Comunicadores del Sur

14.7.2020

La iniciativa es impulsada por el Observatorio para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comuna 3. Se realizará este miércoles 15 de julio, a las 18 hs por videoconferencia.

Este miércoles 15 de julio, a las 18:00, el Observatorio para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comuna 3 junto a un grupo de investigadores y científicos, presentarán por videoconferencia el plan “Iniciativa para el Resguardo de los Derechos Humanos en el marco de la Pandemia Covid‐19 (IRDH Covid‐19)”.
De esta manera, el observatorio señaló “la desidia por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y puso en marcha “la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos (IRDH), un dispositivo de detección de violación a los Derechos Humanos básicos que se ponen en juego en esta pandemia como son el derecho a la vida, la salud, la educación, la dignidad y la igualdad de las personas.” Para ello, desarrollarán “un registro único de denuncias con el fin de monitorear, registrar y dar testimonio de las violaciones hacia los Derechos Humanos en estos tiempos difíciles. El Comité de Crisis de la Comuna detectó algunos puntos de vulnerabilidad que seguramente serán desarrollados en el encuentro y incluyen los siguientes puntos.”

Puntos de vulnerabilidad propuestos por el Observatorio para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comuna 3

Abandono
Aquellos países que no han tomado medidas de aislamiento preventivo en una etapa temprana, como Brasil o EEUU, recibieron un mayor embate de la enfermedad teniendo hoy un gran número de muertes. Sin el acompañamiento del Estado, la efectivización de medidas preventivas por parte de la población resulta imposible o deriva en graves consecuencias para la misma. Por ejemplo, la ocupación ilegal de tierras en el amazonia ha crecido en los últimos tiempos debido a la imposibilidad de los pobladores indígenas de vigilar los territorios en un contexto de aislamiento. Por este motivo la Secretaría Especial de Salud Indígena de Brasil y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) reclaman un plan de emergencia para garantizar la protección de los territorios. Por otra parte, las consecuencias del abandono por parte del Estado han pintado trágicos escenarios en Ecuador, poniendo a Guayaquil como centro de una tragedia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un caso emblemático de abandono por parte del Estado fue el de la referente barrial Ramona Medina, que falleció por COVID 19 luego de denunciar públicamente la falta de agua y la imposibilidad del aislamiento.

Discriminación
La pandemia dejó al desnudo miserias previamente existentes, pero potenciadas por la coyuntura. Son miles los casos de discriminación y racismo explícito (cómo pudo verse en EEUU en los últimos meses) o implícito (dejando desatendidas demandas de comunidades no reconocidas por los Estados, como los son los inmigrantes y refugiados). El acto de “marcar las casas” de los sospechosos o confirmados ha sido una propuesta considerada por el Gobierno de Jujuy que recibió fuertes críticas por fomentar la discriminación de las personas con COVID-19. En este marco, los Estados cuentan con una gran responsabilidad a la hora de no fomentar las actitudes discriminatorias de las comunidades y velar por la protección de la privacidad de la población.

Violencia
Violencia por parte de las Fuerzas de seguridad. La medida que al momento resultó de mayor efectividad es la del aislamiento preventivo. Esto llevó a requerir de un fuerte aparato policial con el fin de controlar la aplicación de la misma y mantener bajo control la circulación de la población. Lamentablemente hemos sido testigos de tristes eventos desde el comienzo de la pandemia relacionados con el accionar de las fuerzas de seguridad: situaciones en las que se ha sometido a personas a realizar acciones degradantes (como ejercicios físicos o bailes en Isidro Casanova y Villa 1-11-14) por no cumplir el aislamiento; casos de amedrentamiento con armas de fuego para obligar a personas a acatar la cuarentena (Rosario y Tucumán); e incluso se han hecho públicos casos de personas que sufrieron lesiones por disparos de balas de goma, tal como ocurrió en La Plata y en General Pico (La Pampa).

