Comunicadores del Sur

3.7.2020

Los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry, presentaron un proyecto para que se derogue una reciente ley aprobada en la Legislatura, que en nombre del antisemitismo habilita la judicialización de cualquier denuncia y protesta contra los crímenes del Estado de Israel. Los diputados ya han recibido ataques al respecto. La legisladora Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad, adhirió al pedido.

La ley en cuestión es la N° 6.309 sancionada el 18 de junio de 2020, bajo el título “Adóptase la definición de “antisemitismo” aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)”. Esta ley fue apoyada por todos los bloques mayoritarios y defendida por la diputada Claudia Neira del Frente de Todos, ya que La misma es consecuencia del acuerdo suscripto por el canciller Felipe Sola el 8 de junio con la Resolución N° 114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Los diputados del Frente de Izquierda autores del pedido de derogación, Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Gabriel Solano, advierten que dicha ley entraña una definición de antisemitismo con un problema de fondo: “si bien cuestiona el antisemitismo, al hablar de “instituciones” deja abierta la posibilidad por ejemplo de que el Estado de Israel pueda quedar integrado a esa definición. Esta es una definición absurda, que utiliza políticamente el legítimo rechazo al antisemitismo, rechazo que compartimos y enfrentamos cada expresión y política antisemita, para acallar las críticas hacia la opresión y los crímenes del sionismo e Israel contra los pueblos árabes en general y los palestinos en particular”.
Veamos que dice la definición creada por el IHRA y votada con la ley 6.309: “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a lugares de culto”.
Al pedido de derogación que tiene como autor a los diputados del Frente de Izquierda, adhiere la diputada de AyL Marta Martínez. Los diputados, justifican en sus fundamentos para la derogación en que, a partir de la sanción de dicha ley el Estado podría “perseguir y judicializar manifestaciones y críticas contra un estado opresor del pueblo palestino y protector de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Su aplicación en los términos manifestados tanto en el texto dado a conocer como en el documento del IHRA, significan una abierta invitación a la censura y persecución de ideas, algo inadmisible, incluso constitucionalmente”.
Y esta preocupación y denuncia no es en vano, ya que a días de haber sido sancionada la ley N° 6.309, los diputados del Frente de Izquierda fueron amenazados con un juicio cuando estos hicieron público su rechazo. La amenaza fue declarada en un comunicado de prensa de la Organización Sionista Argentina (OSA), donde anunciaba que “iniciará acciones legales contra los tres diputados del Frente de Izquierda-Unidad que integramos esta Legislatura”.
Los diputados dejan en claro en los fundamentos del pedido de derogación de esta ley: “Los legisladores y las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda Unidad repudiamos y nos movilizaciones contra cualquier expresión de antisemitismo y seguimos denunciando la impunidad del encubrimiento estatal del atentado contra la AMIA. No vamos a renunciar a nuestro derecho y a nuestra obligación de denunciar a quienes en nombre de un crimen como el Holocausto oprimen a otros pueblos”.

2.7.2020

Este jueves se conoció el fallo que pretende dejar en la calle a las 350 personas que viven en el predio de Santa Cruz 140, en Parque Patricios.

