Comunicadores del Sur

28.8.2020

Por Leandro Sorribas

En conferencia de prensa, esta vez sin el presidente ni el gobernador bonaerense, el jefe de Gobierno porteño anunció que están estudiando habilitar la construcción, restaurantes y bares, iglesias y volvió a insistir con la vuelta a “ciberescuelas”.

Este viernes por la tarde Horacio Rodríguez Larreta realizó una nueva conferencia de prensa para dar los pormenores de esta nueva fase de la ASPO, acompañado de su gabinete. Esta fue la primera conferencia de prensa que no realizó junto a Alberto Fernández y Axel Kiciloff. “Trabajamos juntos, pero comunicamos separados”, aclaró Larreta poniendo paños fríos a las preguntas emitidas por los periodistas presentes.
Casi al mismo momento se conocía el nuevo informe epidemiológico donde se contabilizó 1.430 contagios y 21 muertes en este mismo día, contradiciendo los 1.100 contagios promedios que Larreta dio como un hecho para justificar que la Ciudad se encontraba en una meseta alta pero estable.
Así y todo, anunciaron que el gabinete porteño se encuentra estudiando los pormenores de los protocolos para habilitar bares al aire libre, obras de construcción e iglesias. Como así también la habilitación de deportes individuales. Estas serían las nuevas actividades que se suman a las que ya fueron habilitadas. Con frases anti cuarentena, como “estamos recuperando la libertad”, Larreta sigue avanzando en una nueva normalidad “aprendiendo a convivir con el virus”.
Hipócritamente volvió a agradecer a las y los trabajadores de la salud por sus esfuerzos. El esfuerzo es indudable, pero las y los trabajadores de la salud no se toman bien esos falsos agradecimientos porque vienen denunciando y peleando por sus reclamos que nadie escucha. Es tan grande el esfuerzo que más de uno de ellos trabajan 12 o 14 horas de corrido, a lo que el gobierno les paga $130 las horas extras, mientras deben realizar estas horas por lo bajo de sus sueldos.
Volvió a insistir con la vuelta a clases, mientras es completamente repudiado por gran parte de la comunidad educativa que se viene organizando virtualmente. Por el momento el ministro de educación nacional no aprueba los protocolos de la Ciudad para la vuelta a clases. La necesidad de Larreta de avanzar en una “normalidad” a pesar de que sigan los contagios y las muertes y sin tomar medidas claras se encontrara con una comunidad educativa que se apresta a levantar su propio plan para resolver la crisis educativa que impuso la pandemia, pero también el fracaso del sistema educativo de la Ciudad. El reconocimiento mismo de esta necesidad de vuelta a clases, es la demostración que en estos 5 meses estuvieron mintiendo cuando anunciaban con bombos y platillos lo grandioso de la educación virtual.
Otro anuncio de la conferencia fueron las leyes votadas este jueves pasado en la Legislatura porteña, donde se votó una exención tributaria a las constructoras y comercios gastronómicos, como así también el derecho al “último adiós” para que los pacientes críticos con Covid-19 puedan recibir visitas. Estas dos primeras leyes fueron el plafón para los anuncios de hoy, que fueron votados por el oficialismo y por la oposición del Frente de Todos. Mientras como bien denunció la izquierda son leyes que no alcanzan a resolver la crisis de los pequeños comercios y mucho menos resolver el hambre y los altos índices de desocupación que en la Ciudad superan el 14%.
Sin tomar medidas radicales y de fondo ante el alto nivel de contagios y muertes, ni ante el nivel de crisis económica que destruye a los pequeños comerciantes, los trabajadores y ni hablar de los desocupados o barrios vulnerables, se pretenden volver a una nueva normalidad, donde nos acostumbremos a estos graves índices sanitarios y sociales.

28.8.2020

Esta frase la pronunció la diputada del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, ayer jueves en la Legislatura porteña, donde se votó quitar impuestos a las constructoras y negocios gastronómicos. Medida que beneficia a las grandes cadenas y mega constructoras, mientras no soluciona el problema a los pequeños comercios en crisis.

