Comunicadores del Sur

22.9.2020

El espacio Unidos y Organizados elaboró un documento recordando el crimen del joven de 19 años en manos de efectivos de la Policía Federal en la madrugada del 14 de septiembre de 2002.

La agrupación Unidos y Organizados elaboró un documento en el marco de un nuevo aniversario del crimen del joven Ezequiel Demonty en manos de agentes de la Policía Federal. “En la madrugada del 14 de septiembre de 2002, Ezequiel Demonty, un joven de 19 años, se encontraba junto a sus amigos Julio Ismael Paz y Claudio Maciel. Ellos buscaban un auto para volver a sus casas en una remisería ubicada en la esquina del pasaje La Constancia y Avenida Cruz, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Federal. En el mismo lugar fueron separados y puestos boca abajo en el piso donde comenzaron a ser golpeados por los efectivos policiales. A continuación, los levantaron del lugar introduciendo a cada uno en un patrullero distinto para trasladarlos en caravana hasta las orillas del Riachuelo, mientras continuaron amenazándolos a los gritos. Al llegar al Riachuelo, Ezequiel y sus amigos fueron rodeados por los policías que continuaron pegándoles y gritándoles. Los efectivos fueron empujándolos al río uno por uno. Julio y Claudio pudieron salir del Riachuelo, Ezequiel no lo logró y el 21 de septiembre fue hallado su cuerpo sin vida”, introduce el texto
Además, recordaron el camino en la búsqueda de Justicia para que los culpables paguen por el crimen: “La Justicia probó y condenó el caso de violencia institucional sentenciando a prisión perpetua a los ex policías Gastón Somohano, Alfredo Ricardo Fornasari y Gabriel Alejandro Barrionuevo por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. También a Luis Emilio Funes y Luis Antonio Gutiérrez con penas menores por omisión. En 2015, por iniciativa de los alumnos de la escuela a la que concurría Ezequiel, se concretó el cambio de nombre del ex Puente José Felix Uriburu, popularmente conocido como Puente Alsina, y pasó a llamarse Puente Ezequiel Demonty en su homenaje”.
“Dolly Sigampa, la madre de Ezequiel, se convirtió en una referente de la lucha contra el gatillo fácil y la violencia institucional al comprometerse con las víctimas de casos similares a los que la familia Demonty sufrió en carne propia. Es por eso que resulta imperioso que se desaliente y condene enfáticamente a los responsables de todo tipo de abusos institucionales. Por estas razones debe ejercitarse la memoria, la reflexión y el compromiso del Estado para erradicar la violencia”, concluye documento.

21.9.2020

El espacio Unidos y Organizados elaboró un documento recordando el crimen del joven de 19 años en manos de efectivos de la Policía Federal en la madrugada del 14 de septiembre de 2002.

La agrupación Unidos y Organizados elaboró un documento en el marco de un nuevo aniversario del crimen del joven Ezequiel Demonty en manos de agentes de la Policía Federal. “En la madrugada del 14 de septiembre de 2002, Ezequiel Demonty, un joven de 19 años, se encontraba junto a sus amigos Julio Ismael Paz y Claudio Maciel. Ellos buscaban un auto para volver a sus casas en una remisería ubicada en la esquina del pasaje La Constancia y Avenida Cruz, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Federal. En el mismo lugar fueron separados y puestos boca abajo en el piso donde comenzaron a ser golpeados por los efectivos policiales. A continuación, los levantaron del lugar introduciendo a cada uno en un patrullero distinto para trasladarlos en caravana hasta las orillas del Riachuelo, mientras continuaron amenazándolos a los gritos. Al llegar al Riachuelo, Ezequiel y sus amigos fueron rodeados por los policías que continuaron pegándoles y gritándoles. Los efectivos fueron empujándolos al río uno por uno. Julio y Claudio pudieron salir del Riachuelo, Ezequiel no lo logró y el 21 de septiembre fue hallado su cuerpo sin vida”, introduce el texto
Además, recordaron el camino en la búsqueda de Justicia para que los culpables paguen por el crimen: “La Justicia probó y condenó el caso de violencia institucional sentenciando a prisión perpetua a los ex policías Gastón Somohano, Alfredo Ricardo Fornasari y Gabriel Alejandro Barrionuevo por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. También a Luis Emilio Funes y Luis Antonio Gutiérrez con penas menores por omisión. En 2015, por iniciativa de los alumnos de la escuela a la que concurría Ezequiel, se concretó el cambio de nombre del ex Puente José Félix Uriburu, popularmente conocido como Puente Alsina, y pasó a llamarse Puente Ezequiel Demonty en su homenaje”.
“Dolly Sigampa, la madre de Ezequiel, se convirtió en una referente de la lucha contra el gatillo fácil y la violencia institucional al comprometerse con las víctimas de casos similares a los que la familia Demonty sufrió en carne propia. Es por eso que resulta imperioso que se desaliente y condene enfáticamente a los responsables de todo tipo de abusos institucionales. Por estas razones debe ejercitarse la memoria, la reflexión y el compromiso del Estado para erradicar la violencia”, concluye documento.

