Comunicadores del Sur

28.9.2020

POR JONATAN BALDIVIEZO Y MARÍA EVA KOUTSOVITIS

En la mañana del 12 de junio el enfermero Héctor Ortiz logró esquivar al personal de seguridad y en los pasillos del Hospital Durand, su hospital, logró acercarse al jefe de Gobierno. “Tenemos problemas de insumos y de enfermeros. ¿Cuándo podemos juntarnos?”, lo interrogó. Larreta, de espaldas, eligió el silencio y apuró el paso hasta perderse por los pasillos.
Dos semanas más tarde, la advertencia ya era tragedia: su compañero Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría, en edad de riesgo y a quien habían obligado a seguir trabajando, fallecía de coronavirus. A los pocos días, el propio Héctor daba positivo al test de Covid-19.
Desde entonces, los contagios en el hospital crecieron exponencialmente hasta llegar casi al 20 por ciento del personal. “Desde que comenzó la pandemia, sobre 1.800 trabajadores del Durand hay 350 contagiados”, asegura Ortiz, que además de enfermero es delegado gremial. Un porcentaje similar se replica en el resto de los efectores de salud de la ciudad de Buenos Aires: sobre 37.000 trabajadores de la salud, 7.246 tienen o tuvieron Covid-19.

Primero los negocios

El Covid-19 ya estaba instalado en la agenda pública el 9 de marzo, cuando Larreta tuiteó: “El sistema de salud de la Ciudad está preparado para prevenir y asistir casos de coronavirus”. En esa línea optimista también se manifestó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós: “Hemos comprado la totalidad de los insumos para el sistema público para el próximo año completo. Eso significa que no hay ningún motivo para que en ningún lugar haya faltantes de insumos”.
Sin embargo, a los pocos días el volumen que comenzaba a demandar la pandemia excedía por lejos la cantidad de insumos utilizada años anteriores. Así, la emergencia sanitaria y económica le sirvió al gobierno porteño de marco ideal para continuar con sus políticas de negocios a través de empresas intermediarias. De esta forma, firmas como GREEN SALUD, AMICIBRO, E-ZAY, DVU SAS, cuyos objetos societarios nada tenían que ver con la provisión de insumos médicos, fueron elegidas para abastecer de más de 6.300.000 barbijos, que no sólo tuvieron sobreprecios de más del 400% sino que se transformaron directamente en un fraude, ya que las empresas terminaron entregando menos del 10% del número comprometido, estafando a los porteños económica y sanitariamente.
El negocio y la improvisación tuvieron un impacto directo: durante abril los trabajadores de la salud tuvieron que recurrir a la Justicia a través de más de 18 amparos para garantizarse los elementos de protección personal. El descuido al personal de salud quedó patente en el relevamiento que por entonces realizó la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA, donde se advertía que el 83% de los hospitales y el CESAC donde se atendían pacientes con Covid-19 no contaban con los insumos de bioseguridad.
Ya en septiembre, tras 180 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los trabajadores de la salud siguen exigiendo elementos de protección personal en cantidad y, sobre todo, calidad para seguir en la primera línea de atención.

Personal Descartable

El sistema de salud de la capital argentina se estructura sobre la precarización laboral y la negación de derechos justamente a quienes lo sostienen: lxs enfermerxs, por ejemplo, ni siquiera son considerados por el gobierno de Larreta trabajadores de la salud sino personal administrativo, con lo cual cobran salarios que rondan los 30.000 pesos, un 60% menos que los profesionales de salud con titulación equivalente.
Como ese monto no alcanza para llegar a fin de mes, realizan otras 140 horas extras denominadas módulos. Sin embargo, en vez de cobrar el doble de sueldo, no llegan a superar los 55.000 pesos. “Las horas extra son las más miserables que hay, porque las pagan 70 pesos la hora”, explica Héctor Ortiz.
El otro sostén del sistema son las y los médicos que están haciendo sus residencias, quienes también cargan con jornadas promedio de 70 horas semanales por salarios que están por debajo de la canasta familiar.
Preocupación similar tienen lxs 3.000 enfermerxs incorporadxs durante la pandemia, cuyo contrato temporario vence en diciembre. El mensaje parece claro: sin pandemia en agenda, el sistema de salud público vuelve a terapia intensiva.

