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Villa Ortúzar: vecinos volvieron a presentar un proyecto de ley para modificar el Código Urbanístico

14.05.2024

En una nota dirigida a la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, los vecinos y vecinas aseguran que el objetivo de este proyecto de ley es “amortiguar el efecto nocivo que tuvo en nuestra población la sanción del Nuevo Código Urbanístico en el año 2018, mediante la Ley N” 6.099”.

“El presente proyecto retoma el proyecto presentado en el año 2022 bajo expediente 2998-2022. Es resultado de un proceso de organización que fuimos llevando adelante hace ya más de un año los vecinos y vecinas del barrio de Villa Ortúzar como respuesta al vertiginoso desarrollo de obras de construcción de edificios en la zona. Este fenómeno está afectando crecientemente nuestra calidad y estilo de vida, empeorando día a día todos los indicadores de habitabilidad y ambientales de nuestro querido barrio”, plantearon los vecinos.

En la defensa del proyecto, los ciudadanos de la Comuna 15 repasan que el 6 de diciembre de 2018, los legisladores del oficialismo aprobaron la Ley N° 6099, que sancionó el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente vigente.

El nuevo Código Urbanístico (CUr) desde su origen (2018) y hasta su última reforma (2020), resultó en “un aumento indiscriminado de la constructividad en varias zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”: “Si bien el mismo tuvo diversas resistencias en ese momento por parte de distintos colectivos, colegios profesionales y actores sociales y políticos, a causa de las restricciones generales producidas mediante las medidas de ASPO y DISPO del año 2020, el impacto real en cada uno de los barrios de este cambio de norma se comenzó a visualizar recién durante el año 2021”.

“En nuestro barrio el Nuevo Código Urbanístico estimuló fuertemente el desarrollo de nuevas construcciones, ya que el mismo brinda fuertes incentivos al mercado inmobiliario de grandes inversiones, por el desmesurado aumento de la constructibilidad que el mismo ha generado. En la actualidad, en simultáneo, y como nunca antes habíamos visto, hay en Villa Ortúzar al menos 56 edificios en construcción y al menos 80 casas bajas en venta, que, es importante señalar, ya no se ofertan como casas sino como terrenos o lotes para el desarrollo de edificios”, indicaron los ciudadanos de la Comuna 15.

De esta forma, explicaron el cambio de paradigma que implicó el actual Código: “El motivo del “boom” inmobiliario en nuestro barrio es claro: antes de la sanción del Nuevo Código Urbanístico se podía obtener una ganancia pequeña por demoler una vivienda para volver a construir una nueva ya que, la cantidad de metros cuadrados vendibles no era tan alta, razón por la cual la incidencia del precio del terreno en la ecuación total era relativamente alta. El beneficio de construir edificios bajos resultaba de todos modos rentable para emprendimientos medianos, y el barrio crecía a un ritmo sostenible. En cambio, con el nuevo CUr y las modificaciones realizadas en la normativa urbanística, se ha incrementado fuertemente la constructibilidad, así como también se ha pasado de zonas de uso residencial, a zonas de mixtura de usos altas o medianas. Esta situación implicó un estímulo para llevar adelante los procesos de “renovación urbana e inmobiliaria” para extraer y poder capitalizar el aumento del valor del suelo generado por el aumento de la capacidad constructiva permitida”.

De este modo, “la cantidad de obras en simultáneo tiene impactos tangibles: baja presión del agua; cortes de electricidad en épocas de bajo consumo (cuando no hace ni calor ni frío); constante ruido de martillos neumáticos, palas retroexcavadoras, etc., que exceden el nivel de decibeles que puede soportar el oído humano; constantes vibraciones por las tolvas y bombas de hormigón; polución ambiental por las partículas de polvo en suspensión en el aire y en todas partes (lo que trae complicaciones respiratorias a muchos vecinos y muchas vecinas)”.

En esta línea, los vecinos aseguran que “se prevén impactos a futuro: edificios de más altura implican menor circulación de aire, una alteración a la flora y la fauna del barrio y, con la llegada de más gente a vivir, menos espacio de estacionamiento, menos espacio verde por habitante (contamos solo con dos plazas de una manzana cada una), más cantidad de habitantes por centro de salud de cercanía, más problemas con las vacantes escolares (Ortúzar es un barrio que no tiene jardines escolares, y tiene pocas escuelas primarias). Los altos edificios dificultan el contacto directo con la luz solar, provocando deficiencias en materia de vitamina D, que el cuerpo produce por la exposición directa a los rayos solares”, concluyen.

