Comunicadores del Sur

27.7.2020

El colectivo denuncia que hay 274 camas de UTI para pacientes Covid-19 (lejos de las 450 que informó el GCBA), mientras hay 290 pacientes graves. Al 22 de julio contaban con una ocupación del 100%. El colapso tanto en el sistema público como el privado es inminente y los trabajadores y profesionales de la salud lo vienen anunciando. ¿Qué medidas tomará el gobierno porteño?

La Asamblea de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de la Ciudad denunció que las camas de terapia intensiva (UTI) para pacientes con Covid-19 alcanzaron el 100% de su capacidad. A su vez, denuncian que el 47% de los hospitales tienen camas UTI, de las cuales al 22 de julio estaban ocupadas un 100%.
“Las 450 camas de Terapia Intensiva ( UTI) que informan tener no existen, contabilizan como UTIs camas que no tienen ni el equipamiento, ni el personal para ser consideradas como tales. El colapso de los hospitales ya está desarrollándose, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes actualizamos el relevamiento que venimos haciendo. Hoy existen 274 camas de UTI de la cuales el 85,5% se encuentran ocupadas, y más del 40% de los efectores cuenta con el 100% de camas ocupadas, principalmente, los Hospitales de Agudos”, denuncian.
El relevamiento incluye los datos de la cantidad de camas de UTI para Covid que tiene cada hospital porteño.
Desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se relevaron cifras similares, y denuncian que actualmente el sistema de salud privado también se encuentra al borde del colapso: hospitales y clínicas privadas están trabajando al 100% de su capacidad. Entre un 50% o 60% de la internación en terapia intensiva es por Covid-19 y la característica es que tienen internaciones prolongadas.
El doctor Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), advirtió que en la Ciudad se está llegando al colapso y que flexibilizar la cuarentena, en este contexto crítico, “fue una decisión temeraria”.
“Ante el aumento de casos y de muertes esto genera un escenario preocupante. Lo que quiero decir que el colapso del sistema sanitario se ha tornado verosímil. Esto significa que va a haber pacientes que no van a poder ser atendidos. Algo que ya ocurrió en Milán y en Madrid”, señaló el doctor.
Por su parte, las trabajadoras y concurrentes del Hospital Piñero, denuncian que hay sólo 8 camas de terapia intensiva en todo el Bajo Flores y Lugano, y ya se encuentran también al 100% de su capacidad.
Esta situación de colapso ya viene siendo anunciada por sus trabajadores. Además del hospital Piñero, en el Durand, el Garrahan, incluso en el Posadas, de la zona oeste de Provincia de Buenos Aires.
También continúan creciendo las altas tasas de contagios entre el personal de salud, como en el Durand, con 201 contagiados, entre los que se encuentra el enfermero fallecido Julio Gutiérrez, o en el Garrahan, con 122.
Mientras tanto, el ministro de Salud porteño Fabián Quirós, pone el eje en la responsabilidad individual por el aumento de los contagios, en lugar de indicar qué política llevarán adelante desde el gobierno para hacer frente a este inminente colapso del sistema de salud: “Hay mucha gente haciendo encuentros sociales en lugares cerrados y no es conveniente. Tenemos que evitar al máximo los cruces de familias, amigos, conocidos”, señaló hace unos días, echando culpas a la gente.
No hizo ninguna referencia, por supuesto, a la falta de protocolos o al incumplimiento de estos, por parte de los dueños de fábricas y empresas, que obligan a concurrir a los trabajadores a pesar de tener síntomas, que no los quieren testear ni garantizar su aislamiento preventivo. Para ellos la “culpa” es de las reuniones sociales, no de los gobiernos que no nos cuidan y siguen favoreciendo a las patronales, a costa de la salud de los trabajadores.

27.7.2020

Concentramos el miércoles 29 de Julio en Congreso a las 9 horas.

Denunciamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su falta de respuestas, en un momento de la vida de nuestro país, cuarentena por medio, donde las condiciones de trabajo se agravan día a día, donde la inflación devora nuestro poder adquisitivo y el virus hace estragos en nuestros barrios con miles de vecinos infectados y sin acceso a los servicios básicos como la luz y el agua. Ante esto el gobierno de la ciudad no da respuestas satisfactorias, sino dilataciones y ninguneo. A pesar de las reuniones donde reconocen la situación crítica que vivimos los trabajadores precarizados y de las promesas de dar respuestas, no hemos llegado a ningún lugar.
Desde el año 2015 venimos desarrollando un emprendimiento textil, que provee guardapolvos y frazadas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este acuerdo se hizo con el gobierno a fin de generar trabajo, con un ingreso digno para nuestros compañeros, ya que los programas de trabajo del gobierno de la ciudad de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos se habían cerrado.
Desde que comenzamos a trabajar con el gobierno permanentemente hemos tenido dificultades para fijar el precio de lo que confeccionamos ya que el precio siempre nos lo han determinado desde el gobierno de la Ciudad, sin posibilidad de ajuste. Los aumentos han estado constantemente por debajo de la inflación, lo que en la práctica se convierte en el cierre efectivo de nuestro emprendimiento, ya que los insumos aumentan según la inflación y el dólar y al ser el precio fijado por el gobierno siempre inferior a esas variables, no hay manera de sostener la producción. Por esto nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la confección de las prendas han ido perdiendo año a año el poder adquisitivo.
Este año a pesar de que en febrero acordamos la continuidad del trabajo en una reunión con Maximiliano Corach, Subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato del GCBA y Paula Matach, quienes garantizaron la continuidad del acuerdo que tenemos desde el 2015, al día de hoy no hemos podido entregar las frazadas, ni tenemos respuestas respecto al precio que se nos pagará por dicho trabajo. Desde hace mas de 3 meses venimos intentando comunicarnos con los funcionarios a cargo del programa y lo único que obtenemos son promesas de ocuparse y nada más. No hemos tenido ninguna respuesta concreta y no hemos podido entregar las frazadas, menos aún acordar precio, ni firmar ningún convenio.
Esta situación provoca una gran inestabilidad laboral en nuestras compañeras y compañeros del emprendimiento textil que no saben si conservarán su puesto de trabajo o pasarán a engrosar las filas de desocupados que crece diariamente.
Por eso, porque no aguantamos más tanto desprecio y tanto ninguneo por parte del gobierno hacia los trabajadores que proveemos de guardapolvos y frazadas para los más vulnerables, hemos resuelto en asamblea llamar a una movilización para el día 29 de Julio de 2020, donde visibilizaremos nuestra situación y exigiremos al gobierno una solución inmediata a nuestros reclamos.
RECLAMAMOS:
• Regularización de los convenios de compra de frazadas y guardapolvos.
• Garantía de continuidad de los puestos de trabajo
• Aumento del precio de los guardapolvos y frazadas que confeccionamos para el gobierno de acuerdo a la inflación.
• Aumento de la producción para garantizar más puestos de trabajo en nuestro emprendimiento textil
• Basta de precarización laboral
MTL Rebelde

27.7.2020

Por Gigi Kein*

Distintas organizaciones sociales realizamos una jornada de visibilización en la zona de Constitución, el pasado sábado. El objetivo fue brindar información a los vecinos y vecinas acerca de su derecho a no ser desalojados ni sufrir subas en su alquiler, a la vez que dar un claro mensaje a los hoteleros ante la impunidad que les caracteriza. Consideramos este un primer paso en la campaña #ProhibidoDesalojar a la cual invitamos a todos las vecinas y organizaciones sociales a formar parte.

