Comunicadores del Sur

7.7.2020

Por Julieta Azcárate

Mientras desde el Ministerio Nacional se baja un protocolo inconsulto y sin presupuesto para el regreso a las escuelas, los que ya se aplican en la Ciudad ponen en riesgo la vida de las y los docentes, auxiliares, personal de cocina y las familias. No se garantizan los testeos ni el aislamiento preventivo.

Los protocolos de manejo de casos sospechosos y confirmados de Covid-19 que se están aplicando en lugares de trabajo en el ámbito de la Ciudad, no protegen la vida de los trabajadores y trabajadoras, y tampoco el de las familias, ni garantizan mejores condiciones de higiene y seguridad en el momento de mayor número de contagios.
Las y los trabajadores de la educación tenemos compañeros en nuestras escuelas ya contagiados o posibles positivos. ¿Cómo procede el gobierno frente a estos casos?

No son números, son vidas

En una escuela en Soldati, un trabajador de cocina estuvo en contacto estrecho con un caso positivo (confirmado luego). El mismo día tuvo que ir a preparar los bolsones que se entregarían al día siguiente, junto con los auxiliares y sus compañeros de cocina. El día de la entrega de alimentos, participó junto con docentes y directivos. Sin embargo, las autoridades del Gobierno de la Ciudad no accedieron a realizar el hisopado y solamente le indicaron “auto aislamiento y monitoreo de síntomas”, porque estaba asintomático. Al resto de trabajadores y trabajadoras, ninguna indicación ni medida preventiva.
En otra escuela en Retiro, a una docente se le confirmó el contagio, luego de haber asistido a la escuela a colaborar con la entrega de bolsones alimentarios. Por la cantidad de días transcurridos hasta la aparición de los síntomas y el positivo en el hisopado, las autoridades indicaron que no se consideraba a nadie que hubiera estado con ella en la entrega de alimentos, como contacto estrecho o en riesgo. No se indicó aislamiento preventivo, ni al personal de la escuela ni medidas para las familias que necesitan la insuficiente ayuda alimentaria en medio de la crisis. Las indicaciones sólo consisten en la desinfección del establecimiento, cuando sabemos que la entrega de elementos de protección o las condiciones de trabajo no sólo en las escuelas sino en fábricas, medios de transporte, etc., están provocando que los y las trabajadoras enfermen y pongan en riesgo su vida y las de sus familias.
¿Quién nos cuida? Es una gran mentira que los protocolos elaborados por las autoridades nos protegen. El protocolo del GCBA, al igual que el confeccionado por el Ministerio de Salud nacional, manejan la definición de “caso sospechoso” como aquel que presenta síntomas. Por lo tanto, a los asintomáticos no se les realiza el test, aunque sea contacto estrecho, porque se considera que “no contagian”. ¿Cómo sabemos entonces quiénes están contagiados y quiénes no? ¿Acaso la cuarentena estricta que los gobiernos deciden que hagamos hace 3 meses no es para prevenir el contagio a través de los asintomáticos también? ¿Para qué es, sino?
“Asintomático: nunca tendrá molestia alguna por ende contagia poco, pero contagia. Por el simple hecho de hablar en voz alta, gritar o cantar, cerca de otros. El punto crítico de esta categoría de pacientes es que como no se aísla ya que no tiene molestias, contagia todo el tiempo que dura la carga viral, unos diez días”, señalaba el médico Carlos Zin, en una nota en Infobae.
El protocolo en verdad es una gran fantochada para justificar que no se realizan los testeos cuando es necesario, ni se indica el aislamiento preventivo de 15 días, como señalan los científicos y médicos. Se escatiman los testeos y nos mandan a trabajar, poniendo en riesgo no sólo nuestras vidas, sino de nuestras familias y de quienes nos rodean. En el caso de los trabajadores de la educación, exponen además a todas las familias que van a buscar un bolsón de comida. Muchas de ellas viven en barrios populares o villas de forma hacinada, incluso sin agua, haciendo imposible un aislamiento con mínimas condiciones de higiene.
Sin embargo, parece que para los funcionarios del gobierno y los famosos, hay otro protocolo: se les realizan los testeos muy rápidamente, a pesar de no tener síntomas.
Estos mismos protocolos contra los derechos de los trabajadores y que están lejos de cuidar y preservar su salud y sus vidas, se aplican en las empresas, fábricas y demás lugares de trabajo. En la fábrica Felfort, por ejemplo, la semana pasada se confirmaron más de 30 contagios, y los trabajadores denunciaban: “Nos mandan al matadero por bombones”. Brutal.
En este contexto, cuando en el AMBA se está disparando la curva y estamos atravesando el pico de contagios y de muertes por Covid-19, los funcionarios están discutiendo “la vuelta a clases”. A nivel nacional ya se presentó un protocolo y se estima el regreso a las aulas en agosto, excepto para el AMBA y Chaco, que son las zonas más críticas. En este “protocolo burbuja”, inconsulto con la comunidad educativa y sin presupuesto especial, nuevamente no se dispone el aislamiento real de todo el grupo de estudiantes, docentes y no docentes que hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo, y mucho menos el testeo.
¿Qué protocolo pueden hacer para proteger a los trabajadores de la educación, a todos los estudiantes de la escuela pública, si no son capaces de elaborar protocolos que nos cuiden ahora, que no estamos yendo diariamente a la escuela?
Es evidente que estos protocolos están hechos a medida de las patronales y los gobiernos que lejos de pretender cuidarnos, quieren que vayamos a trabajar a toda costa, exponiendo nuestras vidas. Las empresas quieren garantizarse las ganancias, no les importa la vida de los trabajadores. Parece que los trabajadores de la educación corremos la misma suerte.
Sabemos que sólo entre nosotros podemos cuidarnos, a la vez que le exigimos al gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar nuestra protección y de los y las estudiantes.
Tenemos que organizarnos entre docentes, trabajadores auxiliares, de cocina, y las familias, poniendo en pie Comisiones de seguridad e higiene, independientes del gobierno, para controlar que se garanticen los elementos de cuidado y protección necesarios para trabajar, y protocolos que cuiden nuestras vidas. Necesitamos testeos masivos de verdad, que se apliquen a todos los contactos estrechos, ya sea que presenten síntomas o no. Es urgente que nuestros sindicatos se pongan a la cabeza de estas peleas.

