Comunicadores del Sur

29.7.2020

IPPyP-ODC**

El gobierno porteño gasta en los bolsones alimentarios el 100% más de lo que las familias reciben. El costo adicional, pagado por el gobierno porteño como consecuencia de la contratación de empresas intermediarias, permitiría pagarles el salario a 300 trabajadoras comunitarias cuyo trabajo esencial no es reconocido por el estado y son ellas quienes vienen gestionando la pandemia en la primera línea de los barrios populares. A estos datos arriba el informe La mercantilización del hambre: El arte de hacer negocios con la alimentación en tiempos de crisis sanitaria y económica.

La asistencia alimentaria en las villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de comedores comunitarios asistidos por el programa de Atención a Grupos Comunitarios del GCBA que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El sistema consiste en la entrega de raciones crudas por parte del GCBA, a través de empresas concesionarias, a los comedores comunitarios reconocidos. Las trabajadoras comunitarias, sin ningún tipo de reconocimiento salarial se encargan diariamente de recibir los alimentos crudos, elaborarlos y entregarlos según la modalidad de vianda o habilitando el espacio comunitario para que las familias puedan almorzar, merendar y cenar. La pandemia del Coronavirus Covid-19 obligó a realizar ciertos cambios en el sistema. En primer lugar, en los comedores se empezó a entregar solamente viandas ya que sanitariamente no era aconsejable la aglomeración de personas comiendo en un espacio cerrado del comedor. En segundo lugar, muchos comedores empezaron a cerrar porque las/los trabajadoras/es comunitarios encargadas de sostener la asistencia alimentaria se contagiaron de Covid-19. Lamentablemente son muchas/os las/os referentes de espacios comunitarios fallecidos: Gladys Argañaraz, Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro y tantas/os otros/as. En este contexto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo creado por la Ley N° 1.251 y principal responsable de las políticas habitacionales porteñas, comenzó a ocuparse de la asistencia alimentaria en los barrios populares mediante la entrega de bolsones de alimentos a las familias con necesidades alimentarias, solapándose con la tarea desarrollada por Grupos Comunitarios.
El IVC decidió privatizar este servicio de alimentación contratando la entrega de bolsones con empresas de catering como Sano y Bueno Catering S.A.
El IVC contrató con la empresa Sano y Bueno Catering S.A. la entrega de 30.000 bolsones de alimentos por la suma de $36.000.000, es decir, cada bolsón costó $1.200. El propio IVC en un Informe reconoce que adquirió un total de 30.000 bolsones de comida a ser distribuidos mensualmente en mayo, junio y julio.
El IVC en su informe incorpora un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Las marcas y los productos elegidos no corresponden a los alimentos entregados a las familias. El propio informe del IVC aclara que son “ejemplos” de precios minoristas relevados para un conjunto de productos, algunos de los cuales ni siquiera forman parte de la contratación.
El IVC hizo circular por los barrios un informe con el objeto de justificar los precios de la contratación aclarando que los $1.200 incluyen el costo de embolsado, apilado y distribución. Es oportuno aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación y el término “apilado” no es claro.