Desigualdad
El virus no nos afecta a toda/os por igual. La ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más rica del país, alberga en su seno focos de vulnerabilidades e indigencia que se manifiestan en los 57 barrios populares y en miles de Hoteles, inquilinatos, Pensiones y Casas Colectivas diseminadas por la ciudad donde las personas viven en situación de extrema vulnerabilidad y constituyen más de la quinta parte la población.
En este encuentro el grupo de investigadores sumarán su mirada sobre la evolución de la pandemia nos brindarán los aportes de la ciencia y la tecnología para enfrentarla. Así mismo se comentarán las distintas herramientas y estrategias desarrolladas para la detección de zonas de mayor vulnerabilidad a padecer violaciones a los derechos humanos.
En este marco y como cierre se presentará el Registro de las violaciones a los Derechos Humanos, que elaboró el Observatorio con la colaboración del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial y los aportes del Instituto del Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y la geo-referenciación de viviendas y zonas vulnerables en un mapa interactivo que se comenzó a construir en la Comuna 3. Ambas herramientas se pondrán a disposición de la Red para conformar el registro y mapeo completo de la Ciudad como contribución a la lucha para construir una ciudad más solidaria e igualitaria, en el marco del respeto irrestricto por los Derechos Humanos.

14.7.2020

Por Sofía Spinelli

La aprobación de la nueva Ley de Alquileres sin duda implica una mejora en los derechos de las y los inquilinos, pero seguirá funcionando como un parche en tanto no se cambie de fondo la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

El aislamiento social parecería haberse establecido como marco de posibilidad para la irrupción en la agenda pública de demandas históricas, como un momento de “pausa” en el que se visibilizan y existe una pequeña brecha de oportunidad para la construcción de nuevos paradigmas de derecho dentro de la ciudad. Al menos, aparentemente.
En este contexto, una noticia festejada en los últimos días fue la sanción de la nueva Ley de Alquileres, que garantiza mejoras en las condiciones para alquilar una vivienda. Esta reforma era exigida hace varios años por colectivos como Inquilinos Agrupados, en conjunto con otras organizaciones sociales.
Más allá de que la ley de Alquileres se presenta como una normativa progresista en la recuperación de derechos de los inquilinos, que representan casi un 35% de la población en la Ciudad de Buenos Aires, la realidad de la urbe más grande del país requiere de reformas políticas mucho más profundas.