6.7.2020

Por Iván Barrera y Ana Paula Marangoni

Los muros que separan el hospital José Tiburcio Borda del resto de la sociedad nos devuelven la imagen más fiel de la situación de la salud mental en el país. Según la ley nacional, para este año Argentina debería ser un país libre de instituciones manicomiales. Sin embargo, la radiografía que devuelve el Borda denota la desidia y el abandono tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto.

El Borda es uno de esos lugares inasibles de la ciudad de Buenos aires, de los que se dice mucho y se sabe poco. Conocido como el lugar a donde van los locos, con el fantasma de prácticas desopilantes en el pasado como el electroshock, el prejuicio sobre la locura y el estigma de la marginalidad.
“Pobres, viejxs y locxs”, nos decía Florencia Grillo, integrante de Cooperanza, uno de los espacios que voluntariamente van al Borda para compartir con los internos talleres culturales, visibilizando la triple exclusión a la que se enfrentan los y las usuarias de los hospitales.
Del Borda nos acordamos de tanto en tanto, cuando alguna noticia estremecedora sacude por unos días los medios de comunicación y las redes. Sin embargo, el interés nunca dura lo suficiente. El morbo cautiva nuestra atención brevemente, nos preocupa y nos indigna hasta que otra noticia satisface el apetito voyeur de la opinión pública. Reza un dicho muy viejo que “ojos que no ven, corazón que no siente”, y algo de eso sucede entre el parque lindante del edificio y el resto de la ciudad.
Hace unas semanas, una de esas jugosas cuotas de morbosidad atravesó esos muros invisibles. Un usuario del hospital, Jorge Marcheggiano, murió luego de haber sido atacado por una jauría de perros salvajes que conviven en los parques del hospital. Desidia y abandono son algunas de las palabras que emergen a primera vista. Estas muertes, atroces y evitables, no son casuales. ¿Quiénes son sus responsables?
“El caso de Jorge, que lo mató una jauría de perros, no es el único caso. Hace 4 años también hubo otro usuario que supuestamente murió de un paro cardíaco, a nosotros nos habían contado que había sido golpeado por sus compañeros”.
A quien hace referencia es a Gustavo Munghia. No hay registros judiciales ni mediáticos de otra muerte tan sospechosa como evitable. Apenas los comunicados de espacios culturales y sociales que acuden al hospital y que intentan, con sus testimonios, romper con la indiferencia.
Hace un año y medio, Alessandro moría de neumonía: “Alessandro estuvo poco tiempo, venía a Cooperanza y al FAB (Frente de Artistas del Borda). Siempre venía y nos preguntaba cómo estábamos nosotros, en lugar de nosotros a él. Murió a los 20 o 21 años de pulmonía. No tienen ropa acorde a la época, fuman mucho, por ansiedad, porque no tienen nada para hacer. Pudimos ir a verlo al Penna. Para muchos, somos la familia o los amigos que tienen, más allá de los talleres. En el Borda estuvo un año y le agarró la pulmonía. Fue muy fuerte esa pérdida. No murió solo al menos”.
Recientemente, “un usuario de 30 años en el Borda se escapó por la puerta de entrada, lo buscamos con ayuda de la Red Solidaria y la familia. Lo encontramos, volvió y se escapó de nuevo. La respuesta del Borda fue ‘eso suele pasar’. Cuando vuelve de nuevo le hacen el examen de COVID y da positivo”.
También Fernando Aquino, ex usuario del Borda y actual integrante de la radio La Colifata nos acercó su testimonio:
“Esto de los perros siempre estuvo, siempre estuvieron dando vuelta por el hospital. Así como en los barrios, como en José C. Paz o Moreno, hay perros en manada, acá también. A mí hace 10 años también me agarró un perro, me mordió, y me tuve que defender para sacármelo de encima. Terminé en la guardia del hospital Durand para que me hagan las curaciones y fui al Pasteur para la antirrábica y la antitetánica, y tuvo que correr todo por mi cuenta. En ese momento estaba en una actividad de un taller de terapia ocupacional. Mandaron una carta a dirección informando del hecho, pero no pasó nada. Yo pertenezco a La Colifata y de vez en cuando los perros también llegan ahí; cada tanto un perro se revira y se empiezan a atacar entre ellos y hay que separarlos”.