El jueves 27 de agosto se votó entre otros proyectos, un proyecto de exención de ingresos brutos al sector gastronómico y a la construcción. Esta medida impulsada por el oficialismo del PRO, encontró el acompañamiento del Frente de Todos.
La diputada Alejandrina Barry argumentó el voto en contra del bloque del Frente de Izquierda, ya que la ley beneficia una vez más a las mega constructoras y cadenas gastronómicas multinacionales, mientras que deja de lado a los pequeños comerciantes que tanto sufren la crisis económica, agudizada por la pandemia y los trabajadores. “Decenas de proyectos están presentados para beneficio de los pequeños comerciantes y los trabajadores, pero acá ni llegan al recinto”, denunció.
Haciendo un racconto de la crisis en el sector gastronómico, Barry declaró: “Tan solo el año pasado en la Ciudad se cerraron 600 comercios, con la pérdida de 15.000 puestos de trabajo. Eso fue por el ajuste del macrismo y los tarifazos que pulverizó el poder adquisitivo del pueblo y la opción de ir a comer afuera quedó en el pasado. Mientras fueron proliferando las grandes cadenas como Mc Donalds, Burger, Starbucks, multinacionales que gozan de todo beneficio, y sobre todo tienen abaratado sus costos por la precarización y la súper explotación a sus trabajadores”, señaló la diputada.
Este año, con la pandemia del Covid-19, esta crisis que el sector venía arrastrando del período anterior, se profundizó, teniendo que cerrar 19.000 comercios, según datos del Indec, y 23.000 según la Cámara de Comercio. Y sin embargo, la ley en cuestión no soluciona el problema de los pequeños comerciantes, porque es insuficiente la exención impositiva, ya que no resuelve el gran problema del crédito para financiamiento. Algo que si tienen resuelto las multinacionales gastronómicas.
Estas mismas multinacionales de comidas rápidas son las que precarizan a nuestra juventud, como denunció Barry “los jóvenes trabajadores de comidas rápidas, que comienzan a trabajar a los 16 o 17 años son súper explotados: no tienen ART, ni obra social, y tampoco les otorgan las licencias y el aislamiento por casos sospechosos de Covid-19. A pesar de que están en blanco, desde el comienzo de la pandemia las grandes cadenas les bajan los sueldos o no les pagan el aguinaldo, a pesar de recibir el ATP del Gobierno Nacional. En Wendy por ejemplo, llegaron a pagarles 0 pesos de aguinaldo a los pibes”.
En una asamblea de jóvenes precarizados de comidas rápidas realizada recientemente, las y los jóvenes trabajadores denunciaron que además de incumplir con sus derechos laborales, no respetan los protocolos para cuidar de su salud y los persiguen sindicalmente si reclaman o quieren organizarse. Por eso estos jóvenes dicen que “la pandemia son los empresarios”: no solo no respetan sus derechos laborales ni sindicales sino tampoco el mínimo derecho a la salud.
Barry reivindicó que estos jóvenes, pibas y pibes se estén organizando para reclamar y pelear por sus derechos, a pesar de los dueños de las empresas y el gobierno que avala.
Respecto a los pequeños comerciantes, Barry remarcó la necesidad de que haya políticas que los favorezcan, a través del otorgamiento de créditos accesibles por parte de los bancos: “¿Por qué no estamos discutiendo créditos a tasa cero, por ejemplo? Los grandes ganadores, como en toda crisis, siguen siendo los bancos. Este año con la pandemia, en abril, en el momento en donde estos comercios cerraron, los bancos quintuplicaron sus ganancias con relación a marzo. Pero eso no se discute. Tampoco la ley de endeudamiento que votó esta legislatura por u$ 150 millones, que todavía no sabemos a dónde fueron, y los únicos que votamos en contra fuimos del Frente de Izquierda”.
¿Por qué tampoco se discute un impuesto a las grandes fortunas? Ese impuesto que está cajoneado hace meses, que el gobierno viene amagando pero nunca presenta, mientras los únicos que lo presentaron fueron las bancas del FIT con Nicolás Del Caño. “Un impuesto a los grandes bancos, a las grandes constructoras, al juego, de donde se podría sacar plata para ayudar a los pequeños comerciantes y trabajadores”.
Por último, respecto a la crisis y el cierre de los restaurantes y bares de barrio, Alejandrina Barry marcó una paradoja que se da en este momento de crisis: en una Ciudad donde la desocupación alcanzó el 14%, y en la zona sur el 21%, y prolifera el hambre, se cierran los locales de comida. Citando al geógrafo y teórico social marxista británico David Harvey, finalizó: “Estamos discutiendo que se cierran locales de comida cuando hay hambre. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York varios sistemas de restaurantes han permanecido abiertos, y gracias a las donaciones, están proporcionando comidas gratuitas a la masa de la población que ha perdido sus trabajos y no puede desplazarse. En lugar de decir, ‘bueno, está bien, esto es lo que hacemos en una emergencia’, por qué no decimos: ‘este es el momento en que podemos empezar a decir a esos restaurantes que su misión es alimentar a la población, para que todo el mundo tenga una comida decente al menos una o dos veces al día’, que tanto falta en esta ciudad más rica del país”.
Una vez más en nombre de la “reactivación económica” se vuelve a beneficiar a las mega construcciones y a las cadenas multinacionales de comidas rápidas. Estos ambos sectores son los beneficiarios de la mayoría de las políticas del PRO porteño, es el modelo de Ciudad que viene imponiendo Larreta. En esta oportunidad acompañado por el Frente de Todos.
Un impuesto a las grandes fortunas de la Ciudad, permitiría poder otorgar créditos a tasa cero por intermedio del Banco Ciudad a todos los pequeños comercios, como un paliativo. Pero el destino de los pequeños comercios está atado al de sus clientes que son el pueblo trabajador que debe pelear por no perder su poder adquisitivo. Por eso fue tan justa la frase de la diputada Barry “Hay que unir el reclamo de los trabajadores y los pequeños comerciantes contra los poderosos. Para que la crisis la paguen las multinacionales y no el pueblo trabajador”.