Del derecho de uso al derecho de cambio: la vivienda como mercancía

La Ciudad es el escenario en el que se reproducen las desigualdades y los derechos gestionados a partir de un modelo político de producción. Hace ya 13 años que el macrismo gobierna en Ciudad de Buenos Aires a través de una matriz neoliberal, extractiva y mercantil.
Vivimos 44 años sin una regulación de los alquileres. La primera liberación se dio en 1976; se encontraban congelados desde 1943 como medida de emergencia económica. Esta desregulación y la modificación del código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires en ese mismo año dieron pie a un proceso de elitización de la ciudad de Buenos Aires, según explica Alejandro Bercovich en “La insurrección de los inquilinos”.
La necesidad de una ley de alquileres se presenta como respuesta al proceso de inquilinización que atraviesa la Capital Federal. Cada vez menos personas son las dueñas de más inmuebles, construyendo en torno a la propiedad una lógica mercantil y especulativa. Jimena Navatta analiza este proceso afirmando que nos encontramos ante una situación que revierte la tendencia histórica de la vivienda en propiedad, desde la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal en 1948: Si tenemos en cuenta que la población inquilina en el año 2003 era de 23,9% y la propietaria de 64,4% podemos observar un fenómeno de “inquilinización” de la población.
A su vez, si analizamos los datos anteriores a la luz del crecimiento poblacional en la ciudad, según Navatta notamos que la población total se mantiene estable hace 50 años, aumentando sólo 114.013 personas en el decenio 2001-2010 (CNPVH). En el mismo período, la población que vive en villas y asentamientos creció en 56.165 habitantes nuevos, es decir, 52% con respecto al 2001. Esto da cuenta de la carencia de políticas de acceso y regulación de la vivienda en la ciudad, que profundizan los modelos de mercantilización. Esto último se refleja en las 138.328 viviendas ociosas, es decir, vacías, y las 195 mil viviendas que se construyeron entre 2005 y 2018, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas.
Entre las modificaciones que propone la ley se encuentran una extensión del plazo de alquiler mínimo a 3 años, brindando mayor estabilidad, una nueva regulación sobre los precios de alquileres y la regulación del monto a pagar al ingresar al inmueble. Por otro lado, propone la creación del Programa Nacional de Alquiler Social, donde se incorporan como grupos prioritarios a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, jubilados, pensionados, titulares de la prestación de desempleo y cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, según explica Teresita Sacón.
Mientras que se buscan establecer nuevas condiciones que representan un progreso indiscutido para las y los inquilinos, sigue existiendo una relación de poder desde los propietarios y las inmobiliarias que perjudica a quien desea acceder a una vivienda. La posibilidad de presentar una denuncia ante una o varias irregularidades implica para quien desee alquilar, seguramente, la pérdida del inmueble deseado. De esta forma, se construye un sistema en torno a la vivienda donde su necesidad supera cualquier tipo de posibilidad de contrarrestar una normativa vigente. Así, los contratos informales, los hoteles y pensiones, son realidades territoriales donde el Estado y sus normativas se encuentran ausentes. Los propietarios, de esta forma, se conforman como los directores de un juego ubicado entre las necesidades de acceso a la vivienda y su beneficio económico, con mínimas regulaciones de parte del Gobierno de la Ciudad, que se presenta entonces como el principal incentivador de este modelo.
La perspectiva es garantizar el derecho universal de acceso a una vivienda digna. En este sentido, es necesario avanzar en construir el rol de un estado que garantice a quienes tienen la necesidad, este derecho vulnerado, promoviendo registros y regulaciones que colaboren con mejorar las condiciones habitacionales de toda la población. (Sacón, 2020)
La capacidad de acceso, es decir, el derecho a una vivienda adecuada, educación, trabajo, salud, espacios verdes y recreativos, etc., se ha traducido en una estrategia mercantil dentro de la Ciudad de Buenos Aires. A 53 años de que Lefebvre definiera el concepto de derecho a la ciudad, en el municipio más rico del país este horizonte está más lejos que nunca.
Normalizar las condiciones de acceso a la vivienda implica dejar de reproducir el modelo mercantil por el cual se produce ciudad, entender que la vivienda es un derecho y no un bien del mercado. ¿Cuándo perdimos la idea del derecho?

14.7.2020

Desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes denunciaron que este domingo 12 de julio por la noche fue desalojado uno de sus integrantes, un compañero de la comunidad senegalesa, del departamento donde residía en Floresta. Se presentó de inmediato una denuncia ante la Comisaría Vecinal 10A de Floresta, a través de la Defensoría del Pueblo de Ciudad y el Ministerio Público de Defensa de Ciudad.

“Desde el inicio del Aislamiento Social Obligatorio decretado el 20 de marzo, lxs trabajadorxs excluidxs y precarizadxs reclamamos medidas que nos protejan en este contexto de crisis sanitaria, económica y social. En su oportunidad, celebramos el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 del Ejecutivo Nacional, que suspende los desalojos por incumplimiento de pago, prorroga los contratos y congela los precios de alquiler hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la administración de Horacio Rodríguez Larreta no está velando por el cumplimiento de estas medidas en la ciudad de Buenos Aires. En repetidas ocasiones hemos recibido denuncias de desalojos de familias de hoteles, habitaciones y departamentos, en los cuales se ha ignorado por completo el DNU 320/20”, afirmaron desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes.
En este sentido, exigen que se respete el DNU 320/20 y que efectivamente se frenen todos los desalojos, en especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde – según describen – la falta de acción del gobierno está poniendo en riesgo la integridad de muchas familias trabajadoras: “En especial de muchas familias migrantes se encuentran en extrema vulnerabilidad y total desprotección en este contexto de pandemia, pues han tenido que interrumpir sus actividades laborales en la vía pública y además tampoco han podido acceder a medidas estatales de contención económica como el IFE”.

