Comunicadores del Sur

1.10.2020

Reincorporar a los agentes de tránsito desvinculados y continuar los pases a Planta Transitoria, dice el nuevo fallo judicial. Esta fue la promesa incumplida que Larreta arrastra desde hace un año, cuando los agentes de tránsito estallaron ante la muerte de una compañera.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Patricia López Vergara, sentenció “tener por incumplida parcialmente la medida cautelar dictada”. La misma intimaba al Gobierno de la Ciudad a reinstalar a los agentes de tránsito despedidos por reclamar el pase a planta en enero de este año.
El reclamo de pase a planta y la exigencia de la implementación de medidas de seguridad para los agentes de tránsito porteños, surgió ante la fatal muerte de una de ellas, Cinthia Choque. La joven agente de tránsito perdió la vida hace un año, cuando un conductor escapando de un test de alcoholemia la atropello delante de sus compañeros.
Además, el fallo obliga al Gobierno de la Ciudad a que en “un plazo de 30, 60 y 90 días escalonados para efectuar el pase progresivo de cada Agente de Tránsito contratada, a la planta transitoria”.
La muerte evitable, de su compañera Cinthia, fue la que motorizó la organización y el reclamo de los agentes de tránsito. Ante esta organización, el Gobierno de la Ciudad comenzó una cacería a sus organizadores con la anuencia del sindicato Sutecba. Llegando al despido de varios de ellos a fin de año, las relocalizaciones en otras áreas de cientos de ellos y a no cumplir las falsas promesas de un pase a planta que nunca llegó.
Sin embargo, la Justicia viene dando la razón a los trabajadores en varias oportunidades. Con fallos favorables en febrero y agosto de este año, nunca cumplidos por el Gobierno porteño.
Este nuevo fallo vuelve a darles la razón a los agentes de tránsito precarizados y el mismo fallo aclara de forma contundente al preguntar en sus considerandos “¿Acaso habría que esperar otra muerte más de una agente para plasmar un derecho en la realidad con suficiente solidez como para no desvanecerse en el aire?”.
El fraude laboral ejercido por este y todos los gobiernos, que mantiene en la precarización laboral a sus trabajadores es una constante entre los empleados estatales, dependan del gobierno que dependan. Este fallo debe redoblar la exigencia de pase a planta para todos, como así también reflexionar sobre la necesidad de organizarse y pelearla, ya que el gobierno, no solo comete el fraude laboral, sino que incluso incumple las órdenes judiciales.
En medio de esta pandemia son los precarizados los obligados a realizar las tareas más expuestas al contagio, sin protección alguna y con los peores salarios. Ayer lamentamos la vida de Cinthia Choque, hoy puede ser cualquier otro de los miles de precarizados de la Ciudad, por eso el pase a planta permanente y la lucha por las condiciones laborales debe ser una bandera para todos los trabajadores, aunque no le guste al Gobierno o incluso al Sutecba.

30.9.2020

Este jueves enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires realizan un paro y se movilizan a la Legislatura porteña en reclamo del reconocimiento profesional. Además, trabajadores y trabajadoras de la salud de distintas provincias argentinas llevan adelante medidas para exigir mejores condiciones salariales y laborales.