21.9.2020

Comunicado

«Desde la Central rechazamos la violenta respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad a los reclamos que realizaban las trabajadoras de la salud por sus derechos en el marco de la emergencia sanitaria.
«Las enfermeras de distintos hospitales porteños pretendían entregar un petitorio, donde exigían mejores condiciones laborales y mayor presupuesto para equipar los hospitales públicos con los materiales necesarios para poder hacer frente a la pandemia, en el marco de la Jornada Nacional de la Salud.
«Ante esta situación, la policía de la Ciudad fue enviada para amedrentar a quienes están en la primera línea contra el COVID19, trabajando sin descanso y sin los materiales necesarios.
«Mientras que el personal sanitario en la Argentina ya suma más de 30 mil contagios y superan las 140 muertes por el virus, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta responde con represión.
«Desde la CTA-A rechazamos cualquier tipo de violencia institucional, y apoyamos a las y los trabajadores en sus reclamos por una política seria en salud pública».
Firman:
• Ricardo Peidro, Secretario General.
• Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta.
• Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario Adjunto.

21.9.2020

Por Javier Borelli

“Para nosotros, la prioridad número uno es la educación”, dijo Rodríguez Larreta en su alocución del viernes. El rechazo del gremio docente no se hizo esperar.

Por primera vez desde que llegó la pandemia a la Argentina, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró en la última semana una leve caída en el promedio de nuevos casos diagnosticados a ambos lados de General Paz. En la Provincia, sin embargo, eso no se reflejó en los números, ya que los brotes se extendieron por el interior bonaerense, donde había pocos casos y mucha población susceptible.
Para Horacio Rodríguez Larreta los números muestran una “meseta” en la curva de contagios en la Capital, que permite seguir habilitando actividades, como la gastronomía en terrazas y patios internos de los establecimientos.
Axel Kicillof, por el contrario, lo definió como un “altiplano” que no permite flexibilizar, aunque en los hechos oficializará las obras de construcción, que comenzaban a realizarse sin autorizaciones ni protocolos. A pesar de esas diferencias, la mayor tensión no se da entre estas jurisdicciones, sino entre CABA y Nación. El gobierno porteño insiste en reanudar las clases presenciales y el Ministerio de Educación de la Nación entiende que no están dadas las condiciones. Este lunes habrá una nueva reunión.
“Para nosotros, la prioridad número uno es la educación”, dijo Rodríguez Larreta en su alocución del viernes. “Estoy convencido de que en base al diálogo vamos a ponernos de acuerdo para poder arrancar”, añadió con miras al encuentro de mañana, del que también participarán los responsables de las carteras de Salud de ambas jurisdicciones.
El protocolo porteño apunta principalmente a dos grupos de estudiantes: uno es el de los 6500 niños identificados que en tiempos de pandemia perdieron el contacto virtual con la escuela; y otro es el de los 30 mil adolescentes tanto de escuelas públicas como privadas que cursan el último año de secundario. A los primeros propone reunirlos en plazas en grupos de a diez chicos y chicas. A los segundos pretende llevarlos dos veces por semana a la escuela durante dos horas, implementando aulas al aire libre.
La Ciudad ya había presentado un protocolo para reanudar las clases que planteaba la reunión en «espacios digitales». Pero desde Nación respondieron que no había condiciones sanitarias seguras y ofrecieron a cambio computadoras portátiles y conexiones de Internet para que esos 6500 niños pudieran recuperar el vínculo online. Pero el gobierno porteño modificó la propuesta y ahora apuesta por el espacio público. También deberá enfrentar el rechazo del gremio docente. Eduardo López, secretario general de UTE-Ctera, ya respondió: “Las escuelas no son bares y la educación no es un negocio”.