Conclusiones

*De acuerdo con el relevamiento realizado, el IVC está pagando por cada bolsón $1.200 cuando el precio “minorista” de los productos efectivamente entregados a las familias ronda los $640 y el precio de acuerdo al total de los productos contratados ronda alrededor de los $ 700.
*Destacamos que son precios minoristas, es decir, el costo del producto por unidad. Por lo tanto, como mínimo por adquirir estos productos a precio mayorista, la empresa intermediaria debió pagar entre un 10% y un 15% menos. En esta contratación se compraron 30 mil unidades de cada producto alimentario a $36 millones.
*Es decir, el IVC pagó $1.200 por un bolsón y a las familias les llegó efectivamente alimentos por la mitad de dicho valor.
*La empresa, en este caso Sano y Bueno Catering S.A. está cobrando casi un 100% más de lo que gasta en adquirir los productos, es decir, $18 millones.
*EL IVC en su defensa sostiene que este precio incluye los impuestos. El IVC hizo retenciones por aportes previsionales, impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos por un total de $476.177 cada doce (12) millones. Es decir, de los 36 millones, solo $1.428.531 se van en impuestos. Por fuera del costo supuesto de los alimentos, a la empresa le estarían quedando $16,5 millones.
*Para el IVC está bien que el 50% de los costos de la compra de alimentos se vaya en el embolsado, apilado y en la distribución. Cabe aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación. Es decir que el costo de trasladar los alimentos a un punto de entrega de la Ciudad es equivalente al costo de elaboración y producción de los alimentos entregados.
*El IVC en su informe nos informa que hizo un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Esta conducta soslaya todo principio de transparencia de un organismo estatal. La contratación ya fue aprobada, la mercadería recibida y el precio pagado. El IVC nos debería informar qué productos (y sus marcas correspondientes) efectivamente fueron recibidos y entregados a las familias. Nos debería mostrar el expediente electrónico completo donde figure el acta de recepción de la mercadería con su preciso detalle de las marcas, fechas de vencimiento y condiciones de la mercadería. Es más, debería exigirle a la empresa Sano y Bueno Catering S.A. que le brinde copia de cada factura de los alimentos comprados para efectivamente saber el precio de los productos y no salir a realizar un relevamiento de precios minoristas.
*En las compras de alimentos el Estado no direcciona las ofertas estableciendo las marcas de los productos. Pero las empresas ofertantes si deben informar qué tipo de producto y su respectiva marca para que el Estado, en este caso, el IVC, pueda verificar la razonabilidad de la oferta y comparar las ofertas de los distintos competidores. EL IVC aceptó la oferta de Sano y Bueno Catering S.A. sin que en ella figure la marca de cada producto. Por lo tanto, no existe forma de que el IVC haya podido comparar las ofertas por la calidad del producto y no existe forma de que pueda controlar lo que la empresa le iba a entregar. La empresa puede entregar productos de cualquier calidad y el IVC igual le pagaría $1.200 por bolsón. Otro defecto muy grave en esta contratación.

La explotación de las mujeres voluntarias que hacen trabajo comunitario

La empresa entrega los bolsones en un único punto, y una vez más son las trabajadoras comunitarias quienes deben retirar los alimentos del centro de acopio, trasladarlos a los espacios comunitarios barriales y desarrollar la logística necesaria para entregar los bolsones de alimento, puerta a puerta.
Todo esto sin recibir elementos adecuados de protección, ayuda económica que permita sostener la logística de entrega ni ningún tipo de reconocimiento salarial por la tarea realizada. Cada familia beneficiada recibe 1 (un) bolsón cada 15 días.
Las familias, independientemente de su composición familiar, reciben 1 (uno) bolsón cada 15 días. A todas luces se advierte la insuficiencia de los alimentos entregados para garantizar la alimentación adecuada.
Esta situación se agrava de sobremanera para las personas que están en cuarentena obligatoria y no pueden salir de sus casas.

Hacia la desmercantilización y desprivatización de la alimentación

El negocio de las empresas intermediarias “fleteras” de bienes y servicios esenciales, que acumulan enormes ganancias precarizando las políticas públicas, es parte del déjà vu porteño. Así es como estas empresas por sólo trasladar agua en camiones aguateros, alimentos a granel o barbijos, generan brutales sobrecostos al estado.
La sola decisión del GCBA de comprar directo a las cooperativas y a los productores de alimentos, permitiría mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria, alcanzar mayor cantidad de hogares y reconocer salarialmente el trabajo de las mujeres trabajadoras comunitarias, quienes voluntariamente se encuentran organizadas frente a la urgencia del hambre y hoy en la primera línea gestionan la pandemia en las barriadas humildes de la ciudad más rica.
Informe completo AQUI

(**) El informe fue elaborado por por María Eva Koutsovitis (Investigadora del IPYPP / Coordinadora de la CLIC), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC), Franco Armando (IPYPP/Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital) y Myriam Leonor Godoy Arroyo (ODC/IP).

29.7.2020

Las organizaciones sociales plantean a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la oferta de un incremento del 15% es insuficiente y profundiza la precarización en la que se encuentra el sector.