A diez días de la represión sufrida en la puerta de la Legislatura porteña durante una movilización por el Día de la Sanidad, los enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a manifestarse. El principal reclamo del sector es por el reconocimiento profesional.
“Si creían que con la represión nos iban a amedrentar, se equivocaron. El jueves 1 de octubre en CABA desde las 11 marchamos de Congreso a la Legislatura. Y en todo el país, en múltiples autoconvocatorias, Enfermería va a construir un enorme paro nacional. En la Ciudad, principalmente por el reconocimiento profesional y en todo el país el aumento salarial y cumplimiento de licencias y condiciones laborales”, expresó Carolina Cáceres, miembro de la Comisión Directiva de Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE). En igual sentido, se manifestó Andrea Ramírez, también integrante de ALE: “Es indignante la discriminación del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta a la enfermería. Vivimos con una enorme presión bajo la pandemia y nos ningunean con un bono de 5.000 pesos que es la mitad de lo que le dan a los médicos y a las otras profesiones”.
La jornada de este jueves incluirá paros, concentraciones y movilizaciones de trabajadorxs de la Salud, Espacios Comunitarios y Auxiliares de la Educación a la Legislatura Porteña. A las 11, hay varias convocatorias previstas; una marcha partirá desde Congreso hasta el parlamento de la Ciudad (en este marco, el Frente de Salud de ATE en Hospitales del GCBA realizará una conferencia de prensa en Avenida Callao y Rivadavia), y otra desde el Obelisco también hasta la Legislatura, además de las ollas populares que todas las semanas se realizan en distintos barrios.
“Lxs trabajadorxs de salud, educación y espacios comunitarios nos cansamos de la falta de respuesta a nuestros reclamos (…). En este contexto signado por la pandemia de Covid-19 lxs trabajadorxs de enfermería, al igual que todo el equipo de salud, hemos puesto el cuerpo en la primera línea de la batalla sanitaria con elementos de seguridad insuficientes y de mala calidad, con protocolos de trabajo ineficientes y fallas en los sistemas de bio seguridad, hemos hecho guardias eternas y extenuantes que nos han costado la vida de compañerxs invaluables y hemos recibido la violencia institucional del gobierno porteño como respuesta a nuestro pedido de reconocimiento profesional y salarial para enfermería. En el ámbito privado la situación es similar, pero se suman la aplicación de protocolos incorrectos (con nulo control de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo), recortes salariales, falta de personal y presiones para que trabajen compañeros con patologías preexistentes”, expresaron las organizaciones convocantes al paro y movilización de este jueves.
En la Ciudad de Buenos Aires se suman los reclamos de los trabajadores de los espacios comunitarios de las organizaciones sociales, que desde hace más de 15 semanas llevan adelante la campaña Somos Esenciales para lograr el reconocimiento de su trabajo como esencial en el marco de la pandemia. Advierten que sus pedidos no han sido escuchados por las autoridades gubernamentales, como tampoco sus reclamos de acceso a los servicios esenciales como agua y electricidad en los barrios populares. Los trabajadores Auxiliares de la Educación también se movilizan con el mismo pedido, que sus tareas se reconozcan como esenciales en el actual marco sanitario.
En tanto, Santa Fe inicia el mes de octubre con un paro de trabajadores y trabajadoras del sector público provincial de las áreas salud, asistentes escolares y la Dirección de Niñez. Habrá asambleas y acciones en diversos lugares de trabajo, y una conferencia de prensa, a las 12, frente a Gobernación en la ciudad de Rosario para denunciar el veto del gobernador Omar Perotti a la ley de asistencia a reemplazantes.
“El pliego común de los diversos sectores provinciales continúa siendo salarios dignos tras la paritaria 0% firmada por las conducciones provinciales, pase a planta del personal precarizado, condiciones seguras y salubres de trabajo, entrega de elementos de protección personal en cantidad y calidad, defensa de la caja de jubilaciones y haberes dignos para las y los jubilados, e inversión en salud y educación. Se trata de puntos elementales para hacer realidad esto de ‘Cuidar a los que nos cuidan’, que enarboló el gobernador Perotti en conferencia de prensa. Les asistentes escolares, además, van al paro por el veto del primer mandatario provincial a la Ley 13.992, que tendía a una ayuda económica al sector de reemplazantes: no sólo una mayoría de elles está sin trabajo y sin sueldo, sino que tampoco pudieron acceder a asistencias oficiales por estar dentro del universo de empleados públicos. Su situación es acuciante y el gobernador les propinó una nueva muestra de insensibilidad. Para dar más detalles, se brindará una conferencia de prensa al mediodía en la sede local de Gobernación”, expresaron desde ATE Rosario.
Además, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, específicamente de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, realizan un paro de 72 horas exigiendo la implementación urgente del salario fijo para quienes se desempeñan en el programa de acompañantes personalizados, y el aumento del valor hora, hoy en 130 pesos.
Además, el sindicato Siprus Fesprosa anunció que los monotributistas, que no han recibido ofertas de recomposición de sus ingresos, comenzarán con retención de tareas también a partir de este jueves.
Por su parte, el lunes las Asociaciones de Profesionales y Técnicos de los Hospitales de Bariloche, Viedma y General Roca realizaron medidas de fuerza y movilizaciones en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a las sumas en negro. En Chubut, en tanto, se lleva adelante otra semana de reclamos y movilizaciones por salarios atrasados. En Catamarca, Aprosca Fesprosa movilizó este miércoles por aumento salarial.
El reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la salud se extiende a todo el país. A los pedidos por mejoras salariales y laborales se suma la crisis sanitaria por la pandemia Covid 19. En este área son más de 38.000 los profesionales contagiados por coronavirus, y el número de fallecidos supera los 160.
En este marco, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA) reiteró el pedido de que se convoque a una mesa paritaria del sector salud. “Los trabajadores estamos pagando un enorme precio en enfermedad y en vidas. Frente a ello, el reconocimiento del Estado es como mucho insuficiente. Amén del bono -que es un paliativo-, necesitamos un horizonte claro de jerarquización y desprecarización laboral. Esta no parece ser una preocupación de los ministros de Salud ni del Cofesa (Consejo Federal de Salud), que sigue abocado al manejo vertical de la pandemia siendo muy pocas las jurisdicciones que le dan el lugar que le corresponde a los trabajadores de salud”, expresó la titular de la Federación, María Fernanda Boriotti.

