Comunicadores del Sur

7.1.2021

Por Carla Libertad

Cuando todavía no se ha publicado el decreto presidencial que restringe la circulación nocturna, los gobernadores de Córdoba, Mendoza y CABA anticiparon su negativa a dicha medida.

“Vamos a seguir con el sistema de trabajo con el cual veníamos hasta hoy. La actividad productiva industrial está abierta las 24 horas, los comercios pueden funcionar hasta las 23 y los bares y restaurantes siguen con posibilidad de funcionar hasta la 1 y desde las 6 ” afirmó, en una una conferencia de prensa, Juan Schiaretti, del PJ, quien gobierna la provincia de Córdoba.
Por su parte, Horario Rodríguez, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que volvió de sus vacaciones en la costa enfermo de COVID-19, declaró: “Creemos que hay que atacar los encuentros sociales que se están dando especialmente en boliches, bares, restaurantes, espacio público y privado, pero no restringir la circulación”. Además, espera que las medidas para la CABA sean similares a las que se dispongan en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en lo que respecta al cierre de comercios.
Para el radical Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, la situación sanitaria en la provincia no amerita el tipo de restricción. Lo había anticipado en la reunión virtual que convocó el Alberto Fernández con gobernadores de todo el país, para preparar esta medida. Allí Suarez también planteó reservas frente al impacto económico directo en actividades como restaurantes, bares y salones de eventos que se verían perjudicados si se implementa un límite horario.
Más allá de sus declaraciones, los gobernadores esperan a la publicación del DNU presidencial -que ya anticipó Cafiero, restringirá la circulación nocturna, desde las 11pm hasta las 5am- para disponer medidas locales.
Por otro lado, resulta acertada la crítica de la legisladora porteña Myriam Bregman quien cuestionó que Juntos por el Cambio se opone a las medidas de restricción de la circulación planteadas por el Frente de Todos, con el argumento de que atacan a la libertad; pero tanto de un lado como del otro de la grieta, ningún gobierno atiende los reclamos persistentes del personal de salud por sus condiciones de trabajo y la carencia de recursos en el sistema de salud.

7.1.2021

Una investigación del periodista de El Destape, Ari Lijalad, relacionó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani e Ignacio Sáenz Valiente, uno de los abogados más importantes del Grupo Clarín.

Lijalad afirma que Santa María «es parte del Frente de Todos mientras cultiva relaciones con los hacedores del lawfare.»
Las relaciones incluyen un hotel del sindicato cuya concesión estaría a cargo de la hermana de Larreta, la hija de Majdalani y el abogado Sáenz Valiente, «a cambio de un canon irrisorio». Por otra parte, los hijos de Santa María trabajan en empresas vinculadas a los mismos personajes, pero también habría otros negociados con los hoteles del sindicato y «algunas fuentes señalan también la existencia de otros manejos inmobiliarios», aseguró en su nota de este jueves.
Lijalad también recordó que El Cohete a la Luna hace unos días apuntó que «en los medios del Grupo Octubre existe una lista negra de personas que no se pueden mencionar. Entre ellas figuran Majdalani y Sáenz Valiente. A Larreta no se lo puede silenciar, aunque sí proteger.«
Un apartado especial mereció la sociedad Midas Hotel Management, a la que la FATERYH, la Federación de encargados de edificios, entregó la concesión de un hotel turístico de Iguazú para uso y explotación a cambio de 150 mil pesos por mes. Monto menor. En esa sociedad estarían involucrados directa o indirectamente todos los mencionados personajes.
Graves acusaciones recaen sobre el presidente del PJ Capital y el dueño del floreciente Grupo Octubre.

4.1.2021

El personal de salud que nuclea a profesionales y técnicos del Hospital Garrahan anunció un nuevo paro por 24 horas para este martes 5 de enero en rechazo al acuerdo salarial firmado entre UPCN y el Consejo de Administración del Hospital. Además, informó que a las 13 hs realizarán un nuevo «RCP» al salario en las puertas del nosocomio.

Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos anticipó: «Somos quienes ponen el cuerpo frente a la pandemia y nos responden con salarios de miseria, muy por debajo de las demandas de la mayoría de las y los trabajadores. UPCN, cuya legitimidad es cuestionada por todo el hospital, acordó con el Consejo de Administración una miseria del 7% y volvieron a firmar un 18% en cuotas hasta marzo. No lo vamos a permitir, por eso recibimos al 2021 parando: no somos descartables, queremos salarios dignos”.
La Licenciada Lezana completó: “El Consejo de Administración y UPCN apuestan al desgaste de nuestras medidas de fuerza, pero solo consiguen que tengamos cada vez más apoyo y coordinación con diferentes sectores de la Salud en lucha, como la Enfermería. Por eso, haremos sentir nuestra bronca parando por 24 horas este martes, garantizando las guardias mínimas, y no vamos a parar hasta obtener un salario básico equivalente al costo de la canasta familiar, como piso para el conjunto del personal del Hospital”.