Las organizaciones remarcan en especial lo que ocurre con el programa Veredas Limpias e Infraestructura, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde miles de cooperativistas realizan distintas tareas de limpieza, saneamiento, refacción, pintura; entre otras actividades. “Estas cuadrillas que garantizamos desde las organizaciones sociales desarrollamos tareas muy importantes en las villas y barrios populares como así también en distintas zonas de la ciudad”, explican.
La situación no es nueva, todos los años los ingresos de los cooperativistas quedan por detrás de la inflación: “Tomando desde enero del 2018 hasta junio del 2020 la pérdida alcanza casi el 50% en comparación a la inflación medida por el IPC porteño. La pérdida de poder adquisitivo es concreta y grave. En relación a esto, el GCBA ha eliminado la mesa de negociación paritaria donde desde nuestro sector podamos discutir el aumento de convenios y las condiciones de trabajo. Al contrario, nos imponen aumentos de miseria en función del acuerdo que cierran con el SUTECBA. A la pérdida de poder adquisitivo, hay que agregarle que nuestras condiciones de trabajo están por debajo que la de otros sectores de compañerxs del Estado. Lxs cooperativistas no cobramos aguinaldo, las cargas sociales las afrontamos de nuestro bolsillo, no tenemos plus por antigüedad, entre otros derechos que no gozamos”.
Para este 2020, el aumento ofrecido es de un 15% a partir de julio: “Hemos planteado a lxs funcionarios que la oferta del 15% es absolutamente insuficiente asumiendo la pérdida que venimos sufriendo en el acumulado. Es indispensable que se abra una mesa paritaria con todas las organizaciones donde poder discutir una mejora sustancial en los convenios de cara a la segunda parte del año. Debate que debe incorporar la mejora en la condiciones de trabajo de forma integral. En un contexto de crisis económica el GCBA debe apuntar a fortalecer los ingresos de lxs trabajadorxs que menos ganan en la ciudad y eso sin dudas implica tocar intereses de los sectores que más se han enriquecido los últimos 12 años con los negocios en la ciudad”, manifestaron desde las organizaciones sociales.

28.7.2020

Por Enrique de la Calle

Entrevista al fundador de Tecnopolítica, la consultora que propone una nueva visión para pensar las políticas urbanas en el país. “Hay plata para construir ya mismo 100.000 viviendas a la vera del Riachuelo”, describió.

