Comunicadores del Sur

11.11.2020

El pasado martes 10 de noviembre, vecinas/os y organizaciones protagonizaron una importante movilización al Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat de CABA. Los principales reclamos fueron la quita de restricciones al acceso al subsidio habitacional, la creación de una línea inmediata para casos de violencia de género y un piso de $ 15.000 para ayuda económica que permita solventar alquileres y evitar la ola de desalojos.

La medida del pasado martes se enmarca en un plan de lucha escalonado que fue votado en el Congreso por la vivienda, realizado en Plaza de Mayo el pasado 16 de octubre. Allí se elaboró un programa de 15 puntos con demandas tanto al gobierno nacional de Alberto Fernández como al de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta (PRO). Entre los puntos, se encuentran la declaración de la emergencia habitacional a nivel nacional, la creación de un banco de tierras para la construcción de vivienda social, la incorporación de los inmuebles ociosos para alquiler social a través de uso social o expropiación, sumado a un impuesto a las viviendas vacías.
Con las armas de la policía de Berni aún humeantes luego del violento desalojo en Guernica, la crisis habitacional a nivel nacional se ha puesto en agenda pública. Con el poder político y los defensores de la propiedad privada envalentonados, se han sucedido desalojos de recuperaciones de tierra en Chaco, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires y demás provincias, dejando aún más precario e incierto el futuro habitacional de miles de familias que sufren la falta estructural de políticas de suelo y vivienda desde hace décadas.
Mientras el gobierno retoma iniciativa (por derecha), Guzmán recibe al FMI y comienza un plan de ajuste feroz sobre les trabajadores. Esto se demuestra en el ajuste a les jubilades, la quita del IFE, y el acuerdo con la CGT para llevar paritarias a la baja. Además, el presupuesto 2021 presenta recortes en áreas como salud y seguridad social.
En el área de tierra y vivienda también ha habido movimientos. Hace poco más de un mes, la Secretaría de Integración Socio-Urbana pasó de la esfera del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social, un sector con mayor vínculo y experiencia de trabajo con las organizaciones sociales. Gesto necesario de Fernández a organizaciones sociales afines para evitar un “fuego amigo” de tomas de tierra. A su vez, se da la novedad del desembarco de Ferraresi al ministerio de Hábitat que conducirá hasta el jueves 12 la Arquitecta María Eugenia Bielsa, en un movimiento con intenciones similares. Esto se da a días de declaraciones del presidente Fernández en relación a “poner a producir” las tierras ociosas (fiscales) del país, pero aclarando que no se trata de una reforma agraria. No vaya a ser que la derecha crea que va a ir en contra de la propiedad privada. Mientras tanto, el PRO.CRE.AR es hoy único programa de vivienda social con condiciones de ingreso expulsivas para la clase trabajadora, y el programa de Alquiler Social definido en la nueva ley de alquileres, brilla por su ausencia.
Si estas son las medidas adoptadas por el gobierno nacional, ¿qué resta para la derecha de Larreta y el PRO en la Ciudad? En la ciudad más rica del país, más de 300.000 personas habitan en villas, muchísimes inquilines alquilan a través del mercado informal y se calculan más de 7000 personas en situación de calle. Además, hay más de 1.000.000 de pobres, cuya situación ha empeorado rotundamente a partir de la crisis económica que se vive en el mundo entero, en una de las mayores crisis del capitalismo que no logra una recomposición sostenida desde hace ya mucho tiempo.