Alerta en Tribunales por una amenaza de bomba: evacuaron a todo el personal

13.05.2024

Tras un llamado al 911, el personal de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad debió evacuar el Palacio de Tribunales por una amenaza de bomba. También trabaja en el lugar el Escuadrón Antibombas.

El trabajo de los efectivos junto con Búsqueda y Detección que cuenta con dos perros comenzó pasada las 9 debido al llamado advirtiendo la presencia de un artefacto explosivo. Rápidamente, los trabajadores que estaban dentro del edificio fueron evacuados.

El procedimiento para tratar de identificar si efectivamente se encuentra algún artefacto se realizó en todos los pisos del edificio, incluso el subsuelo.

“Alrededor de la 9 se presentó un cuadro de amenaza y el protocolo indica que deberíamos evacuar. Se acercó Policía de la Ciudad a avisarnos y nos hizo evacuar el lugar. La situación se vivió de manera pacífica”, explicó un empleado judicial, mientras esperan en la plaza que está en frente del Palacio de Tribunales.

Finalmente, tras más de una hora y media de llevar adelante el rastrillaje junto a los canes, comenzaron a reingresar los trabajadores.

Legisladores recorren clubes de barrio

10.05.2024

Los legisladores Maia Daer (presidenta), Francisco Loupias (vicepresidente) y Patricia Glize (vicepresidenta) que integran la Comisión de Deportes de la Legislatura porteña realizaron el miércoles pasado una serie de visitas a distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de escuchar las inquietudes y necesidades de los integrantes de los clubes de barrio. También participaron de la recorrida los legisladores Matías Barroetaveña (UP) y Sebastián Nagata (CP).

Durante las reuniones, los representantes legislativos dialogaron con dirigentes, deportistas, vecinas y vecinos, con el propósito de conocer de primera mano la realidad que atraviesan los clubes en cada uno de los barrios de la Ciudad.

La última visita tuvo lugar en el Club Los Bohemios de La Boca, a la que también concurrieron la presidenta de la Comuna 4, Silvia Millara y el ex legislador radical Diego Weck.

Patricia Glize (Vamos por Más) expresó que “Los clubes generan pasiones, además de otros valores que ayudan a los chicos a crecer como personas. Proteger el deporte no es solo trabajar para defender un club, es moverse para defender a nuestros hijos y sus futuros. No permitir que caigan en la droga o estén tirados”. Cerró su discurso agradeciendo a las autoridades del club: “Gracias a todos los presidentes de los clubes que vinieron y trabajaron para mantener los clubes”.

Por su parte, Loupias señaló que “Vamos a trabajar siempre para seguir equiparando las realidades entre las comunas del norte y las comunas del sur. Los clubes en general y en particular los del sur llevan adelante un gran trabajo social”. “La idea es poder acercar la pata legislativa a los barrios. Escuchar a los vecinos y que estas reuniones se repliquen en todos los barrios porteños. Ayudar es más que un lema”, dijeron los legisladores.

Los diputados porteños se comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta con los clubes de barrio, para garantizar el acceso al deporte y promover su desarrollo en toda la Ciudad.

Barracas: piden justicia por el ataque lesboodiante contra cuatro mujeres

09.05.2024

Decenas de organizaciones y referentes feministas exigieron justicia por el ataque de odio LGBT que sufrieron cuatro mujeres de las cuales, una murió el domingo y tres están internadas en muy grave estado. Entre los pedidos de justicia, está el de la coordinadora de Cromañon dado que una de las mujeres es sobreviviente de la tragedia de Cromañon.

“Desde la Coordinadora Cromañón, seguimos exigiendo una ley de asistencia definitiva y un programa de salud integral para las víctimas, para todxs y para siempre”, expresaron a través de sus redes sociales. “Andrea es sobreviviente de Cromañón y en este momento se encuentra internada en el Hospital Penna, peleando por su vida, en coma y con el 75% del cuerpo quemado. No fue un accidente: Un vecino lanzó una bomba molotov a la habitación de la pensión donde dormía junto a su compañera y otra pareja en Barracas”.

Agregaron, “ayer víctima de la tragedia de Cromañón, hoy de un ataque lesboodiante. Mientras tanto de un Estado ausente que le da la espalda. Andrea no es parte del padrón de víctimas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó en el año 2005. De hecho, esa lista reconoce solo a 1600 personas como sobrevivientes. Es decir, menos de la mitad del total. Andrea no percibió ayuda económica y tampoco es beneficiaria del Programa de Salud para víctimas de Cromañón. Andrea estaba en situación de calle y dormía donde podía. Veinte años después, a Andrea se le hicieron realidad todos los miedos y pesadillas”, enumeraron.

