Comunicadores del Sur

6.8.2020

El Gobierno de la Ciudad estableció que desde el 28 de agosto sólo podrá usarse Telepase para circular en autopistas porteñas. ¿Qué pasará con los casi 500 trabajadores que actualmente cumplen tareas en los peajes?

El jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, anunció en la Legislatura que a partir del 28 de agosto comenzará a ser obligatorio el uso del Telepase en las autopistas de la Ciudad, y no podrá utilizarse más dinero en efectivo para pagar los peajes. Esto implica las cabinas de las autopistas 25 de Mayo, la Illia y la Perito Moreno.
Toda la red de autopistas urbanas se encuentra gestionada por AUSA y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Esta red está integrada por 43 cabinas en las que trabajan 459 personas, entre operación de cajas, señales y supervisión, con rotaciones por turnos en las cabinas manuales, de TelePase y en las playas de peaje.
Si bien el vocero del Ejecutivo porteño declaró que no estarían en riesgo los puestos de trabajo, la realidad es que la implementación y generalización de este sistema de pago electrónico pone en peligro la estabilidad laboral de quienes allí se desempeñan.
Con la excusa de tomar “medidas sanitarias” por la pandemia del coronavirus, el gobierno quiere implementar de manera definitiva este sistema, que viene en desarrollo hace un tiempo e implementado de manera progresiva en las autopistas, pero no se había terminado de concretar.
Mientras tanto, mantiene el millonario negociado de la concesión de autopistas a la empresa AUSA, y se suma a los abultados antecedentes de acuerdos fraudulentos y con enormes ganancias entre las empresas concesionarias y el ex gobierno de Mauricio Macri.
El Telepase es parte de un sistema de cobro electrónico de peajes, que permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin que haga falta la transacción física. Se lleva a cabo mediante una tecnología de comunicación remota, con transferencia automática, y ya está implementado en países como Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Panamá, Portugal, España e Israel, que lo utilizan en sus autopistas tanto entre las ciudades como urbanas.
En la Ciudad de Buenos Aires, luego del 28 de agosto, quienes no hayan habilitado el Telepase, deberán pagar una multa equivalente al doble del costo de la tarifa manual.
Así, una vez más, mientras las tarifas de los peajes continúan en aumento y se pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias, se siguen garantizando las multimillonarias ganancias de las empresas.

6.8.2020

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional CABA, manifestaron su rechazo al contenido de los anexos reglamentarios que restringe el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Nación en la Ciudad de Buenos Aires y exigen la efectiva implementación tal cual fue sancionado por mayoría el 16 de julio pasado en la Legislatura porteña.

“Los anexos presentados tienen restricciones inaceptables, que alteran el contenido de la ley. La reglamentación tiene por objetivo asegurar la ejecución de la ley: toda restricción del derecho es inconstitucional al avanzar el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo”, afirmaron desde la Campaña.
Agregan que estos anexos presentados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no respetan la labor y decisión legislativa, desoyen la voz ciudadana representada democráticamente e imponen restricciones que limitan el derecho universal al acceso de las Interrupciones Legales del Embarazo”.
Entre las restricciones incorporadas, la Campaña mencionaron, en primer lugar, que se establece la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias para garantizar el acceso a ILEs, un requisito que no está presente en el protocolo al que adhirió la Ciudad de Buenos Aires: “La interdisciplina supone un acompañamiento de mayor calidad y un apoyo fundamental para quien la solicite. Sin embargo, no puede ser un obstáculo para la práctica del aborto”.
En segundo lugar, los anexos indican un plazo respecto de la edad gestacional, incorporando exigencias que la Ley no contempla: “El Protocolo no determina plazos para la garantía del derecho a la ILE. El artículo 86 del Código Penal de la Nación, ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, no incorpora plazo alguno para las causales establecidas”.
En tercer lugar, se anuncia que se establecerá la objeción de conciencia institucional: “El protocolo señala la objeción de conciencia individual. El derecho a la interrupción del embarazo, en tanto derecho humano a la salud, debe ser garantizado en todo el sistema de salud, sean instituciones privadas, de obras sociales o públicas”.
En cuarto lugar, el jefe de Gobierno afirmó: “En caso de controversias en referencia a la atención de niñas y adolescentes tempranas, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar”. Al respecto, desde la Campaña aclararon que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya fue clara en el fallo F.A.L. en relación a la no judicialización de la práctica: “El Protocolo señala que ‘en caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores/as, el equipo de salud es quien debe valorar la situación’ siempre respetando el interés superior del niño presente en el Código Civil de la Nación, la Ley 26.061 de Nación y la Ley 114 de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA”.
Desde la Campaña advirtieron que ahora la Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda con los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes: “La ILE ya es derecho, en este contexto de pandemia garantizarlo es una urgencia. Exigimos la implementación efectiva del protocolo aprobado, el acceso universal a los abortos legales (ILEs) sin dilaciones ni restricciones y la incorporación del derecho al aborto como contenido de la Educación Sexual Integral”.

