Comunicadores del Sur

3.7.2020

Las vecinas denuncian que hace varios días están sin agua y sin respuestas de las autoridades: Rodríguez Larreta y AySA. Además aseguran que crecen las muertes por coronavirus y nadie se hace eco. Móvil en Se tenía que decir.

La situación en los barrios populares de la Ciudad sigue siendo preocupante. En medio del crecimiento de casos de Covid-19, las vecinas del barrio Ricciardelli 1-11-14, en el Bajo Flores, denuncian que hay varias manzanas que hace varios días están sin agua.
El móvil de Se tenía que decir y La Izquierda Diario se acercó este viernes al lugar. Las vecinas denunciaron que “hace 5 días que estamos sin agua”. Lo único que tienen un camión que les envían diariamente. “La cisterna nos deja sacar el agua con valdes. Así no se pueden higienizar. es imposible sostener la cuarentena sin agua, algo tan básico”.
¿Qué les responden las autoridades de la Ciudad y la empresa? “Llamamos a AySA y nos da un número, hablamos a eso y nos dicen ya está la denuncia, ya están arreglando, pero no hay nadie arreglando y no hay solución”, dice otra de las mujeres.
Recordemos que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ya ha sido criticada por la situación de otros barrios que sufren los mismos en medio de la pandemia, lo que hace que aumenten las muertes por Covid-19 en lo que constituyen verdaderos crímenes sociales.
La situación de las villas porteñas es alarmante. El pasado miércoles los vecinos de la villa 21-24 realizaron un corte porque hace 10 días que se encuentran sin agua y sin luz en medio de la pandemia. Lo mismo que en el Barrio Ricciardelli (1-11-14).
Además agradecieron a sus vecinos de otras manzanas que colaboran y al móvil que se acercó a reflejar lo que los grandes medios no reflejan. “Gracias a ustedes que vienen para que esto se haga viral. Todos tenemos hijos, hijos chiquitos. Yo como mamá tengo que salir a comprar las cosas. Necesitamos agua para limpiarlos. Por favor, escúchennos”.
Recordemos que ya son varias las denuncias desde el barrio 1-11-14 así como del 31 y otros barrios populares. En este caso los vecinos cuentan que la situación crítica de la villa se recrudeció con la pandemia: el hacinamiento, las viviendas precarias, la falta de trabajo e ingresos, la falta de comida y elementos de higiene y protección, además de los problemas para acceder a la salud.
Las vecinas denunciaron que en ese marco aumentan los muertos por coronavirus que nadie refleja. Una de ellas planteó que “el presidente Menem, con 90 años, también tuvo neumonía y se salvó. Acá hay personas de 40 años con neumonía y están muriendo. Es por todo esto que les estamos contando”.

3.7.2020

Por Marcha

El año pasado, unos meses antes de cumplirse 15 años de la Masacre de Cromañón, sobrevivientes, familiares y amigxs presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de patrimonialización del espacio, actualmente en manos de la misma persona que era la dueña del boliche la noche del incendio.

