Comunicadores del Sur

17.9.2020

Las organizaciones que llevan adelante la Campaña Somos Esenciales realizarán este jueves 17 de septiembre, a las 11, una conferencia de prensa en el Obelisco, en el marco, de las 14º Jornada de ollas populares, para exigir el reconocimiento de las tareas comunitarias y por la creación de un fondo de emergencia para la economía popular. Se lanzará además una campaña de junta de firmas.

Este 17 de septiembre las organizaciones sociales continuarán con las jornadas de lucha y ollas populares por décimo cuarta semana consecutiva para visibilizar todas las tareas que garantizan en comedores y espacios comunitarios y exigir su reconocimiento como tareas esenciales en el marco de la pandemia.

Reproducimos convocatoria:

Si algo puso en evidencia la emergencia sanitaria es que la pandemia del covid-19 no nos pega a todes de la misma manera. Las necesidades más urgentes para afrontar la pandemia se encuentran en las villas y barrios populares de la ciudad.
Allí donde los problemas estructurales de toda la vida quedan al descubierto y la vulneración de los derechos más básicos de los sectores populares es moneda corriente. Allí donde vive el 10% de la población de la Ciudad pero donde se encuentran la mitad de los contagios del distrito.
Allí donde se vuelven a disparar los nuevos casos de coronavirus.
Es en las barriadas más humildes de la ciudad más rica del país donde las organizaciones sociales atajamos todos los penales que desata la crisis social y económica. Durante años de gestión macrista las desigualdades sociales se profundizaron y presupuestos millonarios que debían destinarse a la urbanización de nuestros barrios se despilfarraron en negociados como en el caso de la Villa 31-31bis de Retiro. Para colmo, debemos enfrentar esta pandemia con una reducción del presupuesto para los barrios populares por parte del Gobierno del PRO: de $5700 millones en 2019, se redujo a un presupuesto de $3280 millones en 2020.
Allí donde la emergencia sanitaria y la circulación del virus crecen estamos las promotoras de salud comunitaria de las organizaciones realizando de manera voluntaria y con enorme vocación de solidaridad tareas de concientización, promoción de cuidados, relevamientos y acompañamientos de adultos mayores.
Allí donde el hambre duele en nuestres niñes están los comedores y merenderos comunitarios sostenidos principalmente por las compañeras mujeres que hacemos malabares para que la comida alcance para todes y se pasan horas garantizando el alimento. Exigimos refuerzo alimentario acorde a la situación de emergencia que estamos viviendo en nuestros barrios.
Allí donde la cuarentena y el aislamiento multiplican las situaciones de violencia machista estamos las Promotoras de Género para acompañar a cada compañera y vecina de los barrios que tienen que convivir con su agresor sin recibir una ayuda integral por parte del Estado porteño.
Allí donde los espacios de niñes, jardines y bachilleratos populares tienen que permanecer cerrados somos las educadoras y coordinadoras quienes garantizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje a fuerza de ingenio y creatividad; produciendo materiales, videos, fotos, manteniendo el vínculo con les pibis, estudiantes y familiares.
Y también es en los barrios populares donde las cuadrillas de recolección de residuos de las cooperativas cumplimos un trabajo esencial de limpieza y desinfección sin tener garantizados todos los elementos de cuidado ni el debido reconocimiento económico.
No es casual que quienes llevamos adelante las de tareas de cuidado y sostenemos diariamente las ollas para nuestras familias seamos mayoritariamente mujeres, somos quienes históricamente hemos sido excluidas del acceso a un trabajo digno, quienes creamos lazos de solidaridad en las barriadas para que nadie nos robe la dignidad, quienes nos acompañamos y organizamos para enfrentar la violencia machista que nos golpea, quienes nos organizamos colectivamente para sobrevivir y exigir lo que históricamente no han negado, nuestro derecho a una vida digna.
Somos quienes estamos en la primera línea ante la emergencia sanitaria y dando respuesta a los derechos vulnerados en un modelo de ciudad pensado para pocos que excluye y estigmatiza. Por todo esto, exigimos un Fondo de Emergencia urgente, con fondos públicos aportados por los sectores más ricos de la Ciudad, para reconocer el trabajo no pago de miles de compañeras y compañeros, para realizar las obras que nos permitan acceder al agua potable, para re-urbanizar las Villas. Porque si algo sabemos es que el virus no distingue entre ricos y pobres pero la desidia del Estado si.