En la medida realizada el pasado sábado por Consejerías de vivienda, Amigues por las calles, APDH Regional CABA, Secretaría de trabajadorxs migrantes y refugiadxs UTEP y varies activistas independientes, la herramienta que citamos es el DNU 320/20, dictado el 29/3 (9 días después de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio) por el presidente Fernández. Si bien el mismo frena algunos desalojos y subas de los alquileres, en la práctica muchas de estas situaciones siguen sucediendo. ¿Por qué? Por un esquema en el que confluyen muchas responsabilidades, y pasaremos a listar aquí.
En primer lugar, la mafia hotelera amparada por el gobierno de la CABA, históricamente ha hecho lo que quiso en cuanto a derechos de inquilines y condiciones habitacionales se refiere. Prueba de esto es cómo el COVID ha ingresado a los hoteles familiares sin pedir permiso, donde el hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad hicieron casi imposible contener la ola de contagios. Desde siempre, los hoteleres impusieron las reglas del juego, sin contrato y muchas veces sin recibo, no aceptando alquilar a personas acompañadas por niñes, cobrando valores inflados por piezas muy pequeñas, con cocina y baño compartidos. Sólo por dar un ejemplo, un hotel cobra hoy $ 12.000 mensuales por un ambiente de estas características. ¿Por qué? Porque la precarización se paga. Les inquilines que no pueden acceder al mercado formal por no contar con garantía (o no poder pagar un seguro de caución), recibo de sueldo y el monto necesario que se pide para ingresar a un alquiler, deben someterse a los caprichos de hoteleres y encargados. Muestra de su cinismo es que les vecines migrantes y de la comunidad trans travesti son les más afectades en las situaciones de expulsión y maltrato por parte de esta mafia.
Además de todo esto, y a pesar de existir el DNU 320/20, las organizaciones y organismos de defensa no paramos de recibir denuncias de amenazas de desalojos o desalojos consumados, sin importar que se trate de mujeres embarazadas, familias con niñes o personas mayores o con enfermedades de base. Cabe recordar la injusta muerte de Leonardo Javier Macrino el 7/6, luego de ser desalojado del Hotel La Florida junto con su compañera y esperar en la calle 4 días la atención del BAP que nunca llegó. Estamos cansades de vivir entre tanta impunidad y lucharemos para frenar contra este tipo de muertes lamentables y evitables.
Lo mismo sucede en las villas de toda CABA, donde se desdibuja el emporio no es tan claro, se desdibuja la figura de mafias y hoteleros. Si bien hay conglomerados construidos específicamente para su alquiler, la renta fue la única salida que muchas personas encontraron ante la indigencia. Esto es resultado de la ausencia total de mecanismos de reconocimiento y regulación de la situación por parte del GCBA. Esto ha generado un conflicto creciente entre dueñes e inquilines en las barriadas, donde el nivel de alquiler va en aumento y la inquilinización ya alcanza el 40% y los desalojos y abusos en precios y condiciones habitacionales pasan a ser un problema más, sumado a la dificultad de acceder a servicios y derechos básicos como el agua y la luz.
La crisis que atravesamos ha golpeado fuerte, miles han perdido su empleo y, con los desalojos a la orden del día, asumimos que el número de 7251 personas en situación de calle recabado por el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle ha quedado chico. Las personas en situación de calle han sido les más invisibilizades desde que comenzó la cuarentena, tanto por el gobierno de CABA como por el gobierno nacional, que ni siquiera les nombra en la elaboración del decreto 320/20. Como si esto fuera poco, una oleada de crímenes y ataques de odio hacia elles ya se ha cobrado la vida de una mujer en Constitución y representa un riesgo más, sumado al frío y la pandemia. Los refugios no son una opción, entre contagios y capacidad vacante porque no son espacios que convoquen. Continuos maltratos, familias separadas y una atención no integral terminan siendo rechazados por muches compañeres en situación de calle, cuya supervivencia se hoy a base de la solidaridad de ollas populares y grupos que recorren las ranchadas llevando un plato de comida caliente, abrigos y elementos de higiene.