“¿Se entiende por qué necesitamos una ley definitiva, que incluya a todas las víctimas de Cromañón? ¿Dónde creen que están todos aquellos y aquellas sobrevivientes que quedaron fuera de la ley? Pueden empezar buscando en pensiones que se caen a pedazos, viviendo al día, hacinadas en piezas que no tienen ni cerradura, pueden encontrarlas obligadas a convivir con todo tipo de violencias. Si Andrea hubiera sido parte de la Ley de Reparación Integral, probablemente, hubiera tenido la oportunidad de acceder a un techo digno y seguro”, continúan.

Desde que se conoció el ataque, otras organizaciones también repudiaron el violento hecho. “Desde la Federación Argentina LGBT+ manifestamos nuestro profundo dolor y preocupación por lo que podría ser uno de los crímenes de odio más aberrantes de los últimos años”, dijeron en un comunicado.

“No podemos dejar de señalar que los crímenes de odio son el resultado de una cultura de violencia y discriminación que se sostiene sobre discursos de odio que hoy se encuentran avalados por varios funcionarios y referentes del gobierno nacional”, agregaron. Y todo en un contexto en el que “los únicos espacios a los que podemos recurrir quienes somos víctimas de estos ataques, están siendo vaciados o eliminados por el actual gobierno como, por ejemplo, el INADI”.

Además de expresar su preocupación por todo esto, exigieron “políticas públicas contundentes contra los discursos y los crímenes de odio en Argentina, así como el fortalecimiento del INADI, único organismo encargado de generar políticas públicas para prevenirlos”.

“El ataque nos produce profundo dolor y enojo: no fue un hecho cualquiera, fue un acto de odio hacia las lesbianas. El crimen ocurrió en un contexto de extrema precariedad de la vida, donde las cuatro vivían hacinadas en una habitación, y donde diariamente las identidades LGTBQI+ somos foco del aumento de la violencia”, dijeron en un comunicado un grupo de organizaciones y activistas lesbianas de todo el país que se articularon en un nuevo espacio denominado Autoconvocades Lesbianxs x Barracas

“El atentado se enmarca en la desigualdad histórica cis-hetero-patriarcal, actualmente acentuada por los discursos de odio promovidos por la extrema derecha, que hoy tiene como principal referente en nuestro país al presidente Javier Milei. Otro factor que consideramos determinante es la falta y destrucción de las políticas públicas destinadas a promover la igualdad en la diversidad, como la eliminación del INADI y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”, agregaron.

En ese sentido, denunciaron que “la violencia hacia nuestra comunidad es un hecho político que encuentra tierra fértil cuando los gobiernos fundan imaginarios colectivos que se basan en el desprecio a los derechos humanos, el quebrantamiento de los lazos sociales y la cultura, la sujeción a doctrinas económicas salvajes y el fomento de ideas misóginas y odiantes de las diversidades”.

El comunicado concluye con una serie de consignas entre las que se encuentran “Justicia por las cuatro compañeras y las víctimas del atentado”, “Basta de violencia y de discursos de odio”, “Juicio político a Javier Milei”, “Políticas públicas para las feminidades y la comunidad LGTBIQ+” y “¡Apertura del INADI YA!”.

Por su parte, la organización Ni Una Menos (NUM) difundió un texto de repudio que tiene por mensajes principales “Los discursos de odio tienen efectos concretos” y “Basta de fascismo”. “Repudiamos con toda la fuerza estos hechos que nos muestran que la normalización de las figuras y referentes del fascismo en los medios de comunicación tienen efectos concretos”, dijeron.

Por su parte, desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) también repudiaron “los discursos de odio y la política de la crueldad ejercida por el gobierno nacional que legitiman la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+”.

En tanto, Mujeres que no Fueron Tapa pidieron “frenar esta locura” que implica que “los ataques de odio a la comunidad LGTBQ crecen desde que los discursos de odio son agitados desde el poder político y las máximas autoridades del Estado, y luego replicados por los medios de comunicación”.

La Asamblea de Barracas consideró que es un “crimen de odio” y anunció que junto a las asambleas barriales y organizaciones sociales “estamos organizando una acción colectiva en repudio a este ataque”. “Convocamos a todxs lxs que enfrentamos a este sistema de violencia social, ahora potenciado por un gobierno nacional que pretende avanzar en contra de los derechos que las mujeres y disidencias hemos conquistado a través de la lucha”, indicó la Asamblea en sus redes sociales. Y señalaron: “No fue una pelea entre vecinxs aislada. No es solo el producto de una condición habitacional o económica. Es un crimen de odio. Es la expresión de violencia machista de un sistema patriarcal”.

