Comunicadores del Sur

3.8.2020

“Queremos que el Jefe de Gabinete responda ante los siete casos de gatillo fácil ocurridos durante la cuarentena que fueron cometidos por policías de la Ciudad”, esta pregunta como todas las relacionadas con la violencia policial, será el eje de las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, ante Felipe Miguel, el Jefe de Gabinete porteño, que concurrirá a la legislatura a brindar el informe de la gestión.

Mañana martes a partir de las 9:30, en una sesión especial de la legislatura porteña, el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, brindará el informe de gestión del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta. El mismo deberá responder las preguntas que le realizaran los legisladores de los distintos bloques. Luego de 4 meses de crisis sanitaria, social y económica, será la primera vez que el Ejecutivo porteño responda las inquietudes y denuncias de la oposición.
En este marco, las diputadas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, centrarán parte de su exposición en el accionar de la Policía de la Ciudad, involucrada en el gatillo fácil, sobre la represión estatal y sobre los incrementos de mecanismos de control social durante la cuarentena.
Así lo detallaba Myriam Bregman “queremos que el Jefe de Gabinete responda ante los siete casos de gatillo fácil ocurridos durante la cuarentena que fueron cometidos por policías de la Ciudad. Uno en territorio porteño y los otros seis en la provincia de Buenos Aires, es decir, mientras los efectivos involucrados no estaban en funciones, según informó la CORREPI”.
Bregman, como diputada del FIT, es presidenta de la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña y presentó un exhaustivo pedido de informes al respecto señalando que “las víctimas son personas que vivían en barrios populares, característica común en esta situación de incremento de los mecanismos de control social”.
Por su parte, la compañera de bloque, Alejandrina Barry agregó “Exigimos conocer el estado judicial y el sumario en caso de existir, también si hay un relevamiento de la totalidad de los hechos y las acciones adoptadas por parte del Estado y la justicia, en cada caso”.
Y a su vez denunció y será parte de la interpelación a Felipe Miguel, esta preocupación que expresa Barry “Es un número muy alto de participación de efectivos en asesinatos en el Gran Buenos Aires, es grave. El jefe de gabinete Felipe Miguel debe respondernos inmediatamente”. Además recordó el rol cumplido desde la Comisión contra la Violencia Institucional “Desde nuestras bancas hemos acompañado a todos los que fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad: vendedores ambulantes, trabajadores que reclaman o como vimos el sábado la brutal represión a los que se manifestaron por Santiago Maldonado”.

3.8.2020

Por CORREPI

Ante la indignación generalizada por la violenta detención, el sábado 1º de agosto, alrededor de las 19:00, de 13 personas que caminaban por la avenida Corrientes al 1300, de regreso de un acto en homenaje a Santiago Maldonado, el diario Clarín, publicó una noticia falsa, adjudicando a las personas detenidas un hecho totalmente desvinculado de esa actividad, ocurrido en otro lugar y probablemente en otro momento, ya que convenientemente está blurreada la fecha y hora siempre visible en las filmaciones de las cámaras de seguridad municipales.