La situación se agrava en contexto de COVID. La falta de insumos es uno de los problemas que convierten la desidia histórica en una situación de emergencia. Los distintos espacios arman campañas para conseguir los insumos que faltan, mientras no pueden asistir directamente por el aislamiento obligatorio. Así lo contó Fernando:
“La necesidad es una constante en el hospital. Los coordinadores de espacios como La Colifata, El FAB o Cooperanza se están haciendo cargo de juntar dinero para comprar lavandina, barbijos, alcohol en gel para llevarles a los pacientes que están internados. No hay muchas respuestas frente a la falta de insumos”.
La historia de Fernando nos permite trazar un recorrido sobre las historias de quienes pasan por ahí, sobre los prejuicios que pesan sobre ellos en una sociedad donde la salud mental es motivo del tabú, de la distancia, la marginación y la incomprensión:
“Yo tuve una internación en el año 96, fue una internación de un año, y a partir de ahí comencé a participar en los talleres del Frente de Artistas del Borda y después, en el 2000, me integré a La Colifata, donde participo hasta el día de hoy. Yo realizo la tarea de prevención en salud, participo en la radio y escribo, realizamos muchas acciones para que se apoyen las actividades que se realizan en el Borda. Yo pienso que un poco estas cuestiones que están pasando ya se veían venir. El hospital es un lugar donde no hay mucha higiene, no hay jabón para los usuarios. No hay condiciones dignas de vida. Los tratamientos a veces se quedan cortos. Yo salí de la internación, mi familia siempre se responsabilizó por mí, y yo le tuve que poner mucho sacrificio, salir a trabajar, siempre luchando, no dejarme creer ni que me crean como un discapacitado.
A la vez que te digo esto, te cuento que nosotros vivimos de pensiones porque la sociedad no acepta mucho la locura, la acepta románticamente. Pero nosotros vivimos con la moneda al día, vivimos como vive una persona en la pobreza, no hay planes de vivienda para nosotros, no hay planes laborales, no hay planes para subsistir ni para la integración, y si hay, son muy pocos. Yo también estuve del otro lado de la sociedad y sé de las opiniones que tiene la gente sobre las personas internadas. Las tareas de la radio, del FAB y del libro que escribimos busca también que la gente tenga otra visión y sea más aceptada la locura. ¿Quién no tiene un delirio en el mundo? ¿Quién no tiene depresión o angustia? Si te das cuenta un poco, las grandes personas que manejan el poder tienen esos delirios y son delirios que hacen mal a los otros.
Esa es mi historia. Yo me integré a las patas de la sociedad. Muchos problemas no son mentales, son sociales, de no permitir al otro que sea parte de nuestra sociedad. El Borda para mí es un lugar donde la gente de bien, los estudiantes, hacen sus prácticas y parece que el loco que está adentro es “la materia prima” del que hace las prácticas. Imaginate que ahora que estamos en cuarentena, se suspendieron los consultorios externos, estamos haciendo comunicaciones con La Colifata por Zoom, vía Francia, por Whatsapp y nunca hubo una propuesta de un doctor para decirme ‘hagamos una charla entre nosotros’. Es un poco así la situación, el acostumbramiento que llevan los profesionales y los enfermeros. A veces, cuando uno habla así, parece que está hablando mal de ellos, pero es la naturaleza que tienen sobre la enfermedad. De que ‘es así’ y ‘qué vamos a hacer, las cosas son así’. Yo veo un poco por lo que me pasó a mí, por lo que le pasó a los compañeros. Hay cosas que se ven a simple vista y pueden ser mejoradas.”
Mientras, el Gobierno de la Ciudad parece no responder al amparo judicial presentado por el CELS. La Ley Nacional de Salud Mental flota como un fantasma inconcluso mientras los manicomios continúan siendo espacios que, en definitiva, atentan contra la salud física y mental.
“En los últimos años hubo altas indiscriminadas, sin tener el exterior un cupo habitacional, con muchachos que no tienen la plata para sobrevivir y terminan en Constitución, viviendo en la calle, pidiendo limosna o volviendo al único lugar que conocen que es el Borda o el Moyano. Debe haber entre 500 y 600 pacientes hoy.
