Comunicadores del Sur

1.10.2020

Entre las distintas medidas solicitan que se defina “un programa integral de distribución alimentaria sistemática y con participación de las organizaciones”.

La red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores presentará este viernes 2 de octubre un documento exigiendo al Ministerio de Desarrollo Humano y al Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una serie de demandas a raíz de la emergencia social y sanitaria que se vive históricamente en el barrio, con el nuevo trasfondo de la pandemia. De esta manera, desde la red recordaron que se viene realizando “relevamiento territorial voluntario desde el mes de mayo. En simultáneo, llevamos un seguimiento acompañamiento de las distintas situaciones que fueron surgiendo”. Además, destacaron que bajo “la consigna ´Una Cuarentena sin Hambre´, nos propusimos un trabajo territorial sostenido en los vínculos y en la solidaridad entre les distintes compañeres que vivimos y trabajamos en el barrio”.
“Desde la Red realizamos una campaña de donaciones para sostener, a nuestra escala, un plan de distribución de alimentos y elementos de higiene. Sin embargo, afirmamos la necesidad urgente de un plan integral adecuado a las necesidades estructurales de quienes habitamos, trabajamos y militamos en los barrios populares”, enfatizaron.
De esta manera, convocan a movilizarse este viernes al presentarán un petitorio al Ministerio de Desarrollo Humano y al IVC los siguientes puntos:
• Garantizar el acceso universal a una alimentación digna y soberana.
• Definir un programa integral de distribución alimentaria sistemática y con participación de las organizaciones, eliminar los criterios de arbitrariedad en el reparto de bolsones alimentarios.
• Reconocimiento de todos los comedores populares como espacios esenciales, dotándolo de raciones suficientes y nutritivas, elementos de protección e higiene, habilitando los no reconocidos y remunerando a sus trabajadores y trabajadoras con salarios dignos.
• Sostenemos la necesidad de la entrega quincenal de canasta escolar para toda la matrícula como un plus para familias con niños, niñas y adolescentes.
• En caso de implementar una tarjeta alimentaria u otro mecanismo afín que dicha política sea complementaria, pero no sustitutiva de la canasta escolar, que constituye hoy un piso mínimo de garantía de acceso a su derecho a niños, niñas y adolescentes.
• Garantizar apoyo alimentario de emergencia para niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus progenitores o personas cuidadoras durante la pandemia.

1.10.2020

Por Juana Galarraga

Ninguna casa construida, ningún policía preso. Promesas incumplidas y casi una década de impunidad. En Guernica ¿hay que hacer como en el Indoamericano?

Algunos periodistas y funcionarios sostienen que al reclamo de las 3.000 familias que luchan por vivienda en Guernica, hay que resolverlo como se hizo “en el Indoamericano”.
El parque Indoamericano es un predio de más de 120 hectáreas ubicado en el barrio de Villa Soldati, al sur de la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2010 miles de familias de distintos barrios precarios de la capital se asentaron allí en busca de un pedazo de tierra para vivir. Días después fueron desalojadas mediante una represión salvaje.
El del Indoamericano es un caso testigo para entender cómo resuelven los gobiernos el reclamo de los sectores más necesitados por vivienda. Lo contamos a partir de algunas cifras.

0 casas construidas en casi 10 años

Luego de varios días de toma, represión y muertes, el gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y el porteño, a cargo de Mauricio Macri, se comprometieron a llevar adelante un plan de viviendas. Cada Ejecutivo aseguró que invertiría un peso por cada peso que pusiera el otro.
Ante esta propuesta y después de una negociación con representantes de organizaciones sociales, las familias que resistían se terminaron retirando.
Pasaron casi 10 años. Según informó a este diario una vecina de la Villa 20 “el plan de viviendas que prometieron quedó en nada. En la villa 20 fueron entregadas entre 2000 y 3000 casas en los últimos años. El resto se está construyendo pero está todo parado. Esto es parte de un plan de urbanización de la villa que fue votado por la Legislatura en 2005, no es el plan que prometieron después del Indoamericano”.