15.9.2020

Por Nicolás Dimuro

Este lunes se incendió una de las viviendas del complejo habitacional “Dulce” ubicado en Villa Lugano. La familia resultó ilesa, aunque perdieron todas sus pertenencias. Los vecinos denuncian que hace 8 años se rompió un portón de entrada y como nunca se arregló, los bomberos no pudieron acceder de forma directa al incendio.

Este lunes cerca de las 9 de la mañana se originó el incendio en uno de los departamentos del complejo habitacional “Dulce” ubicado en villa Lugano. Sus habitantes están fuera de peligro. Aunque perdieron todas sus pertenencias. Vecinos señalan la falta de acceso para emergencias y juntan donaciones.
La numerosa familia compuesta por 2 adultos, 4 hijos y uno en camino, que habitaba la vivienda se encuentra fuera de peligro, aunque perdieron todo. En este momento están en la casa de un familiar que pese a sus escasos ambientes los alojó. Otras familias del tercer piso también se vieron afectadas, pero en menor medida.
Vecinos y vecinas del barrio denuncian que no hay acceso para emergencias de este tipo: “Desde hace más o menos 8 años se rompió el portón de entrada y nunca lo arreglaron”. Y agregaban: “Los bomberos tuvieron que trabajar desde el descampado. Es muy difícil que pase un bombero o una ambulancia por ahí”.
Ante la grave situación, conocidos de la familia se empezaron a organizar y están juntado donaciones para amortiguar el daño irreparable que sufrieron. Dejamos el contacto de Luciana una de las vecinas que está motorizando esta acción solidaria.
En el sur de la Ciudad pueden pasar 8 años y que no arreglen un portón de acceso para emergencias en un barrio de familias trabajadoras, pero por otro lado se pueden desarrollar mega construcciones en tiempo récord, como el de la Villa Olímpica, que se utilizó para los juegos olímpicos juveniles. Pueden pasar varias gestiones y que el hospital para la Comuna 8 siga siendo una promesa que no termina de cumplirse. Encima ahora está la incertidumbre sobre la continuidad de la guardia de la salita del barrio.
Una vez más quedan en evidencia las prioridades para el Gobierno de la Ciudad donde los negocios inmobiliarios abundan pero que nunca tienen fines sociales. Mientras que los trabajadores y sectores populares no accedemos al derecho de una vivienda digna, y vivimos en constante peligro, sin siquiera poder acceder a los servicios de salud y emergencia de calidad.

13.9.2020

El gobierno porteño pretende modificar la ley de edificación sin antes discutir el Plan Urbano Ambiental. ¿La urgencia? Legalizar proyectos ilegales en curso, construir más, restar espacios verdes y seguir favoreciendo al sector inmobiliario.