Este 30 de junio se cumplió medio año más que lxs 194 pibes y pibas de Cromañón no están. A un año de la presentación del proyecto de patrimonialización en la Legislatura Porteña, familiares y sobrevivientes le enviaron una carta abierta a los y las legisladoras para que se impulse su tratamiento. Preservar la memoria es una necesidad para defender a las futuras generaciones y recordar a sobrevivientes, familiares y víctimas que ya no están.
Desde el Movimiento Cromañón, una coordinadora de espacios sociales y organizaciones de familiares, amigxs y sobrevivientes, se envió una nota a las y los integrantes de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad para que traten el pedido de patrimonialización del boliche. “Cada 30 nos preguntamos qué es lo que hay que hacer para lograr algunas cuestiones en relación con la memoria”, expresaron integrantes del Movimiento. La pandemia tampoco es una razón para que no sea tratado. “Quienes más sufrimos el Covid somos la familia Cromañón, porque todos los que hemos estado allí estamos en situaciones de riesgo, en particular muchos de los sobrevivientes” y agregaron que “no estamos ignorando el momento sanitario y político de la Ciudad, pero también sabemos que cuanta más injusticia y desmemoria hay, más nos enfermamos”.
La noche del 30 de diciembre de 2004, una masacre en el boliche República Cromañón se cobró 194 vidas, producto de una serie de complicidades políticas e institucionales. Algunos de sus responsables fueron juzgados, aunque los responsables políticos nunca llegaron a la justicia. Las víctimas se multiplicaron en los años subsiguientes, ya que a las muertes se sumaron familiares y sobrevivientes para quienes la vida se transformó inexorablemente. El Poder Judicial, después de 13 años, decidió entregar el boliche República Cromañón a Rafael Levy, dueño de la propiedad la noche del incendio e integrante de una empresa off shore, condenado como uno de los principales responsables de la masacre.
Marcha dialogó con Silvia Bignami, integrante del Movimiento Cromañón y madre de Julián Rozengart, uno de los pibes que perdió la vida esa noche. Silvia contó que “se niegan a entregar el espacio” y que “una de las anteriores acciones de lucha fue presentar el proyecto de expropiación del lugar”. A pesar de haber obtenido algunas adhesiones importantes, desde la Legislatura porteña sostuvieron que para expropiar el espacio hace falta un dinero que la Ciudad no tiene, lo cual desde el Movimiento Cromañón entienden que es una excusa. Tomaron entonces la iniciativa de presentar un proyecto de patrimonialización, que no es un proyecto alternativo, sino que prepara las condiciones para el proyecto de expropiación.
En relación a la diferencia entre ambos proyectos, Silvia explicó que “patrimonializacion quiere decir proteger. Se protege una calle, se protege una esquina, se protege un edificio por motivos simbólicos, históricos. En nuestro, caso pensamos que el boliche tiene que ser patrimonializado, que no tiene que modificarse nada más de la fachada, que no se pueda usar para cualquier cosa, que no se pueda poner otro boliche, que no se pueda construir un edificio. Esa patrimonializacion además crearía condiciones, porque le bajaría el valor monetario e impediría que el dueño haga un negocio”.
Bignami explicó que “para este proyecto de patrimonializacion, muchos legisladores nos dijeron que no tenían ningún problema. El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el año pasado le dijo a un periodista por radio que no tenía problema con que fuese un espacio de memoria pero a nosotros nunca nos recibió. El proyecto de patrimonilizacion fue apoyado y levantado por el socialismo, por el Frente de Todos, por toda la izquierda y por los radicales”.
La pandemia y el aislamiento no desalentaron al Movimiento Cromañón que persevera: “este año empezamos a hacer reuniones virtuales y tanto el Frente de Todos como el radicalismo de Evolución nos dijeron que estaban de acuerdo, entonces lo que hay que hacer es reunir la comisión. También en su momento, algunos se ofrecieron a ser quienes intercedieran con el núcleo duro del Pro, que no dijeron que no estaban de acuerdo sino que era caro. El proyecto de patrimonialización requiere una decisión política y no una erogación de dinero”.
Y concluyó exigiendo que “se reúna la Comisión, que estemos nosotros presentes y que nos den una respuesta y nos dejen de pelotear. Enviamos una carta, logramos que se les entregue en mano a los quince legisladores de la Comisión. Por ahora, no estamos teniendo ninguna respuesta formal o informal, pero la Comisión sabemos que se reunió por otros temas, no es que no está funcionando en lo absoluto la Legislatura. Queremos que se apruebe, por lo menos, el proyecto en primera instancia, que igualmente nos va a llevar todo el año este debate. Nosotros estamos esperando una respuesta”.

3.7.2020

Los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry, presentaron un proyecto para que se derogue una reciente ley aprobada en la Legislatura, que en nombre del antisemitismo habilita la judicialización de cualquier denuncia y protesta contra los crímenes del Estado de Israel. Los diputados ya han recibido ataques al respecto. La legisladora Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad, adhirió al pedido.