Acostados

Una de las principales medidas anunciadas por el GCBA para aumentar la capacidad del Sistema de Salud fue la incorporación de 300 camas para Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El gobierno asegura que desde abril el sistema de salud público cuenta con 450 camas UTI y que actualmente hay menos de 280 ocupadas.
Sin embargo, un relevamiento realizado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes advierte que las camas UTI son 274 y no 450. “Viendo hospital por hospital —explica Rocío Rodríguez, profesional del Hospital Ferrer y una de las referentes de la Asamblea de Residentes— vimos que no cuentan camas reales sino respiradores. Son un insumo muy necesario, pero mucho más necesario es el recurso humano para cuidados intensivos, que es con lo que no cuentan”. La aclaración permite dimensionar que el porcentaje de ocupación real es mayor que el que se admite.
Los porcentajes, aportados por quienes están en la primera línea en la pelea contra el virus, hablan de un sistema de salud que, lejos del relato que difunde el gobierno, está en una fase crítica.

Infraestructura

En los últimos doce años de gobierno PRO no se ha construido un nuevo hospital en la Ciudad y ni siquiera esta pandemia histórica pudo alterar esa lamentable estadística.
En la Comuna 1, organizaciones sociales y vecinales (entre ellas, Urbana Te Vé, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, etc.) exigen la creación de un Centro de Atención Primaria que se denomine Hospital Padre Carlos Mugica, que estaría ubicado frente a la terminal de ómnibus de Retiro. Actualmente, según datos oficiales, habitan el Barrio Carlos Mugica alrededor de 40.200 personas. Al menos el 68,8% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza.
En la Comuna 8, que incluye los barrios de Villa Soldati (actualmente con la mayor tasa de Covid por habitante de la Ciudad), Villa Lugano y Villa Riachuelo, el hospital Cecilia Grierson está frenado y en junio de este año tuvo que intervenir la Justicia para que el gobierno reactivara las obras.
El Hospital Cecilia Grierson debió estar terminado hace 15 años, de acuerdo con la Ley 1.769. En 2009 se inauguró el Centro de Salud Integral Cecilia Grierson y este año el GCBA decidió por decreto que pasara a ser un hospital público. Mientras tanto, los 200.000 habitantes de la Comuna 8 siguen contando con siete camas de internación y se preguntan: si el Grierson es un Hospital, ¿por qué se utiliza la escuela de al lado para realizar los hisopados del Plan Detectar?

No-se-puede

Los 180 días transcurridos no permitieron jerarquizar al personal de salud, ni invertir y acrecentar la infraestructura, ni implementar un desarrollo sostenible de producción de insumos que garantice abastecimiento continuo, en una pandemia que vino para quedarse.
Por el contrario, en este lapso se profundizó el maltrato a quienes están en la primera fila en la pelea contra el virus, realizando contrataciones temporarias de más de 3.000 enfermeros que deberían pasar a formar parte de las plantas permanentes de los hospitales, adeudando los salarios de los enfermeros que están en el operativo PosDetectar y congelando el sueldo de los trabajadores de la salud.
En la ciudad de Larreta no hubo agenda para el coronavirus. Ni siquiera una pandemia histórica como la que vivimos logró trastocar sus prioridades: la venta de tierras y el negocio de las intermediarias con el Estado. No hubo ayudas económicas a quienes necesitaban aun cuando la propia Dirección de Estadísticas y Censos porteña reconoce que durante el segundo trimestre del año 48.201 hogares no tuvieron ingresos en la Ciudad.
Tampoco se reconocieron salarialmente y con plenos derechos laborales a las más de 4.500 trabajadoras comunitarias: cocineras, promotoras de salud, promotoras sanitarias, promotoras de género, quienes gestionan sin derechos y sin recursos las políticas públicas en los barrios humildes y hoy gestionan en la primera línea la pandemia.
El lunes 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, lxs enfermerxs de la Ciudad, los que están en la primera línea y son personal esencial en esta pandemia, se movilizaron a la Legislatura para reclamar algo tan básico como ser considerados profesionales de la salud. En lugar del reconocimiento a su reclamo fueron reprimidos.
Larreta tiene súper poderes hasta diciembre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y está claro que Larreta no la tiene, al menos con quienes habitamos y vivimos en la Ciudad.