30.9.2020

Por CORREPI

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el mayor presupuesto en seguridad (60% más que la provincia de Buenos Aires) y un despliegue de fuerzas represivas más importantes del país (casi tres veces los 300 efectivos “recomendados” por la ONU cada 100 mil habitantes), no pierde oportunidad para volver a la carga con “la necesidad” de dar curso a la utilización de las pistolas Taser por parte de las fuerzas locales.

Vemos como la muerte de Juan Pablo Roldán, policía federal, es utilizada por los medios de comunicación para lograr consenso, y por el gobierno de la Horacio Rodríguez Larreta que, aún sin aprobación, hace más de diez años insiste con este tema, sin contar que la compra de estas armas ya fue realizada y espera poder ponerlas en uso. El gobierno nacional, por su parte, volvió a dar un paso al costado al limitarse a decir que la decisión de usar estos instrumentos de tortura es jurisdicción local, por lo que no tienen injerencia.
El argumento de que es un arma “no letal” y por tanto, menos nociva, cae por su propio peso con las numerosas muertes que el uso de las mismas ha provocado. El caso más reciente ocurrió en Colombia el pasado 11 de septiembre, cuando Javier Ordoñez, un abogado de 46 años, fue sometido a reiteradas descargas eléctricas por parte de la policía, lo que provocó su muerte. Hay un video que muestra las imágenes en las que Ordoñez pide por favor que se detengan y la policía, sin mediar palabras, aplica la picana portátil.
Como ya hemos dicho, “no hay armas no letales y mucho menos si quien la empuña fue entrenado para ser un asesino. Tenemos un millón de ejemplos de las supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentealba no le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muchos muertos y muertas con de balas de goma. (…) O los bastones de madera, Diego Gallardo fue apaleado con 42 fracturas en todo el cuerpo.”
Así como en otros momentos advertimos, en esta nueva campaña, un nuevo intento de poner “la inseguridad” como tema en la agenda para convalidar una política de avance represivo y mayor control social. Nada más y nada menos que en un contexto en el que las fuerzas de seguridad siguen contando con la facultad de detener arbitrariamente y son los responsables de casi 120 muertes en la cuarentena.
En contraposición, una vez más, volvemos a insistir con la agenda antirrepresiva que venimos reclamando para reducir la letalidad de la violencia policial.
NO AL USO DE LAS TASER
¡BASTA DE REPRESIÓN!