El 7 y 8 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias públicas –con más de 200 personas inscriptas- que tuvieron por objeto tratar el Proyecto de Ley N° 2850-J-2019 de modificación al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado en 2018. A fines del 2019 se votó un proyecto de modificación pero la audiencia pública este año no se pudo realizar por la pandemia.
“Este proyecto viene a reproducir y profundizar los lineamientos más cuestionados del Código. Uno de ellos es que continúa aumentando la capacidad constructiva de la Ciudad sin establecer un plan correspondiente de acompañamiento de los servicios públicos, tanto domiciliarios como no domiciliarios, a dicha capacidad constructiva que obviamente lleva una mayor densidad demográfica”, explicó el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
Cuando se discutió el Código, el gobierno se comprometió a transparentar la cantidad de metros cuadrados que se podrían construir con el Código de Planeamiento y cuál iba a ser la cantidad permitida por el Código Urbanístico para que se pudiera realizar un análisis barrio por barrio del incremento de esta capacidad constructiva. “Esa información que tiene el gobierno nunca la transparentó, y ahora que se continúa aumentando la capacidad constructiva tampoco la hace pública”, indicó Baldiviezo.
Otra de las claves de esta modificación es avanzar con un proceso más de legalización de permisos de obra otorgados en violación al Código Urbanístico y al anterior Código de Planeamiento. Hay dos ejemplos paradigmáticos de esto: uno es el emprendimiento inmobiliario en la calle San Martín de Tours, en Palermo chico, impulsado por la desarrolladora Northbaires que viola la normativa de la zona PH3, y otro en Belgrano en manos del empresario Marcelo Mindlin.
Por otra parte, la plusvalía –el incremento del valor del suelo- generada por el aumento de la capacidad constructiva que autorizarían estas modificaciones sería capturada únicamente por los propietarios y la Ciudad no recibiría ni un peso a cambio porque esta situación no se encontrará alcanzada por la Ley N° 6062 (Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable).
También viene a autorizar que en todas las áreas de protección histórica se puedan realizar enrases, es decir, que se pueda superar la actual altura máxima de la zona si existe un edificio que tenga una altura mayor preestablecida actualmente por el código. En palabras simples, la altura permitida va a ser la del edificio más alto y no la que establece el Código.
“En las Áreas de Protección Histórica (APH) donde se pretende proteger la identidad del barrio era coherente que no se autorizaran estos enrases porque se quería mantener una altura homogénea en esas zonas. Pero ahora se están autorizando los enrases en todas las áreas de protección histórica sin ningún estudio previo de lo que esto implica. Esto es solo para favorecer intereses inmobiliarios y legalizar algunas obras en las que se aplicaron enrases cuando estaba prohibido”, explicó Baldiviezo.
Además, indicó: “Para nosotros, este Código Urbanístico lo que hace es dar un cheque en blanco al Gobierno para que haga lo que quiera con los APH. Constituye una delegación prohibida de facultades, ya que la Constitución prohíbe que la Legislatura pueda delegar facultades al Poder Ejecutivo”.
Otro punto problemático de estas modificaciones es la autorización a cementar los pulmones verdes de manzanas, permitiendo la construcción de estacionamientos subterráneos debajo de estos. “El Gobierno, junto con la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU), presentó un estudio técnico diciendo que esto era una medida que iba a favorecer a la Ciudad de Buenos Aires, pero ese informe se basa en datos desactualizados, de hace más de 20 años, donde manifiestan justamente que no existen estudios de la capacidad de filtración de los suelos”, comentó el titular del ODC.
Y agregó: “Contrario a todo criterio ecológico e hidrológico, esta medida prácticamente está orientada a transformar a la Ciudad en un manto de cemento. La avidez inmobiliaria sin límites. Todo esto en un contexto en donde ya es indiscutible la crisis y el cambio climático que vive el mundo”.
Durante las audiencias se pidió la suspensión del tratamiento de este Código Urbanístico porque actualmente la Ciudad está discutiendo el Plan Urbano Ambiental. En orden metodológico, primero se tiene que discutir la planificación de la Ciudad y luego el Código Urbanístico porque este último es el instrumento jurídico que operativiza el Plan Urbano Ambiental.
“Si no seguimos ese orden, vamos a aprobar un nuevo Código Urbanístico en medio de la discusión de una nueva planificación de la Ciudad, salvo que la discusión del Plan Urbano Ambiental sea una mentira total y sólo estén interesados en seguir estimulando únicamente la capacidad constructiva y los negocios inmobiliarios a través del Código”, finalizó Baldiviezo.

10.9.2020

Por Mario Hernandez

El secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (metrodelegados), Roberto Pianelli, sostuvo que «continúa habiendo material cancerígeno» en algunas formaciones de ese transporte porteño y afirmó que, «si bien hubo una decisión de la justicia, el gobierno de la Ciudad no cumple los fallos» correspondientes.