En una muestra de los intereses a los que verdaderamente representa, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires muestra su peor cara, y pretende dejar en la calle a 350 personas de las cuales 131 son niñas, niños y adolescentes. La diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda Alejandrina Barry, así lo denunció en su cuenta de Twitter.
En septiembre del año pasado ya habían resistido una amenaza de desalojo. Organizados en asambleas y con el apoyo de organizaciones barriales y de izquierda, pudieron sostener la que es su vivienda desde hace 18 años. Hoy, la justicia vuelve a la carga, con el objetivo de beneficiar a los especuladores inmobiliarios.
Estas familias vienen luchando para obtener el edificio que estaba vacío y sin uso en el año 2002, en plena crisis económica. Allí fue cuando lo ocuparon, y a lo largo de los años buscaron la manera de adquirirlo a través de créditos y gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) que nunca les fueron otorgados. En el año 2010 el edificio fue subastado, pero a ellas y ellos los dejaron sin posibilidad. La venta se autorizó a Leonardo Ratuschny, empresario que se dedica a adquirir inmuebles a bajo costo y ponerlos en valor para emprendimientos inmobiliarios, por la insignificante suma de $1.555.000. Y a partir de allí, las amenazas de dejarlos en la calle no cesan.
La referente Susana Ordoñez, vecina de la Casa y miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, declaró en los medios que “desde el día que resistimos al desalojo seguimos trabajando para encontrar una solución habitacional definitiva. Iniciamos un amparo colectivo y pedimos la suspensión del desalojo por 18 meses para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y de la Nación un proyecto que nos permita comprar el edificio y construir nuestras viviendas”.
Y continuó resaltando lo que significa esta decisión en un contexto de pandemia por COVID y endurecimiento de la cuarentena iniciado el 1 de julio, lo que hace aún más grave este intento de la justicia: “incluso en cuarentena estamos trabajando en esta perspectiva; pero de un día para el otro nuevamente el dueño, en complicidad con la Justicia, nos quieren dejar en la calle, en un contexto que como bien sabemos es sumamente delicado, ¿a dónde vamos a ir?”.
Quedan claras las prioridades del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la justicia. La especulación inmobiliaria y los negociados que se desprenden de ella, incluso en medio de una pandemia mundial, siguen siendo más importantes que las vidas de las familias trabajadoras y el derecho a una vivienda digna. Mientras en Puerto Madero o barrios como Palermo o Recoleta se siguen construyendo viviendas que están vacías para negocios inmobiliarios, miles siguen luchando por conseguir un techo.
Mientras tenemos que escuchar a funcionarios que de manera cínica y a través de los medios nos dicen que nos quedemos en casa, por atrás y en complicidad con la justicia, siguen intentando dejar en la calle a cientos de familias. Mientras tanto, los contagios y muertes por Covid crecen, y los ejemplos de personas que mueren en la calle expuestos a las peores condiciones son moneda corriente.
Es necesario que se solucione la situación de las familias de la Casa Santa Cruz, pero además hace falta un plan de viviendas urgente a nivel nacional, que atienda las necesidades de todas las familias trabajadoras, sobre todo de las más vulnerables que no cuentan con ingresos a veces ni siquiera para costear un alquiler, pero que día a día salen a la calle a buscar el sustento de sus familias.

30.6.2020

Por Mariano Nieva

Un nuevo documento dio a conocer el equipo de sacerdotes que viven en las villas de la ciudad y la provincia de Buenos de Aires. Esta vez, denunciaron la falta de servicios de salud y atención médica de urgencia en los barrios populares.

“El hospitalito”, un anexo del “Hogar de Cristo” que atiende a grandes cantidades de pibes y pibas en situación de calle con problemáticas de consumo y enfermedades como la tuberculosis y HIV, fue el escenario para que un grupo de sacerdotes encabezados por el padre obispo Gustavo Carrara, que ejercen su tarea pastoral en villas y asentamientos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), presentaran un nuevo comunicado llamado: “La imperiosa necesidad de la ambulancia en las villas y barrios populares”.
En el mismo, se denuncia, entre otras cosas, el deficiente servicio del sistema de salud a la hora de atender a los vecinos y vecinas de estas barriadas. “En todo este tiempo ha pasado numerosas veces que la persona falleció antes de que llegara la emergencia médica”, sostuvieron.
A continuación el documento completo:
Los curas compartimos la vida con nuestros vecinos, viviendo en la villa. Todos los días, los más pobres se encuentran con la vida y la muerte, con la salud y la enfermedad, luchando por una vida digna.
Muchas veces hemos manifestado el dolor que produce la privación de oportunidades y derechos por vivir en barrios llamados marginales: falta de vacante en escuelas, inseguridad en sentido amplio, rechazo en trabajos por vivir en una villa, transporte público deficiente, sistema de salud expulsivo…
En este último punto queremos focalizar esta declaración.