27.9.2020

Entrevista: Fernando Tebele/Julián Bouvier/Luis Angió. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Pedro Ramírez Otero.

El pasado 21 de septiembre las trabajadoras y trabajadores de Enfermería dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo una jornada de lucha y reclamos históricos frente a la Legislatura que terminó en represión de parte de la policía. Berta Leyton, presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos y se refirió a los reclamos urgentes por la pandemia. También señaló las demandas históricas por los derechos laborales del sector y el reconocimiento como profesionales, dentro de la ley 6035. Por su parte, Andrea Ramírez, licenciada en Enfermería y trabajadora del Hospital Ramos Mejía dialogó en el programa Oíd Mortales. Allí sostuvo las exigencias y detalló cómo se generó la represión por parte de la Policía de la Ciudad.

La presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería, Berta Leyton, salió al aire de La Retaguardia mientras se desarrollaba la jornada de lucha el último lunes, unos minutos antes de que la Policía de la Ciudad comenzara a reprimir.. En su intervención, explicó los motivos más de fondo de la protesta: los reclamos históricos.
“Estamos en la calle como cada vez que necesitamos salir. Porque el Gobierno de la Ciudad nos sigue discriminando desde que se creó la Carrera de Profesionales de la Salud ya hace como 30 años. Ahí, quedamos afuera los enfermeros y ya había licenciados en enfermería. En 2018 se derogó la Ley de Profesionales y se hizo una nueva, la 6035. En ella, nuevamente quedamos afuera. En el siglo XXI, y en un momento en que enfermería cumple con todos los requisitos de la carrera de profesionales, no logramos que el Gobierno de la Ciudad nos integrara en esa carrera. No solamente los licenciados en enfermería, en bioimágenes o los licenciados en instrumentación quirúrgica, que son carreras emergentes y que vienen desde los últimos años. Enfermería de los años previos a la década del 60 ya tiene licenciados. Tenemos una ley en ejercicio para nuestra profesión y esto no se está respetando. Venimos desde el 2009 presentando proyectos de ley, cada dos años se cae uno, y volvemos a presentar. Hemos presentado proyectos con orientación en género, porque el 80% de quien profesa la carrera somos mujeres, entonces se inscribe en un rango de discriminación hacia la mujer”, detalló.
Además, denunció: “Enfermería no sólo tiene tiene el 50% menos del salario que tiene cualquier otro profesional con los mismos años de carrera que nosotros, sino que además, ambas carreras, la de ramos generales y la nuestra tienen distintos beneficios: las licencias, los días por estrés. Nosotros reclamamos con una marcha anterior que nos dieran un día como les dan a los profesionales por estrés, y no nos lo dieron. Porque estrés significa reconocer que nuestra tarea es insalubre. Tampoco podemos concursar. Los concursos que tenemos son a dedo, no es que el que gana es el más idóneo, sino el que es más amigo. Está todo digitado con arreglos del gremio mayoritario, que es SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires). Arreglaron que los cargos son de ellos. En un hospital tenés un jefe en enfermería, o en el departamento de enfermería, que no tiene un título de grado. Sin embargo tiene un cargo. Y está violando lo que es nuestra ley de ejercicio”.
La profesional comentó cómo se desarrolló la marcha y expresó la necesidad de una paritaria nacional que tenga en cuenta las diferencias salariales según cada provincia y cada especialidad dentro del ámbito de la salud. “Salimos desde el Congreso. Antes hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco. Caminamos por la Avenida Rivadavia rumbo a la Plaza de Mayo. Esto es una mezcla de reclamos a nivel nacional, porque hay un pedido de que se haga una paritaria nacional para equilibrar y mejorar los sueldos. Alguien que vive y trabaja en el sur tiene un sueldo diferente a alguien de Jujuy. Cada uno de nosotros tiene dos o tres empleos, y es algo que no se puede mantener en el tiempo. Pero es la única forma de sobrevivir y de tener un salario digno. El salario de una fonoaudióloga sostenido en el tiempo, es de unos 90 mil pesos, y el de una enfermera es de 35 mil.. No estar en la carrera significa no avanzar, no escalar. Mi salario se devaluó un 63% en los últimos tres años”, expresó.

