Comunicadores del Sur

4.10.2020

La realizaron este viernes vecines, docentes, trabajadores de la salud, organizaciones sociales y políticas, convocados por la Red de Docentes Familias y Organizaciones del Bajo Flores. Más de 300 personas salieron a reclamar por los derechos que el Estado no garantiza en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

Reproducimos comunicado:
La Red realiza un relevamiento territorial desde Mayo, que arroja datos concretos sobre la grave realidad de las familias en el marco de la crisis económica, sanitaria, educativa y habitacional consecuencia de la pandemia COVID 19.
Luego de haber relevado más de 900 hogares, comprendimos que el acompañamiento individual sobrepasa cualquier capacidad organizativa. Decidimos comenzar un proceso de asambleas en el barrio para pensar soluciones colectivas a las problemáticas atravesadas. Después de un mes de debate y organización, definimos realizar esta caravana por el barrio terminando en las puertas del IVC – Centro de atención vecinal de Bonorino y Riestra.
Entregamos un documento que da cuenta del diagnóstico de situación y propuestas de resolución concretas, que también extenderemos a diversas dependencias de los gobiernos de CABA y Nacional. Algunas de las demandas son:
➡️Plan Integral de entrega de alimentos y elementos de limpieza e higiene
➡️Quita de restricciones para acceder a subsidios habitacionales
➡️Freno inmediato de todos los desalojos; y disposición de las tierras y viviendas ociosas estatales
➡️Vacantes para todes les niñes y adolescentes en las escuelas;
➡️Disposición inmediata de equipamiento y redes de wifi para el barrio.
➡️Políticas situadas en salud que contemplen las características del barrio y su perfil epidemiológico, junto con un aumento de los recursos para garantizar acceso y calidad.
➡️Garantizar el acceso al IFE
➡️Dispositivos territoriales para garantizar acompañamiento en trámites, en especial los que incluyen la organización de documentación.
➡️Dispositivos territoriales para abordar las violencias.
También denunciamos que hasta el día de hoy, en plena emergencia sanitaria, varias manzanas del barrio se encuentran sin agua, contando solamente con dos camiones cisterna para una población de 50.000 habitantes.
La respuesta de la funcionaria que nos recibió no alcanza a cumplir nuestras expectativas ya que la propuesta de evaluar la apertura de una mesa de diálogo no garantiza ninguna de las reivindicaciones que impulsaron la caravana.
📣Seguiremos sosteniendo esta lucha tremendamente desigual porque aunque nos digan que es imposible, no renunciamos a construir una vida digna para todes.
Los derechos de las familias de los barrios populares no se negocian y se defienden en las calles. Continuaremos organizándonos en asamblea para pensar juntes nuevas acciones.
Cómo decimos siempre: hasta tocar la dignidad con las manos.
PRÓXIMA ASAMBLEA: VIERNES 09/10 16 HS. FRENTE A LA ESCUELA 12.

4.10.2020

El martes 6 de octubre, a las 11, se hará una manifestación en el Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”, ubicado en Avenida Fernández de la Cruz 4402 de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por un hospital de calidad para la Comuna 8, que abarca a los barrios porteños de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Reproducimos convocatoria:
“Les trabajadores de los CESACs 3, 18 y 43 y del “Hospital” Cecilia Grierson de Lugano logramos acceder a una reunión con el Ministro de Salud de CABA en la cual explicitamos nuestras preocupaciones.
Una de nuestras principales preocupaciones es que el Grierson es hospital sólo en el decreto que lo nombra así, y la transferencia de CESACs del Piñero y el Santojanni a su órbita expone a la población que se atiende en esos efectores, al dejarlos sin las articulaciones ya establecidas con esos hospitales. Por el momento, el Grierson no cuenta con la capacidad instalada (en términos de infraestructura y de equipos de trabajo) para dar respuesta a esas necesidades.
Cuando les trabajadores y las representaciones gremiales presentes expusimos esto, el Ministro y sus funcionaries lo negaron de plano y afirmaron que el Grierson “YA es un Hospital”, no está en proceso de serlo.
Pero lo cierto es que la construcción del mismo se produce de manera muy lenta, vencidos todos los plazos que el GCBA comprometió en la causa judicial por la creación del Hospital, que llevan adelante las organizaciones sociales de la zona.
Les trabajadores no podemos interpretar este gesto más que como una provocación y una afirmación cabal de la nula voluntad de diálogo por parte del Ministerio.
Es por eso que realizamos una jornada de lucha el lunes 28 de septiembre y vamos hacia una segunda medida de fuerza el próximo martes 6 de octubre, que culminará con una concentración a las 11 horas en la puerta del “Hospital” Cecilia Grierson (Av. Fernández de la Cruz 4402, Lugano, CABA).
Email: asambleagriersonycesacs@gmail.com
FB: Asamblea Trabajadores Grierson y Cesacs
IG: @asambleagriersonycesacs

