Comunicadores del Sur

7.12.2020

Por Juan Borges

Federico Ravina, abogado de la víctima de violencia institucional Fernando Carrera, dialogó sobre el emblemático caso conocido como “la Masacre de Pompeya”. El 25 de enero de 2005, Carrera conducía su Peugeot 205 cuando sufrió la persecución de agentes policiales -vestidos de civil- que lo confundieron con otro vehículo que perseguían por un robo.

Luego de que Carrera intentara escapar de quienes creía que era un grupo de delincuentes, los efectivos dispararon brutalmente contra su vehículo. El ataque con armas de fuego provocó la embestida del su vehículo contra dos mujeres y un niño que fallecieron en el cruce de Avenida Sáenz y Esquiú. Allí comenzaron los intentos de la fuerza de seguridad de encubrir el crimen policial que terminaron con Carrera preso.
¿Qué balance haces sobre los hechos de la llamada “Masacre de Pompeya” y el derrotero judicial?
FR: Tengo sentimientos encontrados sobre el balance de la causa que nos tocó militar, defendiendo a Fernando Carrera.
Por un lado, brotan sensaciones de impotencia ante la impunidad manifiesta de un Poder Judicial que decidió concluir la causa, absolviendo y liberando a un inocente tras las rejas, dejando impunes a los verdaderos responsables de tanta muerte, sangre y dolor.
Sin perjuicio de esto, rescato el enorme compromiso colectivo que permitió poner en la agenda pública, la terrible injusticia que vivía Fernando tras las rejas y la de su familia encerrada en tremendo dolor.
Pudimos, en primer lugar, dar vuelta la condena mediática, para luego lograr que el Poder Judicial (a través de la Corte Suprema en dos oportunidades y luego de más de 12 años de lucha), aceptara que se trató de una causa armada policial con complicidades judiciales y de los medios de comunicación.
Rescato el producto audiovisual de la película “El rati horror show”, que puso en evidencia una práctica policial, judicial y mediática, y que trascendía al caso concreto y mostró el funcionamiento corporativo de un poder judicial, alejado de cualquier concepto cercano al de “administrar justicia”.
Lamentablemente, terminando el año 2020, todo sigue igual, pero nos queda la experiencia de saber que se le puede ganar.
Está en nosotros.
¿Qué mirada tiene sobre los casos de violencia institucional sucedidos en los últimos tiempos?
FR: La violencia Institucional aumentó exponencialmente durante los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y sus secuaces.
Lo medios masivos de comunicación, difundiendo hechos de inseguridad en forma irresponsable, construyeron la respuesta macrista de que está bien primero disparar y después preguntar (gatillo fácil). Se desarticularon las Unidades especializadas del Ministerio Publico Fiscal sobre violencia institucional y los jueces de nuestro querido país, continuaron avalando muchísimas muertes injustas y sus impunidades.
¿Cuáles considera que fueron los casos emblemáticos de violencia policial durante la gestión macrista?
FR: Todos los casos injustos impactan, pero la muerte de Rafael Nahuel, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado fueron un punto de inflexión.
No me puedo olvidar de las terribles imágenes del efectivo policial Chocobar asesinando a un muchacho, tirado en el suelo, desarmado y herido.
La responsabilidad de los gobernantes, fue determinante.
¿Cómo observa actualmente a la justicia y que aspectos es necesario reformar?
FR: El Poder Judicial es muy precario e injusto. Es necesario reformular el rol de las fuerzas de seguridad, dentro del organigrama de los jueces. Pienso en una policía judicial y en jueces que trabajen con la responsabilidad y el debido control de cualquier funcionario público.
Los fiscales deben tener protocolos de investigación cuando intervengan fuerzas represivas del estado en la comisión de cualquier delito.
Por supuesto que no me cierra que ningún funcionario tenga cargo vitalicio. No me gustan las monarquías.

7.12.2020

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que Horacio Rodríguez Larreta pretende recortar los días de recolección de basura: «Es un mamarracho más del candidato de Clarín y La Nación«, disparó el dirigente sindical.

Sobre ello, remarcó que el jefe de gobierno porteño «le cobra a los laburantes que consumen con la tarjeta de crédito y ahora quiere recortarle uno o dos días a los trabajadores de la recolección. Que Larreta no le toque ni un peso al gremio de los camioneros porque ya sabemos cómo va a ser la reacción«.
En diálogo con El Destape Radio, Moyano aseveró: «No entiendo la locura de ajustar salarios y condiciones de trabajo. Puede haber un colapso de residuos en caso de tormenta«.
Por otro lado, el líder sindical se refirió al futuro de la CGT: «El país necesita la unidad del movimiento obrero para bancar lo que se viene. Necesitamos una CGT que acompañe, critique y lleve propuestas al gobierno. El año que viene la oposición va a salir con todo a desestabilizar. Es un año electoral y no podemos olvidar que el macrismo fue el gobierno más nefasto para los trabajadores y los jubilados», subrayó

3.12.2020

El Dr. Alejandro Hakim falleció hoy de un infarto mientras marchaba junto a sus compañeros hacia la sede del Gobierno porteño. En el día del médico y en el marco de un paro del personal de salud que se encuentran reclamando por “salarios dignos” y el reconocimiento de la carrera profesional, entre otras demandas.