14.7.2020

Por Trabajadores de Comercio de La Red

Según el primer informe, ya son más de 900 casos positivos y 72 sucursales en conflicto en el AMBA.

A continuación, presentamos el informe realizado en base al relevamiento no exhaustivo de casos de COVID-19 y conflictos laborales por condiciones de salubridad e higiene en supermercados e hipermercados del AMBA. Lo construimos a partir de las decenas de denuncias semanales que nos llegan a este diario, así como de trabajadores de comercio que se están organizando en [La Red Precarizadxs, del relevamiento semanal que realizamos en base a fuentes periodísticas y del relevamiento que se encuentra realizando diariamente un sector de trabajadores de comercio.

Observaciones preliminares

Hay un elemento común que recorre todos los casos: las empresas de supermercados tienen responsabilidad directa en el aumento exponencial de casos de COVID-19. Como muestran las denuncias que nos llegan a diario, es moneda corriente el ocultamiento de casos para no verse obligadas a cerrar sucursales y/o aplicar protocolos y medidas sanitarias necesarias. El sindicato, lejos de realizar un relevamiento propio y estar a la cabeza de exigir las condiciones necesarias, actúa de correa de transmisión de la política patronal. A su vez, venimos registrando una conflictividad laboral creciente, sin dudas acicateada por esta situación.
Al momento de publicar este informe, existe un promedio de 25 casos nuevos diarios entre los trabajadores/as. Un 100% por encima del promedio de hace dos semanas y totalizando aproximadamente alrededor de 900 casos en lo que va de la cuarentena.
Los 900 casos positivos se distribuyen entre 264 establecimientos relevados en el AMBA. 768 se concentran entre las principales marcas, correspondiendo por lejos el podio a COTO que concentra 427 casos. Además, resulta significativo el registro de 72 conflictos laborales motivados por el persistente incumplimiento del protocolo ante casos de COVID-19 sospechosos, así como por condiciones necesarias de salubridad e higiene en cada establecimiento. En el 30% de los establecimientos, sus trabajadores realizaron protestas y /o medidas de fuerza como respuesta a esta situación.
Resulta llamativo que a esta altura no existan medidas por parte del Estado ni protocolos específicos que protejan la vida de este sector esencial de la clase trabajadora, más aún cuando está demostrado que sus lugares de trabajo se convirtieron en verdaderos focos de contagio.

Ganadores y perdedores en tiempos de pandemia

Toda crisis tiene sus ganadores y perdedores. La cuarentena es rica en definiciones que ilustran esto. Las cadenas de supermercados e hipermercados están entre los claros ganadores en esta coyuntura, aunque no podemos decir lo mismo de sus trabajadores. De un lado, se registran aumentos de precios por encima de la inflación y ventas extraordinarias. Del otro, congelamiento salarial, pésimas condiciones de higiene y salubridad, así como una precarización y multifuncionalidad laboral creciente.
Como consecuencia de la pandemia, y fundamentalmente entre las primeras semanas de aislamiento, registraron ventas extraordinarias en comparación a años anteriores gracias al incremento de la comercialización de alimentos y productos de higiene personal como alcohol en gel. Según la Encuesta de Supermercados del INDEC, las ventas acumuladas a abril 2020 de las 101 principales cadenas de supermercados e hipermercados, muestran un incremento real del 3,4% por encima del mismo período del año pasado (INDEC, Encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas, abril 2020).
A su vez, en abril se vuelve a ratificar una tendencia que se sostiene desde principio de año: los precios del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” son los de mayor crecimiento de toda la economía argentina. Una evolución que dicho sea de paso, no se condice con los “costos” generales de dichas empresas los cuales disminuyeron en términos reales por distintos motivos: a) Congelamiento salarial desde marzo; b) Quienes se encuentran de licencia por pertenecer a grupos de riesgo sufrieron reducciones salariales del 25%; c) Las nóminas salariales reciben hasta el 50% del subsidio estatal sobre los sueldos; d) Transporte y logística registran incrementos menores a otros meses al igual que los servicios públicos como el agua, gas, electricidad (SEyE, Evolución comparativa de precios minoristas y mayoristas, mayo 2020).
Según otro estudio publicado recientemente que se propone analizar escenarios económicos post pandemia en Argentina, existe una constante entre los 7 escenarios posibles que plantea para el sector de comercio: En todos ellos, incluso el más optimista, los trabajadores son los claros perdedores. El derrotero incluye desde rebajas salariales del 25% para los no esenciales del sector, hasta el despido de más de 300.000 trabajadores registrados y, en el mejor de los casos, una recomposición salarial por debajo de la inflación (SEyE, Escenarios posibles post pandemia, junio 2020).
El cuadro real de conjunto es peor aún si contabilizamos a los miles que no se encuentran registrados ni tienen derechos laborales y son la principal variable de ajuste. No es un dato menor si tenemos en cuenta además, que esta rama concentra alrededor del 40% de empleo sin registrar en el país (detrás del servicio doméstico y la construcción).