Desde hace décadas, en las villas del llamado “AMBA” (ciudad de Buenos Aires y Conurbano) es insuficiente, hasta deficiente, el servicio de emergencias médicas. Hubo causas judiciales pero sigue sucediendo que muchas veces la ambulancia llega más tarde de lo estipulado. En todo este tiempo ha pasado numerosas veces que la persona falleció antes de que llegara la emergencia médica.
¡Cuántas muertes se habrían evitado si la ambulancia hubiera llegado a tiempo! Demasiados vecinos de barrios pobres fallecieron desangrados mientras la ambulancia no llegaba. No consideramos que sea excusa la imposibilidad de llegar a los pasillos. Siempre hay un punto al que el móvil puede llegar y entre los vecinos y las fuerzas de seguridad acompañar al personal de salud hasta el domicilio o lugar donde se encuentra el damnificado.
Durante este tiempo de pandemia y cuarentena se han visibilizado retrasos con consecuencias indeseables. Sigue habiendo retrasos escandalosos de ambulancias, tanto en CABA como en el Conurbano, muchas veces con resultados nefastos. Pero sabemos que esto viene pasando desde hace tiempo.
Consideramos que es necesario que en las villas y barrios populares del AMBA se corrijan estos errores. Estamos dispuestos a colaborar en este sentido. Muchas organizaciones sociales de nuestros barrios también.
Hay experiencias de unidades de traslado barriales. Son intentos en los que se busca la complementación con el servicio de emergencias médicas. Como en otras cosas, la comunidad se organiza para el bien del mismo barrio.
De allí queremos acercar una propuesta: En aquellas villas o barrios populares que muestran capacidad de organización para esto, el Estado puede proporcionar una unidad de traslado. No se trata de reemplazar el sistema oficial de emergencias médicas, pero sí de complementar el servicio estatal.
Algunas de nuestras parroquias y capillas u otras organizaciones pueden comprometerse a coordinar esto.
En cada barrio, de acuerdo con sus características, se puede ver cómo organizar este servicio. Esto podría favorecer la aceleración de ciertos traslados de personas con afecciones menores. Por supuesto que las afecciones más complicadas (por ejemplo, un herido con lesiones severas) quedarían exclusivamente para el servicio de emergencia médica del Estado.
Estamos dispuestos a conversar en mesa de trabajo los detalles de esta propuesta. De esta manera, queremos ayudar para que mejore la presencia del Estado en nuestros barrios, articulando con la organización de la comunidad. Con estos deseos y en actitud de diálogo, quedamos a disposición.
Que la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Salud interceda por la vida digna de los vecinos de las villas y barrios populares y por una mejor integración socio-urbana.
Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Capital y Provincia.
P. Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, Vicario para la Pastoral en Villas de CABA.
P. José María Di Paola, P. Eduardo Drabble, P. Andrés Benítez. Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. Diócesis de San Martín.
P. Guillermo Torre, P. Agustín López Solari. Villa 31. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Juan Isasmendi, P. Patricio Etchepareborda, P. Lucas Walton. Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Lorenzo de Vedia, P. Facundo Ribeiro. P. Ramiro Terrones, P. Carlos Olivero. Villa 21-24 y Zavaleta. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Nibaldo Leal. Villa Hidalgo. Diócesis de San Martín.
P. Hernán Cruz Martín, P. Gustavo Rofi. Barrio Don Orione – Claypole. Obra Don Orione. Diócesis Lomas de Zamora.
P. Basilicio Brítez. Villa Palito. Diócesis de San Justo.
P. Nicolás Angellotti. Puerta de Hierro, San Petesburgo y 17 de Marzo. Diócesis de San Justo.
P. Domingo Rehin. Villa Lanzone. Diócesis de San Martín.
P. Gastón Colombres, P. Marco Espínola. Villa 15. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Damián Reynoso. Monoblocks Villa Soldati. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Martín Carroza, P. Oscar Gallegos Álvarez, P. Ramiro Pannunzio. Villa Cildañez. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Adrián Bennardis, P. Ariel Corrado. Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Joaquín Giangreco. Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno.
P. Juan Manuel Ortiz de Rozas. San Fernando. Diócesis de San Isidro.
Carlos Morena, Mario Romanín, Fernando Montes, Juan Carlos Romanín, Salesianos, Don Bosco. Villa Itatí. Diócesis de Quilmes.
P. Leonardo Silio. Barrios Manantiales, Atalaya, Rififí, Cascallares, Cassasco. Diócesis Merlo-Moreno.
P. Pedro Baya Casal. Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Andrés Tocalini. Villa Los Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Franco Punturo, Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Omar Mazza. Villa Inta. Arquidiócesis de Buenos Aires.