2.10.2020

Entrevistaron en C5N a la diputada Myriam Bregman, donde habló sobre lo peligroso de darles pistola Taser a una Policía del gatillo fácil y que se amotinó exigiendo impunidad para sus delitos. Además trataron el conflicto con los colectiveros y el accionar de la Corte Suprema.

Consultada en C5N por Daniela Ballester sobre el retorno al debate sobre la utilización de pistolas Taser por la policía, la diputada porteña Myriam Bregman, empezó explicando que hay detrás: “Hay un gran negocio detrás. Esto no es en Argentina, es en todo el mundo. Pensar que cada vez que Patricia Bullrich te trae un debate a la Argentina lo trae porque detrás no solamente está su ideología que es bastante mala y perversa, sino que también tiene grandes negocios”.
Sobre el eterno retorno a la implementación de las Taser, declaró: “Creo que se aprovechan los contextos. Yo soy una de las querellantes de la causa donde hemos demostrado por años, junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos, lo peligrosa de esa tecnología”.
Viendo el contexto afirmó: “En una policía bonaerense que acaba de salir a la calle, que rodeo la Casa de Gobierno armada para exigir sus demandas y en un pliego de demanda del salario y de impunidad por las consecuencias de su accionar, le quieren dar una Taser. Estás armando un combo que de ninguna manera puede terminar”.
Ante la insistencia de la periodista para encarar el tema de fondo sobre la implementación de esta arma que se asemeja a las picanas de la última dictadura, Bregman apuntó: “Primero les respondo que miren lo que acaba de pasar en Colombia con el abogado que mataron” refiriéndose al asesinato con una pistola Taser de un abogado de DD HH en Colombia. Y agregó “Hay una denuncia que siempre hace el CELS desde hace muchos años que se ha comprobado. Que aquí durante la cuarentena varios de los casos de gatillo fácil que se computan en la provincia de Buenos Aires, en realidad son cometidos por efectivos de Policía de la Ciudad que viven en el conurbano. Seis o siete casos son cometidos por policía a la ciudad porque van armados a los barrios donde viven”.
También podemos recordar que “Muchos de los femicidios ocurridos durante la cuarentena, como vimos ayer en Jujuy y con enormes movilizaciones de las mujeres contestando esa violencia, son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en uso de sus armas reglamentarias”.
Denunciando este falso debate entre que arma es mejor darle a la Policía, Bregman fue categórica “Cuando vos lo querés poner en este lugar, donde se tiene que elegir entre Guatemala y Guatepeor, no salís de ahí”. “Por eso hay que relacionar este debate con un hecho muy concreto que es el último levantamiento policial, donde incluía la impunidad para sus crímenes”.
Tampoco se puede olvidar “Desde la última dictadura las Policías continuaron, solo la biología fue dejando fuera a los miembros de las policías. Pero entrenado por esos mismos personajes, hoy la policía de la ciudad tiene 282 policías que provienen de la dictadura. Entonces hay una continuidad de las prácticas, hay una continuidad de las personas y no hay una serie de investigación sobre los hechos y como sabemos los hechos quedan impunes y se vuelven a cometer los mismos delitos”.
En la misma entrevista se le consulto por el asesinato del chofer de colectivos, donde Bregman explicó que “Más allá de las hipótesis que haya creo que hay que despejar un poco lo que se develará en los próximos días. Pero hay un tema central que desde el Frente de Izquierda hemos presentado proyectos al respecto. Se lo trata como un problema de seguridad, pero debería ser analizado como un problema de seguridad laboral”.
Y reflexionó “En una situación social compleja, como la que está la Argentina sería muy importante que haya comisiones de trabajadores que puedan organizarse, que los propios trabajadores elijan sus delegados y que discutan un sistema de protección sobre el colectivo, cámaras, que haya otra persona arriba del colectivo acompañado al chofer, como es en la larga distancia. O discutir muchísimas otras medidas, que ellos son los que mejor pueden aportar”.
Y agregó sobre las condiciones de trabajo de los colectiveros: “En algún momento hay que pensar cómo trabajan, la cantidad de horas que trabajan, los recorridos que hacen. Esto también necesita de inversión en obras públicas para que circulen por lugares iluminados”.
Tratando el avance de la causa sobre el espionaje en la era de Macri, Bregman aclaró “Hay distintas causas que avanzan a distintos pasos. Pero lo que queda claro es que hubo un plan sistemático de espionaje muy fuerte sobre toda la oposición, organizaciones sociales e incluso sobre algunos miembros del mismo gobierno”.
“Y los planes sistemáticos tienen responsables. Nadie organiza un plan que abarca desde la izquierda, pasando por los movimientos sociales, al Instituto Patria, o miembros del anterior gobierno sin tener de conjunto instrucciones claras”.
“Es interesante para analizar lo que hace el juez Ramón Padilla que compara el accionar de este proyecto que había armado a Arrivas con el antiguo accionar de la DIVA, aquella organización que había instaurado la dictadura para realizar el espionaje que terminó siendo la antesala de las desapariciones”.
Sobre el accionar de la Corte Suprema ante la designación de jueces, Bregman plantea esperar ver la resolución final, pero aclaró que “Hoy está la Corte marcando la cancha y hay que esperar. Pero si vemos América Latina, el poder judicial viene realizando una avanzada importante, proscribiendo candidatos, yo no soy ingenua en esta justicia está la mano de EEUU en estas acciones”.
Ante esta situación y terminando el reportaje Bregman explayó su preocupación: “Ahora sí cada vez que la derecha presiona, el Gobierno sale corriendo, evidentemente eso le da lugar a que sea envalentonen cada vez más”.