La ley en cuestión es la N° 6.309 sancionada el 18 de junio de 2020, bajo el título “Adóptase la definición de “antisemitismo” aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)”. Esta ley fue apoyada por todos los bloques mayoritarios y defendida por la diputada Claudia Neira del Frente de Todos, ya que La misma es consecuencia del acuerdo suscripto por el canciller Felipe Sola el 8 de junio con la Resolución N° 114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Los diputados del Frente de Izquierda autores del pedido de derogación, Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Gabriel Solano, advierten que dicha ley entraña una definición de antisemitismo con un problema de fondo: “si bien cuestiona el antisemitismo, al hablar de “instituciones” deja abierta la posibilidad por ejemplo de que el Estado de Israel pueda quedar integrado a esa definición. Esta es una definición absurda, que utiliza políticamente el legítimo rechazo al antisemitismo, rechazo que compartimos y enfrentamos cada expresión y política antisemita, para acallar las críticas hacia la opresión y los crímenes del sionismo e Israel contra los pueblos árabes en general y los palestinos en particular”.
Veamos que dice la definición creada por el IHRA y votada con la ley 6.309: “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a lugares de culto”.
Al pedido de derogación que tiene como autor a los diputados del Frente de Izquierda, adhiere la diputada de AyL Marta Martínez. Los diputados, justifican en sus fundamentos para la derogación en que, a partir de la sanción de dicha ley el Estado podría “perseguir y judicializar manifestaciones y críticas contra un estado opresor del pueblo palestino y protector de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Su aplicación en los términos manifestados tanto en el texto dado a conocer como en el documento del IHRA, significan una abierta invitación a la censura y persecución de ideas, algo inadmisible, incluso constitucionalmente”.
Y esta preocupación y denuncia no es en vano, ya que a días de haber sido sancionada la ley N° 6.309, los diputados del Frente de Izquierda fueron amenazados con un juicio cuando estos hicieron público su rechazo. La amenaza fue declarada en un comunicado de prensa de la Organización Sionista Argentina (OSA), donde anunciaba que “iniciará acciones legales contra los tres diputados del Frente de Izquierda-Unidad que integramos esta Legislatura”.
Los diputados dejan en claro en los fundamentos del pedido de derogación de esta ley: “Los legisladores y las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda Unidad repudiamos y nos movilizaciones contra cualquier expresión de antisemitismo y seguimos denunciando la impunidad del encubrimiento estatal del atentado contra la AMIA. No vamos a renunciar a nuestro derecho y a nuestra obligación de denunciar a quienes en nombre de un crimen como el Holocausto oprimen a otros pueblos”.

2.7.2020

Este jueves se conoció el fallo que pretende dejar en la calle a las 350 personas que viven en el predio de Santa Cruz 140, en Parque Patricios.