28.9.2020

POR JONATAN BALDIVIEZO Y MARÍA EVA KOUTSOVITIS

En la mañana del 12 de junio el enfermero Héctor Ortiz logró esquivar al personal de seguridad y en los pasillos del Hospital Durand, su hospital, logró acercarse al jefe de Gobierno. “Tenemos problemas de insumos y de enfermeros. ¿Cuándo podemos juntarnos?”, lo interrogó. Larreta, de espaldas, eligió el silencio y apuró el paso hasta perderse por los pasillos.
Dos semanas más tarde, la advertencia ya era tragedia: su compañero Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría, en edad de riesgo y a quien habían obligado a seguir trabajando, fallecía de coronavirus. A los pocos días, el propio Héctor daba positivo al test de Covid-19.
Desde entonces, los contagios en el hospital crecieron exponencialmente hasta llegar casi al 20 por ciento del personal. “Desde que comenzó la pandemia, sobre 1.800 trabajadores del Durand hay 350 contagiados”, asegura Ortiz, que además de enfermero es delegado gremial. Un porcentaje similar se replica en el resto de los efectores de salud de la ciudad de Buenos Aires: sobre 37.000 trabajadores de la salud, 7.246 tienen o tuvieron Covid-19.

Primero los negocios

El Covid-19 ya estaba instalado en la agenda pública el 9 de marzo, cuando Larreta tuiteó: “El sistema de salud de la Ciudad está preparado para prevenir y asistir casos de coronavirus”. En esa línea optimista también se manifestó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós: “Hemos comprado la totalidad de los insumos para el sistema público para el próximo año completo. Eso significa que no hay ningún motivo para que en ningún lugar haya faltantes de insumos”.
Sin embargo, a los pocos días el volumen que comenzaba a demandar la pandemia excedía por lejos la cantidad de insumos utilizada años anteriores. Así, la emergencia sanitaria y económica le sirvió al gobierno porteño de marco ideal para continuar con sus políticas de negocios a través de empresas intermediarias. De esta forma, firmas como GREEN SALUD, AMICIBRO, E-ZAY, DVU SAS, cuyos objetos societarios nada tenían que ver con la provisión de insumos médicos, fueron elegidas para abastecer de más de 6.300.000 barbijos, que no sólo tuvieron sobreprecios de más del 400% sino que se transformaron directamente en un fraude, ya que las empresas terminaron entregando menos del 10% del número comprometido, estafando a los porteños económica y sanitariamente.
El negocio y la improvisación tuvieron un impacto directo: durante abril los trabajadores de la salud tuvieron que recurrir a la Justicia a través de más de 18 amparos para garantizarse los elementos de protección personal. El descuido al personal de salud quedó patente en el relevamiento que por entonces realizó la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA, donde se advertía que el 83% de los hospitales y el CESAC donde se atendían pacientes con Covid-19 no contaban con los insumos de bioseguridad.
Ya en septiembre, tras 180 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los trabajadores de la salud siguen exigiendo elementos de protección personal en cantidad y, sobre todo, calidad para seguir en la primera línea de atención.

Personal Descartable

El sistema de salud de la capital argentina se estructura sobre la precarización laboral y la negación de derechos justamente a quienes lo sostienen: lxs enfermerxs, por ejemplo, ni siquiera son considerados por el gobierno de Larreta trabajadores de la salud sino personal administrativo, con lo cual cobran salarios que rondan los 30.000 pesos, un 60% menos que los profesionales de salud con titulación equivalente.
Como ese monto no alcanza para llegar a fin de mes, realizan otras 140 horas extras denominadas módulos. Sin embargo, en vez de cobrar el doble de sueldo, no llegan a superar los 55.000 pesos. “Las horas extra son las más miserables que hay, porque las pagan 70 pesos la hora”, explica Héctor Ortiz.
El otro sostén del sistema son las y los médicos que están haciendo sus residencias, quienes también cargan con jornadas promedio de 70 horas semanales por salarios que están por debajo de la canasta familiar.
Preocupación similar tienen lxs 3.000 enfermerxs incorporadxs durante la pandemia, cuyo contrato temporario vence en diciembre. El mensaje parece claro: sin pandemia en agenda, el sistema de salud público vuelve a terapia intensiva.