1.1.2021

Lo hizo la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en relación a seis ex funcionarios del gobierno porteño, dos inspectores, un sereno y los cinco hombres que componen la cúpula empresaria de Iron Mountain Argentina. Es por el incendio del depósito de papeles en Barracas donde murieron 8 bomberos y dos integrantes de Defensa Civil. El abogado de las víctimas aclaró que esta decisión no implica una vuelta a foja cero en la causa.

“Enfrentamos un asunto complejo y cuya solución adecuada, a los fines de atribuir responsabilidad penal a los supuestos autores, exige la clara descripción de cada una de las acciones/omisiones que se realizan en un tipo penal (…). No se trata de un análisis sobre su efectiva participación, sino simplemente en cómo se describe la conducta en el alegato del acusador, que desliza una actuación alejada de la construcción final que quiere postular para derribar lo alegado por las defensas (…). No hay correspondencia entre la prueba y la reconstrucción de los acontecimientos plasmada en el auto de mérito”, explicaron los jueces de la Sala VI en su fallo de mayoría.
Para los camaristas, el problema fue una mala investigación desde que ocurrieron los hechos, el 5 de febrero de 2014. En su fallo resuelven que se debe reencauzar la investigación, formulando nuevamente las imputaciones o decidiendo luego la situación procesal de todos los imputados.
En tanto, el abogado de las víctimas, Javier Moral, aclaró que la anulación de los procesamientos no implica la nulidad de las pericias ni el sobreseimiento de los acusados. “Ahora el juez Pablo Ormaechea deberá volver a reescribir el fundamento de los procesamientos”, señaló el letrado.

1.1.2021

El juez Andrés Gallardo le puso freno a la intención del gobierno porteño de seguir vendiendo lotes para negocios inmobiliarios. Entre las parcelas que, por ahora, no serán subastadas se encuentran algunos predios del barrio Carlos Mugica, playones ferroviarios en Villa Crespo y el terreno perteneciente al ex Mercado de Hacienda.
El juez Andrés Gallardo resolvió este jueves suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Los lotes pertenecían a la Nación y fueron transferidos a la Ciudad, por convenio, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Se trata de la suspensión de los predios del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), el triángulo de Salguero, playones ferroviarios en Villa Crespo y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda. El juez de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, advirtió en su fallo que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley, ordenado por los arts. N° 89 inciso 4 y N° 90 de la Constitución de la Ciudad.
El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria – FIUBA (CLIC), IPYPP y la Defensoría de Laburantes. Los demandantes también habían argumentaron que la ley “no respeta la participación ciudadana que exige el Plan Urbano Ambiental para el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad”.
En 2018, los terrenos que conforman las 86 hectáreas estaban en manos del Estado nacional fueron transferidos por convenio a la Ciudad a cambio de que la gestión de Rodríguez Larreta se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, que vincula la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Illia. Nación había tomado deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y a su vez le pidió a Ciudad que absorbiera parte de esa deuda y se hiciera cargo de 175 millones de dólares.
“Con este proyecto lo que está mostrando es la fuerte voluntad de liberar la mayor cantidad de suelo para venderlo para especulación inmobiliaria”, denunció por aquel entonces el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Negociados

La discusión por los terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires no es nueva. A principio de año, el presidente Alberto Fernández ordenó investigar los convenios de traspaso de tierras a la Ciudad firmados por Macri sobre el final de su mandato, puesto que consideró que se había violado la ley de Responsabilidad Fiscal y que se comprometió patrimonio público.
Se trata de un total de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Palermo, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo, que tendrían un valor fiscal aproximado de 16 mil millones de pesos.
Pero eso no es todo. En octubre la Legislatura porteña aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.
La iniciativa provocó la reacción de organizaciones sociales y ambientalistas que se movilizaron al grito de “parques sí, torres no” para impedir la venta de los terrenos. Al mismo tiempo que un fallo judicial dio lugar a una acción de amparo.
La decisión de qué pasará con esas tierras se conocerá hacia fines de enero 2021, cuando culminen las audiencias públicas, de las que participarán unos 250 oradores y oradoras que en su mayoría se oponen a que en el predio porteño junto al río se permita la construcción de edificios de lujo de hasta 10 pisos.