Comunicadores del Sur

23.10.2020

La Justicia porteña le impidió hoy a Rodríguez Larreta, a través de una cautelar, avanzar con la venta de terrenos públicos. Allí vale entre 9.000 y 11.000 dólares el metro cuadrado. Un negocio millonario entre el gobierno y las empresas constructoras.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no podrá avanzar por el momento en la venta de terrenos en Costa Salguero, ya que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad dictó una medida cautelar que se lo impide.
La venta de esa zona de la Costanera Norte, muy codiciada, iba a tener como destino la construcción de un barrio náutico de lujo, con torres de hasta 29 metros de altura, actividades comerciales en la costa del río y hasta un helipuerto, con grave impacto ambiental.
El Tribunal estableció que el procedimiento para el tratamiento de la ley de la venta de terrenos en Costa Salguero en la Legislatura porteña fue inconstitucional. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que fue impulsor de la causa judicial, junto con otros organismos, “La sentencia no suspende el tratamiento del Proyecto de ley en discusión en la Legislatura para autorizar un emprendimiento inmobiliario en la costanera, sino que establece que hasta la finalización de la causa judicial no se pueda vender el predio”.
La fundamentación para dicha sentencia se basó en que el predio de Costa Salguero forma parte del “dominio del Estado y constituyen parte de la Ribera del Río de la Plata”, y según la Constitución de la Ciudad, en su Artículo 8, se prevé que “Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, por lo tanto, el Estado debe garantizar la protección de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, “en particular la recuperación de las áreas costeras”.
El negocio del gobierno porteño con la venta de terrenos de la Ciudad tiene largos antecedentes. Sin ir más lejos, ayer 22 de octubre se aprobó en la Legislatura la modificación del Código urbanístico para construir una torre de 50 pisos en Puerto Madero a cambio de 2,5 millones de dólares y la construcción de una plaza en homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA, en el Parque de la Memoria en Costanera Norte. Una plaza que ni siquiera equivale a la conquista de un espacio verde, sino a reconvertir una parte de la Costanera.
Las diputadas porteñas por el PTS/FIT, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, vienen denunciando de forma incansable estos negociados de Rodríguez Larreta con las empresas constructoras, junto a organizaciones ambientalistas y vecinos que se movilizan, y principalmente el jugoso negocio millonario de la venta de terrenos cercanos al rio: “En Costa Salguero o Punta Carrasco se calcula que en esos edificios que van a construir, el valor del metro cuadrado va a estar entre los 9.000 y 11.000 dólares”, señaló Bregman en una entrevista en Radio AM 530.
Luego añadió: “Lo de Costa Salguero nos tiene que servir para poner una mirada sobre lo que está pasando en nuestra Ciudad, una ciudad completamente expulsiva. No queremos más este tipo de ciudad, donde prácticamente comprar es imposible, y ahora también alquilar, porque cuando vemos que hay conflicto por la vivienda en el Conurbano, también tiene un origen con lo que pasa en esta Ciudad. Muchas de esas personas trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá es imposible vivir”.
Mientras Larreta y los dueños de las grandes empresas continúan haciendo estos negocios inmobiliarios a costa de los terrenos públicos de la Ciudad, hay miles de familias que se encuentran en una situación desesperante, que se agravó con la pandemia, porque no tienen donde vivir, como las mujeres del Hotelito, en la Villa 31. Ellas siguen peleando para que el gobierno no las desaloje y les reconozca el derecho a tener un techo, una vivienda digna donde quedarse junto a sus hijos.
Esta situación es la de miles, como las familias de Guernica, que necesitan un lugar donde vivir.

23.10.2020

El uso de tecnologías de reconocimiento facial para la detención de personas prófugas fue aprobado este jueves por la Legislatura porteña, con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras fue rechazado por 18 legisladores y legisladoras de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos, aunque el proyecto original fue presentado por la legisladora del FDT Claudia Neira. Las organizaciones Access Now, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, DATAS, la Fundación Vía Libre y Observatorio de Derecho Informático Argentino rechazaron la votación: “existe evidencia suficiente para afirmar que los sistemas de reconocimiento facial, no solo son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad, sino que también producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas. El uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”, destacaron.