Así, como primer medida de lucha, la organizaciones que participaron del Congreso por la vivienda en la Ciudad ha entregado un petitorio de demandas en la Jefatura de Gobierno de CABA el martes 3/11 exigiendo respuestas tanto inmediatas como estructurales. Del mismo, hasta el día de la fecha, el gobierno porteño no ha dado ningún tipo de respuestas.
Como segunda medida concreta, se realizó la movilización del pasado martes 10/11, donde el Polo Obrero, las Consejerías de Vivienda, el MTR 12 de Abril, el MTL Rebelde y vecines de hoteles, pensiones y villas realizaron un corte en Pavón y Entre Ríos, sede de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, encabezada por Maximiliano Corach. Dicha cartera, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es quien tiene a cargo el programa de Asistencia a personas y familias en situación de calle, que otorga subsidios habitacionales a población vulnerable. Producto de esta medida de fuerza, fue recibida una delegación que presentó al funcionario una lista de demandas que incluye los siguientes puntos:- Quita de requisitos para el acceso al subsidio habitacional, dado que los mismos dejan por fuera a muchísimas personas y familias. Por empezar, el ingreso requiere estar en situación efectiva de calle, cuando una política de estas características debería evitar que se llegue a dicha situación. Además, requisitos como presentar la boleta de ABL de la vivienda que se alquila es completamente inaccesible para quienes alquilan en villas, por ejemplo.- Línea urgente para víctimas de violencia de género. Como se sabe, la pandemia ha recrudecido los conflictos de violencia intrafamiliar y muchas mujeres y disidencias continúan conviviendo con su agresor por la imposibilidad material de alquilar una nueva vivienda. Así, se exige que la sola denuncia por violencia sea suficiente para acceder al subsidio. – Aumento del monto. Hoy, el subsidio habitacional va de $ 5.000 a $ 8.000, mientras una habitación con baño y cocina compartida en el barrio de Constitución ronda los $ 14.000. Se demanda que el monto mínimo ascienda a $ 15.000 y el máximo a $ 24.000- Plus por desendeudamiento en las cuotas. La falta de trabajo ha generado cuantiosas deudas en los alquileres y es por esto que se requiere de un plan de desendeudamiento urgente. Por este motivo, se propone que a cada cuota del subsidio se le adicione un proporcional de la deuda total para ir saldando la misma.- Ordenamiento de la fecha de cobro. Se exige que las mismas sean entre los días 1 y 5 de cada mes.
Luego de la reunión en donde las organizaciones presentaron sus demandas al funcionario, el mismo se comprometió a dar una reunión para jueves o viernes de la semana entrante para dar una respuesta. En la asamblea del cierre de la medida, las organizaciones dejaron en claro que de no recibir una respuesta certera y favorable, se fortalecerán las acciones de lucha.
Además, se planteó la continuidad del reclamo también en la esfera nacional. Resulta que hoy los desalojos en el circuito formal, así como la suba de los alquileres, se encuentran prohibidos por el DNU 766 que vence el 31/1/21. Sin embargo, les inquilines precarizades que no cuentan con contrato y habitan en hoteles, pensiones y villas quedan por fuera de esta normativa y los desalojos aumentan día a día. Otras situaciones de precariedad habitacional como las casas y tierras recuperadas tampoco están consideradas, lo cual genera un peligro para miles de familias que ven en la toma de espacios y viviendas abandonadas su última esperanza de acceder, al menos por mano propia ante la ausencia estatal, al derecho a la tierra y la vivienda dignas. Por esto, quienes participaron de la medida de fuerza, plantearon la necesidad de posicionar en la agenda de lucha de las organizaciones a nivel nacional, la extensión y ampliación del DNU 766, para evitar lo que en febrero se avizora como una ola de desalojos de no prorrogarse esta medida.