La infame operación pretende legitimar la represión descargada por la policía de la Ciudad, que dirigen Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro, con una maniobra similar a las que emplearon desde la desaparición forzada de Santiago, con el festival de notas que reproducían las mentiras con las que Patricia Bullrich trató de contaminar la investigación. Ahora Clarín fabrica “noticias” a la medida de la policía y el Gobierno de la Ciudad.
“Si bien la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) había denunciado que efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, desde la fuerza porteña aseguraron que se trató de la detención de un grupo anarquista que produjo incidentes y agredió a policías“, afirma el diario Clarín en la nota titulada “En Balvanera: anarquistas tiran bombas molotov a un edificio de Gendarmería durante una marcha por Santiago Maldonado“.
El “relato” pretende apoyarse en un video en el que, según Clarín, “se puede ver a un grupo personas con el rostro tapado que arroja los dispositivos contra el edificio y luego escapa corriendo, mientras se desata el fuego en la entrada de Bartolomé Mitre al 2200“.
Finalmente, y apelando por una vez honestamente a “fuentes policiales”, el diario señala que “los manifestantes se encontraban colgando banderas e insultando a los efectivos. Incluso llegaron a escupir a uno y les tiraron cal con agua y alcohol a otros tres agentes, que resultaron heridos”.
Lo que se ve en el video -reiteramos, sin fecha y hora-, es que alguien arroja algo contra la entrada de un edificio y genera unos focos ígneos en la vereda, sin movilización, marcha, banderas ni policías a la vista en los casi tres minutos de duración. Mientras tanto, hay varios videos independientes entre sí del momento, claramente en Corrientes al 1.300, frente al cine Metropolitan, que muestran el ataque de los policías de la Ciudad contra las personas que caminaban por la avenida desde Libertad hacia Talcahuano (que no es “Congreso”, como dice Clarín que dijo CORREPI).
Además de ser dos hechos ocurridos en distintos lugares, y seguramente diferentes horarios, las actas de las detenciones, confeccionadas por la policía de la Ciudad, no dan cuenta del secuestro de elemento alguno de tipo explosivo. La fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Walter López (sin ninguna simpatía anarquista conocida) no imputó delito alguno relacionado con un hecho de esas características, como uso de explosivos, intimidación pública o daño calificado, sino que utilizó lo que hace décadas llamamos “combo manifestación”: Atentado y resistencia a la autoridad (la figura comodín para justificar la violencia policial en la detención), en uno o dos casos daño simple (por algún graffitti) y lesiones (algún policía se habrá levantado la piel de los nudillos al golpearlxs).
Denunciamos la infame maniobra conjunta del Gobierno de la Ciudad y Clarín, dirigida nuevamente a aportar su tonelada de arena en la construcción del “enemigo interior”, para el caso “los anarquistas”, armada casi 24 horas después, que les sirve para legitimar la violencia represiva.
En consonancia con las expresiones de repudio de la represión efectuadas en redes sociales por el ministro del Interior, Wado de Pedro y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, exigimos al Gobierno Nacional que, por la vía que corresponda, reclame al Gobierno de la Ciudad las explicaciones pertinentes.

29.7.2020

IPPyP-ODC**

El gobierno porteño gasta en los bolsones alimentarios el 100% más de lo que las familias reciben. El costo adicional, pagado por el gobierno porteño como consecuencia de la contratación de empresas intermediarias, permitiría pagarles el salario a 300 trabajadoras comunitarias cuyo trabajo esencial no es reconocido por el estado y son ellas quienes vienen gestionando la pandemia en la primera línea de los barrios populares. A estos datos arriba el informe La mercantilización del hambre: El arte de hacer negocios con la alimentación en tiempos de crisis sanitaria y económica.