Acostados

Una de las principales medidas anunciadas por el GCBA para aumentar la capacidad del Sistema de Salud fue la incorporación de 300 camas para Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El gobierno asegura que desde abril el sistema de salud público cuenta con 450 camas UTI y que actualmente hay menos de 280 ocupadas.
Sin embargo, un relevamiento realizado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes advierte que las camas UTI son 274 y no 450. “Viendo hospital por hospital —explica Rocío Rodríguez, profesional del Hospital Ferrer y una de las referentes de la Asamblea de Residentes— vimos que no cuentan camas reales sino respiradores. Son un insumo muy necesario, pero mucho más necesario es el recurso humano para cuidados intensivos, que es con lo que no cuentan”. La aclaración permite dimensionar que el porcentaje de ocupación real es mayor que el que se admite.
Los porcentajes, aportados por quienes están en la primera línea en la pelea contra el virus, hablan de un sistema de salud que, lejos del relato que difunde el gobierno, está en una fase crítica.

Infraestructura

En los últimos doce años de gobierno PRO no se ha construido un nuevo hospital en la Ciudad y ni siquiera esta pandemia histórica pudo alterar esa lamentable estadística.
En la Comuna 1, organizaciones sociales y vecinales (entre ellas, Urbana Te Vé, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, etc.) exigen la creación de un Centro de Atención Primaria que se denomine Hospital Padre Carlos Mugica, que estaría ubicado frente a la terminal de ómnibus de Retiro. Actualmente, según datos oficiales, habitan el Barrio Carlos Mugica alrededor de 40.200 personas. Al menos el 68,8% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza.
En la Comuna 8, que incluye los barrios de Villa Soldati (actualmente con la mayor tasa de Covid por habitante de la Ciudad), Villa Lugano y Villa Riachuelo, el hospital Cecilia Grierson está frenado y en junio de este año tuvo que intervenir la Justicia para que el gobierno reactivara las obras.
El Hospital Cecilia Grierson debió estar terminado hace 15 años, de acuerdo con la Ley 1.769. En 2009 se inauguró el Centro de Salud Integral Cecilia Grierson y este año el GCBA decidió por decreto que pasara a ser un hospital público. Mientras tanto, los 200.000 habitantes de la Comuna 8 siguen contando con siete camas de internación y se preguntan: si el Grierson es un Hospital, ¿por qué se utiliza la escuela de al lado para realizar los hisopados del Plan Detectar?

No-se-puede

Los 180 días transcurridos no permitieron jerarquizar al personal de salud, ni invertir y acrecentar la infraestructura, ni implementar un desarrollo sostenible de producción de insumos que garantice abastecimiento continuo, en una pandemia que vino para quedarse.
Por el contrario, en este lapso se profundizó el maltrato a quienes están en la primera fila en la pelea contra el virus, realizando contrataciones temporarias de más de 3.000 enfermeros que deberían pasar a formar parte de las plantas permanentes de los hospitales, adeudando los salarios de los enfermeros que están en el operativo PosDetectar y congelando el sueldo de los trabajadores de la salud.
En la ciudad de Larreta no hubo agenda para el coronavirus. Ni siquiera una pandemia histórica como la que vivimos logró trastocar sus prioridades: la venta de tierras y el negocio de las intermediarias con el Estado. No hubo ayudas económicas a quienes necesitaban aun cuando la propia Dirección de Estadísticas y Censos porteña reconoce que durante el segundo trimestre del año 48.201 hogares no tuvieron ingresos en la Ciudad.
Tampoco se reconocieron salarialmente y con plenos derechos laborales a las más de 4.500 trabajadoras comunitarias: cocineras, promotoras de salud, promotoras sanitarias, promotoras de género, quienes gestionan sin derechos y sin recursos las políticas públicas en los barrios humildes y hoy gestionan en la primera línea la pandemia.
El lunes 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, lxs enfermerxs de la Ciudad, los que están en la primera línea y son personal esencial en esta pandemia, se movilizaron a la Legislatura para reclamar algo tan básico como ser considerados profesionales de la salud. En lugar del reconocimiento a su reclamo fueron reprimidos.
Larreta tiene súper poderes hasta diciembre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y está claro que Larreta no la tiene, al menos con quienes habitamos y vivimos en la Ciudad.

27.9.2020

Entrevista: Fernando Tebele/Julián Bouvier/Luis Angió. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Pedro Ramírez Otero.