Precarización y flexibilización laboral, marca registrada

Desde hace décadas, las condiciones de trabajo en supermercados e hipermercados son un verdadero laboratorio neoliberal. Estas empresas hacen uso tanto de la llamada flexibilización “externa” a través de la contratación precaria mediante agencias y la tercerización de distintas tareas, como “interna” con horarios rotativos, jornadas extenuantes, horas extras no retribuidas como tales, multifuncionalidad, presión constante de las jefaturas, las cuales derivan en distintas enfermedades laborales.
Esta situación se está viendo agravada en medio de la pandemia, la cual es utilizada de excusa para no respetar categorías establecidas por contrato, horarios de trabajo y/o tareas, y para imponer congelamientos salariales o actualizaciones por debajo de la inflación con la complicidad de la cúpula sindical de comercio.
Hay sobradas muestras de desprecio de estas empresas hacia la vida de los trabajadores. Como puede verse en el video que trascendió el lunes pasado donde se ve cómo un gerente de Coto de la sucursal Lanús amenaza a trabajadores e inspectores para evitar el cierre de una sucursal, que cuenta con más de 20 casos confirmados entre sus trabajadores (sin tener en cuenta sus familias y contactos estrechos), o en la sucursal Boedo de la misma marca, que actualmente cuenta con 27 casos positivos y, a pesar de varias denuncias de sus trabajadores, hicieron lo imposible para evitar cerrar preventivamente.

Conflictividad laboral en aumento

Las características que viene presentando la dinámica de los conflictos en el sector permiten concluir a primera vista que, en la medida en que fue creciendo exponencialmente el contagio, lo hizo también el nivel de conflictividad. En todos los casos estuvo ligado a exigencias a las empresas con el objetivo que apliquen el protocolo ante casos sospechosos, así como condiciones de salubridad e higiene tales como insumos de protección para los trabajadores, desinfección de línea de cajas, salón de ventas, comedores, depósitos, vestuarios.
Desde el inicio de la pandemia, registramos al menos 72 sucursales donde se llevaron adelante conflictos laborales que cumplen las mencionadas características. 49 corresponden a la francesa Carrefour, entre los cuales podemos destacar las sucursales de Tres de Febrero, José C. Paz, Pilar y otras de CABA (como el sucedido recientemente en el barrio San Nicolás de CABA) donde sus trabajadores pararon y/o lograron cerrar dichos establecimientos hasta que la empresa cumpla con los insumos necesarios, desinfecte y aplique correctamente el protocolo.
En todos los casos, se trata de conflictos impulsados por las propias bases, o delegados independientes al gremio de Cavalieri, quien actúa como un integrante más de la cámara empresarial de atentando contra la vida de trabajadores, sus familias y clientes que circulan por miles diariamente en cada sucursal.
Desde el inicio de la cuarentena a esta parte, sobran ejemplos que muestran que son los propios trabajadores quienes deben decidir y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos, el aislamiento correspondiente y demás medidas necesarias para proteger su salud y la de sus familias.
En Carrefour del barrio de San Nicolás los propios trabajadores cerraron el comercio exigiendo que se realicen los hisopados correspondientes y continúan denunciando la falta de elementos de seguridad e higiene. Una medida similar tomaron los trabajadores de sucursal de la misma empresa en la localidad de Martín Coronado, en otra sucursal de la Zona norte de la CABA o incluso más al norte en la localidad de Pilar, donde los trabajadores impusieron la clausura municipal.

