto menos tiempo estés adentro, mejor”, haciendo referencia a la apertura de los centros comerciales. Nuevamente, poniendo el eje en la responsabilidad individual, cuando la habilitación de cada vez más actividades viene de parte del propio Estado, que ya permitió el funcionamiento de la mayoría de las actividades en la Ciudad que implica una gran circulación de personas, como los bares.

12.10.2020

Así lo anunció el pasado viernes el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El 18 de diciembre de 2017, durante la brutal represión policial contra las protestas por la votación de la reforma previsional en el Congreso, el joven trabajador cartonero Alejandro “Pipi” Rosado fue pisado y lastimado brutalmente por la moto del policía de la Ciudad, Dante Barisone. “Desde aquel día, con un video viralizado de este asesino con uniforme pisando a nuestro compañero, junto a Pipi y su familia exigimos justicia. Lo agredieron, lo amedrentaron, lo arrojaron al piso, le pasaron por encima con una moto, le quemaron la pierna con el caño de escape y le dieron un escopetazo de perdigones de goma a menos de un metro de distancia. Mientras Patricia Bullrich se empeñó en defender el accionar represivo, este oficial manifestó en su declaración no estar preparado para el trabajo que le encomendaron y fue condenado a ‘tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves, agravadas por abuso de función como miembro de las fuerzas de seguridad’ “, expresó el MTE.

En diciembre del año 2017 hubo una multitudinaria protesta en la Ciudad de Buenos Aires contra el tratamiento de la Ley de reforma jubilatoria, que suponía un empeoramiento de las condiciones económicas de los y las jubiladas y pensionadas durante el macrismo, a raíz del intento del gobierno de Mauricio Macri de cambiar la fórmula de cálculo de haberes.
Durante el debate en el Congreso nacional, la Policía de la Ciudad desató una brutal represión sobre los y las manifestantes, que se extendieron desde la zona del parlamento hasta la 9 de Julio, y de ahí hasta Plaza Constitución. Producto del violento y salvaje accionar policial hubo muchas personas heridas e internadas, entre ellas, jubilados y jubiladas, y periodistas que realizaban su trabajo. Incluso, uno de los manifestantes heridos, Horacio Ramos, herrero de una de las cooperativas de trabajo del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), perdió el ojo derecho tras recibir un impacto de bala y luego inició una causa contra el gobierno de la Ciudad con el acompañamiento legal de María del Carmen Verdú de CORREPI.
En ese contexto, el policía de la ciudad Dante Barisone pisó con su motocicleta a Alejandro Rosado, un joven trabajador cartonero nucleado en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dejándole heridas graves en todo el cuerpo. El viernes la Justicia le dictó su condena por su brutal agresión: “condenaron a Dante Barisone, el policía que pisó brutalmente con la moto al trabajador cartonero Alejandro Rosado en el contexto de la feroz represión del 18 de diciembre del 2017 cuando se votaba la reforma jubilatoria – informó en un comunicado el MTE – Desde aquel día, con un video viralizado de este asesino con uniforme pisando a nuestro compañero, junto a Pipi y su familia exigimos justicia. Lo agredieron, lo amedrentaron, lo arrojaron al piso, le pasaron por encima con una moto, le quemaron la pierna con el caño de escape y le dieron un escopetazo de perdigones de goma a menos de un metro de distancia. Mientras Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri) se empeñó en defender el accionar represivo, este oficial manifestó en su declaración no estar preparado para el trabajo que le encomendaron”, expresó la organización.
La condena de la Justicia fue de “tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves, agravadas por abuso de función como miembro de las fuerzas de seguridad”, amplió la organización.
Y agregó: “este fallo es una prueba más de que la verdad estaba y está de nuestro lado, y la doctrina Chocobar de la mano dura y gatillo fácil que muchos sectores intentaron e intentan imponer se basa en estos manejos violentos de la fuerza contra los que menos tienen. No vamos a permitir que sigan apostando a eso cuando la respuesta está en un proyecto que garantice Tierra, Techo y Trabajo para todos/as”, finaliza el comunicado del MTE.