Covid-19, estar en la primera línea

Al respecto del contexto de pandemia y las dificultades con las que llevan a cabo su tarea en la primera línea, Leyton reflexionó: “Es lo que no ve la población. Porque cuando estamos en terapia intensiva con los pacientes somos el único nexo. No pueden ingresar familiares. Estamos tratando de armar un protocolo para poder hacer que el familiar se despida de esas personas que se están muriendo en nuestras manos. No sólo eso, sino que en todos los servicios las compañeras están estresadísimas. Con mucha carga, porque no hemos tenido las licencias que se nos tienen que dar durante el año. No pudimos tomarnos vacaciones, francos. Se trabaja el doble y si no te toman la guardia seguís trabajando, estamos disponibles 24/7. En este momento somos los únicos que tenemos una exposición altísima por eso a nivel país tenemos 68 enfermeros fallecidos por Covid. Acá en la Ciudad tenemos en los hospitales siete fallecidos, pero hay un montón de enfermeros jubilados que han fallecido también”.

Un petitorio y la represión

Luego de esta entrevista, se supo que quienes se acercaron a la Legislatura porteña para continuar con la protesta fueron reprimidos. Las imágenes tuvieron un escueto recorrido por los medios tradicionales de comunicación. Se pudo observar como algunas enfermeras y enfermeros recibieron golpes entre empujones con la Policía de la Ciudad que armó un improvisado vallado humano para proteger la puerta de ingreso al edificio legislativo.
En diálogo con el programa Oíd Mortales, la licenciada en Enfermería Andrea Ramírez expuso lo sucedido y remarcó el carácter histórico del reclamo: “Fue un día que estábamos esperando, por ser personal de la salud, y terminamos decidiendo organizar una movilización, nos costó muchísimo animarnos. Y terminó mal. El reclamo es histórico. Y si no se soluciona no aguantamos más. Avanzamos a la Legislatura con la idea de entregar un petitorio donde se fundamentaba el reclamo de todo lo que nosotros venimos pidiendo. La inclusión a la ley 6035, que es la de la carrera profesional de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Además, pedir mejores condiciones laborales y salariales para todo el equipo de salud. Nos juntamos con compañeros que vinieron de Provincia y con otros que vinieron del sector privado. Nos dijeron que no había nadie para recibirnos. Una clásica ninguneada”, relató. Y señaló: “El colapso no es sólo sanitario porque las camas están ocupadas, también lo es para nosotros porque estamos trabajando por un sueldo marginal con todas las responsabilidades y el riesgo de exponer a nuestras familias. Contagiarse y morir por un salario miserable es inaceptable. Te amarga día a día, sos enfermera y cobrás la mitad que el resto cuando uno estudió y se capacitó de la misma manera que todos los demás. Que terminen llamando a la policía para reprimirnos porque no nos movíamos hasta que nos atiendan, tuvo un final tremendo, brutal. Imperdonable”.
Ramírez contó que después de tanto gritar y de haber recibido golpes, hicieron pasar a dos compañeros, que fueron recibidos por dos legisladores con el compromiso de hacer pasar el petitorio por todos los bloques y darles una respuesta a los enfermeros y enfermeras. “No hay voluntad. Porque tiene que sesionar y nos tienen que aumentar el 50%. El Gobierno no quiere, se frena con los gremios. Pactan”, agregó.