En ese sentido, el dirigente sindical de los metrodelegados, que pertenece a la CTA de los Trabajadores, expresó: «Nosotros no podemos buscar el material cancerígeno en las formaciones, eso lo tiene que hacer SBASE (Subterráneos de Buenos Aires SE) y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), y no avanzan para nada».
En sus críticas al Gobierno porteño, Pianelli recordó además que «hace un año que le pedimos a SBASE que compre trenes nuevos y ni siquiera llamaron a licitación. Tenemos que decir además que en la línea E también hay trenes con amianto, y cada día que pasa se hacen más muestreos y se descubren más lugares con material cancerígeno».
«No están haciendo nada para eliminar el material cancerígeno de las formaciones», remarcó el dirigente.
Sobre esa problemática, el titular del sindicato recordó que «la Justicia le ordenó a (las autoridades de la) Ciudad que haga un plan para detectar y eliminar el amianto y que busque los que trabajaron los últimos 30 años. Y hoy nada se cumple. (Horacio) Rodríguez Larreta no cumple con el fallo de la Justicia que ordena detectar y eliminar el material cancerígeno».
Además, el metrodelegado indicó que «ni siquiera buscan en la base de datos las personas que trabajaron en décadas pasadas y puede tener patologías vinculadas al amianto».
«Para nosotros -añadió- el incumplimiento del fallo judicial es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. No tiene nada que ver que esté vencida la concesión».
Según Pianelli, el futuro de la «concesión en teoría está resuelto porque no hay ningún rival de Metrovías. Solo que no se firma la renovación de la concesión con Metrovías por la pandemia, porque no saben cómo será la nueva normalidad y el negocio en el futuro».
A partir de la Resolución 823 del ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el 31 de julio de 2001, se prohibió el uso de una parte del asbesto crisotilo a partir del 1° de octubre de ese año y el resto a partir del 1° de enero de 2003. Los anfíboles, por su parte, fueron prohibidos un año antes, mediante la resolución 845 del año 2000.
Producto de estudios multidisciplinarios realizados por iniciativa de los propios trabajadores, el 60% de la planta actual (4.260) sufre exposición laboral directa. Sobre este porcentaje, se les ha reconocido el riesgo al 64% (2.550) y se ha auditado el 50% (1.660) de los estudios médicos con la resultante de 27 trabajadores con neumoconiosis por exposición al asbesto y otros minerales y 3 con cáncer de los cuales uno fue operado y se le extirpó un tumor encapsulado.

