Comunicadores del Sur

23.10.2020

Por Martin Massad

La legisladora porteña por el Frente de Todos, Lucía Cámpora, conversó sobre los negocios inmobiliarios de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es tu opinión sobre el discurso que dio el presidente Alberto Fernández el pasado 17 de octubre?
Lucía Cámpora: Me parece que fue muy importante el discurso del presidente haciendo referencia. Tomo tres cosas, el mensaje importante de la unidad que lo tenemos claro pero que siempre hay que ponerlo en escena, la idea de que lo que nos guía es el amor, versus los odiadores que incitan desde otros sectores, y siempre seguir cuidándose, me parece que si bien hubo una movilización en coches para expresar el apoyo, que está muy bien y fue contundente hay que seguir siendo conscientes, hay que seguir cuidándose, estamos en un momento muy complejo de esta pandemia. El gobierno sigue teniendo una actitud muy responsable y hay que seguir acompañando de esta manera y seguir contagiando la mística que caracteriza a nuestro movimiento.

Con respecto al tema de las tierras en Costa Salguero y Costa Carrasco. Con 35 votos a favor el oficialismo permite que esto se lleve adelante. Terrenos que son tan importantes para la ciudad ¿Cómo sigue este conflicto?
L.C: Este es un paso más en la privatización de la costanera que lo tienen en la cabeza desde hace mucho tiempo. El año pasado la última sesión de la legislatura porteña (yo todavía no había asumido) fue maratónica porque el oficialismo tenía la mayoría, se pusieron en venta casi cien inmuebles y entre ellos la posibilidad de vender este predio. Esta sesión terminó a la madrugada por lo cual la mayoría de los porteños no se enteraron. Y ahora esas tierras que habilitaron a vender, modificando la normativa urbanística, para que así se puedan construir edificios Esta es una ley de doble lectura, fue una primera votación, después viene la audiencia pública y luego la segunda votación. No todo está perdido, hay que dar la pelea, organizarse, acá hubo una acción muy potente, de distintos colectivos ambientales. Fueron 37 votos a favor, que son los 26 duros del PRO, los 9 de Evolución (del radicalismo), y dos del partido socialista, y ahí es donde yo creo que hay que apuntar porque tanto el socialismo como el radicalismo hicieron campaña hablando de los espacios verdes, y hay que intentar de que modifiquen su voto. Circularon videos de Martin Lusteau hablando de los espacios verdes, y criticando la vocación inmobiliaria de Larreta y ahora hay que exirgirle coherencia con esas posturas y que su bloque no avale este negocio inmobiliario que atenta contra el derecho de las porteñas y los porteños de acceder al río.

¿Cuándo es la segunda votación?
L.C: La audiencia pública tiene fecha para el 27 de noviembre. Hay que inscribirse, tiene que ser una audiencia realmente masiva, tiene que ser el espacio donde expresarnos en contra de este proyecto. Yo pido que todas y todos se anoten, es a través de modalidad virtual. Hay que hacer oír nuestra voz, nosotros lo hacemos como legisladores pero también es un espacio para que se escuche a todos y todas, creo que la reacción fue fuerte, estamos hablando no solo de un despojo de tierras públicas sino que además tiene que ver con el acceso al río, a la costanera, la falta de espacios verdes en la ciudad. También estamos hablando de viviendas de lujo que se van a construir ahí. Hay un déficit habitacional para 350 mil personas