La burocracia sindical se llama Amadeo Genta

“Lo llamen como lo llamen seguimos perteneciendo al gremio SUTECBA (dirigido por Genta) y somos escalafón general, que es un salario no profesional. Las horas extras que hacemos, que las llaman módulos, son una limosna. Con esto se puede llegar a 50 mil pesos. Esto para una familia no alcanza, no se puede llegar a fin de mes, y tenés que trabajar en otros lados. El Gobierno no quiere confrontar con las cúpulas de los gremios mayoritarios. Son todos pactos, acuerdos, y nosotros estamos en el medio. Ellos (el sindicato) tienen el poder de masa para hacer sus negociados. Tampoco podemos hacer paro general porque el gremio no lo va a decretar. Somos prisioneros. Para los próximos días, si esto no se arregla, vamos a tener que tomar otra medida. En esta situación de pandemia es complejo, pero también pensamos que es el momento de que nos escuchen”, cerró la enfermera.

26.9.2020

Los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, que hoy constituyen la Comuna 8, hace más de 30 años cuentan con un fallo judicial a favor de la construcción de un hospital público. A pesar de los incumplimientos y que hace 10 años está en obra, el gobierno porteño oficializó su creación en junio. Sin embargo, el Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”, que cuenta con sólo 20 camas de internación, no tiene aún ni equipos profesionales ni salas, quirófanos y consultorios para absorber la demanda de una población que en su totalidad se estima en 250.000 habitantes. Así lo denunció la Asamblea de Trabajadorxs del Grierson, CESAC 3, CESAC 18 y CESAC 43, que el próximo lunes realizará una jornada de lucha.

Mediante el Decreto 245/2020, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso en junio la creación del Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”, ubicado en las avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, en el barrio de Villa Lugano. A fines de agosto y a través del decreto 303/2020, se creó un área programática integrada por los Centros de Salud 3, 18 y 43, que dejan de depender de los hospitales Piñero y Santojanni para pasar a la órbita del Grierson.
Como respuesta a estos decretos, trabajadores y trabajadoras de la salud conformaron la Asamblea de Trabajadorxs del Grierson, CESAC 3, CESAC 18 y CESAC 43. Consideran que no se da una respuesta efectiva a los vecinos y vecinas que hace 30 años exigen tener un hospital zonal y que el traspaso de los Centros de Salud “se produce cuando aún no se dispone de estructura edilicia ni recurso humano que permita la atención y asistencia integral de la salud de la población”.
En este sentido, señalan que el nosocomio cuenta con sólo 20 camas de internación, destinadas principalmente para pacientes con Covid 19, y que la Terapia Intensiva es sostenida por equipos que cambian día a día, porque se abrió “de manera improvisada, sin la creación de estructuras y de un equipo de trabajo de planta permanente”.
Además, las consultas médicas no relacionadas a la pandemia se atienden en Guardia, sin posibilidad de seguimiento por parte de los profesionales. “Como ejemplos de la insuficiente dotación, podemos mencionar que tiene sólo una fonoaudióloga, dos trabajadoras sociales, dos psiquiatras, tres psicólogas, tres ecografistas, para absorber la demanda de una población que se estima en 250.000 habitantes”, afirman desde la Asamblea.
A nivel edilicio, tras 10 años de construcción, sólo se terminó la etapa 1; la segunda fase aún está en obra y la tercera siquiera tiene llamado a licitación. Hoy, no cuenta con salas, quirófanos y consultorios necesarios para cubrir ese volumen poblacional. Se desconoce si habrá una sala de internación de salud mental y si se planificará una sala de parto y de maternidad, dado que la comuna 8 tiene una de las poblaciones más jóvenes de la ciudad.
Asimismo, sostienen que las contrataciones del personal de salud son del tipo transitorio y que la designación de profesionales no ha sido a través de la modalidad de concursos, tal como lo establece la Carrera Profesional.
Cabe señalar que los trabajadores y las trabajadoras de los Centros de Salud no gozan de las mejores condiciones laborales: contratación precaria bajo la figura de monotributo; dotación de personal insuficiente tanto a nivel de salud como administrativo; problemas estructurales a nivel edilicio, entre algunas problemáticas cotidianas, a las que se suma “que el surgimiento de los decretos se da en un contexto inoportuno, no solo porque no se han finalizado las obras del Grierson y las mismas se encuentran suspendidas, sino que además se produce en el medio de la emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia en donde las y los trabajadores nos encontramos abocados a tareas vinculadas a la misma”.
También señalan que desde el gobierno porteño las decisiones “se tomaron en forma inconsulta, sin participación y sin aviso a la comunidad ni a los equipos de salud, que somos quienes conocemos y trabajamos en el territorio”.
Ante este panorama, el próximo lunes, trabajadores y trabajadoras de salud realizarán -junto a organizaciones comunitarias y sindicatos- una jornada de lucha con cese de actividades, difusión de la situación y Asamblea. En suma, exigen la suspensión de los decretos “hasta tanto el Grierson esté en condiciones de brindar atención como hospital” y la creación de una única mesa de trabajo con la presencia de todos los actores involucrados.
Más información en las redes sociales de la Asamblea: IG: asambleagriersonycesacs / FB: Asamblea Trabajadores Grierson y Cesacs

