Comunicadores del Sur

9.8.2020

En conferencia de prensa trabajadores denuncian que ya van 200 contagios pese a tener un laboratorio de virología propio. Además, denuncian la falta de testeos, de aislamientos, de elementos de protección de calidad y protocolos unificados.

Este jueves se realizó una conferencia de prensa, luego de ser votada en la última asamblea, realizada la semana pasada entre la Junta Interna ATE- Garrahan, la Asociación de Profesionales y la Comisión de Insalubridad del hospital (CTIAP). Es un avance ya que las y los trabajadores pudieron plantear las denuncias y exigencias que hace 133 días plantean, pero las autoridades del hospital siguen dando la espalda. Tal como sabemos, es el principal Hospital de Latinoamérica con un laboratorio de virología propio y presupuesto suficiente, pero sin embargo siguen sin hacer testeos e invirtiendo en los EPP necesarios y de calidad.
Norma Lezama secretaria General de la Asociación de Profesionales se refirió al salario y los reclamos de las y los trabajadores y dijo: “durante este año no tenemos aumento salarial, no hay paritaria a la vista, nosotros estamos reclamando un aumento de emergencia para todo el nivel operativo…” y agregó: “estamos reclamando dotación de enfermería, los planteles están devastados con 30% de déficit desde antes de la pandemia”. Además, hizo referencia a los EPP que son de mala calidad como los barbijos KN95 y que ponen en riesgo la salud de las trabajadores y trabajadoras. Asimismo, exigió: “que nos hagan testeos, no nos están testeando de forma preventiva… protocolos de trabajo seguro, hay más de 200 compañeros y compañeras infectados…” Y finalizó refiriéndose a la dirección: “no nos están escuchando, no nos están dando respuesta, hoy tenemos un pliego extenso y agregó que “la dirección deje de ejercer violencia y maltrato sobre nuestros compañeros y que si es una cuestión presupuestaria llegue el dinero para poder enfrentar la pandemia”.
Por su parte, Luisa Pérez delegada de la Junta Interna ATE y enfermera, dijo que “desde el 20 de marzo venimos haciendo los reclamos pertinentes, desde la Junta Interna somos críticos de cómo somos tratados los trabajadores, sabíamos que íbamos a tener que luchar para tener los elementos de protección, los famosos EPP…” Además agregó “esta es la situación que vive el Hospital Garrahan, el mejor hospital de Latinoamérica y es político porque no quieren poner plata ni en salario ni en salud pública así como también en educación”. Concluyó: “nuestros pacientes la mayoría son pobres que viven en mucha precariedad social, desde el día 20 le dijimos a la dirección hay que preparar salas COVID porque van a venir nuestros pacientes y tienen que estar preparados nuestros servicios y la directora del Hospital dijo que acá no va a pasar nada, un error si van a venir nuestros pacientes y tenemos que estar preparados…”
Florencia Vargas administrativa y delegada de la Junta Interna de ATE por la agrupación Marrón, dijo que: “el gobierno, la oposición y los empresarios vienen de festejar el acuerdo con los bonistas por el pago de la deuda, pero las y los trabajadores no tenemos nada tenemos nada que festejar”, refiriéndose a las condiciones en las que se trabaja y al nivel de contagios en el hospital, los salarios que están congelados y que no los están testeando, siendo el Hospital más importante de Latinoamérica, que además cuenta con capacidad para realizarlos, al tener un laboratorio de virología. En este sentido, manifestó: “La plata que destinan a la deuda es importante que la destinen a la inversión en salud y que unifiquen el sistema de salud público y privado”. Asimismo, se refirió a que es importante que los sindicatos de ATE y la CTA convoquen a plenarios de delegados y asambleas para poder definir el plan de lucha por las condiciones en las que se trabaja y por las familias que se atienden en el hospital. Para cerrar, concluyó: “Ginés González García y las autoridades nos responsabilizan de los contagios, pero sin embargo en la empresa Felt Fort los hacen ir a trabajar igual siendo que no es una empresa esencial y hay 60 contagios”.
Al finalizar Florencia Vargas de la Marrón nos comentó que mañana 8 de agosto se realizará una asamblea nacional de trabajadores de la salud y que hoy cobra mucha más fuerza la necesidad de pelear por el conjunto de la salud y cuidado de toda la población.