1.10.2020

Entre las distintas medidas solicitan que se defina “un programa integral de distribución alimentaria sistemática y con participación de las organizaciones”.

La red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores presentará este viernes 2 de octubre un documento exigiendo al Ministerio de Desarrollo Humano y al Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una serie de demandas a raíz de la emergencia social y sanitaria que se vive históricamente en el barrio, con el nuevo trasfondo de la pandemia. De esta manera, desde la red recordaron que se viene realizando “relevamiento territorial voluntario desde el mes de mayo. En simultáneo, llevamos un seguimiento acompañamiento de las distintas situaciones que fueron surgiendo”. Además, destacaron que bajo “la consigna ´Una Cuarentena sin Hambre´, nos propusimos un trabajo territorial sostenido en los vínculos y en la solidaridad entre les distintes compañeres que vivimos y trabajamos en el barrio”.
“Desde la Red realizamos una campaña de donaciones para sostener, a nuestra escala, un plan de distribución de alimentos y elementos de higiene. Sin embargo, afirmamos la necesidad urgente de un plan integral adecuado a las necesidades estructurales de quienes habitamos, trabajamos y militamos en los barrios populares”, enfatizaron.
De esta manera, convocan a movilizarse este viernes al presentarán un petitorio al Ministerio de Desarrollo Humano y al IVC los siguientes puntos:
• Garantizar el acceso universal a una alimentación digna y soberana.
• Definir un programa integral de distribución alimentaria sistemática y con participación de las organizaciones, eliminar los criterios de arbitrariedad en el reparto de bolsones alimentarios.
• Reconocimiento de todos los comedores populares como espacios esenciales, dotándolo de raciones suficientes y nutritivas, elementos de protección e higiene, habilitando los no reconocidos y remunerando a sus trabajadores y trabajadoras con salarios dignos.
• Sostenemos la necesidad de la entrega quincenal de canasta escolar para toda la matrícula como un plus para familias con niños, niñas y adolescentes.
• En caso de implementar una tarjeta alimentaria u otro mecanismo afín que dicha política sea complementaria, pero no sustitutiva de la canasta escolar, que constituye hoy un piso mínimo de garantía de acceso a su derecho a niños, niñas y adolescentes.
• Garantizar apoyo alimentario de emergencia para niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus progenitores o personas cuidadoras durante la pandemia.