5.8.2020

El titular de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy rechazó el proyecto PRO para recortar un 20% los salarios de estatales y jubilados: «Es un agravio innecesario sobre trabajadores que están arriesgando su vida».

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «cachorro» Godoy, rechazó la iniciativa del PRO encabezada por el senador Esteban Bullrich que impulsa un recorte a los salarios de los trabajadores estatales y dijo que, en definitiva, expresa el conocido «pensamiento neoliberal» que sustenta ese espacio y rubrica lo acordado entre la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y «el sindicalismo empresarial», en el que ubica a la actual conducción de la CGT.
En una entrevista realizada con Télam Radio, mientras participaba del homenaje a Sandra y Rubén, Godoy señaló: «Es un agravio innecesario sobre las y los trabajadores que están arriesgando su vida por el funcionamiento del Estado, como los son los enfermeros y enfermeras, docentes, trabajadores del SENASA, bomberos, los que mantienen el funcionamiento de las centrales de nucleares para proveernos energía, entre tantos otros».
Y añadió: «Es un agravio que diga esto el senador que supuestamente representa a la provincia de Buenos Aires, la más empobrecida del país. Lo que busca con esto es la reafirmación en línea con lo que firmaron la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y el sindicalismo empresarial, de imponer una agenda neoliberal en la Argentina».
En este sentido, el dirigente señaló que además se quiere eludir el debate en torno a temas fundamentales: «La pregunta es cómo puede ser que las cámaras de diputados y senadores estén paralizadas y que solo se discutan los temas a los que están dispuestos desde el PRO».
Y concluyó: «Necesitamos que los representantes que han sido elegidos como nuevo gobierno, que son la alternativa para enfrentar esas políticas neoliberales y construir una perspectiva de país distinta, impulsen y se apruebe la Ley para crear un impuesto a las grandes fortunas, que permita una más justa redistribución del ingreso; y se termine, por ejemplo, con que trabajadores del Malbrán, científicos y técnicos con 25 años de antigüedad cobren entre 32 y 37 mil pesos».

3.8.2020

“Queremos que el Jefe de Gabinete responda ante los siete casos de gatillo fácil ocurridos durante la cuarentena que fueron cometidos por policías de la Ciudad”, esta pregunta como todas las relacionadas con la violencia policial, será el eje de las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, ante Felipe Miguel, el Jefe de Gabinete porteño, que concurrirá a la legislatura a brindar el informe de la gestión.

Mañana martes a partir de las 9:30, en una sesión especial de la legislatura porteña, el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, brindará el informe de gestión del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta. El mismo deberá responder las preguntas que le realizaran los legisladores de los distintos bloques. Luego de 4 meses de crisis sanitaria, social y económica, será la primera vez que el Ejecutivo porteño responda las inquietudes y denuncias de la oposición.
En este marco, las diputadas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, centrarán parte de su exposición en el accionar de la Policía de la Ciudad, involucrada en el gatillo fácil, sobre la represión estatal y sobre los incrementos de mecanismos de control social durante la cuarentena.
Así lo detallaba Myriam Bregman “queremos que el Jefe de Gabinete responda ante los siete casos de gatillo fácil ocurridos durante la cuarentena que fueron cometidos por policías de la Ciudad. Uno en territorio porteño y los otros seis en la provincia de Buenos Aires, es decir, mientras los efectivos involucrados no estaban en funciones, según informó la CORREPI”.
Bregman, como diputada del FIT, es presidenta de la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña y presentó un exhaustivo pedido de informes al respecto señalando que “las víctimas son personas que vivían en barrios populares, característica común en esta situación de incremento de los mecanismos de control social”.
Por su parte, la compañera de bloque, Alejandrina Barry agregó “Exigimos conocer el estado judicial y el sumario en caso de existir, también si hay un relevamiento de la totalidad de los hechos y las acciones adoptadas por parte del Estado y la justicia, en cada caso”.
Y a su vez denunció y será parte de la interpelación a Felipe Miguel, esta preocupación que expresa Barry “Es un número muy alto de participación de efectivos en asesinatos en el Gran Buenos Aires, es grave. El jefe de gabinete Felipe Miguel debe respondernos inmediatamente”. Además recordó el rol cumplido desde la Comisión contra la Violencia Institucional “Desde nuestras bancas hemos acompañado a todos los que fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad: vendedores ambulantes, trabajadores que reclaman o como vimos el sábado la brutal represión a los que se manifestaron por Santiago Maldonado”.

