Comunicadores del Sur

28.12.2020

Así lo estableció el Gobierno nacional en la mañana de este lunes a través del Decreto 1043, publicado en el Boletín Oficial. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño acudirá una vez más a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantear la inconstitucionalidad de la ley sancionada el pasado 10 de diciembre.

En la mañana de este lunes fue publicado el Decreto 1043 en el Boletín Oficial, que establece la promulgación de la Ley N° 27.606 sancionada el pasado 10 de diciembre, a través de la cual fueron recortados fondos de la coparticipación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había recibido por el traspaso de la Policía Federal. A su vez, también dictamina la apertura de un período de negociación de 60 días entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.
Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno de la Ciudad anunció que recurrirá una vez más a la Corte Suprema de Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la ley. “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, dice el texto. Se estima que la presentación judicial puede llevarse a cabo este mismo lunes.

28.12.2020

La OIT declaró la admisibilidad del reclamo efectuado por ATE, UTE, AGTSyP y CTA-T, demandando a la Ciudad por no otorgar los elementos de protección a sus trabajadores y trabajadoras exceptuados del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Desde los gremios de docentes, estatales y trabajadoras y trabajadores del subte, junto con la CTA-T alegaron que “el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en su carácter de empleador, no otorga los elementos de protección e higiene personal a sus trabajadores y trabajadoras exceptuados del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado a raíz de la actual pandemia”.
Tras la demanda presentada, la Organización Internacional del Trabajo falló favorablemente y designará un Comité Tripartito para examinar la denuncia que, dicen desde UTE “está plagada de pruebas contundentes”.
“La respuesta de la OIT constituye la primera vez que logramos que un Organismo internacional de la tal magnitud adopte una denuncia de estas características ante los incumplimientos del GCBA en cuidado de sus trabajadores y trabajadoras”, afirman desde UTE.
El gremio docente sostiene también que “La desidia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue poniendo en serio riesgo la salud y seguridad, tanto física como psíquica, de los trabajadores y trabajadoras que día a día trabajan en condiciones precarias que se vieron intensificadas en la ardua tarea de la lucha contra el COVID-19”.

28.12.2020

Por Silvana Melo

Un flaco fisura de 15 años irrumpe desde la villa 31 e intenta robarle la bicicleta soñada a un fisioterapeuta en avenida Madero. Lleva un arma el chico. Y aprieta el gatillo cuando el hombre resiste. Lo aprieta por miedo, por impulso, porque está jugado. La bala entra en el cuello y desangra. Se muere un hombre absurdamente. Y se muere un chico de 15 años. Porque esa vida ya no lo era antes y lo será menos ahora, carne de institutos y cárceles para adolescentes, réplicas perfectas de las que tendrá que fatigar después.