28.8.2020

El 17 de agosto del 2010, en un contexto latinoamericano de fuerte ebullición social, se toma la Sala Alberdi, una sala de teatro ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín (CCSM), en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Con una fuerte impronta privatista propia de los 90′, la gestión del centro cultural comenzó a cerrar los espacios de formación y las funciones abiertas al público. Frente al vaciamiento, como justificación y antesala de la injerencia de empresas privadas en la cultura, estudiantes y talleristas de la Sala Alberdi comenzaron por tomar el hall de entrada del sexto piso. Luego de dos años y medio de Toma y Autogestión, el 13 de marzo del 2013 la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) desalojó el acampe que se había establecido en la plaza seca del CCSM, reprimiendo violentamente e hiriendo a tres personas con balas de plomo. Para hablar acerca de esta experiencia, entrevistamos a Lucía, quien participó de aquel proceso y afirmó: “nuestro discurso era que era un teatro para los que no tenían teatro. Era un espacio abierto para la expresión del arte y la cultura. La premisa de libertad artística era nuestra bandera”.

“Estábamos en un conflicto de mucha revuelta de la juventud, no sólo en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, sino que se fue expandiendo lo que se llamó ‘el estudiantazo’ en todo el país, donde la juventud se fue levantando en otros lugares de América Latina, y muy emblemáticamente para nosotros en Chile y Colombia. En ese momento de ebullición se toma la Sala Alberdi, y que ingresamos muchos estudiantes del antiguo Instituto Universitario Nacional del Arte, que hoy es la Universidad del Arte, desde la segunda semana de la toma. Obviamente que quienes habían arrancado con la toma fueron alumnos y ex alumnos de talleres que se dictaban ahí, y que denunciaban el proyecto de vaciamiento”, recuerda Lucía.
En la misma línea, amplía: “acá en Argentina ese plan de vaciamiento fue bajado por IRSA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para trasladar todo lo que era la cultura estatal hacia un proceso de privatización y darle muchísima entidad a las artes multimediales, desplazando a las demás expresiones artísticas, que son las teatrales, musicales, de danzas, o expresiones escénicas, para darle principal lugar a las nuevas tecnologías”.
También detalló los ataques y amenazas diarias que fueron sufriendo, por lo cual decidieron, finalmente avanzar con la toma del espacio: “como desde el primer momento tuvimos no sólo problemas con la amenaza de desalojo en términos legales, sino también con la patota de la burocracia sindical que estaba en el CCSM, bajo el gremio del SUTECBA , el mismo que el 23 de julio cagó a palos a trabajadores esenciales que fueron a reclamar condiciones dignas de trabajo al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, que era el que generaba aprietes para que se levante la toma. Fue en ese contexto que nos instalamos en la sala. Vimos que tenía al menos 200 butacas, y consideramos que lo teníamos que empezar a autogestionar como trabajadores de la cultura, y vamos a abrirlo para el pueblo dijimos. Y así empezamos a hacer ciclos de arte. Entonces, venían las compañeras que estudiaban danza y hacían el ciclo de danza. Los compañeros y compañeras de cine hacían el ciclo de cine debate. Quienes estudiaban artes visuales, armaban los murales. Y nosotres que éramos estudiantes de teatro, armábamos distintas varietés y ciclos de teatro”, rememora.