Ahora estamos viendo que vienen muchos por problema de drogadicción y más jóvenes que adultos. Hay muchos adultos que no tienen familiares o con familiares que no pueden hacerse cargo en la casa. Generalmente, tienen subsidio habitacional o cobran jubilaciones.
En el último tiempo vemos que en invierno hay gente mayor en remera o sin zapatillas, tratamos de ver cómo ayudarlos. Ahora estamos tratando de ver en dónde están y qué necesitan. Actualmente estamos viendo muchos que llegan por problemas de adicciones, porque están en un disturbio en la vía pública, o tienen un principio de enfermedad y los mandan al Borda o Moyano.
Respecto a la situación de abandono, el personal de salud nunca tuvo artículos de higiene ni los barbijos correspondientes. Hoy en día, las enfermeras y les de limpieza llevan el hospital al hombro, básicamente. Hubo una marcha hace más de un mes por el primer caso de COVID. Y recientemente se reclamó por el bono de las enfermeras que no se les otorgó, aparte de insumos.
Más allá de que no se cumple la Ley Nacional de Salud Mental, ni la 448 ni la 156 (que son de la Ciudad de Buenos Aires), el hospital ya tiene la medicalización como práctica de salud mental, los equipos interdisciplinarios no existen y las y los trabajadores sociales son 1 o 2 para entre 500 y 600 usuarios del sistema de salud. También deberían darles posibilidades a los talleres, no solo que estén medicados dando vueltas en el patio o en la cama. Es un trabajo de todos incentivarlos, de médicos y enfermeros.
Hoy estamos sin insumos y no hay datos certeros sobre la cantidad de infectados. Hay seguridad, pero solo está para controlar cuando hay talleres para que no se saquen fotos, que los talleres no hagan mucho ruido.
La responsabilidad es dar insumos. Nosotros desde Cooperanza estamos acopiando plata para insumos y barbijos. Ahora hay un amparo del CELS para que pongan insumos que por ahora no están llegando.
Los manicomios hoy no deberían existir. Los usuarios de alta deberían tener un complejo habitacional que puedan pagar, que vuelvan a la sociedad con algo para hacer, con un oficio. Cuando Macri fue Jefe de Gobierno hubo un servicio que demolieron durante la madrugada y usuarios del sistema de salud tuvieron que defender su espacio y lo derribaron igual a base de gases y balas de goma.
A la persona que entró con un oficio, le pasa que la medicación y la dejadez lo destruyen. El GCBA debe ser responsable de reinsertarlo a la sociedad, que no sea un peso. Es salud pública, salud mental, tenés que dar recursos para que vuelvan a la sociedad, no para que sean nuevamente eyectados de la sociedad y vuelva al Borda. No solo el Estado, todos somos responsables. Pero que por lo menos el Estado no demuela algo que es de todos.
La primera solución es que la Ciudad dé los insumos que hacen falta, porque nosotros conseguimos barbijos de tela pero se necesitan los quirúrgicos. Más allá de eso, el predio es grande y el GCBA tiene un negocio inmobiliario detrás. Y la salud mental no es un negocio, no es redituable. Si no la peleamos entre los actores sociales que estamos pujando por que se ejecuten las leyes nacionales y municipales de salud mental básica, no hay solución posible. Hay que seguir con los talleres y dar la lucha que se tenga que dar contra ese negocio inmobiliario. También pasa que desde la Facultad de Medicina ya salen con que el loco es loco y el esquizofrénico es esquizofrénico y lo cosifican. Es una cosa y no sale de ahí. Hay que aislarlo y ya está, me desligo de ese ‘diagnóstico’, porque ni siquiera es un ser humano. Es una visión que hay que cambiar de todos lados: medicina, psicología, de todos lados”.
Cuesta agregar palabras a las de quienes habitan o trabajan en el Borda para que sea un lugar diferente. Están lxs responsables políticos por las leyes que no se cumplen, la desidia de la salud pública, los negocios inmobiliarios y una desmanicomialización que nunca llega. Y está la sociedad de la que formamos parte, la que reproduce exclusiones y le da a la espalda a quienes que no encajan en una supuesta normalidad. La pregunta es: ¿quiénes son lxs delirantes? ¿Cuántos muros más vamos a levantar en nombre de la salud?