Con la consultora Tecnopolítica, que fundó, viene trabajando el tema urbano, con una propuesta que implica un “cambio de paradigma”, un modo de pensar los problemas de vivienda desde “otro lugar”, como le escuché decir muchas veces. ¿Qué implica eso?
Inti Alpert: Me di cuenta que en Argentina tenemos un problema de comprensión de nuestra propia realidad. El dinero tiene una cosa muy rara, es un sistema de representación. Me dediqué a estudiar cómo podía hacer para, por ejemplo, con una resolución de un municipio (una simple ordenanza) generar un flujo futuro de ingresos, producto de que vas a pavimentar el acceso a un parque industrial y llevar eso a un mercado de capitales y venderlo y cambiarlo por plata. Y esa ordenanza, que es un papel pintado, genera dinero, que es otro papel pintado, que a su vez se puede convertir en el pavimento del acceso al parque industrial que puede pagarlo en cuotas.
En eso de tener un problema de comprensión sobre nuestra realidad aparece el problema de la vivienda, que no termina de entenderse en toda su dimensión. De hecho, uno ve los programas específicos que se anuncian con bombos y platillo, y hablan de construir 20.000 casas por año, lo que representa un porcentaje menor del problema.
IA: La mitad de la población tiene un problema de vivienda en Argentina. Si preguntás en nuestro país quién vive en una vivienda digna y propia, en un barrio lindo de cualquier localidad de la Argentina, te levanta la mano mitad de nuestra población. De ese tamaño es el problema. En Latinoamérica, las carencias de hábitat relevadas por el Banco Mundial hace dos años afectaban a 200 millones de personas, cincuenta millones de familias. Es un desastre. Y los latinoamericanos creemos que es más fácil venderle carteras a los italianos, perfumes a los franceses, autos a los alemanes que buen hábitat a los latinoamericanos…
Cuando uno traslada el problema a un funcionario público, o incluso a un académico, la respuesta siempre es la misma: no hay plata.
IA: Ahí está el problema de falta de comprensión: sobra plata, lo único que sobra en Argentina es plata. Lo único que hacemos seriamente los argentinos desde hace 200 años es imprimir moneda, lo que pasa es que no sabemos crear riqueza haciéndola circular.
¿Cómo se hace eso?
IA: Vamos a un ejemplo extremo. Cuando termina la Segunda guerra mundial, Europa queda devastada. ¿Qué fue el Plan Marshall? No es que Estados Unidos le dio a Europa un montón de cosas ni de plata para comprarles cosas. Le puso un patrón monetario en base al cual un equipo de talentosos conducidos por el General George Marshall desarrolló cientos de miles de proyectos de obras. El arte no es imprimir plata, el arte es hacer circular la plata produciendo obras que efectivamente crean valor. Cuáles crean valor: las que gente está dispuesta a pagar. En Argentina tenemos más de 10 millones de trabajadores formales (6,5 millones en el sector privado y 3,5 en el público), que cada mes cobran sueldo. Entonces, ¿te falta plata? Porque uno podría pensar que tenés una gran masa de recursos en esos millones de trabajadores formales que cada mes pagan un alquiler. Ponele que el promedio de un alquiler fuera de 10.000 pesos (en todo el país) y lo multiplicás por 2,5 millones (supongamos que el resto es propietario). Eso te da 25 mil millones de pesos mensuales que podrían destinarse para hacer vivienda. Entonces, veo que vos podrías hacer rápidamente 100.000 viviendas a la vera del Riachuelo y vendérsela a quienes pagan un alquiler. Para lograr eso, hay que dar un salto clave en la política, que tiene que pasar de ser un organizador de las capacidades colectivas. Ese el paso del subdesarrollo al desarrollo. Los países desarrollados son países donde el Estado organiza la capacidad colectiva de las mayorías. Un Estado lógico diría: a la vera del Riachuelo puedo hacer un Puerto Madero popular, símil Amsterdam o Barcelona, donde vivan 100.000 familias.
¿Cómo se puede construir eso?
IA: Muy sencillo. Hay que diseñarlo y otorgarle a cada familia un número de partida provisoria. ¿Así de fácil? Sí. Lo que hace que un proyecto sea financiable es estar asentado en un plano validado por el Estado. Por ejemplo, Holanda fue capaz de correr el mar para poder vivir mejor. Lo hicieron con ese sistema que ellos llaman polders y nosotros lo llamamos albardones; no pensaron cuánto costaba correr el mar sino cuanto valía Holanda desanegado. No pensaron en términos de gasto público, pensaron en financiar un proyecto.
Me pongo en abogado del diablo: ¿Con qué plata se empieza un proyecto tan ambicioso como “Puerto Madero popular”? Supongo que una obra así requiere de una fuerte inversión inicial, que luego, sí, sería financiada por cada familia.
IA: De nuevo, la plata está. Vos pensá esto: ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo humano? Unos cinco litros. ¿Cuánto bombea un corazón con cada latido? Según leí un pocillo de café de unos 70cm cúbicos pero un corazón llenaría una pileta olímpica en un año. La plata, no es que está o no está. Está dormida o en funcionamiento. Cuando vos tenés una bicicleta parada, la cadena ocupa todo el circuito que ocupa circulando, pero está parada. Hoy, por falta de demanda de pesos, tenés en el Banco Central ¡2,4 billones de pesos!, que nadie pide contra nada para devolverlos y que son de alguien: son de la caja de los arquitectos, de los ingenieros, de los agrimensores, del fondo de pensión militar, de las compañías de seguros de un inversor privado o una empresa. Son hasta de los gremios. Son fondos que están guardados en el Banco Central y nadie los demanda. ¿Por qué nadie las demanda? Porque esa plata no se puede aplicar en ningún proyecto. La plata es siempre la misma, el tema es si circula o no.
Hemos charlado en otras oportunidades sobre su crítica al kirchnerismo y su política de aliento al consumo popular, que terminó siendo contradictoria.
IA: Yo fui crítico del gobierno kirchnerista en eso de imprimir plata, porque se la das a la gente y la gente termina presionando contra el dólar, porque muchos productos son importados o tienen partes importadas. Entonces, la cadena de bicicleta funciona sobre China y necesitamos que funcione a favor de Santiago Del Estero, Lomas de Zamora, o Córdoba, porque China es un muy buen cliente pero de cosas que cargan muy poco trabajo ya que lo que compran caro lo compran en otros países. Si vos ponés a andar esa cadena, esa cadena solo va cuando vuelve. Tenés que desatar el esquema productivo. Mirá la provincia de Buenos Aires: tiene más de 300.000 docentes y la mitad son inquilinos. No los echan del laburo y viven en algún lado. Qué pasa si le decís al mercado que tenés 150.000 personas que pueden comprar 150 proyectos de inversión a la vera del Río. Pero es el Estado el que puede empezar a hacer andar la cadena si aprueba un plano, que hace posible ese proyecto. Los que toman los primeros créditos hacen circular la cadena. Lo que hay pensar, entonces, es cuál es el rol del Estado. ¿Por qué no se arma ya mismo un fideicomiso en cada uno de los 4.600 barrios informales que el propio Estado sabe que existe?