Hay sobrados casos de terrenos públicos que han sido vendidos a amigos de Macri y Larreta, como por ejemplo los terrenos lindantes a Ferrocarril Oeste, en Caballito ¿Cómo es el entramado de este negocio?
L.C: Entre lo que llevan de gestión, antes Macri y ahora Larreta, ya privatizaron más de 470 manzanas , equivale en superficie al barrio de Nuñez, esto es lo que la ciudad perdió en términos de espacios que podrían ser escuelas, salitas de salud, espacios públicos. Aquí en definitiva lo que se consagra es que Vamos Juntos es la representación política del negocio inmobiliario, sobre todo ahora cuando tenemos una agenda que nos permite hablar de demandas ambientales. Lo que tenemos que proteger en términos de recursos públicos son las tierras públicas y que esto pase a manos privadas impide a porteños y porteñas acceder y disfrutar de determinados espacios. Hay en tratamiento también un proyecto de venta de 13 inmuebles, esto ya tuvo audiencia pública, de estos inmuebles hay uno en el barrio de Monserrat donde viven familias hace treinta años. Larreta no acercó ni siquiera una solución habitacional para estas familias, se trata del negocio por encima de los derechos básicos como es el de la vivienda.

Rodríguez Larreta tiene un blindaje mediático muy importante, ninguno de los grandes medios habla de esta situación.
L.C: No te sorprendería que parte de los beneficiarios de estos negocios inmobiliarios sea el Grupo Clarín. La semana pasada se adjudicó un espacio público bajo autopista, en Constitución, a un precio irrisorio, para ARTEAR, para explotar un estacionamiento. Esto lo vienen haciendo hace décadas y atenta contra lo que se podría hacer en este lugar y la propia normativa prevé que allí no debería haber estacionamientos. En Barracas lo mismo, Cablevisión explota un predio bajo autopista sin ningún tipo de marco legal. Y te doy otro ejemplo más, en Barracas, en la calle Ascasubi, donde funcionan las plantas editoriales de La Nación y de Clarín, en determinado momento fue cerrada y levantaron un muro en plena calle para poner un estacionamiento. Eso todavía existe, hay una sentencia que el gobierno de la ciudad nunca ejecutó para abrir la calle. Esto explica el blindaje mediático.

¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen en caso de que esto pueda ir marcha atrás?
L.C: Hay distintos proyectos, sobre todo para lo que tiene que ver con la Costanera, fundamentalmente abrir espacio verde. La ciudad tiene un problema histórico, por cómo le dio la espalda al río y hay proyectos que nos permitirían habitar esa costa como otras ciudades del mundo. Espacios verdes con instalaciones públicas que permitan vincularse, disfrutar, independientemente del poder adquisitivo de quien vaya. Hace poco el compañero Juan Manuel Valdés presentó un proyecto de espacios verdes en terrenos baldíos. Yo presenté un proyecto para crear un registro de situación de vivienda precaria. La realidad hoy es que no solo hay problemas habitacionales, tampoco hay estadísticas sobre la situación.

La Universidad de Buenos Aires está reclamando unos terrenos que tiene el Club CUBA y el Liceo Naval hace como 50 años donde no pagan el canon que corresponde a la UBA.
L.C: Sí, es una vergüenza, eso está judicializado, hace poco en el Consejo Superior de la UBA se aprobó una resolución pidiéndoles que desalojen el predio. Los medios están al pie de cañón para cubrir la situación de tomas de tierra, por demandas urgentes, pero por las tomas por los grandes millonarios no se habla nunca.

23.10.2020

Dijo que continuará con el plan de aperturas en la Ciudad, “porque los casos están bajando”. Si bien se pasó el pico de 1400 contagios diarios de hace semanas atrás, se mantiene en más de 800. Se abren más escuelas, a pesar de que ya hubo casos de Covid.