En ese contexto, destaca la importancia de la vinculación con los medios comunitarios y alternativos: “desde el primer momento nos vinculamos con los medios alternativos, populares e independientes, para visibilizar el reclamo y también expandir la grilla de actividades lo más que podíamos. Cada vez más se fue sumando gente y llenábamos la sala todas las semanas” afirma Lucha.
Lucía también se refirió a los cambios de estrategia que fueron discutiendo y adoptando para continuar con la medida, la vinculación con trabajadorxs del Centro Cultural, organizaciones y movimientos sociales, además del abanico de tareas que conllevó autogestionar el arte popular, y cómo empezaron a salir a la calle y montar los espectáculos desde múltiples trincheras.
“Siempre las respuestas que tuvo el gobierno fue pelotearse entre sí la Dirección General de Enseñanza Artística y el Ministerio de Cultura. Nadie nos daba una respuesta concreta. Siempre dilataban las cuestiones para avanzar por el lado legal. Y nuestra respuesta política era bien concreta: no nos dan respuestas, vamos y montamos un espectáculo frente a las puertas de los ministerios. ¿No nos daba una respuesta la Dirección de Enseñanza Artística? Armábamos una caravana de payasos y le tomábamos las oficinas a la Dirección. Era concreto, pero directo”, remarca.
“Nuestro discurso era que era un teatro para los que no tenían teatro. Un teatro abierto en todo sentido. Tanto para el público, porque hacíamos espectáculos abiertos y pasábamos la galera. Y también un espacio para que cualquier artista que quisiera desarrollar su oficio lo podía hacer, sin casting ni curaduría. Era un espacio abierto para la expresión del arte y la cultura. La premisa de libertad artística era nuestra bandera. Al público le decíamos que al sentarse en alguna de esas 200 butacas estaba formando parte activa de la toma”.
En cuanto a las influencias que tenía la experiencia de la toma de la Sala Alberdi, Lucía expresó: “nos interesaban mucho las experiencias de las organizaciones artísticas en los 70′, del Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, de Roberto Santoro, Raymundo Gleyzer, del LibreTeatro Libre en Córdoba, o la Revista Barrilete. Y fuimos desentrañando un poco esa historia y encontrándonos con este concepto de trabajadores de la cultura. Y habíamos asumido que teníamos que hacer las tareas de la forma más organizada posible, en comisiones, y actuábamos, de hecho, de una forma cooperativista. Y considerábamos que un artista no tenía que estar desligado de los problemas sociales, y debíamos apropiarnos de todas las herramientas para montar las producciones artísticas estemos donde estemos”.
Finalmente, Lucía recordó la noche del violento desalojo del acampe de la Sala Alberdi por parte de la Policía Metropolitana el 13 de marzo de 2013, y la respuesta: “desalojaron el acampe, pero no pudieron desalojar el sexto piso. Fue una noche de lucha callejera importantísima. Esa anoche se gestó lo que luego fue el juicio a la policía de Macri, porque con todas las detenciones que hubo, la brutalidad de la represión, con personas heridas con balas de goma, una con fractura de cráneo y tres con balas de plomo, uno de ellos vos Polaco, los comunicadores que estaban registrando, esa noche se gestó la respuesta frente a esa represión, porque como no pudieron desalojar ese día el sexto piso, cuando logramos que nuestros compañeros bajen, el gobierno decidió reprimir ese 24 de marzo, cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia desvió su movilización. Y ahí supimos que no había forma de que nuestros compañeros bajen sin tener causas legales. Nos despojaron finalmente de nuestros medios de producción. Y arrancó el momento de defensa de nuestros compañeros y el juicio a la Policía Metropolitana de Macri, que fueron muchísimos años de coordinación antirrepresiva, de la comunicación y la cultura”.