11.11.2020

La paritaria de los trabajadores de la Ciudad, acordada entre la administración Larreta y el gremio que representa a los municipales porteños, SUTECBA, quedó en un 15% no remunerativo en 3 cuotas. ATE la rechaza. Habrá concentración virtual.

El último acuerdo paritario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, acordada entre la administración Horacio Rodríguez Larreta y el SUTECBA, quedó en un 15% no remunerativo que se pagará en 3 cuotas, un 5% a partir de noviembre, otro 5% en diciembre y el último en enero de 2021.
El Secretario de Comunicación de ATE Capital, Ignacio Cámpora, especificó que este acuerdo, además de ser insuficiente, se firmó sin el procedimiento regular para hacerlo: «Nunca convocaron a audiencia.»
«Es imperioso un aumento salarial. Si la recaudación fiscal aumenta, pero la canasta básica de alimentos también y nuestros salarios no alcanzan, hay algo que no nos cierra. Mañana estatales de la Ciudad de Buenos Aires realizaremos cese de actividades y movilizaremos en dos puntos clave a las 11 horas. Además bajo la consigna «ConectATE por tu salario» habrá concentración virtual a partir las 13 horas.»
También exigen al gobierno porteño que cumpla el fallo judicial y convoque a discutir el aumento de las asignaciones familiares, «Están congeladas desde hace 4 años con un valor fijo de nada más que $ 270 por hijo cuando la misma asignación pagada por la ANSES es de más de $ 3.000».
A las 11:00 harán concentración en Perón y Anchorena, frente al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en Carrillo y Brandsen, por los hospitales de Salud Mental. A las 13:00 harán una concentración virtual en https://us02web.zoom.us/j/5977892352 También habrá concentraciones en otros hospitales y lugares de trabajo de la ciudad.
El personal hospitalario todavía reclama un bono prometido para octubre y personal de recambio porque el agotamiento generalizado llega a niveles preocupantes: «En Capital se produce un fenómeno llamativo, porque en los hospitales no hubo un gran recambio generacional por lo que los trabajadores de salud son personas más bien mayores, por lo que el riesgo de exposición es mayor, y además están extenuados.»

10.11.2020

Por Colectivo de Medios Populares*

En una nueva audiencia del juicio, la madre de Juan Pablo Kukoc declaró en contra del policía que asesinó a su hijo en el barrio de La Boca. A muy poco de que se cumplan tres años del homicidio, se hará una inspección y estudio en La Boca, lugar donde lo ejecutaron por la espalda al joven.

Familiares nucleados en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se congregaron el pasado miércoles en las puertas de Tribunales de Comodoro Py en apoyo a la familia de Juan Pablo Kukoc, un joven asesinado por la espalda por Luis Chocobar. Allí se llevó adelante la cuarta audiencia del juicio al policía, quien asesinó al joven en diciembre del 2017 luego de que este cometiera un asalto y donde resultó gravemente herido un turista estadounidense.
La madre del joven, Ivone Kukoc, antes de iniciar su declaración conversó con las madres de otres pibes asesinades. Fue así que respondió a la justificación previa del policía que aseguró haber cumplido con su “deber”. “Dice que fue su deber. Eso le quiero preguntar al juez, si el deber de los policías es matar y dejar tirado así como lo dejó a Pablo”, arremetió Ivone. Y agregó: “Con la cabeza en alto pido justicia y que el juez me aclare qué pasó con mi hijo y que haya un castigo para ese policía que es un asesino (…) No quiso responder las preguntas que le hizo mi abogado. Solamente declaró que él cumplía con su deber. Él sabe cuál es la verdad, él sabe que lo mató, que tiró a matar”.
La jornada tanto dentro como fuera del recinto estuvo marcada por el sentir de las familias, con cánticos y pancartas recordaron a quienes murieron bajo el ilegítimo accionar policial y expresaron su repudio. En la calle un cordón de la Policía de la Ciudad separaba a quienes acompañaron el reclamo de justicia por Kukoc de un grupo “autoconvocado” que exige el sobreseimiento de Chocobar. Este último grupo, en las primeras audiencias contó con la presencia de Mariano Díaz, ex capitán del Grupo Halcón, sumariado en 2014 y reconocido vocero de los levantamientos sediciosos de la policía bonaerense en septiembre de este año.
En cuanto a la declaración, el abogado de la familia Kukoc, Pablo Rovatti, aseguró que el testimonio de Ivone fue “muy duro, muy sentido y doloroso”. “Declaró durante alrededor de una hora, y debió ser interrumpido durante algunos minutos”, expresó el abogado respecto al pedido de la madre que no pudo contener el llanto. Tras su participación, Ivone se comunicó nuevamente con las familias que por altavoz pudieron escuchar sus palabras. “Gracias a ustedes que estuvieron ahí dándome fuerza, pude contestar todo con la verdad, porque hay una sola verdad: el policía le disparó a mi hijo por la espalda (…) Yo no estoy pidiendo que lo maten como hicieron con mi hijo. Como él tiene la oportunidad de ser juzgado, que le den un castigo”, finalizó.
El tribunal decidió continuar la próxima instancia este miércoles 11 de noviembre en el barrio de La Boca, para realizar una inspección ocular en Garibaldi y Olavarría, donde ocurrió el robo en el que fue herido el turista, y en Suárez e Irala, a más de dos cuadras de allí, donde Chocobar le disparó a Pablo por la espalda. Según comunicó Ivone Kukoc, espera estar en esta oportunidad, ya que su abogado, Pablo Rovatti, estaría tramitando el viaje de Salta a Buenos Aires para poder presenciar lo que resta del juicio.