La aprobación en la Legislatura porteña se dio en el marco de la votación de las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública que, entre otros puntos, regula el uso de tecnologías de reconocimiento facial para detectar y detener personas prófugas de la justicia, método objetado por organismos de derechos civiles y humanos en Argentina y varias ciudades del mundo.
La medida fue aprobada con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras fue rechazada por 18 legisladores de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos, aunque originalmente fue presentada por la legisladora Claudia Neira del FDT, luego de lo cual se trató en las comisiones de Justicia y Seguridad, dónde recibió dictamen por parte de los representantes de Vamos Juntos. Lo mismo iba a suceder en la comisión de Derechos Humanos, pero esa instancia fue finalmente anulada y derivó en el tratamiento definitivo que este jueves se le dio en el recinto. Por este recorrido es que varios organismos de derechos humanos y civiles denunciaron que el delicado proyecto avanzaba sin un debate real.
En un comunicado conjunto, Access Now, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, DATAS, la Fundación Vía Libre y Observatorio de Derecho Informático Argentino expresaron su rechazo a lo que consideran una “legitimación de la vigilancia masiva en el espacio público mediante la sanción de una reforma de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública”. “El proyecto de reforma, expediente 1686-D-2020, propone la incorporación del Sistemade Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) a la Ley 5688 – detalla el comunicado de los organismos – El SRFP fue implementado por el Gobierno de la Ciudad en abril del año pasado, mediante la Resolución 398/19 del Ministerio de Justicia y Seguridad. La incorporación de esta tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos”, denunciaron.
Entre los derechos que los organismos identifican como vulnerados por la medida se encuentran la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, la no discriminación, y la presunción de inocencia y debido proceso.
Con respecto a la privacidad, señalan que “el sistema no solo procesa información biométrica de las personas buscadas, sino de todo transeúnte que pase frente a las cámaras. Es, por lo tanto, una modalidad de vigilancia masiva, y su implementación no es necesaria o proporcionada en ninguna circunstancia“. En cuanto a la libertad de expresión expresan que “la idea de estar bajo constante vigilancia produce un efecto inhibitorio, sobre todo en aquellas personas que emiten discursos críticos contra las mismas autoridades que tienen control sobre estas tecnologías”. En cuanto a la libertad de reunión y asociación sostienen que “al eliminar el anonimato, la tecnología de reconocimiento facial impide el libre ejercicio de este derecho por el miedo a futuras represalias”. Sobre la no discriminación consideran que “se ha demostrado que esta tecnología tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura, lo cual deriva en un sin número de falsos positivos y afecta de forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Finalmente, con respecto a la presunción de inocencia y debido proceso entienden que “el sistema asume que todos y todas somos culpables, por lo que recolecta datos sensibles para determinar luego si somos o no una persona buscada“.
Además, los organismos señalaron que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso este sistema de manera opaca, esquivando la discusión pública, y sin llevar a cabo estudios sobre el impacto en derechos humanos”. Además, destacan: “los problemas del SRFP han sido reconocidos por el Sistema Universal de Protección delos Derechos Humanos. Durante su visita a Argentina, en 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad Joseph Cannataci manifestó que no veía la ‘proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud’ .La Legislatura es la instancia democrática adecuada para poner límites a todo accionar del Poder Ejecutivo que afecte el goce y ejercicio de derechos fundamentales. Cabe destacar que este proyecto de ley ni siquiera fue discutido en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Legislatura. Es preocupante que las y los legisladores desconozcan la grave afectación que el uso de este tipo de tecnologías provoca en la vida de todos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes sostienen que “existe evidencia suficiente para afirmar que los sistemas de reconocimiento facial, no solo son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad, sino que también producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas”. Al mismo tiempo, manifiestan que “el uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”.
En la misma línea, durante el debate en el recinto la diputada del FIT-PTS Myriam Bregman rechazó el proyecto porque “legaliza un cuestionado sistema que ha sido denunciado por discriminación en todo el mundo“. En la misma línea, agregó: “esta Ciudad tiene una triste historia de espionaje, persecución arbitraria. Si hay alguien que denunció a este sistema fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se quejó de que le ponían cámaras en la puerta de la casa. Este sistema sirve para la persecución política y la criminalización de la protesta social“, argumentó.