Los buitres de la política y de los medios que acumulan la supremacía de la opinión -ésos que publican la foto del pibe, con un sentido tan clasista de la ética-, aun con el cuerpo tibio del hombre asesinado, clavaron los colmillos en la yugular de una infancia y adolescencia marcada y destruida durante décadas. Y volvieron sobre la urgente necesidad de imputar penalmente a los niños. Cuanto antes mejor. Apenas una especulación política partidaria. No más que eso. Los niños y adolescentes de la fisura social están presos en sus cárceles a cielo abierto y tantas veces mueren y a veces también matan. Cuando matan van a parar con sus huesos a los basureros que el sistema guarda para ellos. Y allí se desarman. Y se convierten en aquello en que la maquinaria de aniquilación quiere que se conviertan.
Siete de cada diez pibes son pobres (dos millones y medio de ellos pasan hambre cotidianamente) por la responsabilidad de dirigentes que repiten sus caras en las boletas durante décadas y pontifican, ellos y sus sucesores, sobre dolores que no comprenden. Que a la hora de mirar a la infancia es para prepararles su colegio privado o encerrarlos en cotos de donde no salgan: sus barrios, sus villas, sus cárceles para adolescentes condenados de origen.
El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro dijo que el balazo que disparó el pibe fisura que salió de la villa 31 (que es el barrio Mugica pero fundamentalmente es la villa 31) “nos lleva a preguntarnos por qué un menor de 15 años está dispuesto a robar y matar a una persona” y “anda con un arma en la cintura y es capaz de matar porque sabe que no tiene consecuencias. Lo más probable es que vuelva a delinquir”. Ese camino era una ruta fluida hacia la baja en la edad de imputabilidad. Lo que no entiende D´Alessandro es que el chico de 15 que salió de la villa no se puso a pensar a éste lo voy a matar total la edad de imputabilidad me favorece y no voy a ir preso. El chico de la villa apretó el gatillo por susto, por miedo, por voluntad esmerilada por el paco, porque no tenía nada que perder. Ni vida ni muerte que perder.
En la provincia de Buenos Aires los homicidios provocados por adolescentes en 2019 fueron el 5,97% de los totales. En 2020, el 6,48. En la Ciudad Autónoma, en 2019 fueron el 4%. En 2020, el 6%.
No son los chicos los peligrosos. Los que matan son una minoría. Tal vez por eso la ministra de Seguridad de la Nación dijo que había que pensar en medidas preventivas más que punitivas. Y su par de la Provincia fue directo a su tobillo filosófico y le asestó que no hay dudas de que hay que bajar la edad de imputabilidad. Supuestamente comparten la misma fe partidaria.
En la CABA, donde el chico de 15 años salió de la villa y mató a un fisioterapeuta armenio por una bicicleta, se presentó el presupuesto educativo más bajo de los últimos diez años. Por ahí se ajusta en estos tiempos. Por el único camino que puede conceder una llave –oxidada, vieja, pero llave al fin- para abrir el portón vedado del porvenir. La escuela y el trabajo. Unicos organizadores de una vida condenada a los confines sistémicos. A morir o matar como únicas alternativas. Aturdidos en las esquinas, buscándose en el faso y la birra la anestesia para el alma.

27.12.2020

Por Karina Lamagna

Karina Lamagna, hermana de Diego, uno de los cinco asesinados, recuerda las jornadas de represión del 19 y 20 de diciembre, la responsabilidad del ex presidente de la UCR y la complicidad del poder judicial.

Mi nombre es Karina Lamagna. Soy hermana de Diego, uno de los cinco asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo en las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001. Como para todos los argentinos, ese año era muy difícil. Mi vieja pensionada, Diego y yo con trabajos mal pagos y en marzo la muerte de mi hermana menor de 22 años, aún no esclarecida a la fecha.
Ese año yo vivía con mi compañero en Chubut. Había ido y venido a Buenos Aires en más de cinco oportunidades por la muerte de mi hermana. En diciembre Diego se encontraba en Córdoba por la construcción de rampas de BMX. Supo ser, es aún, muy reconocido en la disciplina, uno de los mejores y un precursor. Por una cuestión económica yo no podía venir a Buenos Aires a pasar las fiestas con mi mamá entonces Diego decidió volver antes para pasar “esas fiestas con la vieja”.
El 19 de diciembre ya había visto la convulsión con saqueos en el barrio y también lo que informaba la televisión. Esas fiestas ya eran muy dolorosas porque se cumplían nueve meses del asesinato de nuestra hermana menor.
El 20 de diciembre Diego tomaba mate con mamá y vio como reprimían a las Madres de Plaza de Mayo. Se puso la gorrita y le dijo: “Me voy, esto no da para más”. Esa noche no vuelve.
Al otro día sus amigos lo reconocen muerto en la tapa del diario Clarín. Nos avisan a mi mamá y a mí. Ahí comienza nuestra peregrinación. Buscar el cuerpo, buscar, buscar, buscar. En la morgue estaba como NN. Mi mamá lo reconoce y puede llevar su cuerpo.
Comenzamos a reconstruir sus últimos pasos. Diego llegó a Avenida de Mayo y marchaba pacíficamente con la gente. La policía reprimía y efectivos de la Federal, apostados en Tacuarí, dispararon contra los manifestantes con posta de plomo. De la misma perdigonada hieren a Diego y a Gastón Riva, quien es llevado por una ambulancia. Diego es llevado en andas por la gente a Avenida 9 de Julio y cuando llega la asistencia ya estaba muerto. 27 años tenía. A 19 años nadie está preso por su homicidio.
En 2014 se inicia el juicio a la cadena de mando y a los responsables materiales por los cinco homicidios y los cientos de heridos en las inmediaciones de la plaza. Mi vieja no llegó a ver la condena ya que muere de cáncer de mama. En 2016 se condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, y a algunos de los efectivos y comisarios que actuaron. Absolvieron a otros que fueron reconocidos por las víctimas que sobrevivieron.
Desde entonces la causa quedó en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se redujeron las condenas y se ratificaron las absoluciones. Hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. El poder judicial nos ha matado sistemáticamente. Casi 19 años sin justicia, mancillando la memoria y nuestra voluntad.
Que quede claro que hubo orden del Poder Ejecutivo para reprimir y la posta de plomo fue permitida y avalada. Fernando de la Rúa fue responsable. Claudio Bonadío, después de llorar con nosotras, lo sobreseyó. La justicia es cómplice.