El principal responsable político de que existan y se reproduzcan estas prácticas es, claramente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. No sólo se trata de la inacción ante las injusticias crecientes, como hacer la vista gorda ante la prohibición de alquileres a familias con niñes o habilitar la especulación inmobiliaria en las villas. Sino que a través de años de connivencia con mafias y hoteleros, se han sentado con ellos antes que con las organizaciones sociales para pautar los aumentos de los subsidios habitacionales. Les vecines y organizaciones sabemos que si aumenta el subsidio, aumenta el alquiler en hoteles y pensiones, y en caso de haber accedido al mismo, no alcanza por sí mismo para costear un alquiler. Responsabilizamos directamente al Subsecretario de Fortalecimiento Familiar, Maximiliano Corach, quien desde octubre del año pasado ha recortado el programa de subsidios otorgándolo sólo a personas en situación de calle (imposible de renovar, y siempre y cuando el BAP no considerase que la situación ameritaba derivar a paradores). Esta dinámica perversa de esperar que las familias queden en la calle para poder acceder a un subsidio para EVITAR la situación de calle es una clara muestra de lo vacío e improductivo de este tipo de políticas. En definitiva, estas lógicas se dan bajo la responsabilidad de María Migliore, flamante ministra de Desarrollo Humano y Habitat, a quien parece no importarle o ser completamente superada por las lógicas punteriles enquistadas en la cartera que dirige (tal como la represión por parte de una patota de SUTECBA a trabajadores de ATE Promoción social que reclamaban por mejoras laborales y medidas de protección frente al Covid-19). Finalmente, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) encabezado por Juan Maquieyra no puede hacerse el distraído con toda la dinámica que venimos describiendo. Siendo intermediario de programas de vivienda bajo la estafa de los créditos UVA (como los PRO.CRE.AR de Estación Bs As y Estación Saenz), con reurbanizaciones que no dan respuesta a la situación de los miles de inquilines de las barriadas, y no agarrando la papa caliente del descalabro habitacional en la ciudad “formal”. Creemos que llamarse Instituto de Vivienda de la Ciudad, desde el minuto 0 le imprime una responsabilidad inalienable.
Pero, más allá de toda la cadena de responsabilidades dentro del estado a nivel CABA, creemos que el estado nacional también debe mostrar una mayor decisión a la hora de pensar en quienes sufren de primera mano las reglas del mercado y la especulación inmobiliaria. Más allá de que el GCBA no ha establecido reglas claras de implementación del DNU 320/20 a nivel local, creemos que el decreto tiene aspectos a ser modificados y mejorados.
En primer lugar, se supone que el freno de los desalojos y congelamiento de alquileres será hasta el 30/9/20, fecha para la cual la crisis económica aun no habrá tocado fondo y les inquiles se enfrentarían con un salto de aumento de alquiler cercano al 150% de cara a octubre. Además, ante la clara imposibilidad de saldo de deuda de lo que se fue acumulando hasta entonces, no sería raro atender a una ola de desalojos sin precedentes en todo el territorio argentino. Con lo cual, una primer medida sería extender el DNU hasta el 31/3/21. A su vez, creemos injusto el pago del congelamiento por parte de les inquilines, la cual debería ser política de estado abonarla en calidad de subsidio, o hacerle pagar el valor de la especulación a las corporaciones inmobiliarias. A su vez, proponemos que el tiempo de 3 a 6 meses para pagar en cuotas lo adeudado se extienda a 24 meses para amortiguar el porcentaje de aumento, y que el mismo no conlleve ningún tipo de interés (hoy se calcula en un 2%, a abonar a partir de octubre).
Por último, lo más importante, consideramos que el decreto debe referirse al freno de TODOS los desalojos, no sólo de aquellos por falta de pago del contrato de alquiler. Como describimos más arriba, es enorme la proporción de inquilines precarizades que no pueden acceder al mercado formal de alquiler, que carecen de todo tipo de contrato, recibo, etc. Si bien en un primer momento sectores alineados al gobierno nacional llamaban a la calma diciendo que la relación contractual podía demostrarse de diversas maneras, la experiencia de estos 4 meses bajo el DNU demuestran que inquilines de villas, hoteles y pensiones han sido desalojados sin más, quedando fuera de toda protección que el DNU debería dar. Se suma además la reactivación de los juzgados nacionales (en particular los civiles a partir del 3/8/20), lo cual reactivará los desalojos por causas de ocupación o usurpación. Esos deberían ser frenados también. No se puede permitir que en el contexto actual haya ni una persona más en situación de calle. Y justamente, nos parece importantísimo que una reversión del decreto nombre a las personas en situación de calle, las visibilice y tenga política activa hacia ellas. No puede concebirse que sólo en la CABA haya 138.000 viviendas vacías y decenas de miles de personas duerman en la calle amenazados por el odio social, el frío y la pandemia.
Frente a todos los atropellos, sabemos que el real freno e instauración de medidas superadoras en favor de inquilines precarizades, y familias y personas en riesgo o efectivamente en situación de calle, no vendrán por sí solo en figura de decreto, ley, etc, sino de la lucha y la organización del sector, en un unidad y desde abajo, para enfrentar estas lógicas capitalistas que dictaminan siempre en favor de la propiedad privada por sobre el derecho a la tierra y la vivienda.
Para más información en prohibidodesalojar@gmail.com
* Integrante de las Consejerías de vivienda