1.10.2020

Por Juana Galarraga

Ninguna casa construida, ningún policía preso. Promesas incumplidas y casi una década de impunidad. En Guernica ¿hay que hacer como en el Indoamericano?

Algunos periodistas y funcionarios sostienen que al reclamo de las 3.000 familias que luchan por vivienda en Guernica, hay que resolverlo como se hizo “en el Indoamericano”.
El parque Indoamericano es un predio de más de 120 hectáreas ubicado en el barrio de Villa Soldati, al sur de la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2010 miles de familias de distintos barrios precarios de la capital se asentaron allí en busca de un pedazo de tierra para vivir. Días después fueron desalojadas mediante una represión salvaje.
El del Indoamericano es un caso testigo para entender cómo resuelven los gobiernos el reclamo de los sectores más necesitados por vivienda. Lo contamos a partir de algunas cifras.

0 casas construidas en casi 10 años

Luego de varios días de toma, represión y muertes, el gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y el porteño, a cargo de Mauricio Macri, se comprometieron a llevar adelante un plan de viviendas. Cada Ejecutivo aseguró que invertiría un peso por cada peso que pusiera el otro.
Ante esta propuesta y después de una negociación con representantes de organizaciones sociales, las familias que resistían se terminaron retirando.
Pasaron casi 10 años. Según informó a este diario una vecina de la Villa 20 “el plan de viviendas que prometieron quedó en nada. En la villa 20 fueron entregadas entre 2000 y 3000 casas en los últimos años. El resto se está construyendo pero está todo parado. Esto es parte de un plan de urbanización de la villa que fue votado por la Legislatura en 2005, no es el plan que prometieron después del Indoamericano”.

3 personas asesinadas y decenas heridas

“La represión causó las muertes de Rossemary Chura Puña, boliviana, de 28 años, y Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años y heridas a Wilson Ramón Fernández Prieto, paraguayo, José Ronald Meruvia Guzmán, boliviano, Jhon Alejandro Duré Mora, paraguayo, Juan Segundo Araoz, argentino, y a Miguel Angel Montoya, también argentino. Dos días más tarde, Emiliano Canaviri Alvarez, boliviano, de 38 años, fue asesinado de un disparo en el pecho, cuando, según su esposa, salía por la puerta del parque y la Policía Metropolitana (PM) comenzó a disparar”, sostiene el CELS en su informe “Indoamericano: un año de Soledad”, de 2011.

16.000 necesidades

Según el mismo informe del CELS, el Gobierno censó a miembros de 4075 familias en el lugar.
“En el Indoamericano me instalé en una carpa con ellos 10 días, viví con ellos, comí con ellos y una noche desalojé a 16 mil personas”, se jactó recientemente el actual secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Por entonces tenía un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social y fue el interlocutor del Gobierno nacional ante las familias.
“La Villa 20 tiene 25.000 habitantes en un terreno muy reducido. Las condiciones son muy precarias. Si bien hubo un crecimiento edilicio, las casas se fueron para arriba en algo muy particular que es que muchos propietarios en la villa subalquilan como una forma de vivir. Mucha población nueva termina alquilando en cuartos totalmente hacinados y en condiciones de vida no dignas. Hubo un momento en que frente a un espacio abandonado muy grande como el Parque Indoamericano lo fueron ocupando de forma espontánea. Ninguna organización barrial llamó a la toma del parque sino que surge como una necesidad”, relató, vecino de la Villa 20.