La asistencia alimentaria en las villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de comedores comunitarios asistidos por el programa de Atención a Grupos Comunitarios del GCBA que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El sistema consiste en la entrega de raciones crudas por parte del GCBA, a través de empresas concesionarias, a los comedores comunitarios reconocidos. Las trabajadoras comunitarias, sin ningún tipo de reconocimiento salarial se encargan diariamente de recibir los alimentos crudos, elaborarlos y entregarlos según la modalidad de vianda o habilitando el espacio comunitario para que las familias puedan almorzar, merendar y cenar. La pandemia del Coronavirus Covid-19 obligó a realizar ciertos cambios en el sistema. En primer lugar, en los comedores se empezó a entregar solamente viandas ya que sanitariamente no era aconsejable la aglomeración de personas comiendo en un espacio cerrado del comedor. En segundo lugar, muchos comedores empezaron a cerrar porque las/los trabajadoras/es comunitarios encargadas de sostener la asistencia alimentaria se contagiaron de Covid-19. Lamentablemente son muchas/os las/os referentes de espacios comunitarios fallecidos: Gladys Argañaraz, Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro y tantas/os otros/as. En este contexto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo creado por la Ley N° 1.251 y principal responsable de las políticas habitacionales porteñas, comenzó a ocuparse de la asistencia alimentaria en los barrios populares mediante la entrega de bolsones de alimentos a las familias con necesidades alimentarias, solapándose con la tarea desarrollada por Grupos Comunitarios.
El IVC decidió privatizar este servicio de alimentación contratando la entrega de bolsones con empresas de catering como Sano y Bueno Catering S.A.
El IVC contrató con la empresa Sano y Bueno Catering S.A. la entrega de 30.000 bolsones de alimentos por la suma de $36.000.000, es decir, cada bolsón costó $1.200. El propio IVC en un Informe reconoce que adquirió un total de 30.000 bolsones de comida a ser distribuidos mensualmente en mayo, junio y julio.
El IVC en su informe incorpora un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Las marcas y los productos elegidos no corresponden a los alimentos entregados a las familias. El propio informe del IVC aclara que son “ejemplos” de precios minoristas relevados para un conjunto de productos, algunos de los cuales ni siquiera forman parte de la contratación.
El IVC hizo circular por los barrios un informe con el objeto de justificar los precios de la contratación aclarando que los $1.200 incluyen el costo de embolsado, apilado y distribución. Es oportuno aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación y el término “apilado” no es claro.

Conclusiones

*De acuerdo con el relevamiento realizado, el IVC está pagando por cada bolsón $1.200 cuando el precio “minorista” de los productos efectivamente entregados a las familias ronda los $640 y el precio de acuerdo al total de los productos contratados ronda alrededor de los $ 700.
*Destacamos que son precios minoristas, es decir, el costo del producto por unidad. Por lo tanto, como mínimo por adquirir estos productos a precio mayorista, la empresa intermediaria debió pagar entre un 10% y un 15% menos. En esta contratación se compraron 30 mil unidades de cada producto alimentario a $36 millones.
*Es decir, el IVC pagó $1.200 por un bolsón y a las familias les llegó efectivamente alimentos por la mitad de dicho valor.
*La empresa, en este caso Sano y Bueno Catering S.A. está cobrando casi un 100% más de lo que gasta en adquirir los productos, es decir, $18 millones.
*EL IVC en su defensa sostiene que este precio incluye los impuestos. El IVC hizo retenciones por aportes previsionales, impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos por un total de $476.177 cada doce (12) millones. Es decir, de los 36 millones, solo $1.428.531 se van en impuestos. Por fuera del costo supuesto de los alimentos, a la empresa le estarían quedando $16,5 millones.
*Para el IVC está bien que el 50% de los costos de la compra de alimentos se vaya en el embolsado, apilado y en la distribución. Cabe aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación. Es decir que el costo de trasladar los alimentos a un punto de entrega de la Ciudad es equivalente al costo de elaboración y producción de los alimentos entregados.
*El IVC en su informe nos informa que hizo un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Esta conducta soslaya todo principio de transparencia de un organismo estatal. La contratación ya fue aprobada, la mercadería recibida y el precio pagado. El IVC nos debería informar qué productos (y sus marcas correspondientes) efectivamente fueron recibidos y entregados a las familias. Nos debería mostrar el expediente electrónico completo donde figure el acta de recepción de la mercadería con su preciso detalle de las marcas, fechas de vencimiento y condiciones de la mercadería. Es más, debería exigirle a la empresa Sano y Bueno Catering S.A. que le brinde copia de cada factura de los alimentos comprados para efectivamente saber el precio de los productos y no salir a realizar un relevamiento de precios minoristas.
*En las compras de alimentos el Estado no direcciona las ofertas estableciendo las marcas de los productos. Pero las empresas ofertantes si deben informar qué tipo de producto y su respectiva marca para que el Estado, en este caso, el IVC, pueda verificar la razonabilidad de la oferta y comparar las ofertas de los distintos competidores. EL IVC aceptó la oferta de Sano y Bueno Catering S.A. sin que en ella figure la marca de cada producto. Por lo tanto, no existe forma de que el IVC haya podido comparar las ofertas por la calidad del producto y no existe forma de que pueda controlar lo que la empresa le iba a entregar. La empresa puede entregar productos de cualquier calidad y el IVC igual le pagaría $1.200 por bolsón. Otro defecto muy grave en esta contratación.