4.7.2020

En la 1-11-14 denuncian que hay vecinos sin agua desde hace una semana y otros desde noviembre; mientras que en la 21-24 se encuentra sin luz ni agua desde hace más de 10 días, por lo que sus habitantes decidieron realizar un corte de calle.

“Esta es una situación terrible. Acá los vecinos no tienen agua desde el día viernes. El tema es que la manzana 22 donde yo vivo no tenemos agua desde el mes de noviembre. ¿Qué nos dicen desde el gobierno y la empresa? Porque no hay fuerza de agua. Entonces si es así, el gobierno tiene que encargarse de esto y hacer más obras, para que nosotros podamos vivir dignamente”, afirmó Elizabeth, vecina de la villa 1-11-14 y militante del Frente de Organizaciones en Lucha.
“Ahora la UGIS (Unidad de Gestión de Intervención Social) estuvo ayudando con los camiones de agua. Pero al principio no querían llenarnos los tanques de las casas. Entonces nos daban el agua en los baldes y teníamos que bajar las familias a llenar los baldes y los tanques. Entonces era una aglomeración de gente impresionante. Nuestro reclamo fue que UGIS llene los tanques de todas las casas, porque al llenar un tanque se abastecen todas las familias que viven ahí, que son entre 10 y 15 por casa, y evitamos que los vecinos salgan”, agregó Elizabeth.
Elizabeth contó que en los últimos días realizaron el reclamo también en el Instituto de Vivienda de la Ciudad por la falta de agua. Les respondieron que les tomaban el reclamo y que esperaran, que ya les iban a avisar: “No podemos limpiar la casa, no podemos asearnos. La cantidad de niños que hay, el día que trajeron los camiones traían los bidones hasta los niños salían. Esto no es justo. El gobierno tiene que ver cómo vivimos en las villas. Estamos olvidados. No tenemos asfalto. Sabés cómo queda cuando llueve? No se puede ni caminar. Y cuando llueve las cloacas rebalsan”.
“Frente al coronavirus, ¿cómo podemos respetar la cuarentena y quedarnos en casa, como nos dicen, si no tenemos agua? ¿Con qué cocinamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos aseamos, cómo limpiamos la casa? Es desesperante la situación (…) Se pasan la responsabilidad entre el gobierno y Aysa. Nadie nos da respuestas ni soluciones. Queremos que alguien venga del gobierno, Larreta y se ensucie los zapatos para ver cómo vivimos en la villa y qué nos falta. Somos seres humanos y merecemos vivir dignamente”, finalizó Elizabeth.
En tanto, vecinos y vecinas de la Villa 21-24 y Zavaleta realizaron corte de calle ante la falta de suministro eléctrico: “En algunas manzanas va y viene en otras directamente nos dejan viviendo en la oscuridad, como por ejemplo en Pavimento Alegre donde funciona uno de nuestros comedores, y hace dos días tenemos que cocinar sin luz y corremos riesgo de que se nos pudra la comida y se nos quemen heladeras. Manzana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12, 13, 14…y podríamos seguir enumerando. En Tierra Amarilla va y viene, se queman lamparitas, y si seguimos así se va a quemar lo poco que tenemos en nuestras casas. A la pandemia se le suman cotidianamente problemas estructurales de nuestros barrios, la falta de agua, luz entre tantos otros”, afirmaron.