Una breve historia

El amianto es un grupo de 6 minerales metamóficos y fibrosos compuestos de silicatos de cadena doble. Tienen fibras largas y resistentes para separar y entrelazar, además no se disuelven en el agua, soporta altas temperaturas y son excelentes aislantes térmicos. Es fácil de extraer y se encuentra en grandes cantidades en la superficie terrestre. Se explota a cielo abierto, por lo que resulta muy barato. Su única desventaja: es mortal para los humanos.
Se le conoce desde la Edad de Piedra. Los cavernícolas lo utilizaban para fortalecer las macetas de cerámica, pero fue en el siglo XIX cuando comenzó la minería a gran escala. La sociedad empezó a utilizar sus variadas propiedades en la industria de la construcción y en la manufacturera. Desde tejados, baldosas y azulejos hasta productos papel, pinturas, frenos, vagones de metro, tampones para la higiene femenina y talco para niños.
Desde 1906 las autoridades médicas demostraron el vínculo entre el asbesto/amianto con la aparición de enfermedades graves como la asbestosis y cáncer de elevada mortalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom en el uso del asbesto. Los principales proveedores eran la Unión Soviética y Canadá. Ambos extraían el mineral en minas a cielo abierto.
El amianto se utilizó ampliamente hasta la década de los años setenta del siglo pasado, cuando los gobiernos empezaron a prohibir su uso. La mayoría de los edificios erigidos antes de 1980 contienen asbesto en una variedad de cantidades y propósitos. Así como también en casas, infraestructuras industriales y sitios de ocio y en el medio ambiente.
El amianto es la más conocida de las sustancias industriales vinculadas con el cáncer de pulmón. Su exposición causa tres tipos de cáncer: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma. No se reconoce una cantidad mínima del agente causal por debajo de la cual un expuesto pueda considerarse seguro. Lo que sí se ha determinado es que el cáncer de pulmón en trabajadores expuestos es 10 veces más frecuente que en la población general.
El asbesto enferma cuando es inhalado. Las fibras de amianto son de tamaño microscópico. Se desprenden con facilidad, no se disuelven en agua. Sin embargo, se desplazan por el aire e ingresan en el pulmón con cada inhalación en un ambiente contaminado.
Las partículas de asbesto no se evaporan ni se disuelven en agua. Permanecen suspendidas en el aire por largo tiempo y son transportadas a largas distancias por el viento. Las fibras y partículas de mayor tamaño tienden a depositarse más rápidamente y no son degradadas a otros compuestos. Permanecen inalteradas por largo tiempo hasta que el viento las levante y se las lleve hasta otra víctima.
Las enfermedades que produce el asbesto tienen una larga «latencia», el tiempo que transcurre entre la inhalación de la fibra y la aparición de la patología. Pueden pasar 30 años. El uso del amianto se interrumpió en los años noventa; por tanto, se espera el mayor número de enfermos en 2020. En Estados Unidos, fallecieron 1.493 personas por cáncer de pulmón relacionado con la exposición al amianto en el año 2000 frente a 77 muertes en 1968. Asimismo, en España los casos de cáncer de pulmón relacionados con la exposición al amianto han aumentado hasta el medio millar al año a partir de 2015. No existe cura para esta enfermedad y la esperanza media de vida una vez detectada es de nueve meses.
En los años ochenta la mayoría de los países había ilegalizado el amianto, pero como la enfermedad tardaba en aparecer se actuaba sin responsabilidad social y humana. Se calcula que 100.000 personas mueren cada año en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto. Actualmente se registran en España entre 250 y 300 casos anuales de mesotelioma, MPM, un tipo de cáncer de extrema mortalidad, que en un 85% de los casos se vincula a la exposición al amianto.
En Estados Unidos, casi 50.000 personas por año presentan una denuncia a causa de enfermedades causadas por el amianto. Las empresas aseguradoras gastaron 21.600 millones de dólares en estas enfermedades hasta el año 2000. El asbesto volvió a ser tema de polémica luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001: el derrumbe del World Trade Center liberó varias decenas de miles de kilogramos de amianto pulverizado a la atmósfera.
En Madrid el gran escándalo ha sido que en los vagones y en las estaciones del Metro hay amianto, aunque cuando se utilizó se sabía su toxicidad, lo que ha provocado la muerte por cáncer de varios ex trabajadores.
Actualmente, 67 países y territorios (incluido la Argentina) han prohibido el uso de amianto. La Comisión Técnica de la Unión Europea esperó hasta el 4 de mayo de 1999 para aprobar la prohibición de uso de cualquier tipo de amianto que entraría en vigor a partir del 1° de enero de 2005, para los países que todavía no lo habían prohibido. En el año 2006 la UE lanzó una campaña contra el amianto con el lema: «¡El amianto es mortal!». En virtud de la directiva de la Unión Europea, todos los Estados miembros han debido prohibir la comercialización y uso de asbesto aunque no ha ocurrido de manera efectiva. De hecho la Ciudad de Buenos Aires bajo de la jefatura de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta adquirió formaciones de trenes subterráneos contaminados al Metro de Madrid.
La Comisión Europea habla de una epidemia de 500.000 muertes en los próximos años por enfermedades derivadas del amianto, una cantidad 10 veces superior a la de accidentes de trabajo. Se calcula que el cáncer por exposición al amianto provocará más de 200.000 muertes en la próxima década en el Reino Unido.
(El presente informe fue redactado en base a Hernández, Ramón: “España debe retirar más de 3 millones de toneladas de amianto de su vida cotidiana”. Rebelión, 27/08/2020.)