8.8.2020

El máximo tribunal rechazó el recurso del dirigente contra la condena a 3 años y 6 meses por la toma de la comisaría de La Boca en el marco de una protesta por el asesinato de un militante barrial

Este jueves, la Corte Suprema consideró inadmisible el último recurso presentado por la defensa de Luis D’ Elia contra la condena a 3 años y 6 meses de prisión por los hechos ocurridos en la comisaría 24º durante una protesta por el asesinato del referente barrial Martín “Oso” Cisneros en 2004.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 lo condenó en noviembre de 2017 a cuatro años de prisión. Esta decisión, como lo fue todo el derrotero de esta causa que concluye ahora con la decisión de la Corte, constituye un ataque al derecho a la protesta.
El motivo de la condena es la participación del dirigente en la ocupación del hall de la comisaría de La Boca. El hecho ocurrió en 2004 y fue la respuesta de vecinos e integrantes de organizaciones sociales al asesinato de Martín “El Oso” Cisneros, dirigente de un comedor barrial.
La toma fue precisamente para denunciar la complicidad policial con el asesinato de Cisneros.
Luego de varias apelaciones, D’Elía fue detenido en febrero de 2019 cuando la Sala III de Casación – integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahíques- rechazó el último planteo que lo mantenía en libertad. Así comenzó a cumplir la condena por instigación a cometer delitos y le impuso la pena de tres años y seis meses de prisión.
Detenido en el Penal de Ezeiza, ante la pandemia de Covid-19, la justicia se negaba a otorgarle la prisión domiciliaria a pesar de ser un paciente coronario, diabético, revascularizado, con isquemia peri necrosis, que requiere tratamiento anti isquémico completo, actividad física programada y control de stress físicos y psíquicos.
La presión ejercida por un gran arco de dirigentes y referentes políticos hizo que debieran otorgarle la prisión domiciliaria el pasado 4 de abril.
La reciente decisión de la Corte Suprema constituye un ataque al derecho de protesta. Los hechos ocurridos en La Boca fueron en respuesta a un hecho gravísimo en el que está implicada la policía de la comisaría La Boca: el asesinato del militante Martín “Oso” Cisneros, que denunció bandas de narcotraficantes amparadas por la propia policía. Su asesino está libre.

6.8.2020

El Gobierno de la Ciudad estableció que desde el 28 de agosto sólo podrá usarse Telepase para circular en autopistas porteñas. ¿Qué pasará con los casi 500 trabajadores que actualmente cumplen tareas en los peajes?

El jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, anunció en la Legislatura que a partir del 28 de agosto comenzará a ser obligatorio el uso del Telepase en las autopistas de la Ciudad, y no podrá utilizarse más dinero en efectivo para pagar los peajes. Esto implica las cabinas de las autopistas 25 de Mayo, la Illia y la Perito Moreno.
Toda la red de autopistas urbanas se encuentra gestionada por AUSA y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Esta red está integrada por 43 cabinas en las que trabajan 459 personas, entre operación de cajas, señales y supervisión, con rotaciones por turnos en las cabinas manuales, de TelePase y en las playas de peaje.
Si bien el vocero del Ejecutivo porteño declaró que no estarían en riesgo los puestos de trabajo, la realidad es que la implementación y generalización de este sistema de pago electrónico pone en peligro la estabilidad laboral de quienes allí se desempeñan.
Con la excusa de tomar “medidas sanitarias” por la pandemia del coronavirus, el gobierno quiere implementar de manera definitiva este sistema, que viene en desarrollo hace un tiempo e implementado de manera progresiva en las autopistas, pero no se había terminado de concretar.
Mientras tanto, mantiene el millonario negociado de la concesión de autopistas a la empresa AUSA, y se suma a los abultados antecedentes de acuerdos fraudulentos y con enormes ganancias entre las empresas concesionarias y el ex gobierno de Mauricio Macri.
El Telepase es parte de un sistema de cobro electrónico de peajes, que permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin que haga falta la transacción física. Se lleva a cabo mediante una tecnología de comunicación remota, con transferencia automática, y ya está implementado en países como Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Panamá, Portugal, España e Israel, que lo utilizan en sus autopistas tanto entre las ciudades como urbanas.
En la Ciudad de Buenos Aires, luego del 28 de agosto, quienes no hayan habilitado el Telepase, deberán pagar una multa equivalente al doble del costo de la tarifa manual.
Así, una vez más, mientras las tarifas de los peajes continúan en aumento y se pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias, se siguen garantizando las multimillonarias ganancias de las empresas.

6.8.2020

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional CABA, manifestaron su rechazo al contenido de los anexos reglamentarios que restringe el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Nación en la Ciudad de Buenos Aires y exigen la efectiva implementación tal cual fue sancionado por mayoría el 16 de julio pasado en la Legislatura porteña.