Más de 10 días de calor, desesperación y furia estatal

Las familias comenzaron a asentarse en el parque el 3 de diciembre. El día 7 la jueza de la Ciudad, Cristina Nazar, ordenó el allanamiento y el desalojo. Se produjo la represión salvaje que dejó muertos y heridos, a manos de la PM y la Policía Federal (PFA). Al día siguiente miles más volvieron al predio.
El 8 de diciembre militantes y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se hicieron presentes para solidarizarse y repudiar la represión. La PFA y la PM formaron un cerco para impedir el paso de comida, agua o asistencia médica.
“El jueves 9 a las 20 horas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla por cadena nacional y anuncia que Nilda Garré encabezará el nuevo Ministerio de Seguridad. Una evidencia de la crisis del gobierno de los ‘derechos humanos’ que en menos de dos meses acumula más muertes que el gobierno de Duhalde”, informaba el sitio del Partido de los Trabajadores Socialistas, el 16 de diciembre de 2010.
El viernes 10 y sin cámaras en el lugar, empiezan ataques de patotas que queman las carpas de las familias. La crisis obliga a la negociación. El gobierno nacional, el de la Ciudad y representantes de los movimientos sociales se reúnen por la noche en la Rosada.
El sábado 11 cientos de gendarmes y prefectos enviados por Nación rodean el parque que se ha llenado de más familias que se suman al reclamo.
El 16 de diciembre, horas después del acuerdo sellado por el Gobierno nacional y de la Ciudad, las crónicas periodísticas daban cuenta de que durante la madrugada previa se había terminado de completar “el desalojo voluntario” del predio. Macri anunció que le pondría rejas para evitar nuevas ocupaciones.

4 fuerzas represivas y patotas contra las familias

La represión del día 7 se llevó a cabo en un operativo conjunto de 200 efectivos de la PFA y 60 agentes de la PM.
El sábado 11 Nación dispuso la presencia de centenares de efectivos de Gendarmería para rodear el predio. También, efectivos del grupo Albatros de Prefectura empezaron a custodiar los alrededores y los monoblocks de la zona. Según fuentes oficiales arribaron en decenas de vehículos. El operativo incluyó helicópteros y carros hidrantes.
Los medios hablaban de un “fuerte operativo” para evitar los “enfrentamientos” dentro del parque. Las versiones oficiales hablaban de disputas violentas entre las mismas personas ocupantes.
“Ayer, unas 500 personas que se identificaban como vecinos del predio, envueltos en banderas argentinas ingresaron al parque para intentar desalojarlo por la fuerza. Los enfrentamientos se agudizaron con el caer del sol. Hubo combates cuerpo a cuerpo, heridos de bala y un muerto”, informó La Nación el domingo 12. Las patotas paraestatales también actuaron como fuerza de choque. Las fuerzas represivas de ambos gobiernos las dejaron entrar.

0 responsables políticos o materiales enjuiciados

La investigación estableció que los disparos mortales y los que causaron lesiones fueron realizados por un grupo de 15 efectivos de la PM, “pero no se pudo determinar la responsabilidad del tirador individual”, sostiene el informe 2019 del CELS “Derechos Humanos en la Argentina”.
Además “muestra en qué medida la falta de identificación es un obstáculo para investigar las violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, algunos federales estaban de civil’”, agrega el informe, entre otras irregularidades de la Policía.
“También se pudo determinar qué agentes de la PFA dispararon a les vecines de la Villa 20 e imputarlos por el delito de abuso de armas. Pero luego, la Cámara del Crimen desconoció las pruebas y consideró que los jefes policiales y el resto de los agentes no tenían ninguna responsabilidad penal; todos fueron sobreseídos. La Cámara sostuvo que las muertes se habían producido por la exclusiva responsabilidad de algunos oficiales y no cuestionó cómo se había ejecutado el operativo ni analizó la cadena de responsabilidades. Más adelante, una resolución de la Cámara de Casación –instancia superior jerárquica a la Cámara de Apelaciones– reabrió la investigación contra los jefes y los agentes. Tanto los autores materiales como los jefes policiales están ahora imputados, pero nueve años después de los hechos aún no se