“La señora Metrobus” nueva titular de SBASE

Días previos a las declaraciones de Pianelli, Manuela López Menéndez, asumió como titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Fue la mano derecha de Guillermo Dietrich y una de las principales responsables del Metrobus. Principal autora intelectual del modelo de Participación Público-Privada (PPP) “pensado al servicio de llenarles los bolsillos a los bancos”, según el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Otra iniciativa fue la Red Expresa Regional (RER), de la cual López Menéndez era la encargada de financiamiento. No se construyó ni un metro pero sirvió para vender importantes terrenos ferroviarios cuyos fondos, en teoría, servirían para su construcción.
También impulsó la reconcesión a privados de las líneas de trenes Belgrano Norte y Urquiza. Pero sin dudas su gran obra fueron los metrobuses que trasladó al Gran Buenos Aires y otros lugares del país.
Asume en un contexto de concesión polémica y deficitaria de Metrovías (Grupo Roggio), con una multiplicación de casos de Covid 19 entre trabajadores y denuncias de falta de control sanitario. Y por primera vez en medio siglo no hay ninguna estación ni línea nueva en obra.

Estado de alerta por Coronavirus y paritarias

Lo declaró la AGTSyP en todo el ámbito del Subte y Premetro por 119 casos positivos de Covid-19 confirmados, 80 recuperados y cuatro trabajadores fallecidos. Solo uno estaba aislado por ser grupo de riesgo (Julio Escobar, guarda de la línea C). Los otros tres estaban en actividad (Andrés Carrizo, que era mecánico en Congreso de Tucumán. Germán Gutiérrez trabajaba como tráfico de la línea D. Luca Maquiavel, trabajador del sector camionetas asignado a Plaza Miserere).
El segundo motivo se debe a “la falta de respuesta en relación a la paritaria que está vencida al 1° de marzo, sin ningún tipo de aumento, y hace tres meses el gobierno firmó con la UTA un acuerdo por el cual el 40% del salario pasaba a pagarlo en negro, así se quedaban con las cargas sociales”, afirma la AGTSyP.
Aunque desde la hora cero de la pandemia el servicio de subterráneos -así como todo el sistema de transporte de corta y media distancia- fue categorizado dentro del conjunto correspondiente a las actividades esenciales, lo cual le correspondió un tratamiento sanitario excluyente, la actitud de la empresa concesionaria Metrovías S.A fue categorizada por los que utilizan la prestación del servicio como exigua e insuficiente.
Los protocolos de higiene sanitaria distaron de ser los suficientes para aminorar las posibilidades de contagio al convivir cada día con la falta de desinfección y sanitización de los trenes y sectores de trabajo de forma periódica y sistemática. A su vez, los espacios comunes – vestuarios, salas de descanso y comedores- jamás contaron con las condiciones para evitar los contactos estrechos prometidos. Así da cuenta la serie de comunicados que dieron a la opinión pública las y los trabajadores de Metrovías S.A.
Sobre fines de abril la puja de intereses detonó cuando mediante la acción de la policía de la Ciudad fueron detenidos los delegados de la Línea E, Rocío Córdoba, Walter Cayoso y Maximiliano Barrera producto de la paralización de la Línea luego de un caso positivo de Covid-19 y la falta de protección sanitaria acorde en el servicio esencial.
Si bien funcionarios afirman desde sus casas que sólo viaja el 6% de la cantidad que lo hacía en momentos de normalidad, las y los trabajadores manifiestan que “cada vez es más difícil viajar sentado y con asiento de por medio, como recomiendan las autoridades”.

Fuentes: El Destape Radio, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Anred, enelSubte.com, La Izquierda Diario, rebelión.org