20.9.2020

Denuncian sobreprecios en los bolsones de alimentos que el Gobierno de la Ciudad entrega en la Villa 20. “El negociado de las empresas intermediarias lleva décadas, pero se profundizó con la gestión macrista”, asegura Eva Koutsovitis, del Frente Salvador Herrera, una de las organizaciones que realizó el relevamiento.

“Crisis es oportunidad”, reza un viejo refrán chino al que parece adscribir el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas tercerizadoras de provisión de alimentos.
Las medidas de aislamiento social dispuestas por los gobiernos impidieron el normal funcionamiento de comedores populares, o al menos tal como lo hacían hasta el 19 de marzo. Esto llevó a implementar un sistema de bolsones que se entregaban a las familias a los fines de sostener el acceso a los alimentos, pero sin la tradicional aglomeración de personas en comedores.
En la Villa 20 se hizo a través de Sano y Bueno S.A., la empresa de catering que ganó la licitación convocada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para la provisión de estos bolsones en los comedores de la Villa 20.
Con un monto de $36.000.000, Sano y Bueno se comprometió a entregar 10.000 bolsones por mes durante mayo, junio y julio con una botella de aceite, un paquete de leche en polvo, una caja de puré de tomate, una lata de duraznos, otra de choclo, un paquete de galletitas, uno de harina, otro de azúcar, medio de harina de maíz, una caja de saquitos de té y dos paquetes de cacao.
Un relevamiento realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, que tomó los productos efectivamente entregados en los bolsones en cuestión, demostró la existencia de una sobrefacturación de al menos el 100%.

Caro e incompleto

Los precios minoristas en comercios de cercanía relevados arrojan un valor total de 663,01 pesos, algo más que la mitad de los 1.200 pesos por bolsón facturados por Sano y Bueno, cuyo único valor agregado fue el armado y distribución de la mercadería. El sobreprecio se estima mayor, teniendo presente que los valores relevados son por compra unitaria y no por las 30.000 que compró la empresa.
“Esta empresa solamente por entregar en un único punto los bolsones recibía más del doble de lo que costaban a valor minorista. En ese punto de entrega, de vuelta una vez más, las mujeres trabajadoras comunitarias tenían que ir a retirarlos, trasladarlos hasta los centros comunitarios y hacerse cargo de la logística de entrega de estos bolsones puerta a puerta sin ningún tipo de reconocimiento salarial”, explicó a Canal Abierto Eva Koutsovitis, integrante del Frente Salvador Herrera, una de las organizaciones que llevaron adelante el relevamiento.
“El negocio de las empresas intermediarias es un negocio que lleva décadas y que se ha profundizado a partir de la gestión macrista. El negocio de los intermediarios es el negocio de intermediarios que se ocupan de la asistencia de bienes y productos esenciales para la ciudad. Tenemos empresas intermediarias entregando agua potable, alimentos, insumos”, afirmó Koutsovitis.
A la ya escasa provisión para una familia durante dos semanas, otra irregularidad señalada es que no todos los bolsones entregados tenían la totalidad de los 11 productos comprometidos: en algunos venían 9 y en otros 7. Y algunos estaban en mal estado o vencidos.

Donde quieran, lo que necesiten

“Frente a estas irregularidades, las trabajadoras comunitarias, que además no recibían ningún elemento de protección para realizar la entrega, decidieron colectivamente dejar de entregar los bolsones y presentar al IVC una propuesta superadora -explicó la vocera-. Así fue como desde el Frente Salvador Herrera, bajo la consigna ‘No somos parte del negocio del hambre’, el 5 de agosto realizamos el primer verdurazo en Villa 20 con el apoyo de la UTT. Esto nos permitió visibilizar el negocio alimentario, porque con el dinero que el gobierno porteño pagaba por un bolsón con 11 productos sin calidad nutricional las familias podrían recibir 60 kilos de verdura”.
A partir de esta acción, el Frente presentó en la Legislatura porteña un proyecto de tarjeta alimentaria que será entregada a las familias que lo necesiten. De esa manera las familias, sin intermediarios pueden elegir qué comer y dónde comprarlo.
“Este proyecto también establece que las compras de bienes esenciales no pueden llevarse a cabo con empresas intermediarias, incorpora la necesidad de reconocer a las trabajadoras comunitarias esenciales y, por último, establece que el gobierno porteño convenie con cooperativas de agricultura familiar la entrega de frutas y verduras en los comedores comunitarios para mejorar la asistencia alimentaria”, finalizó Koutsovitis.