22.10.2020

Trabajadores del sistema de salud de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) se movilizaron la sede de la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo del reconocimiento de la profesión y de mejoras en las condiciones laborales. «Es una miseria lo que ganamos los enfermeros», aseguran.

La convocatoria consistió en una concentración frente a la Maternidad Sardá, en el barrio porteño de Parque Patricios, en tanto, mientras que una horas después se trasladaron a la sede Jefatura de Gobierno, ubicada a pocas cuadras.
En la previa, los trabajadores difundieron un video elaborado con la colaboración de personalidades de la cultura y del espectáculo que destacaron la necesidad de atender el reclamo en medio de la pandemia por el coronavirus.
El sector también denuncia que sus salarios apenas superan los 30.000 pesos, con jornadas de trabajo extenuantes y pluriempleo para cubrir la canasta básica.
«Pedimos pertenecer a la carrera profesional, nuestro sueldo está bajo la línea de pobreza y tenemos pluriempleo», sostuvo Norma Romero, enfermera del Hospital Ramón Sardá en declaraciones.
«A mí me abrieron la cabeza por el golpe que me dieron en la represión. Si no tenemos respuesta se viene el paro», aseguró la trabajadora.
«Trabajo hace 21 años, gano 35.000 pesos por turno, y la hora extra la pagan 50 pesos. Es una miseria lo que ganamos los enfermeros», concluyó.

21.10.2020

La defensa de Luis Chocobar, el policía que es juzgado por haber asesinado por la espalda a Pablo Kukoc de 17 años en 2017 en el barrio porteño de La Boca, había pedido la suspensión del debate, pero el Tribunal Oral de Menores Nº 2 lo rechazó y el juicio seguirá el próximo miércoles a las 12:30.