En la conferencia de prensa del viernes 23 por la tarde, Rodríguez Larreta anunció que continuará con el plan de apertura de actividades que viene realizando de manera sostenida en la Ciudad.
En esta ocasión, se abrirán las escuelas para las y los estudiantes de sala de 5 años, primer grado y primer año; se habilitarán los museos y las clases de teatro al aire libre; podrán funcionar la parte interior de los bares, al 25% de su capacidad, al igual que los gimnasios; se habilitarán las ferias de artesanías y manualidades, como en Plaza Francia, Parque Lezama; también las piletas al aire libre y las actividades pastorales en los templos.
El jefe de gobierno porteño fundamentó la continuidad de las aperturas en que “los casos están bajando en la Ciudad de Buenos Aires”, con un promedio de 800 por día, que, si bien distan de los 1400 de hace semanas atrás, continúa siendo un promedio alto de contagios diarios.
La apertura de las escuelas es una de las medidas más polémicas, ya que la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias y organizaciones gremiales rechazaron su apertura por implicar un gran riesgo para la salud, y con casos confirmados de Covid, como se conoció en estos días en la escuela Técnica de Barracas.
A pesar de esto, el plan de apertura progresiva continúa hacia los primeros años de primaria, secundaria y preescolar. Pese a que la Ministra de Educación Soledad Acuña haya declarado en la conferencia que la “asistencia de los chicos a las escuelas es mayor ahora que en épocas de cursada normal”, los trabajadores de la educación pueden dar cuenta que en algunas escuelas sólo asistieron menos de 5 chicos.
La ministra sostiene que los “espacios de revinculación” tienen como objetivo la socialización de los chicos, dejando en claro que no hay objetivos pedagógicos detrás, sino simplemente poder mostrar hacia las cámaras que continúan con su plan aperturista.
Cuando le preguntaron sobre la venta de terrenos de Costa Salguero para construir un barrio de lujo (hoy la Justicia porteña dictó una cautelar que lo frena), Santilli respondió que desde el gobierno buscan “abrir los espacios públicos de la Ciudad y que la gente disfrute”. Quieren que “en el 26 % de esos espacios poder generar residencias, como se viene haciendo hace años, como en Puerto Madero, o la Villa Olímpica, entre Lugano y Soldati”, construyendo “maravillosas plazas” y “viviendas para la gente”.
¿De qué gente habla Santilli? ¿De los ricos que viven en las torres de Puerto Madero? Es claro que pretenden seguir haciendo negocios millonarios con la venta de terrenos públicos de la Ciudad, sobre todo los cercanos al rio, que son los más codiciados y donde el metro cuadrado puede alcanzar los 9 mil u 11 dólares. “Viviendas para la gente”, es para esa gente, mientras miles en la Ciudad sufren el hacinamiento en las villas o pelean por un techo donde vivir.

23.10.2020

La Justicia porteña le impidió hoy a Rodríguez Larreta, a través de una cautelar, avanzar con la venta de terrenos públicos. Allí vale entre 9.000 y 11.000 dólares el metro cuadrado. Un negocio millonario entre el gobierno y las empresas constructoras.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no podrá avanzar por el momento en la venta de terrenos en Costa Salguero, ya que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad dictó una medida cautelar que se lo impide.