Hoy es el día del médico y para los médicos y todo el personal de salud es un día de lucha y los encontró de paro y en la calle. Marchando a la sede del Gobierno porteño, el Dr. Alejandro Hakim, Jefe de Obstetricia del hospital Ramos Mejía, falleció de un paro cardiaco rodeado de sus compañeros que no pudieron salvarlo. “Tendríamos que estar atendiendo en el hospital, pero no, tenemos que salir a la calle a protestar por los magros salarios, mientras damos nuestra vida por la salud pública”, decían sus compañeros.
En la sede del Gobierno porteño, en la calle Uspallata, se congregaron para reclamar todo el personal de salud de la Ciudad. Los médicos exigiendo un aumento salarial acorde a la inflación, el personal de enfermería por el reconocimiento como carrera profesional y los residentes y concurrentes contra la precarización de sus condiciones de trabajo.
En medio de la pandemia y con un sistema de salud en crisis, donde el personal de los 34 hospitales porteños se pusieron al frente de salvar vidas, generó un estrés particular, desgaste, cansancio y como si esto fuera poco tuvieron que lidiar todo el año con protestas para conseguir los materiales de protección sanitaria, refacciones edilicias acordes a la pandemia, un sobre trabajo en guardias, el multi empleo y todo sin poder llegar a fin de mes con salarios muy por debajo de la canasta familiar.
Los residentes y concurrentes, realizaron una asamblea para discutir los pasos a seguir. La misma fue cruzada por el dolor y la bronca por el fallecimiento de su colega médico del Ramos Mejía. Junto con esto repudiaron a la conducción de la Asociación Médica por su falta de unidad con el resto del personal de los hospitales y por su tibieza en encarar el fallecimiento de su compañero.
En dicha asamblea, se hizo presente la diputada porteña del Frente de Izquierda, que se acercó a llevar la solidaridad de su bloque ante la lucha de todo el personal de salud.
Hoy es un día donde todo el personal de salud recuerda a sus compañeros fallecidos por Covid-19. Dieron su vida salvando vidas, mientras los gobiernos los felicitan en conferencias de prensa y los denominan “los esenciales” los tratan como descartables. El dolor y la bronca recorre la movilización y la pelea seguirá.

3.12.2020

Santilli pidió “dejar las elecciones” para 2023. La ministra Losardo criticó a Larreta. De fondo, una discusión donde las necesidades de las mayorías populares no tienen importancia.

Como una suerte de (mal) remake de la eterna lucha entre unitarios y federales, la pelea por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires sigue su curso. En las últimas horas hubo reclamos cruzados, chicanas y presiones sobre la Corte Suprema de Justicia.
La pelea volvió a escena desde el fin de semana y tuvo su escena principal a lo largo del lunes en la Cámara de Diputados, cuando se puso en el temario de una sesión especial el punto en cuestión.
La maratónica reunión -duró alrededor de 18 horas- terminó con media sanción al proyecto de ley que modifica la coparticipación que el Gobierno nacional le envía a la Ciudad de Buenos Aires. En la votación, los diputados del Frente de Izquierda Unidad se abstuvieron. En su intervención, Nicolás del Caño denunció que se trataba de una disputa que no beneficiaba a las grandes mayorías populares.
La respuesta del Gobierno de Larreta fue inmediata. En una conferencia de prensa denunció al Gobierno nacional y afirmó que buscan llevar “a los porteños al límite del sometimiento”. Apostando al miedo y refiriéndose a los fondos destinados a la Policía de la Ciudad, se preguntó “¿quieren sacarle la Seguridad a la gente para que la calle sea tierra de nadie y que barrabravas violentos puedan tomar la Casa Rosada como el otro día?”.
Este miércoles, respondiendo específicamente a esas declaraciones, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó que “los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados”. En declaraciones radiales indicó que el Congreso de la Nación “ordenó” la coparticipación.
En la conferencia Larreta directamente apuró a la Corte Suprema de Justicia. “Necesitamos que la Corte se manifieste para restablecer el federalismo que se quebró. Porque hoy es la Ciudad pero mañana puede ser cualquier otra provincia”, afirmó en relación al recurso presentado por el Gobierno de la Ciudad frente al máximo tribunal.
Este miércoles fue la ministra de Justicia la encargada de responder estas críticas del jefe de Gobierno porteño. Desde su cuenta de Twitter, Marcela Losardo la que se mostró preocupada porque Larreta “pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema”.
A la funcionaria se le “olvidan” todas las “presiones inapropiadas” que su propio Gobierno ejerció contra la casta judicial. La velocidad con la que transcurren los hechos coopera a esas omisiones. Pero no pasaron ni dos meses de aquel pedido explícito de Alberto Fernández a la Corte Suprema para que decidiera en favor del oficialismo en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
Los cruces y las peleas no terminaron allí. Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de CABA, se lanzó a criticar a Máximo Kirchner. Lo hizo afirmando que sería bueno “dejar las elecciones para 2023”. La afirmación es una respuesta a lo que el jefe de los diputados oficialistas dijo en la Cámara baja el martes por la madrugada.
Ese día, en su discurso de cierre, criticó a Larreta como eventual futuro candidato presidencial y afirmó que “el país terminó endeudado y patas para arriba” cada vez que un jefe de Gobierno porteño fue presidente.
Macri, por su parte, cargo contra los diputados ligados a Schiaretti que votaron a favor y se mostró confiado en que la Corte Suprema termine fallando en contra de la resolución.
Hay que recordar que el origen de esta disputa está atado a la resolución que tomó el Gobierno de Alberto Fernández para poner fin a la protesta de la Policía Bonaerense que tuvo lugar en el mes de septiembre.
En ese entonces, el Gobierno nacional recortó por decreto fondos a la Ciudad de Buenos Aires para otorgar un aumento de remuneraciones a los efectivos de esa fuerza. Es decir, cedió abiertamente al chantaje de una de las mayores mafias del país.
Ahora, en la discusión reabierta entre el Ejecutivo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no hay en debate nada que pueda beneficiar a las grandes mayorías populares.