(*) La Retaguardia, Radio Gráfica, Radio Presente, FM Riachuelo, Revoluciones, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, Revista Resistencias.

10.11.2020

Los precios en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento de 52,3 % en lo que va del 2020, y la inflación fue del 22,3 %. Según una encuesta, el 38,4 % de los inquilinos no podrá hacer frente al pago total del alquiler en el mes de noviembre.

Los salarios son bajos y los precios para alquilar una vivienda cada vez son más caros. Los precios de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento de 52,3 % en lo que va del 2020, un porcentaje que duplica a la inflación. Según el Indec, en septiembre la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año fue de 22,3 %.
Según los precios publicados en Zonaprop, el precio promedio para el alquiler de un departamento medio de dos ambientes y 50 metros cuadrados se ubica en casi $ 29.000 por mes. Esto significa un incremento del 4,1 % en octubre, en comparación con el mes de septiembre. En tanto, una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $ 40.153 mensuales. Un monto muy elevado para las familias que tienen que alquilar ya que el 60 % de los asalariados percibió menos de $ 35.000 en el segundo trimestre del año, según informó el Indec.
Según el informe en octubre, la suba mensual descendió en relación al pico de julio (cuando fue de 7,9 %) y de agosto (de 6,5 %). El documento señala que “parece converger a valores previos a la sanción de la nueva ley (de alquileres). Como consecuencia de ello, en los últimos 6 meses, los alquileres se ajustaron a una velocidad del 76 % anual, se trata del mayor incremento desde el inicio de la serie”.
El barrio más caro para alquilar en la ciudad es Puerto Madero, con un precio promedio de $ 59.125 por mes, seguido de Palermo ($ 34.946 por mes) y Núñez ($ 33.994 por mes). En la zona media de precios están Villa Ortúzar ($ 29.916 por mes), Parque Chas ($ 28.772 por mes), Villa Crespo ($ 28.204 por mes), Villa del Parque ($ 26.985 por mes) y Boedo ($ 26.370 por mes).
Los barrios más económicos para alquilar son Villa Luro ($ 24.330 por mes), Constitución ($ 24.246 por mes) y, por último, Liniers ($ 24.114 por mes).
Según una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional, el porcentaje de ingresos totales del hogar que se destina al pago del alquiler es del 51,7 %, aumentando 3,1 puntos con respecto al mes anterior (octubre).
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Además, el 60 % de los inquilinos, a pesar de la prohibición por decreto, sufrió subas en los precios de los alquileres en el período marzo/octubre.
Un dato alarmante es que según la encuesta, el 38,4 % de los inquilinos no podrá hacer frente al pago total del alquiler en el mes de noviembre. Esto equivale a 1.344.000 hogares en todo el país. Del universo que no puede afrontar el pago del alquiler, el 58,5 % acumula deudas de 2 meses o más. Lo que significa que 786.240 hogares están en condiciones de ser desalojados cuando finalice el decreto.
Ante el déficit habitacional es necesario un plan de obras públicas y vivienda para los sectores populares, controlado por las organizaciones obreras y populares. Ningún desalojo a las familias sin techo.