Las vidas trabajadoras importan

La multiplicación de contagios totalmente evitables y denuncias por no respetar las medidas de seguridad se cuentan por miles entre los trabajadores esenciales. Los trabajadores de la salud representan cerca del 10% de los contagios y a su vez existen muchas denuncias por falta de recursos. En locales de comida y otro tipo de comercios esenciales la curva se disparó las últimas semanas, pero también en distintas ramas y establecimientos donde no se realiza producción esencial. Esto sucede, debido a que las patronales con el objetivo de incrementar aún más sus márgenes de ganancia exponen a sus trabajadores y sus familias al contagio sin ningún tipo de inversión en condiciones sanitarias ni planificación del abastecimiento acorde al distanciamiento social necesario.
El Estado y el gobierno provincial no controlan ni inspeccionan la aplicación de los protocolos existentes. En estos sectores, también fueron los trabajadores quienes se organizaron para lograr la aplicación de los protocolos y condiciones de salubridad. Así lo hicieron en Mondelez Pacheco y en Bridgestone, donde los delegados impusieron a través de asambleas, o paros, la aplicación de protocolos. También lo hicieron los trabajadores aeronáuticos al inicio de la pandemia, y lo siguieron haciendo en las diversas fábricas y ramas industriales a través de reclamos, juntadas de firmas, medidas de fuerza.
Los grandes medios de comunicación, como es de esperar, priorizan las pautas publicitarias de estas empresas impidiendo que las denuncias de sus trabajadores puedan difundirse y se refleje la magnitud real del problema. Los esenciales son los grandes ausentes en los canales de televisión y discursos presidenciales por igual.
Por todo esto, ayudanos a difundir y mantener el relevamiento actualizado para dar cuenta cómo viven la pandemia los sectores que se encuentran en la primera línea de comercio. Tu denuncia es necesaria.
Dejanos tu denuncia por whatsapp: 11-2340-9564
O escribinos al IG: @lared.precarizadxs

14.7.2020

Desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes denunciaron que este domingo 12 de julio por la noche fue desalojado uno de sus integrantes, un compañero de la comunidad senegalesa, del departamento donde residía en Floresta. Se presentó de inmediato una denuncia ante la Comisaría Vecinal 10A de Floresta, a través de la Defensoría del Pueblo de Ciudad y el Ministerio Público de Defensa de Ciudad.

“Desde el inicio del Aislamiento Social Obligatorio decretado el 20 de marzo, lxs trabajadorxs excluidxs y precarizadxs reclamamos medidas que nos protejan en este contexto de crisis sanitaria, económica y social. En su oportunidad, celebramos el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 del Ejecutivo Nacional, que suspende los desalojos por incumplimiento de pago, prorroga los contratos y congela los precios de alquiler hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la administración de Horacio Rodríguez Larreta no está velando por el cumplimiento de estas medidas en la ciudad de Buenos Aires. En repetidas ocasiones hemos recibido denuncias de desalojos de familias de hoteles, habitaciones y departamentos, en los cuales se ha ignorado por completo el DNU 320/20”, afirmaron desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes.
En este sentido, exigen que se respete el DNU 320/20 y que efectivamente se frenen todos los desalojos, en especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde – según describen – la falta de acción del gobierno está poniendo en riesgo la integridad de muchas familias trabajadoras: “En especial de muchas familias migrantes se encuentran en extrema vulnerabilidad y total desprotección en este contexto de pandemia, pues han tenido que interrumpir sus actividades laborales en la vía pública y además tampoco han podido acceder a medidas estatales de contención económica como el IFE”.