27.7.2020

El colectivo denuncia que hay 274 camas de UTI para pacientes Covid-19 (lejos de las 450 que informó el GCBA), mientras hay 290 pacientes graves. Al 22 de julio contaban con una ocupación del 100%. El colapso tanto en el sistema público como el privado es inminente y los trabajadores y profesionales de la salud lo vienen anunciando. ¿Qué medidas tomará el gobierno porteño?

La Asamblea de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de la Ciudad denunció que las camas de terapia intensiva (UTI) para pacientes con Covid-19 alcanzaron el 100% de su capacidad. A su vez, denuncian que el 47% de los hospitales tienen camas UTI, de las cuales al 22 de julio estaban ocupadas un 100%.
“Las 450 camas de Terapia Intensiva ( UTI) que informan tener no existen, contabilizan como UTIs camas que no tienen ni el equipamiento, ni el personal para ser consideradas como tales. El colapso de los hospitales ya está desarrollándose, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes actualizamos el relevamiento que venimos haciendo. Hoy existen 274 camas de UTI de la cuales el 85,5% se encuentran ocupadas, y más del 40% de los efectores cuenta con el 100% de camas ocupadas, principalmente, los Hospitales de Agudos”, denuncian.
El relevamiento incluye los datos de la cantidad de camas de UTI para Covid que tiene cada hospital porteño.
Desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se relevaron cifras similares, y denuncian que actualmente el sistema de salud privado también se encuentra al borde del colapso: hospitales y clínicas privadas están trabajando al 100% de su capacidad. Entre un 50% o 60% de la internación en terapia intensiva es por Covid-19 y la característica es que tienen internaciones prolongadas.
El doctor Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), advirtió que en la Ciudad se está llegando al colapso y que flexibilizar la cuarentena, en este contexto crítico, “fue una decisión temeraria”.
“Ante el aumento de casos y de muertes esto genera un escenario preocupante. Lo que quiero decir que el colapso del sistema sanitario se ha tornado verosímil. Esto significa que va a haber pacientes que no van a poder ser atendidos. Algo que ya ocurrió en Milán y en Madrid”, señaló el doctor.
Por su parte, las trabajadoras y concurrentes del Hospital Piñero, denuncian que hay sólo 8 camas de terapia intensiva en todo el Bajo Flores y Lugano, y ya se encuentran también al 100% de su capacidad.
Esta situación de colapso ya viene siendo anunciada por sus trabajadores. Además del hospital Piñero, en el Durand, el Garrahan, incluso en el Posadas, de la zona oeste de Provincia de Buenos Aires.
También continúan creciendo las altas tasas de contagios entre el personal de salud, como en el Durand, con 201 contagiados, entre los que se encuentra el enfermero fallecido Julio Gutiérrez, o en el Garrahan, con 122.
Mientras tanto, el ministro de Salud porteño Fabián Quirós, pone el eje en la responsabilidad individual por el aumento de los contagios, en lugar de indicar qué política llevarán adelante desde el gobierno para hacer frente a este inminente colapso del sistema de salud: “Hay mucha gente haciendo encuentros sociales en lugares cerrados y no es conveniente. Tenemos que evitar al máximo los cruces de familias, amigos, conocidos”, señaló hace unos días, echando culpas a la gente.
No hizo ninguna referencia, por supuesto, a la falta de protocolos o al incumplimiento de estos, por parte de los dueños de fábricas y empresas, que obligan a concurrir a los trabajadores a pesar de tener síntomas, que no los quieren testear ni garantizar su aislamiento preventivo. Para ellos la “culpa” es de las reuniones sociales, no de los gobiernos que no nos cuidan y siguen favoreciendo a las patronales, a costa de la salud de los trabajadores.