9.11.2020

Por Demián Verduga

La semana pasada una formación de la Línea E del subte de Buenos Aires descarriló en la estación Independencia. En ese momento, los Metrodelegados aseguraron que de haber sucedido con varios pasajeros viajando y en el túnel, o cruzándose con un tren de sentido contrario, “podría haber sido una tragedia”.

A esto se suman los problemas con el asbesto, tareas y estudios médicos que quedaron parados desde el inicio de la pandemia. Y la decisión del gobierno porteño de sumar actividades. Esto casi inexorablemente traerá más utilización del transporte público. “El Gobierno de la Ciudad quería sumar más formaciones para noviembre, pero no es posible”, le dijo a Diario Z Roberto (Beto) Pianelli, secretario general de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.
-¿Qué posición tiene respecto de sumar más formaciones por las reaperturas que hizo el Gobierno porteño?
-El problema es el control para garantizar el distanciamiento social. No hay nadie que controle. Y es muy difícil. En las cabeceras puede ser que encuentres alguien que pida los permisos, pero no en el resto de las estaciones. Tampoco está bien señalizado qué lugar se puede ocupar y cuál no en los vagones. O si hay que dejar un asiento entre pasajero y pasajero. Es decir, no están dada las condiciones para agregar más movimiento. El tema es que como Horacio Rodríguez Larreta habilitó tantas actividades, ahora quiere ampliar las posibilidades de utilización del transporte público.
–Hay un tema con los aires acondicionados…
-Sí. Estamos pidiendo una audiencia. Hay cuatro líneas y la mitad de otra que tienen aire acondicionado que en general se utiliza. Si es verdad que hay que ponerles filtro especial para garantizar que no sean reproductores de un aire viciado, no podemos ampliar la cantidad de formaciones antes de arreglar eso.
-La semana pasada hubo en descarrilamiento en la Línea E. ¿Fue un hecho fortuito o es un riesgo latente en esa línea?
-Es un tema de la Línea E, que recorre la zona Sur de la Ciudad, en la que viajan sectores menos pudientes. Son coches muy viejos. Había un plan de reconversión para sacar esos trenes que son de la década del ’60. No se pudo hacer en medio de la pandemia y decidieron utilizar una de estas formaciones. Y pasó lo que pasó. No tenemos claro el motivo técnico del incidente porque no nos han dejado participar de los peritajes. Si descarrila es porque algo anda mal. Si eso hubiera pasado en el túnel, la formación se hubiera caído hacia un costado. Lo cierto es que la Línea E está totalmente abandonada. Es la que menos trenes tiene. Hace falta un plan de inversión sobre esa línea. Ninguna estación tiene ascensor, por ejemplo, para discapacitados.
-¿Qué pasó con las formaciones con asbesto y la situación de salud de los trabajadores?
-Desde que empezó la pandemia todo quedó frenado. También se interrumpieron los estudios sobre el impacto en la salud de los trabajadores por haber tenido contacto con el asbesto. A nuestro entender falta hacerle esos análisis alrededor de 1000 de nuestros compañeros. Para la empresa faltan menos porque elaboraron una lista de 1200 que tuvieron contacto. En el relevamiento que hicimos nosotros nos da 3000. Pero todo quedó parado por la pandemia.
–Sobre los estudios que ya se hicieron, ¿cuántos presentan consecuencias por haber tenido contacto con el tóxico?
-Alrededor de 30 trabajadores.