El pasado 21 de septiembre las trabajadoras y trabajadores de Enfermería dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo una jornada de lucha y reclamos históricos frente a la Legislatura que terminó en represión de parte de la policía. Berta Leyton, presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos y se refirió a los reclamos urgentes por la pandemia. También señaló las demandas históricas por los derechos laborales del sector y el reconocimiento como profesionales, dentro de la ley 6035. Por su parte, Andrea Ramírez, licenciada en Enfermería y trabajadora del Hospital Ramos Mejía dialogó en el programa Oíd Mortales. Allí sostuvo las exigencias y detalló cómo se generó la represión por parte de la Policía de la Ciudad.

La presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería, Berta Leyton, salió al aire de La Retaguardia mientras se desarrollaba la jornada de lucha el último lunes, unos minutos antes de que la Policía de la Ciudad comenzara a reprimir.. En su intervención, explicó los motivos más de fondo de la protesta: los reclamos históricos.
“Estamos en la calle como cada vez que necesitamos salir. Porque el Gobierno de la Ciudad nos sigue discriminando desde que se creó la Carrera de Profesionales de la Salud ya hace como 30 años. Ahí, quedamos afuera los enfermeros y ya había licenciados en enfermería. En 2018 se derogó la Ley de Profesionales y se hizo una nueva, la 6035. En ella, nuevamente quedamos afuera. En el siglo XXI, y en un momento en que enfermería cumple con todos los requisitos de la carrera de profesionales, no logramos que el Gobierno de la Ciudad nos integrara en esa carrera. No solamente los licenciados en enfermería, en bioimágenes o los licenciados en instrumentación quirúrgica, que son carreras emergentes y que vienen desde los últimos años. Enfermería de los años previos a la década del 60 ya tiene licenciados. Tenemos una ley en ejercicio para nuestra profesión y esto no se está respetando. Venimos desde el 2009 presentando proyectos de ley, cada dos años se cae uno, y volvemos a presentar. Hemos presentado proyectos con orientación en género, porque el 80% de quien profesa la carrera somos mujeres, entonces se inscribe en un rango de discriminación hacia la mujer”, detalló.
Además, denunció: “Enfermería no sólo tiene tiene el 50% menos del salario que tiene cualquier otro profesional con los mismos años de carrera que nosotros, sino que además, ambas carreras, la de ramos generales y la nuestra tienen distintos beneficios: las licencias, los días por estrés. Nosotros reclamamos con una marcha anterior que nos dieran un día como les dan a los profesionales por estrés, y no nos lo dieron. Porque estrés significa reconocer que nuestra tarea es insalubre. Tampoco podemos concursar. Los concursos que tenemos son a dedo, no es que el que gana es el más idóneo, sino el que es más amigo. Está todo digitado con arreglos del gremio mayoritario, que es SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires). Arreglaron que los cargos son de ellos. En un hospital tenés un jefe en enfermería, o en el departamento de enfermería, que no tiene un título de grado. Sin embargo tiene un cargo. Y está violando lo que es nuestra ley de ejercicio”.
La profesional comentó cómo se desarrolló la marcha y expresó la necesidad de una paritaria nacional que tenga en cuenta las diferencias salariales según cada provincia y cada especialidad dentro del ámbito de la salud. “Salimos desde el Congreso. Antes hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco. Caminamos por la Avenida Rivadavia rumbo a la Plaza de Mayo. Esto es una mezcla de reclamos a nivel nacional, porque hay un pedido de que se haga una paritaria nacional para equilibrar y mejorar los sueldos. Alguien que vive y trabaja en el sur tiene un sueldo diferente a alguien de Jujuy. Cada uno de nosotros tiene dos o tres empleos, y es algo que no se puede mantener en el tiempo. Pero es la única forma de sobrevivir y de tener un salario digno. El salario de una fonoaudióloga sostenido en el tiempo, es de unos 90 mil pesos, y el de una enfermera es de 35 mil.. No estar en la carrera significa no avanzar, no escalar. Mi salario se devaluó un 63% en los últimos tres años”, expresó.