En una muestra de los intereses a los que verdaderamente representa, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires muestra su peor cara, y pretende dejar en la calle a 350 personas de las cuales 131 son niñas, niños y adolescentes. La diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda Alejandrina Barry, así lo denunció en su cuenta de Twitter.
En septiembre del año pasado ya habían resistido una amenaza de desalojo. Organizados en asambleas y con el apoyo de organizaciones barriales y de izquierda, pudieron sostener la que es su vivienda desde hace 18 años. Hoy, la justicia vuelve a la carga, con el objetivo de beneficiar a los especuladores inmobiliarios.
Estas familias vienen luchando para obtener el edificio que estaba vacío y sin uso en el año 2002, en plena crisis económica. Allí fue cuando lo ocuparon, y a lo largo de los años buscaron la manera de adquirirlo a través de créditos y gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) que nunca les fueron otorgados. En el año 2010 el edificio fue subastado, pero a ellas y ellos los dejaron sin posibilidad. La venta se autorizó a Leonardo Ratuschny, empresario que se dedica a adquirir inmuebles a bajo costo y ponerlos en valor para emprendimientos inmobiliarios, por la insignificante suma de $1.555.000. Y a partir de allí, las amenazas de dejarlos en la calle no cesan.
La referente Susana Ordoñez, vecina de la Casa y miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, declaró en los medios que “desde el día que resistimos al desalojo seguimos trabajando para encontrar una solución habitacional definitiva. Iniciamos un amparo colectivo y pedimos la suspensión del desalojo por 18 meses para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y de la Nación un proyecto que nos permita comprar el edificio y construir nuestras viviendas”.
Y continuó resaltando lo que significa esta decisión en un contexto de pandemia por COVID y endurecimiento de la cuarentena iniciado el 1 de julio, lo que hace aún más grave este intento de la justicia: “incluso en cuarentena estamos trabajando en esta perspectiva; pero de un día para el otro nuevamente el dueño, en complicidad con la Justicia, nos quieren dejar en la calle, en un contexto que como bien sabemos es sumamente delicado, ¿a dónde vamos a ir?”.
Quedan claras las prioridades del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la justicia. La especulación inmobiliaria y los negociados que se desprenden de ella, incluso en medio de una pandemia mundial, siguen siendo más importantes que las vidas de las familias trabajadoras y el derecho a una vivienda digna. Mientras en Puerto Madero o barrios como Palermo o Recoleta se siguen construyendo viviendas que están vacías para negocios inmobiliarios, miles siguen luchando por conseguir un techo.
Mientras tenemos que escuchar a funcionarios que de manera cínica y a través de los medios nos dicen que nos quedemos en casa, por atrás y en complicidad con la justicia, siguen intentando dejar en la calle a cientos de familias. Mientras tanto, los contagios y muertes por Covid crecen, y los ejemplos de personas que mueren en la calle expuestos a las peores condiciones son moneda corriente.
Es necesario que se solucione la situación de las familias de la Casa Santa Cruz, pero además hace falta un plan de viviendas urgente a nivel nacional, que atienda las necesidades de todas las familias trabajadoras, sobre todo de las más vulnerables que no cuentan con ingresos a veces ni siquiera para costear un alquiler, pero que día a día salen a la calle a buscar el sustento de sus familias.

30.6.2020

Por Mariano Nieva

Un nuevo documento dio a conocer el equipo de sacerdotes que viven en las villas de la ciudad y la provincia de Buenos de Aires. Esta vez, denunciaron la falta de servicios de salud y atención médica de urgencia en los barrios populares.

“El hospitalito”, un anexo del “Hogar de Cristo” que atiende a grandes cantidades de pibes y pibas en situación de calle con problemáticas de consumo y enfermedades como la tuberculosis y HIV, fue el escenario para que un grupo de sacerdotes encabezados por el padre obispo Gustavo Carrara, que ejercen su tarea pastoral en villas y asentamientos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), presentaran un nuevo comunicado llamado: “La imperiosa necesidad de la ambulancia en las villas y barrios populares”.
En el mismo, se denuncia, entre otras cosas, el deficiente servicio del sistema de salud a la hora de atender a los vecinos y vecinas de estas barriadas. “En todo este tiempo ha pasado numerosas veces que la persona falleció antes de que llegara la emergencia médica”, sostuvieron.
A continuación el documento completo:
Los curas compartimos la vida con nuestros vecinos, viviendo en la villa. Todos los días, los más pobres se encuentran con la vida y la muerte, con la salud y la enfermedad, luchando por una vida digna.
Muchas veces hemos manifestado el dolor que produce la privación de oportunidades y derechos por vivir en barrios llamados marginales: falta de vacante en escuelas, inseguridad en sentido amplio, rechazo en trabajos por vivir en una villa, transporte público deficiente, sistema de salud expulsivo…
En este último punto queremos focalizar esta declaración.