3.8.2020

Por CORREPI

Ante la indignación generalizada por la violenta detención, el sábado 1º de agosto, alrededor de las 19:00, de 13 personas que caminaban por la avenida Corrientes al 1300, de regreso de un acto en homenaje a Santiago Maldonado, el diario Clarín, publicó una noticia falsa, adjudicando a las personas detenidas un hecho totalmente desvinculado de esa actividad, ocurrido en otro lugar y probablemente en otro momento, ya que convenientemente está blurreada la fecha y hora siempre visible en las filmaciones de las cámaras de seguridad municipales.

La infame operación pretende legitimar la represión descargada por la policía de la Ciudad, que dirigen Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro, con una maniobra similar a las que emplearon desde la desaparición forzada de Santiago, con el festival de notas que reproducían las mentiras con las que Patricia Bullrich trató de contaminar la investigación. Ahora Clarín fabrica “noticias” a la medida de la policía y el Gobierno de la Ciudad.
“Si bien la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) había denunciado que efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, desde la fuerza porteña aseguraron que se trató de la detención de un grupo anarquista que produjo incidentes y agredió a policías“, afirma el diario Clarín en la nota titulada “En Balvanera: anarquistas tiran bombas molotov a un edificio de Gendarmería durante una marcha por Santiago Maldonado“.
El “relato” pretende apoyarse en un video en el que, según Clarín, “se puede ver a un grupo personas con el rostro tapado que arroja los dispositivos contra el edificio y luego escapa corriendo, mientras se desata el fuego en la entrada de Bartolomé Mitre al 2200“.
Finalmente, y apelando por una vez honestamente a “fuentes policiales”, el diario señala que “los manifestantes se encontraban colgando banderas e insultando a los efectivos. Incluso llegaron a escupir a uno y les tiraron cal con agua y alcohol a otros tres agentes, que resultaron heridos”.
Lo que se ve en el video -reiteramos, sin fecha y hora-, es que alguien arroja algo contra la entrada de un edificio y genera unos focos ígneos en la vereda, sin movilización, marcha, banderas ni policías a la vista en los casi tres minutos de duración. Mientras tanto, hay varios videos independientes entre sí del momento, claramente en Corrientes al 1.300, frente al cine Metropolitan, que muestran el ataque de los policías de la Ciudad contra las personas que caminaban por la avenida desde Libertad hacia Talcahuano (que no es “Congreso”, como dice Clarín que dijo CORREPI).
Además de ser dos hechos ocurridos en distintos lugares, y seguramente diferentes horarios, las actas de las detenciones, confeccionadas por la policía de la Ciudad, no dan cuenta del secuestro de elemento alguno de tipo explosivo. La fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Walter López (sin ninguna simpatía anarquista conocida) no imputó delito alguno relacionado con un hecho de esas características, como uso de explosivos, intimidación pública o daño calificado, sino que utilizó lo que hace décadas llamamos “combo manifestación”: Atentado y resistencia a la autoridad (la figura comodín para justificar la violencia policial en la detención), en uno o dos casos daño simple (por algún graffitti) y lesiones (algún policía se habrá levantado la piel de los nudillos al golpearlxs).
Denunciamos la infame maniobra conjunta del Gobierno de la Ciudad y Clarín, dirigida nuevamente a aportar su tonelada de arena en la construcción del “enemigo interior”, para el caso “los anarquistas”, armada casi 24 horas después, que les sirve para legitimar la violencia represiva.
En consonancia con las expresiones de repudio de la represión efectuadas en redes sociales por el ministro del Interior, Wado de Pedro y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, exigimos al Gobierno Nacional que, por la vía que corresponda, reclame al Gobierno de la Ciudad las explicaciones pertinentes.