26.11.2020
El oficialismo no consiguió los votos y la oposición la rechazó. Myriam Bregman la definió como “una ley para que la Justicia arme causas contra opositores, incluso en internas partidarias y no se respete el voto popular, como hicieron en Brasil con Lula”.
El oficialismo de Larreta no logró alcanzar los 40 votos necesarios para proclamar la ley denominada “ficha limpia”, que modificaría el Código Electoral porteño. Luego de extensos discursos la votación terminó 39 a favor (Vamos Juntos) y 20 en contra (Frente de Todos, Frente de Izquierda y AyL).
La “ficha limpia” busca impedir la candidatura de quienes tengan causas de corrupción, pero como bien se planteaban desde la oposición “a pesar de no tener los votos necesarios la presentaron igual. Solo les interesaba la campaña mediática”.
Además, “La llamada ley de ficha limpia no ‘combate la corrupción’ sino que habilita a inventarles causas a los adversarios políticos, incluso en internas partidarias. Nosotros defendemos que se respete la voluntad popular”, como explicó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
“No se está tratando un proyecto de ley, se está tratando una campaña política promovida por la embajada de Estados Unidos para el subcontinente. Una campaña que se está llevando adelante en distintas provincias y también frente al Congreso Nacional” denunciaba Bregman mientras llamaba a aponerse a la misma a “todos los que se reconozcan como democráticos”.
La ley de ficha limpia o los nombres que tengan en distintos países pretende afectar directamente los procesos electorales, pero se enmarcan en otras leyes similares donde son una clara injerencia de los EEUU, como las explicó Bregman, “Desde fines de los años 90 (y según las necesidades de EEUU), se impuso la implementación de otras leyes como la ley antiterrorista, ley del arrepentido, agente encubierto, etc.”.
El caso más emblemático y conocido es el de Brasil, y Bregman recordó a los presentes para que nadie se haga el distraído: “Ante la presión y la demagogia, el propio Lula hizo aprobar la ley de ficha limpia, que luego la usarían en forma escandalosa en su contra. Lo proscribieron sin tener condena firme, estando primero en las encuestas con la operación Lava Jato. Y así ganó Bolsonaro, quien luego puso de ministro a un hombre de la embajada yankie, Sergio Moro, quien fuera el juez carcelero de Lula”.
Para conceptualizar a que se refiere esta ley Bregman declaró: “Esta ley es un gran incentivo para judicializar las elecciones, incluso dirimir internas partidarias. Quién maneja la justicia puede armar causas contra opositores. Se crean condiciones para violentar la voluntad popular reemplazándola por el gobierno de los jueces. Es inadmisible que desde la izquierda la acompañemos”.
“Para colmo en esta Ciudad, quien tendría la potestad de hacer cumplir esta ley sería Juan B. Mahiques, quien fue parte de la escandalosa mesa judicial macrista, como jefe de fiscales”, aclara Bregman.
En definitiva como bien explicaba la diputada del Frente de Izquierda “El Poder Judicial es parte de este Estado capitalista, con fuertes rasgos semicoloniales, que aplica un sistema legal que antes que nada se basa en la legitimación de las relaciones de producción dominantes, donde la explotación capitalista es legal, como en el pasado lo fueron la servidumbre, la explotación feudal o la esclavista”. Un poder judicial que en la división de los tres poderes del estado le corresponde “tutelar al pueblo, ante sus elecciones erróneas”. Lo cierto es que su papel histórico ha sido limitar al mínimo la incidencia de la soberanía popular en las democracias capitalistas.
Dicho sea de paso, como dice Bregman, “Jueces que nadie votó se arrogan el derecho de decidir por sobre el pueblo. Si les molestan los funcionarios corruptos ¿por qué no se le da a la población a que sea la que pueda revocar sus mandatos? ¿Por qué no puede ser juzgados por juicios por jurados? Es obvio que no, porque la corrupción es inherente al sistema capitalista y nunca van a cuestionar al propio sistema”.
“Gran parte de esas normas son acompañadas de fuertes campañas mediáticas con la excusa de combatir “la corrupción”, porque con ello buscan transformar este tema en eje de todos los problemas sociales y económicos, y tapar así con ello las políticas de ajuste, entrega, los pactos con el FMI, la represión e incremento del control social”, advierte Bregman, mientras aclara, aunque no haga falta que “si hay algún sector político completamente alejado de la corrupción y que la denuncia a cada paso, justamente es la izquierda”.
Si hay corruptos hay corruptores, pero nadie habla de ellos
Yendo al fondo de las implicancias políticas y sociales de este tipo de leyes, Bregman introduce un elemento del que nadie quiere hablar, el de los corruptores, o sea los empresarios que pagan las coimas, diciendo: “Corruptores y corruptos son partes de la misma lógica, la política capitalista se mueve entre la impunidad o el armado de causas para correr a adversarios políticos. Incluso rige lo que en Europa llaman la puerta giratoria, donde se pasa de las gerencias de las empresas a la gestión pública y viceversa”.
Sin ir más lejos y como ejemplo. trajo a colación un caso emblemático de esta ciudad, que con la ley del arrepentido le permitió ser parte sin tener salpicaduras: “Roggio terminó declarando ante la Justicia como “arrepentido” y admitió que pagó coimas durante años a través de Ricardo Jaime, aportando el 5% del dinero que recibió como subsidios por la empresa Metrovías”. Dicho sea de paso, la ley del arrepentido fue votada por los dos bloques mayoritarios, PJ y Cambiemos, con la única oposición del Frente de Izquierda.
Para dejarlo más claro Bregman, increpó al oficialismo porteño: “¿Ustedes que son tan luchadores contra la corrupción, les anularon la concesión de subterráneos de Buenos Aires? No, ayer les dieron un nuevo tarifazo y como contó el jefe de Gabinete, Felipe Miguel incluso le dieron a Roggio y Metrovias, $ 5.364 millones de pesos entre el fondo subte y subsidios”.
Finalizando la diputada del Frente de Izquierda fue categórica: “Un sector de las clases dominantes intenta convencer a las mayorías populares de que los delitos relacionados a la corrupción son infinitamente más graves que la persecución y los asesinatos de características políticas y los ajustes que sufren de parte de los gobiernos”.
Y agregó: “De nuestra parte, denunciaremos la corrupción de cualquier funcionario, pero a sabiendas que es parte del propio sistema de conjunto, y jamás vendrán de nosotros medidas proscriptivas, porque toda restricción democrática indefectiblemente vuelve contra el pueblo”.