26.7.2020

Desde la agrupación “Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas” denunciaron que en plena pandemia el sábado 25 de julio el Ministerio de Educación porteño organizó la mudanza clandestina del mobiliario y herramientas de la escuela del Casco Histórico, ubicada en Brasil al 300. La escuela está judicializada porque la quieren demoler, ya que el terreno es codiciado por emprendedores inmobiliarios. Sin embargo, lxs estudiantes vienen resistiendo lo que consideran un atropello. Una vecina vio este operativo y llamó a les estudiantes, quienes se presentaron con denuncia policial y pararon el vaciamiento del edificio. Ahora se exige la devolución a la escuela de lo sustraído.

Desde “Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas” aseguran que no es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta estas maniobras a escondidas de las comunidades educativas: “Recordemos que hace un año Horacio Rodríguez Larreta intentó lo mismo cuando toda la comunidad estaba luchando por No al Cierre del Jardín del Hospital Ramos Mejia, misma modalidad, llegaron camiones a vaciar el edificio en medio de un proceso judicial. Funcionarixs que bailan y festejan en plena pandemia dentro del edificio del Ministerio sin protección y sin respetar la distancia social. Una ministra que opera por las noches sigilosa y desconoce la autoridad de lxs jueces, incluso también cuando le ordenan otorgar vacante a lxs niñxs en lista de espera, cuando se niega a otorgar alimentos suficientes y saludables, cuando se niega a otorgar dispositivos y garantizar conexión. Este gobierno de la insensibilidad social y la impunidad desoye permanentemente no sólo las necesidades de las familias trabajadoras que habitamos la Ciudad sino que se burla de la justicia. Un gobierno que privatiza permanentemente espacios públicos, que no tiene la más mínima cuota de ética y pretende poner en venta incluso escuelas ubicadas en edificios con valor histórico para convertirlas en negocios inmobiliarios en vez de protegerlas”.
En este sentido afirman que el año próximo a lxs 25 mil niñxs sin vacante se sumarán miles más que no podrán seguir pagando las cuotas de escuelas privadas debido a la crisis económica: “Lejos de intentar prever y prevenir el colapso del sistema de educación público, creando un plan de contingencia de creación de escuelas, se dedican a cerrarlas y venderlas a espaldas de la gente. Son sinvergüenzas que no merecen estar ejerciendo cargos públicos”, advierten.

Reproducimos nota publicada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad:

Comunicada a la policía de esta situación y de la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios/as que autorizaron la mudanza, intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39, a cargo del Dr. Gonzalo Viña, quien ordenó suspender la mudanza y citó a las partes (GCBA y a los actores del amparo presentado) a la sede de la fiscalía el día lunes 27 de julio, a las 9.
La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, alumnos y ex alumnos de la Escuela Taller del Casco Histórico presentaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se ordene “otorgar a la Escuela Taller del Casco Histórico, en forma previa a la demolición del edificio sito en Brasil N°200, un edificio de uso definitivo y no transitorio, que se encuentre ubicado en el Caso Histórico de la Ciudad y cumpla, de mínima, con las condiciones y dimensiones que actualmente tiene la Escuela.

En este marco, en la causa judicial caratulada “ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD Y OTROS C CONTRA GCBA SOBRE AMPARO PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO”, Expte. N° 6131/2019-0, en fecha 28 de noviembre, se dictó una MEDIDA CAUTELAR que establece que hasta tanto no se encuentre debidamente garantizado el traslado a otro edificio disponible, adecuado para el dictado de las clases, en condiciones de seguridad y con su correspondiente habilitación otorgada, corresponde ordenar al Gobierno de la Ciudad que se abstenga de iniciar las obras de demolición en inmueble emplazado en la Avenida Brasil 200, que –hasta el momento ha servido de sede a la institución educativa de marras.