29.6.2020

Lo resolvió el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 55 en relación al hecho de violencia institucional que ocurrió el 17 de junio pasado. La Cámara confirmó su procesamiento pero resolvió excarcelarlo

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, a cargo de la jueza de la jueza Alejandra Allud, procesó al gendarme Diego Rocha en el marco de la causa que investiga la muerte del joven Facundo Scalzo, en un hecho de violencia institucional ocurrido, en el barrio Rivadavia I de Bajo Flores, el 17 de junio pasado. Tras su procesamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió excarcelar al efectivo y confirmar su procesamiento por homicidio por exceso de la legítima defensa: “bajo el agravante por haber sido un delito cometido por personal de la fuerza de seguridad en funciones y el uso de armas de fuego”. Según determinaron fuentes judiciales no se probó que Facundo estuviera armado ni que haya efectuado ningún disparo.
“La calificación legal que se le asignó al hecho endilgado a Diego Arturo Rocha al dictarse su procesamiento (homicidio calificado por tratarse de personal de fuerza de seguridad agravado por el uso de un arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa, artículos 34, inciso 6°, 35, 41 bis y 80, inciso 9° del Código Penal), en tanto supone el reenvío a la escala penal del artículo 84 de ese ordenamiento, habilita la concesión del beneficio solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 317, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”, señalaron los camaristas en su fallo. De esta manera, los jueces concedieron la excarcelación “de Diego Arturo Rocha bajo caución juratoria con la obligación de comunicarse quincenalmente con el juzgado de origen por los medios compatibles a la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 que la a quo entienda suficientes, lo que podrá luego modificarse por su concurrencia personal. Además, se establecerá la prohibición de acercamiento a menos de 1000 metros del lugar del hecho y del domicilio de los familiares de la víctima así como también de todo contacto por cualquier medio con sus coimputados, testigos o querellante en el presente proceso”.
Cabe recordar que la semana pasada, la abogada de la familia del joven, Romina Ávila, sostuvo: “El día del crimen hacía calor entonces había mucha gente caminando en el barrio, mucha gente vio todo pero se negaron a declarar porque tienen mucho miedo, pero pudimos conseguir testigos presenciales que declararon y lo seguirán haciendo. Son vecinas que no conocían a la víctima y afirman que Facundo nunca disparó un arma y que si le dispararon por la espalda. La autopsia arroja resultados contundentes confirmando que los tiros fueron por la espalda, dos en sus brazos y dos en su espalda con una muerte instantánea con orificios de entrada y salida. Se van a seguir haciendo pericias balísticas para poder determinar el origen de las vainas encontradas en el lugar. Se encontraron catorce vainas en el lugar de los hechos y la mayoría pertenecen a las armas de los gendarmes.”
Además, la letrada desarrolló: “Lamentablemente se está queriendo desvirtuar la causa e instalar cosas que nada tienen que ver por parte de la opinión pública. Facundo era el mayor de cuatro hermanos de una familia muy humilde pero muy pujante que fueron criados por una madre sola, con un padre ausente desde hace muchos años. Facundo no era narco, no era chorro. Era un pibe muy humilde y honesto, no era lo que están queriendo instalar en algunos medios de comunicación donde se intenta desviar la discusión”.