La explotación de las mujeres voluntarias que hacen trabajo comunitario

La empresa entrega los bolsones en un único punto, y una vez más son las trabajadoras comunitarias quienes deben retirar los alimentos del centro de acopio, trasladarlos a los espacios comunitarios barriales y desarrollar la logística necesaria para entregar los bolsones de alimento, puerta a puerta.
Todo esto sin recibir elementos adecuados de protección, ayuda económica que permita sostener la logística de entrega ni ningún tipo de reconocimiento salarial por la tarea realizada. Cada familia beneficiada recibe 1 (un) bolsón cada 15 días.
Las familias, independientemente de su composición familiar, reciben 1 (uno) bolsón cada 15 días. A todas luces se advierte la insuficiencia de los alimentos entregados para garantizar la alimentación adecuada.
Esta situación se agrava de sobremanera para las personas que están en cuarentena obligatoria y no pueden salir de sus casas.

Hacia la desmercantilización y desprivatización de la alimentación

El negocio de las empresas intermediarias “fleteras” de bienes y servicios esenciales, que acumulan enormes ganancias precarizando las políticas públicas, es parte del déjà vu porteño. Así es como estas empresas por sólo trasladar agua en camiones aguateros, alimentos a granel o barbijos, generan brutales sobrecostos al estado.
La sola decisión del GCBA de comprar directo a las cooperativas y a los productores de alimentos, permitiría mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria, alcanzar mayor cantidad de hogares y reconocer salarialmente el trabajo de las mujeres trabajadoras comunitarias, quienes voluntariamente se encuentran organizadas frente a la urgencia del hambre y hoy en la primera línea gestionan la pandemia en las barriadas humildes de la ciudad más rica.
Informe completo AQUI

(**) El informe fue elaborado por por María Eva Koutsovitis (Investigadora del IPYPP / Coordinadora de la CLIC), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC), Franco Armando (IPYPP/Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital) y Myriam Leonor Godoy Arroyo (ODC/IP).

29.7.2020

Las organizaciones sociales plantean a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la oferta de un incremento del 15% es insuficiente y profundiza la precarización en la que se encuentra el sector.

Las organizaciones remarcan en especial lo que ocurre con el programa Veredas Limpias e Infraestructura, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde miles de cooperativistas realizan distintas tareas de limpieza, saneamiento, refacción, pintura; entre otras actividades. “Estas cuadrillas que garantizamos desde las organizaciones sociales desarrollamos tareas muy importantes en las villas y barrios populares como así también en distintas zonas de la ciudad”, explican.
La situación no es nueva, todos los años los ingresos de los cooperativistas quedan por detrás de la inflación: “Tomando desde enero del 2018 hasta junio del 2020 la pérdida alcanza casi el 50% en comparación a la inflación medida por el IPC porteño. La pérdida de poder adquisitivo es concreta y grave. En relación a esto, el GCBA ha eliminado la mesa de negociación paritaria donde desde nuestro sector podamos discutir el aumento de convenios y las condiciones de trabajo. Al contrario, nos imponen aumentos de miseria en función del acuerdo que cierran con el SUTECBA. A la pérdida de poder adquisitivo, hay que agregarle que nuestras condiciones de trabajo están por debajo que la de otros sectores de compañerxs del Estado. Lxs cooperativistas no cobramos aguinaldo, las cargas sociales las afrontamos de nuestro bolsillo, no tenemos plus por antigüedad, entre otros derechos que no gozamos”.
Para este 2020, el aumento ofrecido es de un 15% a partir de julio: “Hemos planteado a lxs funcionarios que la oferta del 15% es absolutamente insuficiente asumiendo la pérdida que venimos sufriendo en el acumulado. Es indispensable que se abra una mesa paritaria con todas las organizaciones donde poder discutir una mejora sustancial en los convenios de cara a la segunda parte del año. Debate que debe incorporar la mejora en la condiciones de trabajo de forma integral. En un contexto de crisis económica el GCBA debe apuntar a fortalecer los ingresos de lxs trabajadorxs que menos ganan en la ciudad y eso sin dudas implica tocar intereses de los sectores que más se han enriquecido los últimos 12 años con los negocios en la ciudad”, manifestaron desde las organizaciones sociales.