1. El GCBA decidió demoler el Edificio de la Escuela Taller ubicado en la calle Brasil N° 200 para avanzar con la etapa N° 2 del Metrobus del Bajo. Algo absolutamente irrazonable porque a esa altura la Av. Paseo Colón tiene una calzada de ancho más que considerable.
La demolición del inmueble de la Avda. Brasil 200 tramita por Expediente EX2019-14572540-GCBA-DGIT. Se ha realizado el llamado a licitación del nuevo edificio definitivo de la Escuela Taller, mediante Resolución 2019-67-GCBA-SSOBRAS, el que se emplazará en el Anexo del Espacio Cultural del Sur. La construcción de la nueva sede tramita por Expediente EX2019- 20698045-GCBA-DGPAR, y cuenta con un plazo de ejecución de 7 meses a partir de la firma del Acta de Inicio.

2. Gestiones anteriores del Casco Histórico habían solicitado el edificio en la calle Moreno N° 330 para que sea sede de la Escuela Taller. Pero a través de la Ley N° 6.138 (sancionada el 13 de diciembre de 2018) se aprobó la venta de este edificio que fue subastado el 1 de agosto de 2019 a U$S 1.228.623.

3. El nuevo destino de la Escuela Taller sería, fuera del Caso Histórico, en el Distrito Gubernamental Parque de la Cultura en el Parque España.
El GCBA vendió un edificio en el Casco Histórico y traslada a la Escuela Taller del Casco Histórico a Barracas en un edificio a construir en un parque público.

4. El GCBA no tuvo en cuenta que no puede construir edificios en un parque público sin autorización de la Legislatura. Así que un juez suspendió las obras.

5. Entonces el GCBA, ofreció como alternativa el Edificio de la calle Alsina N° 963 donde se encuentra el Archivo de Partituras de la Banda Sinfónica de la Ciudad (protegido patrimonialmente por la Ley N° 3.547) y la Dirección de Música.

6. En este contexto, la Jueza de la causa expresó que:

1) No se ha adjuntado acto administrativo ni decisión formal alguna de la que surja dónde funcionará la escuela y si específicamente se ha destinado el espacio ofrecido en autos a tales fines,
2) Al momento de dictar la presente resolución el inmueble propuesto para el traslado de la escuela se encuentra ocupado y allí funciona otra dependencia del GCBA, es decir que – al menos en este estado- no se encuentra disponible
3) El GCBA no ha acreditado haber dado inicio a la contratación de obra para la puesta en condiciones del edificio de la calle Alsina (en tal sentido, según se ha determinado en la inspección ocular y las audiencias celebradas en autos deberían –de mínima- efectuarse los siguientes trabajos: remoción de tabiques, puesta en condiciones de los baños –en particular su disposición con accesibilidad para personas con discapacidad-, colocación de ventilación forzada)
4) No se ha acreditado la existencia de plan de obra en concreto en el que consten las tareas que se efectuarán, sus tiempos de ejecución, ni trámites administrativos relacionados con la habilitación y condiciones de seguridad para el funcionamiento de una escuela en el sitio en cuestión.
5) No se ha informado ni acreditado cuál es el cronograma de clases establecido para el ciclo 2020
6) No se ha acompañado ni especificado contar con un plan de contingencia para el caso de que las obras no estuviesen terminadas en los plazos previstos (v.gr. posibilidad de realizar los cursos – transitoriamente- en otras dependencias o bajo otras modalidades prácticas o teóricas).

Por estos motivos, ordenó suspender la demolición del edificio de la Escuela Taller porque no está asegurada su nueva ubicación, es decir, que no existen constancias objetivas de las que se verifiquen que la institución se encontrará en condiciones de funcionar en el nuevo edificio propuesto por la demandada.

25.7.2020

La pandemia covid-19 forzó el cierre de las salas en los emblemáticos teatros Colón de Buenos Aires y Municipal de Santiago de Chile, pero sus directoras, lejos de resignarse, optaron por la resiliencia y desarrollaron propuestas para llegar con su oferta cultural a miles de hogares.