Covid-19, estar en la primera línea

Al respecto del contexto de pandemia y las dificultades con las que llevan a cabo su tarea en la primera línea, Leyton reflexionó: “Es lo que no ve la población. Porque cuando estamos en terapia intensiva con los pacientes somos el único nexo. No pueden ingresar familiares. Estamos tratando de armar un protocolo para poder hacer que el familiar se despida de esas personas que se están muriendo en nuestras manos. No sólo eso, sino que en todos los servicios las compañeras están estresadísimas. Con mucha carga, porque no hemos tenido las licencias que se nos tienen que dar durante el año. No pudimos tomarnos vacaciones, francos. Se trabaja el doble y si no te toman la guardia seguís trabajando, estamos disponibles 24/7. En este momento somos los únicos que tenemos una exposición altísima por eso a nivel país tenemos 68 enfermeros fallecidos por Covid. Acá en la Ciudad tenemos en los hospitales siete fallecidos, pero hay un montón de enfermeros jubilados que han fallecido también”.

Un petitorio y la represión

Luego de esta entrevista, se supo que quienes se acercaron a la Legislatura porteña para continuar con la protesta fueron reprimidos. Las imágenes tuvieron un escueto recorrido por los medios tradicionales de comunicación. Se pudo observar como algunas enfermeras y enfermeros recibieron golpes entre empujones con la Policía de la Ciudad que armó un improvisado vallado humano para proteger la puerta de ingreso al edificio legislativo.
En diálogo con el programa Oíd Mortales, la licenciada en Enfermería Andrea Ramírez expuso lo sucedido y remarcó el carácter histórico del reclamo: “Fue un día que estábamos esperando, por ser personal de la salud, y terminamos decidiendo organizar una movilización, nos costó muchísimo animarnos. Y terminó mal. El reclamo es histórico. Y si no se soluciona no aguantamos más. Avanzamos a la Legislatura con la idea de entregar un petitorio donde se fundamentaba el reclamo de todo lo que nosotros venimos pidiendo. La inclusión a la ley 6035, que es la de la carrera profesional de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Además, pedir mejores condiciones laborales y salariales para todo el equipo de salud. Nos juntamos con compañeros que vinieron de Provincia y con otros que vinieron del sector privado. Nos dijeron que no había nadie para recibirnos. Una clásica ninguneada”, relató. Y señaló: “El colapso no es sólo sanitario porque las camas están ocupadas, también lo es para nosotros porque estamos trabajando por un sueldo marginal con todas las responsabilidades y el riesgo de exponer a nuestras familias. Contagiarse y morir por un salario miserable es inaceptable. Te amarga día a día, sos enfermera y cobrás la mitad que el resto cuando uno estudió y se capacitó de la misma manera que todos los demás. Que terminen llamando a la policía para reprimirnos porque no nos movíamos hasta que nos atiendan, tuvo un final tremendo, brutal. Imperdonable”.
Ramírez contó que después de tanto gritar y de haber recibido golpes, hicieron pasar a dos compañeros, que fueron recibidos por dos legisladores con el compromiso de hacer pasar el petitorio por todos los bloques y darles una respuesta a los enfermeros y enfermeras. “No hay voluntad. Porque tiene que sesionar y nos tienen que aumentar el 50%. El Gobierno no quiere, se frena con los gremios. Pactan”, agregó.

La burocracia sindical se llama Amadeo Genta

“Lo llamen como lo llamen seguimos perteneciendo al gremio SUTECBA (dirigido por Genta) y somos escalafón general, que es un salario no profesional. Las horas extras que hacemos, que las llaman módulos, son una limosna. Con esto se puede llegar a 50 mil pesos. Esto para una familia no alcanza, no se puede llegar a fin de mes, y tenés que trabajar en otros lados. El Gobierno no quiere confrontar con las cúpulas de los gremios mayoritarios. Son todos pactos, acuerdos, y nosotros estamos en el medio. Ellos (el sindicato) tienen el poder de masa para hacer sus negociados. Tampoco podemos hacer paro general porque el gremio no lo va a decretar. Somos prisioneros. Para los próximos días, si esto no se arregla, vamos a tener que tomar otra medida. En esta situación de pandemia es complejo, pero también pensamos que es el momento de que nos escuchen”, cerró la enfermera.