28.7.2020

Por Enrique de la Calle

Entrevista al fundador de Tecnopolítica, la consultora que propone una nueva visión para pensar las políticas urbanas en el país. “Hay plata para construir ya mismo 100.000 viviendas a la vera del Riachuelo”, describió.

Con la consultora Tecnopolítica, que fundó, viene trabajando el tema urbano, con una propuesta que implica un “cambio de paradigma”, un modo de pensar los problemas de vivienda desde “otro lugar”, como le escuché decir muchas veces. ¿Qué implica eso?
Inti Alpert: Me di cuenta que en Argentina tenemos un problema de comprensión de nuestra propia realidad. El dinero tiene una cosa muy rara, es un sistema de representación. Me dediqué a estudiar cómo podía hacer para, por ejemplo, con una resolución de un municipio (una simple ordenanza) generar un flujo futuro de ingresos, producto de que vas a pavimentar el acceso a un parque industrial y llevar eso a un mercado de capitales y venderlo y cambiarlo por plata. Y esa ordenanza, que es un papel pintado, genera dinero, que es otro papel pintado, que a su vez se puede convertir en el pavimento del acceso al parque industrial que puede pagarlo en cuotas.
En eso de tener un problema de comprensión sobre nuestra realidad aparece el problema de la vivienda, que no termina de entenderse en toda su dimensión. De hecho, uno ve los programas específicos que se anuncian con bombos y platillo, y hablan de construir 20.000 casas por año, lo que representa un porcentaje menor del problema.
IA: La mitad de la población tiene un problema de vivienda en Argentina. Si preguntás en nuestro país quién vive en una vivienda digna y propia, en un barrio lindo de cualquier localidad de la Argentina, te levanta la mano mitad de nuestra población. De ese tamaño es el problema. En Latinoamérica, las carencias de hábitat relevadas por el Banco Mundial hace dos años afectaban a 200 millones de personas, cincuenta millones de familias. Es un desastre. Y los latinoamericanos creemos que es más fácil venderle carteras a los italianos, perfumes a los franceses, autos a los alemanes que buen hábitat a los latinoamericanos…
Cuando uno traslada el problema a un funcionario público, o incluso a un académico, la respuesta siempre es la misma: no hay plata.
IA: Ahí está el problema de falta de comprensión: sobra plata, lo único que sobra en Argentina es plata. Lo único que hacemos seriamente los argentinos desde hace 200 años es imprimir moneda, lo que pasa es que no sabemos crear riqueza haciéndola circular.
¿Cómo se hace eso?
IA: Vamos a un ejemplo extremo. Cuando termina la Segunda guerra mundial, Europa queda devastada. ¿Qué fue el Plan Marshall? No es que Estados Unidos le dio a Europa un montón de cosas ni de plata para comprarles cosas. Le puso un patrón monetario en base al cual un equipo de talentosos conducidos por el General George Marshall desarrolló cientos de miles de proyectos de obras. El arte no es imprimir plata, el arte es hacer circular la plata produciendo obras que efectivamente crean valor. Cuáles crean valor: las que gente está dispuesta a pagar. En Argentina tenemos más de 10 millones de trabajadores formales (6,5 millones en el sector privado y 3,5 en el público), que cada mes cobran sueldo. Entonces, ¿te falta plata? Porque uno podría pensar que tenés una gran masa de recursos en esos millones de trabajadores formales que cada mes pagan un alquiler. Ponele que el promedio de un alquiler fuera de 10.000 pesos (en todo el país) y lo multiplicás por 2,5 millones (supongamos que el resto es propietario). Eso te da 25 mil millones de pesos mensuales que podrían destinarse para hacer vivienda. Entonces, veo que vos podrías hacer rápidamente 100.000 viviendas a la vera del Riachuelo y vendérsela a quienes pagan un alquiler. Para lograr eso, hay que dar un salto clave en la política, que tiene que pasar de ser un organizador de las capacidades colectivas. Ese el paso del subdesarrollo al desarrollo. Los países desarrollados son países donde el Estado organiza la capacidad colectiva de las mayorías. Un Estado lógico diría: a la vera del Riachuelo puedo hacer un Puerto Madero popular, símil Amsterdam o Barcelona, donde vivan 100.000 familias.