27.7.2020

Concentramos el miércoles 29 de Julio en Congreso a las 9 horas.

Denunciamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su falta de respuestas, en un momento de la vida de nuestro país, cuarentena por medio, donde las condiciones de trabajo se agravan día a día, donde la inflación devora nuestro poder adquisitivo y el virus hace estragos en nuestros barrios con miles de vecinos infectados y sin acceso a los servicios básicos como la luz y el agua. Ante esto el gobierno de la ciudad no da respuestas satisfactorias, sino dilataciones y ninguneo. A pesar de las reuniones donde reconocen la situación crítica que vivimos los trabajadores precarizados y de las promesas de dar respuestas, no hemos llegado a ningún lugar.
Desde el año 2015 venimos desarrollando un emprendimiento textil, que provee guardapolvos y frazadas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este acuerdo se hizo con el gobierno a fin de generar trabajo, con un ingreso digno para nuestros compañeros, ya que los programas de trabajo del gobierno de la ciudad de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos se habían cerrado.
Desde que comenzamos a trabajar con el gobierno permanentemente hemos tenido dificultades para fijar el precio de lo que confeccionamos ya que el precio siempre nos lo han determinado desde el gobierno de la Ciudad, sin posibilidad de ajuste. Los aumentos han estado constantemente por debajo de la inflación, lo que en la práctica se convierte en el cierre efectivo de nuestro emprendimiento, ya que los insumos aumentan según la inflación y el dólar y al ser el precio fijado por el gobierno siempre inferior a esas variables, no hay manera de sostener la producción. Por esto nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la confección de las prendas han ido perdiendo año a año el poder adquisitivo.
Este año a pesar de que en febrero acordamos la continuidad del trabajo en una reunión con Maximiliano Corach, Subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato del GCBA y Paula Matach, quienes garantizaron la continuidad del acuerdo que tenemos desde el 2015, al día de hoy no hemos podido entregar las frazadas, ni tenemos respuestas respecto al precio que se nos pagará por dicho trabajo. Desde hace mas de 3 meses venimos intentando comunicarnos con los funcionarios a cargo del programa y lo único que obtenemos son promesas de ocuparse y nada más. No hemos tenido ninguna respuesta concreta y no hemos podido entregar las frazadas, menos aún acordar precio, ni firmar ningún convenio.
Esta situación provoca una gran inestabilidad laboral en nuestras compañeras y compañeros del emprendimiento textil que no saben si conservarán su puesto de trabajo o pasarán a engrosar las filas de desocupados que crece diariamente.
Por eso, porque no aguantamos más tanto desprecio y tanto ninguneo por parte del gobierno hacia los trabajadores que proveemos de guardapolvos y frazadas para los más vulnerables, hemos resuelto en asamblea llamar a una movilización para el día 29 de Julio de 2020, donde visibilizaremos nuestra situación y exigiremos al gobierno una solución inmediata a nuestros reclamos.
RECLAMAMOS:
• Regularización de los convenios de compra de frazadas y guardapolvos.
• Garantía de continuidad de los puestos de trabajo
• Aumento del precio de los guardapolvos y frazadas que confeccionamos para el gobierno de acuerdo a la inflación.
• Aumento de la producción para garantizar más puestos de trabajo en nuestro emprendimiento textil
• Basta de precarización laboral
MTL Rebelde