27.8.2020

Las dos CTA de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Empresarios Nacionales, exigen al gobierno porteño medidas de reactivación económica urgentes como “la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia – Ciudad (IFE) y una Asignación Para el Trabajo y la Producción – Ciudad (ATP)”

El pedido al gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta es que la Ciudad de Buenos Aires, otorgue un monto equivalente al que aporta la Nación en la defensa de la vida y las fuentes de trabajo.
Desde las entidades empresariales y sindicales señalan que “el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ofreció ninguna respuesta concreta ante el cierre de comercios, la caída del consumo, la brecha digital-educativa y el posible colapso del sistema sanitario”.
Además, advierten que lejos de ello, el Jefe de Gobierno “propone el modelo de ‘inmunidad de rebaño’ donde sólo sobrevivan quienes se encuentren en mejor situación socio-económica”.
Así, el ENAC y las CTAs de la Ciudad proponen trabajar la construcción de consensos en torno a las siguientes propuestas, acciones y demandas al Gobierno de CABA:
• Exigir la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia – Ciudad (IFE) y una Asignación Para el Trabajo y la Producción – Ciudad (ATP) donde el Gobierno de la Ciudad otorgue un monto equivalente al que aporta la Nación en la defensa de la vida y las fuentes de trabajo.
• Ampliar el alcance del programa Ciudadanía Porteña y el monto asignado, de forma de poder sostener el consumo en la población y la producción de bienes de primera necesidad
• Apoyar la sanción de un Impuesto Extraordinario a las Grandes Riquezas a nivel nacional y un Impuesto Extraordinario a las Ganancias para bancos, aseguradoras, hipermercados radicados en CABA para poder financiar los planes arriba citados.
• Organizar la representación en los Consejos Económicos Sociales que propone el Gobierno Nacional, de todos los sectores sin exclusión alguna.
Al respecto, Eduardo López, secretario General de la CTA-T señaló que “miles de pequeños comercios, cooperativas y empresas pymes cerraron o corren ese riesgo. Pero mientras Alberto Fernández está dando un IFE y un ATP desde la Nación, Horacio Rodríguez Larreta no hace nada concreto para ayudar, por el contrario, impulsa que los negocios reabran sus puertas, a sabiendas de que la mera apertura no garantiza por si sola la recuperación de la actividad económica y comercial”.
Por su parte Leo Bilanski, Presidente de ENAC, denunció que «desde que se inició la pandemia el gobierno porteño ha estado ausente en lo que refiere a la producción y al trabajo, miles de pymes y comercios porteños han fundido, situación que se esconde en los medios. Hoy un 30% de las empresas sobreviven gracias al ATP de Alberto Fernández. Es momento que Horacio Rodríguez Larreta ponga recursos en un ATP porteño como hizo la Provincia de Buenos Aires”.
Alejandro Gianni, Secretario General de la CTA-A de CABA remarcó que “Larreta es parte de los que creen que el Mercado tienen que regular la vida de todos y el estado se tiene que achicar, por eso sus actitudes de no ayudar a los más postergados sean barrios, sean cooperativa y pequeños comerciantes. Por eso hace oídos sordos al IFE porteño o al impuesto a los que más tienen para poner en marcha la economía, por eso siempre privilegia los barrios del norte y deja a los más humildes del sur” y agregó: “Teniendo en claro esto la estrategia de las CTAs siempre va a ser organizarse junto a los que más necesitan para impulsar espacios en los que se generen soluciones y alternativas”.

26.8.2020

Por Julieta Azcárate y Bernardo Pérez Etchegoyen

Gracias a la organización de las y los trabajadores de la educación, junto a estudiantes y familias, el Ministro Nacional de Educación Nicolás Trotta rechazó hoy miércoles el protocolo presentado por el gobierno porteño para abrir las escuelas como “ciber”. Continúa la pelea por conectividad, computadoras y bolsones alimentarios de calidad y cantidad para todos los chicos y chicas.

El protocolo que había presentado el gobierno porteño para la reapertura de las escuelas en la Ciudad como “espacios digitales”, que en la comunidad educativa se conoció como “ciberescuelas” fue rechazado de forma unánime y contundente por trabajadoras y trabajadores de la educación, familias, estudiantes, organizaciones gremiales, por poner en riesgo sus vidas. Esto fue porque no están dadas las condiciones epidemiológicas, ni de infraestructura ni recursos en las escuelas para que pueda cumplirse, mucho menos en medio del pico de contagios, como está atravesando el país y en particular la Ciudad y el AMBA, y por seguir vulnerando a quienes no tuvieron conectividad durante todo este tiempo.
Gracias a esta organización y pelea de la comunidad educativa, el Ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, hoy miércoles rechazó la implementación de este protocolo, a través de una carta a la ministra porteña Soledad Acuña.
Desde las escuelas y distritos sabemos que esta pelea recién comienza, y continuamos organizándonos porque los gobiernos garanticen la conectividad y las computadoras para todos los estudiantes, y las canastas alimentarias de calidad y cantidad, ya que muchas familias se encuentran en una situación desesperante de pobreza, en medio de la crisis por la pandemia. Si logramos hacer que Trotta rechace las “escuelas ciber” en la Ciudad, tenemos que hacer que garantice todo lo que falta.