¿Cómo se puede construir eso?
IA: Muy sencillo. Hay que diseñarlo y otorgarle a cada familia un número de partida provisoria. ¿Así de fácil? Sí. Lo que hace que un proyecto sea financiable es estar asentado en un plano validado por el Estado. Por ejemplo, Holanda fue capaz de correr el mar para poder vivir mejor. Lo hicieron con ese sistema que ellos llaman polders y nosotros lo llamamos albardones; no pensaron cuánto costaba correr el mar sino cuanto valía Holanda desanegado. No pensaron en términos de gasto público, pensaron en financiar un proyecto.
Me pongo en abogado del diablo: ¿Con qué plata se empieza un proyecto tan ambicioso como “Puerto Madero popular”? Supongo que una obra así requiere de una fuerte inversión inicial, que luego, sí, sería financiada por cada familia.
IA: De nuevo, la plata está. Vos pensá esto: ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo humano? Unos cinco litros. ¿Cuánto bombea un corazón con cada latido? Según leí un pocillo de café de unos 70cm cúbicos pero un corazón llenaría una pileta olímpica en un año. La plata, no es que está o no está. Está dormida o en funcionamiento. Cuando vos tenés una bicicleta parada, la cadena ocupa todo el circuito que ocupa circulando, pero está parada. Hoy, por falta de demanda de pesos, tenés en el Banco Central ¡2,4 billones de pesos!, que nadie pide contra nada para devolverlos y que son de alguien: son de la caja de los arquitectos, de los ingenieros, de los agrimensores, del fondo de pensión militar, de las compañías de seguros de un inversor privado o una empresa. Son hasta de los gremios. Son fondos que están guardados en el Banco Central y nadie los demanda. ¿Por qué nadie las demanda? Porque esa plata no se puede aplicar en ningún proyecto. La plata es siempre la misma, el tema es si circula o no.
Hemos charlado en otras oportunidades sobre su crítica al kirchnerismo y su política de aliento al consumo popular, que terminó siendo contradictoria.
IA: Yo fui crítico del gobierno kirchnerista en eso de imprimir plata, porque se la das a la gente y la gente termina presionando contra el dólar, porque muchos productos son importados o tienen partes importadas. Entonces, la cadena de bicicleta funciona sobre China y necesitamos que funcione a favor de Santiago Del Estero, Lomas de Zamora, o Córdoba, porque China es un muy buen cliente pero de cosas que cargan muy poco trabajo ya que lo que compran caro lo compran en otros países. Si vos ponés a andar esa cadena, esa cadena solo va cuando vuelve. Tenés que desatar el esquema productivo. Mirá la provincia de Buenos Aires: tiene más de 300.000 docentes y la mitad son inquilinos. No los echan del laburo y viven en algún lado. Qué pasa si le decís al mercado que tenés 150.000 personas que pueden comprar 150 proyectos de inversión a la vera del Río. Pero es el Estado el que puede empezar a hacer andar la cadena si aprueba un plano, que hace posible ese proyecto. Los que toman los primeros créditos hacen circular la cadena. Lo que hay pensar, entonces, es cuál es el rol del Estado. ¿Por qué no se arma ya mismo un fideicomiso en cada uno de los 4.600 barrios informales que el propio Estado sabe que existe?