La venta de esa zona de la Costanera Norte, muy codiciada, iba a tener como destino la construcción de un barrio náutico de lujo, con torres de hasta 29 metros de altura, actividades comerciales en la costa del río y hasta un helipuerto, con grave impacto ambiental.
El Tribunal estableció que el procedimiento para el tratamiento de la ley de la venta de terrenos en Costa Salguero en la Legislatura porteña fue inconstitucional. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que fue impulsor de la causa judicial, junto con otros organismos, “La sentencia no suspende el tratamiento del Proyecto de ley en discusión en la Legislatura para autorizar un emprendimiento inmobiliario en la costanera, sino que establece que hasta la finalización de la causa judicial no se pueda vender el predio”.
La fundamentación para dicha sentencia se basó en que el predio de Costa Salguero forma parte del “dominio del Estado y constituyen parte de la Ribera del Río de la Plata”, y según la Constitución de la Ciudad, en su Artículo 8, se prevé que “Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, por lo tanto, el Estado debe garantizar la protección de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, “en particular la recuperación de las áreas costeras”.
El negocio del gobierno porteño con la venta de terrenos de la Ciudad tiene largos antecedentes. Sin ir más lejos, ayer 22 de octubre se aprobó en la Legislatura la modificación del Código urbanístico para construir una torre de 50 pisos en Puerto Madero a cambio de 2,5 millones de dólares y la construcción de una plaza en homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA, en el Parque de la Memoria en Costanera Norte. Una plaza que ni siquiera equivale a la conquista de un espacio verde, sino a reconvertir una parte de la Costanera.
Las diputadas porteñas por el PTS/FIT, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, vienen denunciando de forma incansable estos negociados de Rodríguez Larreta con las empresas constructoras, junto a organizaciones ambientalistas y vecinos que se movilizan, y principalmente el jugoso negocio millonario de la venta de terrenos cercanos al rio: “En Costa Salguero o Punta Carrasco se calcula que en esos edificios que van a construir, el valor del metro cuadrado va a estar entre los 9.000 y 11.000 dólares”, señaló Bregman en una entrevista en Radio AM 530.
Luego añadió: “Lo de Costa Salguero nos tiene que servir para poner una mirada sobre lo que está pasando en nuestra Ciudad, una ciudad completamente expulsiva. No queremos más este tipo de ciudad, donde prácticamente comprar es imposible, y ahora también alquilar, porque cuando vemos que hay conflicto por la vivienda en el Conurbano, también tiene un origen con lo que pasa en esta Ciudad. Muchas de esas personas trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá es imposible vivir”.
Mientras Larreta y los dueños de las grandes empresas continúan haciendo estos negocios inmobiliarios a costa de los terrenos públicos de la Ciudad, hay miles de familias que se encuentran en una situación desesperante, que se agravó con la pandemia, porque no tienen donde vivir, como las mujeres del Hotelito, en la Villa 31. Ellas siguen peleando para que el gobierno no las desaloje y les reconozca el derecho a tener un techo, una vivienda digna donde quedarse junto a sus hijos.
Esta situación es la de miles, como las familias de Guernica, que necesitan un lugar donde vivir.