2.12.2020

Santilli pidió “dejar las elecciones” para 2023. La ministra Losardo criticó a Larreta. De fondo, una discusión donde las necesidades de las mayorías populares no tienen importancia.

Como una suerte de (mal) remake de la eterna lucha entre unitarios y federales, la pelea por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires sigue su curso. En las últimas horas hubo reclamos cruzados, chicanas y presiones sobre la Corte Suprema de Justicia.
La pelea volvió a escena desde el fin de semana y tuvo su escena principal a lo largo del lunes en la Cámara de Diputados, cuando se puso en el temario de una sesión especial el punto en cuestión.
La maratónica reunión -duró alrededor de 18 horas- terminó con media sanción al proyecto de ley que modifica la coparticipación que el Gobierno nacional le envía a la Ciudad de Buenos Aires. En la votación, los diputados del Frente de Izquierda Unidad se abstuvieron. En su intervención, Nicolás del Caño denunció que se trataba de una disputa que no beneficiaba a las grandes mayorías populares.
La respuesta del Gobierno de Larreta fue inmediata. En una conferencia de prensa denunció al Gobierno nacional y afirmó que buscan llevar “a los porteños al límite del sometimiento”. Apostando al miedo y refiriéndose a los fondos destinados a la Policía de la Ciudad, se preguntó “¿quieren sacarle la Seguridad a la gente para que la calle sea tierra de nadie y que barrabravas violentos puedan tomar la Casa Rosada como el otro día?”.
Este miércoles, respondiendo específicamente a esas declaraciones, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó que “los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados”. En declaraciones radiales indicó que el Congreso de la Nación “ordenó” la coparticipación.
En la conferencia Larreta directamente apuró a la Corte Suprema de Justicia. “Necesitamos que la Corte se manifieste para restablecer el federalismo que se quebró. Porque hoy es la Ciudad pero mañana puede ser cualquier otra provincia”, afirmó en relación al recurso presentado por el Gobierno de la Ciudad frente al máximo tribunal.
Este miércoles fue la ministra de Justicia la encargada de responder estas críticas del jefe de Gobierno porteño. Desde su cuenta de Twitter, Marcela Losardo la que se mostró preocupada porque Larreta “pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema”.
A la funcionaria se le “olvidan” todas las “presiones inapropiadas” que su propio Gobierno ejerció contra la casta judicial. La velocidad con la que transcurren los hechos coopera a esas omisiones. Pero no pasaron ni dos meses de aquel pedido explícito de Alberto Fernández a la Corte Suprema para que decidiera en favor del oficialismo en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
Los cruces y las peleas no terminaron allí. Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de CABA, se lanzó a criticar a Máximo Kirchner. Lo hizo afirmando que sería bueno “dejar las elecciones para 2023”. La afirmación es una respuesta a lo que el jefe de los diputados oficialistas dijo en la Cámara baja el martes por la madrugada.
Ese día, en su discurso de cierre, criticó a Larreta como eventual futuro candidato presidencial y afirmó que “el país terminó endeudado y patas para arriba” cada vez que un jefe de Gobierno porteño fue presidente.
Macri, por su parte, cargo contra los diputados ligados a Schiaretti que votaron a favor y se mostró confiado en que la Corte Suprema termine fallando en contra de la resolución.
Hay que recordar que el origen de esta disputa está atado a la resolución que tomó el Gobierno de Alberto Fernández para poner fin a la protesta de la Policía Bonaerense que tuvo lugar en el mes de septiembre.
En ese entonces, el Gobierno nacional recortó por decreto fondos a la Ciudad de Buenos Aires para otorgar un aumento de remuneraciones a los efectivos de esa fuerza. Es decir, cedió abiertamente al chantaje de una de las mayores mafias del país.
Ahora, en la discusión reabierta entre el Ejecutivo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no hay en debate nada que pueda beneficiar a las grandes mayorías populares.