3.7.2020

Las vecinas denuncian que hace varios días están sin agua y sin respuestas de las autoridades: Rodríguez Larreta y AySA. Además aseguran que crecen las muertes por coronavirus y nadie se hace eco. Móvil en Se tenía que decir.

La situación en los barrios populares de la Ciudad sigue siendo preocupante. En medio del crecimiento de casos de Covid-19, las vecinas del barrio Ricciardelli 1-11-14, en el Bajo Flores, denuncian que hay varias manzanas que hace varios días están sin agua.
El móvil de Se tenía que decir y La Izquierda Diario se acercó este viernes al lugar. Las vecinas denunciaron que “hace 5 días que estamos sin agua”. Lo único que tienen un camión que les envían diariamente. “La cisterna nos deja sacar el agua con valdes. Así no se pueden higienizar. es imposible sostener la cuarentena sin agua, algo tan básico”.
¿Qué les responden las autoridades de la Ciudad y la empresa? “Llamamos a AySA y nos da un número, hablamos a eso y nos dicen ya está la denuncia, ya están arreglando, pero no hay nadie arreglando y no hay solución”, dice otra de las mujeres.
Recordemos que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ya ha sido criticada por la situación de otros barrios que sufren los mismos en medio de la pandemia, lo que hace que aumenten las muertes por Covid-19 en lo que constituyen verdaderos crímenes sociales.
La situación de las villas porteñas es alarmante. El pasado miércoles los vecinos de la villa 21-24 realizaron un corte porque hace 10 días que se encuentran sin agua y sin luz en medio de la pandemia. Lo mismo que en el Barrio Ricciardelli (1-11-14).
Además agradecieron a sus vecinos de otras manzanas que colaboran y al móvil que se acercó a reflejar lo que los grandes medios no reflejan. “Gracias a ustedes que vienen para que esto se haga viral. Todos tenemos hijos, hijos chiquitos. Yo como mamá tengo que salir a comprar las cosas. Necesitamos agua para limpiarlos. Por favor, escúchennos”.
Recordemos que ya son varias las denuncias desde el barrio 1-11-14 así como del 31 y otros barrios populares. En este caso los vecinos cuentan que la situación crítica de la villa se recrudeció con la pandemia: el hacinamiento, las viviendas precarias, la falta de trabajo e ingresos, la falta de comida y elementos de higiene y protección, además de los problemas para acceder a la salud.
Las vecinas denunciaron que en ese marco aumentan los muertos por coronavirus que nadie refleja. Una de ellas planteó que “el presidente Menem, con 90 años, también tuvo neumonía y se salvó. Acá hay personas de 40 años con neumonía y están muriendo. Es por todo esto que les estamos contando”.

3.7.2020

Por Marcha

El año pasado, unos meses antes de cumplirse 15 años de la Masacre de Cromañón, sobrevivientes, familiares y amigxs presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de patrimonialización del espacio, actualmente en manos de la misma persona que era la dueña del boliche la noche del incendio.