Desde hace décadas, en las villas del llamado “AMBA” (ciudad de Buenos Aires y Conurbano) es insuficiente, hasta deficiente, el servicio de emergencias médicas. Hubo causas judiciales pero sigue sucediendo que muchas veces la ambulancia llega más tarde de lo estipulado. En todo este tiempo ha pasado numerosas veces que la persona falleció antes de que llegara la emergencia médica.
¡Cuántas muertes se habrían evitado si la ambulancia hubiera llegado a tiempo! Demasiados vecinos de barrios pobres fallecieron desangrados mientras la ambulancia no llegaba. No consideramos que sea excusa la imposibilidad de llegar a los pasillos. Siempre hay un punto al que el móvil puede llegar y entre los vecinos y las fuerzas de seguridad acompañar al personal de salud hasta el domicilio o lugar donde se encuentra el damnificado.
Durante este tiempo de pandemia y cuarentena se han visibilizado retrasos con consecuencias indeseables. Sigue habiendo retrasos escandalosos de ambulancias, tanto en CABA como en el Conurbano, muchas veces con resultados nefastos. Pero sabemos que esto viene pasando desde hace tiempo.
Consideramos que es necesario que en las villas y barrios populares del AMBA se corrijan estos errores. Estamos dispuestos a colaborar en este sentido. Muchas organizaciones sociales de nuestros barrios también.
Hay experiencias de unidades de traslado barriales. Son intentos en los que se busca la complementación con el servicio de emergencias médicas. Como en otras cosas, la comunidad se organiza para el bien del mismo barrio.
De allí queremos acercar una propuesta: En aquellas villas o barrios populares que muestran capacidad de organización para esto, el Estado puede proporcionar una unidad de traslado. No se trata de reemplazar el sistema oficial de emergencias médicas, pero sí de complementar el servicio estatal.
Algunas de nuestras parroquias y capillas u otras organizaciones pueden comprometerse a coordinar esto.
En cada barrio, de acuerdo con sus características, se puede ver cómo organizar este servicio. Esto podría favorecer la aceleración de ciertos traslados de personas con afecciones menores. Por supuesto que las afecciones más complicadas (por ejemplo, un herido con lesiones severas) quedarían exclusivamente para el servicio de emergencia médica del Estado.
Estamos dispuestos a conversar en mesa de trabajo los detalles de esta propuesta. De esta manera, queremos ayudar para que mejore la presencia del Estado en nuestros barrios, articulando con la organización de la comunidad. Con estos deseos y en actitud de diálogo, quedamos a disposición.
Que la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Salud interceda por la vida digna de los vecinos de las villas y barrios populares y por una mejor integración socio-urbana.
Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Capital y Provincia.
P. Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, Vicario para la Pastoral en Villas de CABA.
P. José María Di Paola, P. Eduardo Drabble, P. Andrés Benítez. Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. Diócesis de San Martín.
P. Guillermo Torre, P. Agustín López Solari. Villa 31. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Juan Isasmendi, P. Patricio Etchepareborda, P. Lucas Walton. Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Lorenzo de Vedia, P. Facundo Ribeiro. P. Ramiro Terrones, P. Carlos Olivero. Villa 21-24 y Zavaleta. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Nibaldo Leal. Villa Hidalgo. Diócesis de San Martín.
P. Hernán Cruz Martín, P. Gustavo Rofi. Barrio Don Orione – Claypole. Obra Don Orione. Diócesis Lomas de Zamora.
P. Basilicio Brítez. Villa Palito. Diócesis de San Justo.
P. Nicolás Angellotti. Puerta de Hierro, San Petesburgo y 17 de Marzo. Diócesis de San Justo.
P. Domingo Rehin. Villa Lanzone. Diócesis de San Martín.
P. Gastón Colombres, P. Marco Espínola. Villa 15. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Damián Reynoso. Monoblocks Villa Soldati. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Martín Carroza, P. Oscar Gallegos Álvarez, P. Ramiro Pannunzio. Villa Cildañez. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Adrián Bennardis, P. Ariel Corrado. Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Joaquín Giangreco. Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno.
P. Juan Manuel Ortiz de Rozas. San Fernando. Diócesis de San Isidro.
Carlos Morena, Mario Romanín, Fernando Montes, Juan Carlos Romanín, Salesianos, Don Bosco. Villa Itatí. Diócesis de Quilmes.
P. Leonardo Silio. Barrios Manantiales, Atalaya, Rififí, Cascallares, Cassasco. Diócesis Merlo-Moreno.
P. Pedro Baya Casal. Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Andrés Tocalini. Villa Los Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Franco Punturo, Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Omar Mazza. Villa Inta. Arquidiócesis de Buenos Aires.