29.6.2020

Así lo determinó el juez Roberto Gallardo frente al incumplimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la medida cautelar que le ordenaba garantizar computadora e internet a sus estudiantes, tal como lo denunciaron el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Frente Salvador Herrera.

En su sentencia (https://buff.ly/2YKlOFi), el magistrado ordena:
1º) Crear el “Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas” para que los estudiantes realicen el pedido de computadoras e internet directamente al Tribunal.
2º) Las solicitudes de inclusión en el Registro deberán ser enviadas a dirección de correo electrónico a: juzgadocayt2.registro@jusbaires.gob.ar
Diariamente el Tribunal publicará en el expediente electrónico la nómina de los inscriptos y demás datos colectados.
3º) El Juzgado se contactará con las autoridades de los establecimientos educativos de la CABA y con las Comunas, para encomendarles la difusión de este mecanismo, la recepción de las solicitudes y su remisión al Registro creado por el Juzgado.
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN PARA SOLICITAR COMPUTADORA E INTERNET, según sentencia judicial de fecha 29 de Junio de 2020.
REGISTRO JUDICIAL DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES INFORMÁTICAS NO SATISFECHAS
* La inscripción se efectúa mediante comunicación vía correo electrónico al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 2 a la siguiente dirección: juzgadocayt2.registro@jusbaires.gob.ar
* ¿Quiénes pueden enviar MAIL?:
a) Los estudiantes que asistan a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada de cuota cero o sus representantes legales.
b) Las entidades presentadas en autos en carácter de coactores.
c) Los docentes y personal directivo y de supervisión de los establecimientos educativos dependientes del GCBA.
Cualquier duda se puede ingresar a este grupo de whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/GduQ7N8oKPM8DGYtNBIwDA
* Deberán enviar por mail la SOLICITUD de INSCRIPCIÓN con el siguiente CONTENIDO (Propuesta de Mail):
“Al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, en virtud de las Medidas Cautelares dictadas el 8, el 16 y el 29 de junio de 2020, en los expedientes judiciales acumulados Exptes. N° 3264-2020/0, N° 3747-2020/0, N° 3807-2020/0 y N° 4012-2020/0, vengo a solicitar una computadora y acceso libre y gratuito a internet.
A) Nombre y apellido completo, Documento de Identidad del alumno/a y edad:
Nombre y apellido completo y Documento de Identidad de sus representantes legales:
Detallar el vínculo del representante legal con el alumno/a:
(Si es posible acompañar copia anverso y reverso de los DNI de ambos)
B) DOMICILIO real (indicar si es el caso que vive en una villa, barrio de emergencia o asentamiento)
C) ESTABLECIMIENTO educativo (indicar de nivel y sección):
D) DECLARACIÓN JURADA: Declaro que integro el colectivo de sujetos amparados por la medida cautelar vigente en autos, es decir, soy alumno/a que asiste a un establecimiento educativo de la CABA, ya sea de gestión pública o de gestión privada de cuota cero, en situación de vulnerabilidad social y que no tengo acceso a un equipo informático acorde a mis necesidades pedagógicas y a internet.
E) ACREDITACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL:
E.1. Residencia en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA (Si tu domicilio es en estos barrios y está actualizado en el DNI, si es posible, acompaña copia del DNI del estudiante)
o
E.2. Adjuntar copia de percepción de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional por parte de algún integrante de la familia.
o
E.3. Acompañar informe socio ambiental que dé cuenta de la situación de vulnerabilidad social.
F) CONTACTO (mail, whatsapp o teléfono)