Este 30 de junio se cumplió medio año más que lxs 194 pibes y pibas de Cromañón no están. A un año de la presentación del proyecto de patrimonialización en la Legislatura Porteña, familiares y sobrevivientes le enviaron una carta abierta a los y las legisladoras para que se impulse su tratamiento. Preservar la memoria es una necesidad para defender a las futuras generaciones y recordar a sobrevivientes, familiares y víctimas que ya no están.
Desde el Movimiento Cromañón, una coordinadora de espacios sociales y organizaciones de familiares, amigxs y sobrevivientes, se envió una nota a las y los integrantes de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad para que traten el pedido de patrimonialización del boliche. “Cada 30 nos preguntamos qué es lo que hay que hacer para lograr algunas cuestiones en relación con la memoria”, expresaron integrantes del Movimiento. La pandemia tampoco es una razón para que no sea tratado. “Quienes más sufrimos el Covid somos la familia Cromañón, porque todos los que hemos estado allí estamos en situaciones de riesgo, en particular muchos de los sobrevivientes” y agregaron que “no estamos ignorando el momento sanitario y político de la Ciudad, pero también sabemos que cuanta más injusticia y desmemoria hay, más nos enfermamos”.
La noche del 30 de diciembre de 2004, una masacre en el boliche República Cromañón se cobró 194 vidas, producto de una serie de complicidades políticas e institucionales. Algunos de sus responsables fueron juzgados, aunque los responsables políticos nunca llegaron a la justicia. Las víctimas se multiplicaron en los años subsiguientes, ya que a las muertes se sumaron familiares y sobrevivientes para quienes la vida se transformó inexorablemente. El Poder Judicial, después de 13 años, decidió entregar el boliche República Cromañón a Rafael Levy, dueño de la propiedad la noche del incendio e integrante de una empresa off shore, condenado como uno de los principales responsables de la masacre.
Marcha dialogó con Silvia Bignami, integrante del Movimiento Cromañón y madre de Julián Rozengart, uno de los pibes que perdió la vida esa noche. Silvia contó que “se niegan a entregar el espacio” y que “una de las anteriores acciones de lucha fue presentar el proyecto de expropiación del lugar”. A pesar de haber obtenido algunas adhesiones importantes, desde la Legislatura porteña sostuvieron que para expropiar el espacio hace falta un dinero que la Ciudad no tiene, lo cual desde el Movimiento Cromañón entienden que es una excusa. Tomaron entonces la iniciativa de presentar un proyecto de patrimonialización, que no es un proyecto alternativo, sino que prepara las condiciones para el proyecto de expropiación.
En relación a la diferencia entre ambos proyectos, Silvia explicó que “patrimonializacion quiere decir proteger. Se protege una calle, se protege una esquina, se protege un edificio por motivos simbólicos, históricos. En nuestro, caso pensamos que el boliche tiene que ser patrimonializado, que no tiene que modificarse nada más de la fachada, que no se pueda usar para cualquier cosa, que no se pueda poner otro boliche, que no se pueda construir un edificio. Esa patrimonializacion además crearía condiciones, porque le bajaría el valor monetario e impediría que el dueño haga un negocio”.
Bignami explicó que “para este proyecto de patrimonializacion, muchos legisladores nos dijeron que no tenían ningún problema. El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el año pasado le dijo a un periodista por radio que no tenía problema con que fuese un espacio de memoria pero a nosotros nunca nos recibió. El proyecto de patrimonilizacion fue apoyado y levantado por el socialismo, por el Frente de Todos, por toda la izquierda y por los radicales”.
La pandemia y el aislamiento no desalentaron al Movimiento Cromañón que persevera: “este año empezamos a hacer reuniones virtuales y tanto el Frente de Todos como el radicalismo de Evolución nos dijeron que estaban de acuerdo, entonces lo que hay que hacer es reunir la comisión. También en su momento, algunos se ofrecieron a ser quienes intercedieran con el núcleo duro del Pro, que no dijeron que no estaban de acuerdo sino que era caro. El proyecto de patrimonialización requiere una decisión política y no una erogación de dinero”.
Y concluyó exigiendo que “se reúna la Comisión, que estemos nosotros presentes y que nos den una respuesta y nos dejen de pelotear. Enviamos una carta, logramos que se les entregue en mano a los quince legisladores de la Comisión. Por ahora, no estamos teniendo ninguna respuesta formal o informal, pero la Comisión sabemos que se reunió por otros temas, no es que no está funcionando en lo absoluto la Legislatura. Queremos que se apruebe, por lo menos, el proyecto en primera instancia, que igualmente nos va a llevar todo el año este debate. Nosotros estamos esperando una respuesta”.