10.9.2020

Lo anunció en conferencia de prensa este jueves. Dijo que es “inconstitucional” la medida anunciada por Alberto Fernández ayer, en el marco de los levantamientos policiales y para darle más recursos a las fuerzas represivas de la Provincia. Sin embargo, omitió decir que Macri en 2016 aumentó la coparticipación para la Ciudad en detrimento de las otras provincias.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves por la tarde su respuesta ante la decisión del presidente Alberto Fernández de disponer la rebaja de un punto de coparticipación federal para el distrito de la Ciudad de Buenos Aires para aumentar los fondos de la Provincia de Buenos Aires. Esto se da en el marco del levantamiento policial del día de ayer y que se destine financiamiento para dar respuesta a sus reclamos.
Rodríguez Larreta sostuvo que va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que la medida de la rebaja es inconstitucional: “Hay jurisprudencia que dice que el Poder Ejecutivo Nacional no puede tomar una decisión así”. Sin embargo, no mencionó que Macri en 2016 aumentó la coparticipación para la Ciudad, en detrimento de otras provincias.
Durante la conferencia, el jefe de gobierno se mostró “enojado” (en sus propias palabras) con la decisión del gobierno nacional. “Eligieron la división”, le reprochó a Alberto Fernández. Sin embargo, sostuvo permanentemente su disposición al diálogo y a mantener las “buenas relaciones” tanto con el gobierno nacional como de la provincia.
Le reprochó a Fernández haberlo acompañado durante todo este período y que le respondió con una “medida inconsulta e improvisada”, mientras él siempre trató de “dejar de lado las diferencias políticas”: “Acompañé al gobierno en la renegociación de la deuda e incluso con la crisis de la policía ayer”. Dijo que desde marzo, en las 26 reuniones que sostuvieron juntos, “no mencionaron el tema”.
Larreta se trató de mostrar con estas expresiones el quiebre de un diálogo que venía en armonía durante la cuarentena, aunque con mayores contradicciones en las últimas semanas, por la política de apertura en la Ciudad que venía generando roces con el gobierno nacional, aunque este último permitió y avaló la mayor apertura económica.
Respecto a las fuerzas de seguridad, volvió a dejar en claro que “no era el método ni el lugar” para el reclamo.
En el marco de los aprietes de las fuerzas de seguridad que rodearon la Quinta de Olivos el día miércoles, el jefe de Gobierno porteño dijo que está “orgulloso” de que los fondos que obtiene la Ciudad se hayan destinado en fortalecer la policía: “La Ciudad aporta alrededor de 22 % del PBI nacional y recibe el 15%. Los fondos se pusieron en construir una policía cerca de la gente, es un orgullo para nosotros la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”. Esto muestra también la prioridad que comparte con el Gobierno nacional y provincial en empoderar a las fuerzas represivas.
El debate ya se había dado hoy jueves en la Legislatura porteña. Allí, la diputada Myriam Bregman planteó que “no volvamos con la división entre unitarios y federales. La división es de clases sociales, que hay de ambos lados de la Genera Paz”, señalando el rechazo del FIT a financiar y seguir fortaleciendo el aparato represivo.
La discusión debería ser sobre el destino de los recursos: para la acuciante urgencia sanitaria y económica de la pandemia, no para fortalecer a las fuerzas que el día de mañana van a desalojar y reprimir a las familias pobres en Guernica, y son las mismas involucradas en la desaparición de Facundo Castro.
Ya ayer por la noche había dicho Rodriguez Larreta a través de la red social Twitter: “En un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la Policía debe solucionarse por vías institucionales. Mañana me voy a referir al anuncio del presidente”.
A su vez, por su parte, el Consejo Nacional del PRO consideró “inconstitucional, injusta y prepotente” la decisión del Gobierno nacional de restar un punto de la coparticipación adicional que desde 2016 y por un decreto de la gestión de Cambiemos recibe la Ciudad, y sostuvo que la medida “envía una pésima señal para la convivencia política y democrática en la Argentina”.
“Lamentamos esta situación. Seremos firmes en la defensa de los derechos del Gobierno de la Ciudad y de sus habitantes. Y, como siempre, apostaremos a solucionar las diferencias a través del respeto a la ley y las instituciones, que es la única manera de procesar nuestros conflictos en democracia”, señaló el partido en un comunicado difundido esta mañana.
En el documento de ocho párrafos, el PRO criticó diferentes aspectos de la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 se había dispuesto en favor de la ciudad de Buenos Aires, para direccionarlo ahora a un plan de fortalecimiento fiscal en el distrito bonaerense.