24.9.2020

Por Carla Libertad

A 8 años del descarrilamiento de una formación del ferrocarril Sarmiento que se cobró la vida de 52 personas, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia firme a Juan Pablo Schiavi y Claudio Cirigliano, entre otros ex funcionarios y empresarios imputados.

La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de casi todos los imputados en la Masacre de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, hecho calificado de “estrago culposo agravado” por demostrarse la desidia de empresarios y ex funcionarios públicos del kirchnerismo a cargo de administrar y regular el servicio público de transporte.
“Celebramos la lucha, la unión de este grupo de familiares y el acompañamiento de una enorme parte de la sociedad (…) Pero no hay nada que festejar. La muerte de 52 inocentes no debe ser en vano”. De esta manera comunican la noticia familiares de las víctimas en su cuenta de twitter.
52 muertes y 789 heridos, fue el saldo de este verdadero crimen social, provocado por el descarrilamiento de una formación del ferrocarril Sarmiento, a causa de una falla en los frenos del vehículo. “Un tren corroído por el óxido, sin ningún sistema de seguridad, con una capacidad de frenado nula y con una estructura que en palabras de los propios gerentes de mantenimiento estaba destinado al desguace”, fue la calificación de familiares.
Hace pocos días, una operación mediática había intentado poner el foco sobre el motorman quien cumple una condena menor en relación a quienes tenían en sus manos la responsabilidad por la inversión y mantenimiento para el correcto funcionamiento de un medio que transporta miles de trabajadores a diario.
Entre los condenados se encuentran el ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, con 5 años y 6 meses de prisión y el ex presidente de TBA, Claudio Cirigliano, con 7 años. También fueron condenados directivos y gerentes de TBA junto a otros cargos de presidencia y vicepresidencia de esta empresa privada concesionada por el Estado argentino. Quien aún no tiene condena firme es Julio de Vido, exministro de Planificación, quien tenía a su cargo la Secretaría de Transporte, su sentencia espera una revisión con fecha de audiencia este 21 de octubre en el tribunal de Casación. El ya condenado exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, espera un doble conforme.
Casi 9 años de lucha de familiares, apoyados por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, arrastraron al banquillo de acusados a empresarios que se enriquecieron con millonarios subsidios estatales y a funcionarios que mantuvieron las mismas políticas privatistas y vaciadoras desde la década de los ’90. Nuevamente: “no hay nada que festejar. La muerte de 52 inocentes no debe ser en vano”.

24.9.2020

En el seminario ‘Sucios, Feos y Malos’ Daniel Catalano y Angélica Graciano criticaron duramente al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y señalaron la protección que obtiene de los grandes medios: «tenemos muchas dificultades para romper el cerco mediático». Dan batalla desde las redes pero el horizonte está en llegar a toda la sociedad, no sólo a quienes se afilian.

El secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA Nacional, Daniel Catalano, y la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, expresaron fuertes críticas al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta durante el segundo encuentro del Seminario de Comunicación Sindical que se dicta en la UBA, donde más de 70 estudiantes de la carrera y sindicalistas participan del curso de la cátedra de Christian Dodaro.
«En la ciudad tenemos ocho enfermeros y enfermeras muertos porque no tenían los elementos de higiene y seguridad que necesitaban para trabajar, los responsables políticos son el ministro de salud porteño y el jefe de Gobierno», expresó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital. «Con Larreta nos enfrentamos a un peso pesado», señaló por su parte la dirigenta de la Unión de Trabajadores de la Educación, quien agregó «en la ciudad un 52% de la educación es pública y Larreta viene bajando el presupuesto educativo un punto (por ciento) año a año.»
Al criticar la represión del día anterior, Catalano señaló «la policía (de la Ciudad) no puede respetar ni siquiera algo intocable como la salud y la educación. Uno imaginaba que no podía pasar que agredan a una enfermera, un médico una maestra o un maestro, pero la policía de Larreta logró hacerlo. Santilli cree que cuando reprime crece en las encuestas.» En otro momento en respuesta convocarían a una gran marcha pero ahora, explicó «nosotros en el marco de la pandemia no podemos convocar grandes movilizaciones porque debemos cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras. Aún en un Gobierno como el de Larreta los derechos (de la población) los garantizamos los trabajadores y las trabajadoras».
«Las comisiones paritarias en la ciudad no existen, están cerradas. Entre UTE, ATE y subtes tenemos cinco fallos judiciales que obligan al Gobierno porteño a sentarse a discutir las condiciones de trabajo y darnos los elementos de trabajo, y no lo hacen» informó el secretario general de ATE Capital.
Por su parte Graciano definió «Larreta encarna una expresión más sofisticada del neoliberalismo nacional», y planteó que «al Gobierno (de la Ciudad) se le hace muy difícil discutir cuando vos tenés información clara y precisa. A Larreta no le gusta que le digamos que no y denunciemos las aberraciones que ha realizado día a día», agregó contando distintas denuncia realizadas, resaltando que «también denunciamos el robo, la estafa, en la comida de los chicos.»
La secretaria general de UTE contó que «a nivel mundial hay una fuerte oleada contra los sistemas educativos públicos, y remarcó que las relaciones de reciprocidad que se dan en la escuela es lo más anti neoliberal que hay».
En cuanto a la comunicación, sostuvo que en el sindicato tienen «muchas dificultades para romper el cerco mediático», que están realizando «mucho trabajo en las redes» y que están en la etapa de desarmar la estrategia comunicacional de que los gremios son el obstáculo para la presencialidad y que los chicos aprendan, cuando es todo lo contrario. «Nos hemos dado una fuerte estrategia de comunicación con nuestros compañeros y compañeras», indicó.
Catalano contó que utilizan activamente los diferentes medios y herramientas, pero recordó que «nada reemplaza el mano a mano, las asambleas, el estar en el lugar del trabajo», ya que «no alcanza con el me gusta». Y planteó «tenemos que llegar más allá de nuestros afiliados y afiliadas, debemos llegar a toda la sociedad, y el gran desafío es que el movimiento obrero tenga sus propios medios«.
«Hay que pensar bien la comunicación porque hablamos de derechos vulnerados y necesitamos llegar a nuestra comunidad», finalizó, planteando también que la gran batalla que se tiene que librar es la batalla cultural sobre el rol del Estado y de los empleados púbicos
Frente a estos temas y comentando las acciones contra los trabajadores y trabajadoras y cómo se realizan, entre otras cuestiones Dodaro planteó que «tenemos que construir nuestros propios slogans: por ejemplo frente al discurso que se planteaba durante el macrismo ‘en el Estado sobra gente’, la respuesta sería «lo que sobran son gerentes». También opinó que se debería ser menos condescendientes discursivamente con quienes atacan al sector.