Ocurrió que “la necesidad imperiosa de mantenernos en contacto nos tiró sin timideces a los brazos de la tecnología. Nos ha obligado a enfrentar la discusión de lo vivo versus lo digital, y articularlo de una manera más adecuada”, ha dicho la directora del Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larenas.
Para su colega María Victoria Alcaraz, del argentino Colón, “esto es típico de una mujer, ver qué tenemos y hacer algo con eso. No sucumbimos, por supuesto que sufrimos, que nos da miedo, pero acá estamos y hay que dar la pelea”.
“La condición de vida que tenemos las mujeres nos prepara para estos escenarios, para empatizar con los otros, entender nuestros miedos, preocupaciones y angustias, y salir adelante”: María Victoria Alcaraz.
En su teatro se ensayaba la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi (1813-1901) cuando el 20 de marzo se estableció la cuarentena en Argentina para enfrentar al nuevo coronavirus. Faltando cuatro días para el estreno, los artistas debieron abandonar las tablas para prevenir el contagio.
El Colón no fue el único que bajó sus telones. En Argentina se suspendieron 342 estrenos y se postergaron 59 giras, de acuerdo con la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, y los cierres ocurrieron en toda la región.
Al otro lado de la cordillera, la red de salas de teatro de Santiago calculó que la suspensión de más de 400 funciones supuso 38 000 dólares en pérdidas, solo en las primeras semanas, hasta el 21 de abril.
Un famoso pasaje de la obra de Verdi es el coro “Va pensiero, sull’ali dorate” (“Vuela, pensamiento, en alas doradas”), que habla sobre el exilio y la resiliencia de un pueblo frente a la adversidad, y pareció inspirar respuestas de Alcaraz y su grupo.
Autora de un “botiquín de primeros auxilios culturales para situaciones de crisis y catástrofes”, Alcaraz replicó a la cuarentena con #CulturaEnCasa, una iniciativa para transmisiones en vivo cada domingo en la noche.
De ese modo, músicos como los de la Orquesta Estable presentan, desde su casa y para cientos de miles de hogares, piezas como la suspendida Nabucco. El total de espectáculos del Colón consiguió, hasta junio, 1,5 millones de visualizaciones.
En Chile, Larenas observó que la covid “representa un desafío, cómo hacer que el teatro permanezca vivo y cómo acompañar a las personas en esta situación tan difícil y compleja”.
El Municipal cerró sus salas, se redujo el personal contratado, al de planta se le rebajó 20 por ciento el salario, entre las medidas para bajar costos “y no ha sido fácil, pero estamos dando la pelea y haciendo todo lo que nos permita terminar el año”, sostuvo Larenas.
Se creó en cambio “Municipal Delivery”, con 27 eventos virtuales hasta junio, con espectáculos, charlas y talleres en los que participaron más de 260 000 personas.
“Resulta muy interesante mirar cómo podemos utilizar estos recursos y seguir aprovechándolos. Por ejemplo, en Chile, hay barreras geográficas y económicas con las artes, y lo digital nos ha permitido romperlas”, comentó Larenas.
Para Alcaraz “la condición de vida que tenemos las mujeres nos prepara para estos escenarios, para empatizar con los otros, entender nuestros miedos, preocupaciones y angustias, y salir adelante”.
La estabilidad financiera es clave para la subsistencia de los establecimientos culturales de América Latina y el Caribe, pues en tiempos de pandemia la mayor parte de los recursos públicos se enfocan en la emergencia sanitaria.
Sin embargo, entre los esfuerzos está un plan de emergencia del Ministerio de Culturas de Chile, que dispuso de 17 millones de dólares para apoyar al sector, teatros incluidos. En Argentina, el Fondo Desarrollar presta apoyo al plan Podestá, que busca preservar elencos, salas y teatristas en el país.
También en el Banco Interamericano de Desarrollo “trabajamos para que los creativos no queden fuera de las políticas públicas, y creamos un grupo de expertos para pensar en políticas que respondan a sus necesidades”, informó la jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID, Trinidad Zaldívar.