El Tribunal Oral de Menores Nº 2 rechazó el planteo de la defensa del policía Luis Chocobar para suspender el debate y el juicio continuará el próximo miércoles 28 de octubre. El policía es juzgado por haber asesinado por la espalda al joven Pablo Kukoc mientras corría después de un robo.
El planteo de la defensa fue que el juicio quede en suspenso “hasta que se resuelva un recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la negativa de que sea juzgarlo por un jurado popular”.
El caso Chocobar se transformó en un símbolo de impunidad, que fue respaldado por el entonces Gobierno de Mauricio Macri, quien lo recibió personalmente en la Quinta Presidencial de Olivos, el día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, todo un mensaje para avalar el gatillo fácil y la impunidad, dando el nombre de Doctrina Chocobar, a los fusilamientos que lleva adelante de la policía con la excusa de “combatir el delito”.
Este aval fue el puntapié para el conocido como Protocolo Bullrich, la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad durante el macrismo, que avalaba a los policías a disparar a “sospechosos” de delitos sin necesidad de que éstos posean armas reales, cuando consideren que están “huyendo” tras cometer un presunto delito o cuando se considere que hay una alta probabilidad de que puedan provocar daños a terceros (sin necesidad de estar armados).
Contra esta Resolución, Bregman, Lacorte y otros referentes y luchadores por los derechos humanos presentaron un recurso judicial para evitar que se consumen las ejecuciones sumarias.
El juicio contra Chocobar comenzó el 9 de octubre, a pesar de los intentos de los abogados del policía por retrasarlo, con todo tipo de maniobras durante los tres años en que la justicia demoró su inicio. Te puede interesar:
El día de su inicio Myriam Bregman, luchadora incansable por los derechos humanos y legisladora porteña por el PTS-FIT señaló: “El caso Chocobar a esta altura es un claro símbolo de impunidad, donde se están dirimiendo distintas doctrinas de cómo debe intervenir un policía armado en la calle. Lo aberrante que tiene esta causa lo denunció muy bien, al explicar que “La justicia y la fiscalía, rápidamente, se pone al lado del agresor y de la policía. Después aparece estos discursos tipos los de Patricia Bullrich, que dice que es inocente, y yo lo voy a defender, aunque me demuestran lo contrario”.
Y agregó: “Hay que hacer una estadística, un mapeo de los últimos 100 casos de gatillo fácil y no vamos a encontrar ni uno solo en donde la fiscalía no diga que la bala rebotó en el piso. Ese es el argumento, siempre”. Y para demostrarlo contó el caso de Carla Lacorte en Quilmes, que fue baleada por la espalda mientras esperaba un colectivo y ese fue el argumento de la defensa del policía que le disparo.
Las declaraciones de Bregman cobran suma importancia. Esta mañana mientras se desarrollaba la audiencia, Carla Lacorte quien es referente del Ce.Pro.Dh y víctima del gatillo fácil, y desde hace años lucha junto a otras víctimas y familiares contra la impunidad, publicó en su cuenta de twitter la exigencia de juicio y castigo.
Sectores envalentonados que defienden a los asesinos del gatillo fácil no dudaron en atacarla. Pero esto tiene una explicación, y es que desde el poder político estas prácticas son amparadas, como lo hace actualmente el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, la provincia con más casos de gatillo fácil desde que comenzó la pandemia
Mientras la crisis social avanza, el Estado refuerza el aparato represivo destinando más presupuesto, más recursos, avalando y encubriendo su accionar, como en el caso de Facundo Astudillo Castro, mientras se estigmatiza a la juventud, que es de los sectores sociales que más está sufriendo la crisis social.

20.10.2020

Los enfermeros y enfermeras dieron otro paso a través de la causa que abrieron ATE y otros actores hacia el reconocimiento de la profesionalización de varias licenciaturas. Estos trabajadores de la salud tienen previsto, así mismo, movilizarse este miércoles hasta la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con el reclamo.

La justicia porteña declaró inadmisible el recurso de apelación que presentó el Gobierno de la Ciudad en la causa que iniciaron ATE y otros actores para que se incorpore a los y las licenciadas en Enfermería, en producción de bioimágenes y en psicomotricidad a la Carrera de Profesionales de la Salud de CABA.
La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Patricia López Vergara, quien había rechazado a comienzos de octubre declarar abstracta la causa, ahora declaró inadmisible el recurso presentado.
ATE presentó el amparo contra el Ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta para solicitar que «se declare la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 7 de la ley 6035/18», es decir, los artículos que dejan afuera de la ley (que determina quiénes son profesionales de la salud) a las y los licenciados en enfermería, los licenciados en producción de bioimágenes y en psicomotricidad, entre otros. La presentación reclamaba también que se incorpore en el régimen de la Carrera de los Profesionales a los «trabajadores/as que a la fecha de la sanción de dicha ley contaran con título y matrícula habilitante de las licenciaturas en enfermería y/o producción de bioimágenes y/o psicomotricidad».
La respuesta del Gobierno fue pedir que se declare abstracto el objeto de la causa porque crearon una «nueva carrera de enfermería y especialidades técnico-profesionales de la salud». Sin embargo, desde la asesoría legal de ATE Capital señalaron que esa carrera de enfermería «son actas de negociación paritarias firmadas sólo con una de las representaciones sindicales, Sutecba y que, además, son actas impugnadas, justamente por su falta de representatividad. A lo que se suma que el objeto del amparo es incluir a los profesionales en la ley 6035».
Los enfermeros y enfermeras tienen previsto movilizarse este miércoles hasta la sede de la Jefatura de Gobierno, en Parque Patricios, para continuar con el reclamo salarial, por condiciones laborales y por la condición de profesionales en la CABA.