“Los anexos presentados tienen restricciones inaceptables, que alteran el contenido de la ley. La reglamentación tiene por objetivo asegurar la ejecución de la ley: toda restricción del derecho es inconstitucional al avanzar el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo”, afirmaron desde la Campaña.
Agregan que estos anexos presentados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no respetan la labor y decisión legislativa, desoyen la voz ciudadana representada democráticamente e imponen restricciones que limitan el derecho universal al acceso de las Interrupciones Legales del Embarazo”.
Entre las restricciones incorporadas, la Campaña mencionaron, en primer lugar, que se establece la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias para garantizar el acceso a ILEs, un requisito que no está presente en el protocolo al que adhirió la Ciudad de Buenos Aires: “La interdisciplina supone un acompañamiento de mayor calidad y un apoyo fundamental para quien la solicite. Sin embargo, no puede ser un obstáculo para la práctica del aborto”.
En segundo lugar, los anexos indican un plazo respecto de la edad gestacional, incorporando exigencias que la Ley no contempla: “El Protocolo no determina plazos para la garantía del derecho a la ILE. El artículo 86 del Código Penal de la Nación, ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, no incorpora plazo alguno para las causales establecidas”.
En tercer lugar, se anuncia que se establecerá la objeción de conciencia institucional: “El protocolo señala la objeción de conciencia individual. El derecho a la interrupción del embarazo, en tanto derecho humano a la salud, debe ser garantizado en todo el sistema de salud, sean instituciones privadas, de obras sociales o públicas”.
En cuarto lugar, el jefe de Gobierno afirmó: “En caso de controversias en referencia a la atención de niñas y adolescentes tempranas, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar”. Al respecto, desde la Campaña aclararon que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya fue clara en el fallo F.A.L. en relación a la no judicialización de la práctica: “El Protocolo señala que ‘en caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores/as, el equipo de salud es quien debe valorar la situación’ siempre respetando el interés superior del niño presente en el Código Civil de la Nación, la Ley 26.061 de Nación y la Ley 114 de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA”.
Desde la Campaña advirtieron que ahora la Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda con los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes: “La ILE ya es derecho, en este contexto de pandemia garantizarlo es una urgencia. Exigimos la implementación efectiva del protocolo aprobado, el acceso universal a los abortos legales (ILEs) sin dilaciones ni restricciones y la incorporación del derecho al aborto como contenido de la Educación Sexual Integral”.

5.8.2020

El titular de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy rechazó el proyecto PRO para recortar un 20% los salarios de estatales y jubilados: «Es un agravio innecesario sobre trabajadores que están arriesgando su vida».

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «cachorro» Godoy, rechazó la iniciativa del PRO encabezada por el senador Esteban Bullrich que impulsa un recorte a los salarios de los trabajadores estatales y dijo que, en definitiva, expresa el conocido «pensamiento neoliberal» que sustenta ese espacio y rubrica lo acordado entre la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y «el sindicalismo empresarial», en el que ubica a la actual conducción de la CGT.
En una entrevista realizada con Télam Radio, mientras participaba del homenaje a Sandra y Rubén, Godoy señaló: «Es un agravio innecesario sobre las y los trabajadores que están arriesgando su vida por el funcionamiento del Estado, como los son los enfermeros y enfermeras, docentes, trabajadores del SENASA, bomberos, los que mantienen el funcionamiento de las centrales de nucleares para proveernos energía, entre tantos otros».
Y añadió: «Es un agravio que diga esto el senador que supuestamente representa a la provincia de Buenos Aires, la más empobrecida del país. Lo que busca con esto es la reafirmación en línea con lo que firmaron la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y el sindicalismo empresarial, de imponer una agenda neoliberal en la Argentina».
En este sentido, el dirigente señaló que además se quiere eludir el debate en torno a temas fundamentales: «La pregunta es cómo puede ser que las cámaras de diputados y senadores estén paralizadas y que solo se discutan los temas a los que están dispuestos desde el PRO».
Y concluyó: «Necesitamos que los representantes que han sido elegidos como nuevo gobierno, que son la alternativa para enfrentar esas políticas neoliberales y construir una perspectiva de país distinta, impulsen y se apruebe la Ley para crear un impuesto a las grandes fortunas, que permita una más justa redistribución del ingreso; y se termine, por ejemplo, con que trabajadores del Malbrán, científicos y técnicos con 25 años de antigüedad cobren entre 32 y 37 mil pesos».