27.12.2020

La agrupación Vacantes para Todxs se movilizará este lunes 28 de diciembre, a las 14, frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Cerrito 760, será para pedir el juicio político a sus integrantes luego de su fallo en contra de las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública.

A través de un comunicado, desde Vacantes para Todxs expresaron: “Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. Este fallo deja afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en CABA, ya que no permite que aquellas familias que no pudieron acceder a la escuela pública por la propia inoperancia del gobierno porteño puedan reclamar a través de la justicia. Además, legitima el ajuste constante y sostenido que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña realizan desde hace trece años en materia educativa y refuerza la política privatista hacia la educación.

Reproducimos comunicado de Ademys:

La justicia porteña falla en contra del acceso a la educación. Apoyemos la lucha de las familias por vacantes.
El Tribunal Superior de Justicia de CABA acaba de emitir un fallo que va en contra del derecho al acceso a la educación pública ante la petición de una familia de una vacante para sala de dos años. Entre los fundamentos el Tribunal esgrime que quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asigna prioridad el artículo 17 de la CABA, no podrá exigir su admisión en el sistema público si las vacantes no son suficientes. Por otro lado, agrega que la obligatoriedad por parte del Estado se limita a asegurar la escolaridad de aquellos niños en situación de pobreza y exclusión, es decir, aquellos que presenten un certificado de pobreza y no puedan afrontar los gastos para una educación privada.
El fallo es aberrante por donde quiera que se lo mire y hace una diferenciación entre la escolarización obligatoria y no obligatoria sólo a los efectos de fundamentar el incumplimiento del gobierno en lo que respecta a su obligación de garantizar la educación pública desde los 45 días como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, desliga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la deposita sobre la Legislatura porteña señalando que mientras no asignen mayores fondos para la universalización del sistema educativo, el Poder Ejecutivo sólo puede limitarse a gestionar las vacantes disponibles. El fallo admite la falta de vacantes, pero omite el hecho de que, es en la misma legislatura en donde el partido gobernante, entre otros, obtura los proyectos integrales de construcción de escuelas.
Desde Ademys venimos denunciando año tras año la falta de vacantes, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras sobre las cuales aún recae el cuidado de los niños y niñas, y la forzada transferencia al sector privado obligando a las familias a pagar cuotas exuberante en escuelas de nivel inicial privadas.
Este fallo es a la medida del presupuesto de ajuste de Larreta en el cual no hay prioridad para áreas tan sensibles como educación, salud e infraestructura. Este fallo va en línea con la política privatista del Gobierno de Larreta que no sólo promueve la Educación privada sino también la precarización de la Educación, multiplicando los Centros de Primera Infancia, donde ya es requisito presentar un certificado de pobreza, en lugar de construir jardines.
Exigimos la construcción de escuelas y acompañamos a las familias que luchan por vacantes.

Reproducimos comunicado de UTE-CTERA:

Fallo judicial en contra del acceso a la educación pública
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad acaba de fallar contra las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública.
Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada.
El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021.
La Constitución porteña es muy clara al respecto y en su Artículo 24 establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.
Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos.
Con el recorte presupuestario, la persecución judicial a las y los docentes y los fallos hechos a la medida del macrismo-larretismo, el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia de la Ciudad ya no disimulan que tienen una política común para destruir la escuela pública.