Por otra parte, a agrupación 100% Diversidad y Derechos pidió justicia “por el ataque lesbofóbico contra dos parejas de lesbianas en Barracas, que terminó con la vida de Pamela Cobos y dejó con quemaduras de extrema gravedad a Andrea Amarante, Mercedes Figueroa y Sofía Castroriglios”.

La entidad exigió en un comunicado: “La investigación, que se halla en el juzgado en lo criminal y correccional N°14 a cargo de Edmundo Rabbione, debe abordar este ataque y asesinato con perspectiva de género y como motivado por el odio hacia la identidad lésbica”.

“Este hecho no ocurre en el vacío sino en un contexto de abandono y desprotección de las personas LGBT+. Denunciamos la desarticulación de los organismos y políticas nacionales de protección contra la violencia machista y lesbofóbica como el INADI y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y sus programas de atención y prevención contra la violencia de género, la identidad de género y la orientación sexual”, apuntaron.

Por su parte, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de provincia de Buenos Aires, expresó. “Manifestamos nuestra preocupación a las instituciones intervinientes en el caso y en la causa judicial, dado que este crimen de odio no es un hecho aislado y se enmarca en los discursos que se repiten irresponsablemente desde el gobierno nacional. La población LGBTI+ es históricamente discriminada, la crisis económica y la falta de acceso a la vivienda agravan su situación de vulnerabilidad”.

Y agregó, “ante el desamparo que produce el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el INADI y otros organismos que velaban por los derechos de la población LGBTI+, este Ministerio insta al gobierno nacional y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer de todos los recursos para acompañar a las víctimas y a sus allegadas y allegados y garantizar una intervención con perspectiva de género”.

En la madrugada del lunes pasado, un hombre de 68 años atacó con un dispositivo incendiario la habitación donde dormían dos parejas de mujeres, que eran sus vecinas de una pensión de Barracas donde todos vivían. Se trata de Justo Fernando Barrientos quien luego de agredir a sus vecinas intentó quitarse la vida autoprovocándose cortes en el cuello con una sierra, según fuentes policiales. El agresor ya fue dado de alta y sigue detenido.

Como resultado del ataque, una de las mujeres perdió la vida y otras dos permanecen internadas en grave estado con más del 50% del cuerpo quemado, según fuentes policiales. La víctima fatal es Pamela Cobas de 52 años, mientras que luchan por su vida Mercedes Figueroa (52) y Andrea Amarante (42) en el Hospital del Quemado y Hospital Penna, respectivamente. La cuarta persona atacada en la habitación del segundo piso de Olavarría 1621, es Sofía Castro Riglos (49) quien cursa “una evolución favorable, responde bien a las curaciones, quedando en observación hasta mañana”; pero que aún no pudo prestar declaración.

Al momento del incendio, unas 30 personas debieron ser evacuadas de este edificio de tres plantas e inicialmente fueron seis los hospitalizados. La causa fue recaratulada como “homicidio” y la investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14 a cargo del juez Edmundo Rabbione.

El GCBA lanzó un programa de reducción de costos para saldar deudas impositivas

08.05.2024

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto por el cual busca aumentar la recaudación e incentivar el pago de deudas impositivas pendientes por parte de los vecinos del distrito. Estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Gabino Tapia, el Procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, y el coordinador general de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Germán Krivocapich, en la sede comunal 12.

Se trata de un anuncio que tiene por objetivo aliviar a los contribuyentes para saldar deudas de ABL, Patentes e Ingresos Brutos. Según establecieron desde el GCBA, esta reducción de montos limita los honorarios de los mandatarios judiciales al 20 % de la deuda original.

“El objetivo de estas medidas es encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con las deudas que tienen con la Ciudad, especialmente en el contexto económico que vivimos”, explicó Macri.

Los principales cambios a partir de la medida que impulsó el ejecutivo de la CABA son:

Unificación de deudas: todas las deudas de un vecino se agruparán en un solo reclamo judicial, asignando un único mandatario.

Aumento de los montos mínimos: se eleva el monto mínimo de deudas judicializables a $200 mil en los casos de Inmobiliario/ABL y Patentes, un 34 % más que el límite actual de $148.900.

Límite en los honorarios: los honorarios de los mandatarios no podrán exceder el 20 % del total de la deuda.

Condonación de deudas menores: se enviará un proyecto de ley a la Legislatura para condonar las deudas de bajo valor cuya ejecución sea antieconómica para la Ciudad.

En el plano práctico, el ex Intendente de Vicente López explicó que “por ejemplo, un vecino con una deuda de $50 mil debía pagar hasta $235 mil debido a la actualización de las UMA”, asimismo, desde el nuevo sistema “el porcentaje que se pagará al mandatario es del 20%. Así, si alguien debe $50 mil, pagará $10 mil, lo cual es razonable”.

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