Las ciber escuelas de Larreta

El proyecto “Conectate con la escuela”, establecía abrir las escuelas para las chicas y chicos que no pudieron conectarse durante la cuarentena, que el gobierno porteño cuenta en 6.500 y el gobierno nacional en 9.500, pero desde la docencia se tiene la certeza de que son muchos más. Este proyecto se iba a implementar en 634 escuelas primarias y secundarias de la Ciudad.
El protocolo presentado que regulaba esta apertura era impracticable en las condiciones que se encuentran las escuelas hoy, sobre todo en la zona sur de la Ciudad, con cortes de agua, de luz, con baños rotos, y sin que hoy estén los elementos básicos de cuidado como lavandina, alcohol en gel y barbijos, que en las escuelas son comprados por las cooperadoras porque el gobierno no los envía. Asimismo, lxs pibes que no pudieron conectarse son quienes viven en situaciones precarias, en condiciones de hacinamiento, con lo que exponerlos a viajar al colegio implica exponer no solo al estudiante sino a todo su núcleo familiar. Esto es una discriminación de clase, porque se termina exponiendo a les pibes más pobres a que se enfermen.
En la carta a Acuña, Trotta señala que “Compartimos su preocupación por el impacto educativo y subjetivo que la suspensión de las clases presenciales conlleva… Se debe profundizar el despliegue, en cada territorio, de políticas socioeducativas integrales que den respuestas a las necesidades de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, implementando acciones que acerquen a la escuela a cada hogar sin exponer a la comunidad educativa en una realidad epidemiológica compleja”.
Cuando Rodríguez Larreta anunció, hace varias semanas atrás, la vuelta a clases presenciales, junto a Alberto Fernández y Kicillof, Trotta dio su aval a la reapertura de las escuelas como “espacios digitales”. Sin embargo, el rechazo por parte de la comunidad educativa fue tan fuerte que debió cambiar de opinión.
A su vez, las “políticas socio educativas integrales” a las que se refiere, para los sectores más vulnerados, no es sólo responsabilidad del gobierno de la ciudad con mayor PBI per capita del país: el gobierno nacional podría garantizar la conectividad en todos los barrios, y entregar dispositivos, exigiendo a las empresas de telecomunicaciones que dejen libre el wifi. Esto se podría financiar si se decidieran votar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
“Sepa Ministra, que tengo un compromiso activo con el regreso presencial a las escuelas en todo el país siempre que la situación epidemiológica lo permita. Usted conoce cuáles son los avances, las adecuaciones y los cambios que hasta el presente se han efectuado en las jurisdicciones que retornaron a las actividades presenciales, en situaciones epidemiológicas de baja o nula circulación del virus COVID-19”.
En San Juan y Jujuy se abrieron hace unas semanas las escuelas, pero debieron volver a cerrar porque se disparó el pico de contagios. Esto es una muestra del riesgo que conlleva exponer a los trabajadores de la educación, estudiantes y familias a los contagios masivos.
Esta pelea recién comienza. Hoy se vuelve atrás con el protocolo y el regreso a clases presenciales, pero la conectividad y los dispositivos continúan faltando. Y la mayoría de los estudiantes y sus familias están atravesando por la pobreza, la desocupación, no les alcanza el IFE de $10.000 para llegar a fin de mes y el gobierno de la Ciudad continúa entregando unas canastas alimentarias miserables, e incumpliendo el fallo judicial que lo obliga a modificarlas.
Los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza de estos reclamos. El sindicato mayoritario UTE debe convocar a una asamblea conjunta de las y los trabajadores de la educación junto a familias, para pelear por todo esto.
Hay que continuar esta lucha con más fuerza, desde las escuelas, los distritos, entre las familias, estudiantes, docentes, auxiliares, trabajadores de cocina y las conducciones. Hay que luchar porque la conectividad y las computadoras lleguen a los lugares donde están las y los estudiantes. Algo que los gobiernos de CABA y Nación no quisieron resolver desde el inicio de la pandemia.