23.10.2020

El uso de tecnologías de reconocimiento facial para la detención de personas prófugas fue aprobado este jueves por la Legislatura porteña, con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras fue rechazado por 18 legisladores y legisladoras de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos, aunque el proyecto original fue presentado por la legisladora del FDT Claudia Neira. Las organizaciones Access Now, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, DATAS, la Fundación Vía Libre y Observatorio de Derecho Informático Argentino rechazaron la votación: “existe evidencia suficiente para afirmar que los sistemas de reconocimiento facial, no solo son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad, sino que también producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas. El uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”, destacaron.

La aprobación en la Legislatura porteña se dio en el marco de la votación de las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública que, entre otros puntos, regula el uso de tecnologías de reconocimiento facial para detectar y detener personas prófugas de la justicia, método objetado por organismos de derechos civiles y humanos en Argentina y varias ciudades del mundo.
La medida fue aprobada con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras fue rechazada por 18 legisladores de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos, aunque originalmente fue presentada por la legisladora Claudia Neira del FDT, luego de lo cual se trató en las comisiones de Justicia y Seguridad, dónde recibió dictamen por parte de los representantes de Vamos Juntos. Lo mismo iba a suceder en la comisión de Derechos Humanos, pero esa instancia fue finalmente anulada y derivó en el tratamiento definitivo que este jueves se le dio en el recinto. Por este recorrido es que varios organismos de derechos humanos y civiles denunciaron que el delicado proyecto avanzaba sin un debate real.
En un comunicado conjunto, Access Now, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, DATAS, la Fundación Vía Libre y Observatorio de Derecho Informático Argentino expresaron su rechazo a lo que consideran una “legitimación de la vigilancia masiva en el espacio público mediante la sanción de una reforma de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública”. “El proyecto de reforma, expediente 1686-D-2020, propone la incorporación del Sistemade Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) a la Ley 5688 – detalla el comunicado de los organismos – El SRFP fue implementado por el Gobierno de la Ciudad en abril del año pasado, mediante la Resolución 398/19 del Ministerio de Justicia y Seguridad. La incorporación de esta tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos”, denunciaron.
Entre los derechos que los organismos identifican como vulnerados por la medida se encuentran la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, la no discriminación, y la presunción de inocencia y debido proceso.
Con respecto a la privacidad, señalan que “el sistema no solo procesa información biométrica de las personas buscadas, sino de todo transeúnte que pase frente a las cámaras. Es, por lo tanto, una modalidad de vigilancia masiva, y su implementación no es necesaria o proporcionada en ninguna circunstancia“. En cuanto a la libertad de expresión expresan que “la idea de estar bajo constante vigilancia produce un efecto inhibitorio, sobre todo en aquellas personas que emiten discursos críticos contra las mismas autoridades que tienen control sobre estas tecnologías”. En cuanto a la libertad de reunión y asociación sostienen que “al eliminar el anonimato, la tecnología de reconocimiento facial impide el libre ejercicio de este derecho por el miedo a futuras represalias”. Sobre la no discriminación consideran que “se ha demostrado que esta tecnología tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura, lo cual deriva en un sin número de falsos positivos y afecta de forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Finalmente, con respecto a la presunción de inocencia y debido proceso entienden que “el sistema asume que todos y todas somos culpables, por lo que recolecta datos sensibles para determinar luego si somos o no una persona buscada“.
Además, los organismos señalaron que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso este sistema de manera opaca, esquivando la discusión pública, y sin llevar a cabo estudios sobre el impacto en derechos humanos”. Además, destacan: “los problemas del SRFP han sido reconocidos por el Sistema Universal de Protección delos Derechos Humanos. Durante su visita a Argentina, en 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad Joseph Cannataci manifestó que no veía la ‘proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud’ .La Legislatura es la instancia democrática adecuada para poner límites a todo accionar del Poder Ejecutivo que afecte el goce y ejercicio de derechos fundamentales. Cabe destacar que este proyecto de ley ni siquiera fue discutido en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Legislatura. Es preocupante que las y los legisladores desconozcan la grave afectación que el uso de este tipo de tecnologías provoca en la vida de todos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes sostienen que “existe evidencia suficiente para afirmar que los sistemas de reconocimiento facial, no solo son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad, sino que también producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas”. Al mismo tiempo, manifiestan que “el uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”.
En la misma línea, durante el debate en el recinto la diputada del FIT-PTS Myriam Bregman rechazó el proyecto porque “legaliza un cuestionado sistema que ha sido denunciado por discriminación en todo el mundo“. En la misma línea, agregó: “esta Ciudad tiene una triste historia de espionaje, persecución arbitraria. Si hay alguien que denunció a este sistema fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se quejó de que le ponían cámaras en la puerta de la casa. Este sistema sirve para la persecución política y la criminalización de la protesta social“, argumentó.

22.10.2020

Trabajadores del sistema de salud de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) se movilizaron la sede de la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo del reconocimiento de la profesión y de mejoras en las condiciones laborales. «Es una miseria lo que ganamos los enfermeros», aseguran.

La convocatoria consistió en una concentración frente a la Maternidad Sardá, en el barrio porteño de Parque Patricios, en tanto, mientras que una horas después se trasladaron a la sede Jefatura de Gobierno, ubicada a pocas cuadras.
En la previa, los trabajadores difundieron un video elaborado con la colaboración de personalidades de la cultura y del espectáculo que destacaron la necesidad de atender el reclamo en medio de la pandemia por el coronavirus.
El sector también denuncia que sus salarios apenas superan los 30.000 pesos, con jornadas de trabajo extenuantes y pluriempleo para cubrir la canasta básica.
«Pedimos pertenecer a la carrera profesional, nuestro sueldo está bajo la línea de pobreza y tenemos pluriempleo», sostuvo Norma Romero, enfermera del Hospital Ramón Sardá en declaraciones.
«A mí me abrieron la cabeza por el golpe que me dieron en la represión. Si no tenemos respuesta se viene el paro», aseguró la trabajadora.
«Trabajo hace 21 años, gano 35.000 pesos por turno, y la hora extra la pagan 50 pesos. Es una miseria lo que ganamos los enfermeros», concluyó.