3 personas asesinadas y decenas heridas

“La represión causó las muertes de Rossemary Chura Puña, boliviana, de 28 años, y Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años y heridas a Wilson Ramón Fernández Prieto, paraguayo, José Ronald Meruvia Guzmán, boliviano, Jhon Alejandro Duré Mora, paraguayo, Juan Segundo Araoz, argentino, y a Miguel Angel Montoya, también argentino. Dos días más tarde, Emiliano Canaviri Alvarez, boliviano, de 38 años, fue asesinado de un disparo en el pecho, cuando, según su esposa, salía por la puerta del parque y la Policía Metropolitana (PM) comenzó a disparar”, sostiene el CELS en su informe “Indoamericano: un año de Soledad”, de 2011.

16.000 necesidades

Según el mismo informe del CELS, el Gobierno censó a miembros de 4075 familias en el lugar.
“En el Indoamericano me instalé en una carpa con ellos 10 días, viví con ellos, comí con ellos y una noche desalojé a 16 mil personas”, se jactó recientemente el actual secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Por entonces tenía un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social y fue el interlocutor del Gobierno nacional ante las familias.
“La Villa 20 tiene 25.000 habitantes en un terreno muy reducido. Las condiciones son muy precarias. Si bien hubo un crecimiento edilicio, las casas se fueron para arriba en algo muy particular que es que muchos propietarios en la villa subalquilan como una forma de vivir. Mucha población nueva termina alquilando en cuartos totalmente hacinados y en condiciones de vida no dignas. Hubo un momento en que frente a un espacio abandonado muy grande como el Parque Indoamericano lo fueron ocupando de forma espontánea. Ninguna organización barrial llamó a la toma del parque sino que surge como una necesidad”, relató, vecino de la Villa 20.

Más de 10 días de calor, desesperación y furia estatal

Las familias comenzaron a asentarse en el parque el 3 de diciembre. El día 7 la jueza de la Ciudad, Cristina Nazar, ordenó el allanamiento y el desalojo. Se produjo la represión salvaje que dejó muertos y heridos, a manos de la PM y la Policía Federal (PFA). Al día siguiente miles más volvieron al predio.
El 8 de diciembre militantes y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se hicieron presentes para solidarizarse y repudiar la represión. La PFA y la PM formaron un cerco para impedir el paso de comida, agua o asistencia médica.
“El jueves 9 a las 20 horas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla por cadena nacional y anuncia que Nilda Garré encabezará el nuevo Ministerio de Seguridad. Una evidencia de la crisis del gobierno de los ‘derechos humanos’ que en menos de dos meses acumula más muertes que el gobierno de Duhalde”, informaba el sitio del Partido de los Trabajadores Socialistas, el 16 de diciembre de 2010.
El viernes 10 y sin cámaras en el lugar, empiezan ataques de patotas que queman las carpas de las familias. La crisis obliga a la negociación. El gobierno nacional, el de la Ciudad y representantes de los movimientos sociales se reúnen por la noche en la Rosada.
El sábado 11 cientos de gendarmes y prefectos enviados por Nación rodean el parque que se ha llenado de más familias que se suman al reclamo.
El 16 de diciembre, horas después del acuerdo sellado por el Gobierno nacional y de la Ciudad, las crónicas periodísticas daban cuenta de que durante la madrugada previa se había terminado de completar “el desalojo voluntario” del predio. Macri anunció que le pondría rejas para evitar nuevas ocupaciones.

4 fuerzas represivas y patotas contra las familias

La represión del día 7 se llevó a cabo en un operativo conjunto de 200 efectivos de la PFA y 60 agentes de la PM.
El sábado 11 Nación dispuso la presencia de centenares de efectivos de Gendarmería para rodear el predio. También, efectivos del grupo Albatros de Prefectura empezaron a custodiar los alrededores y los monoblocks de la zona. Según fuentes oficiales arribaron en decenas de vehículos. El operativo incluyó helicópteros y carros hidrantes.
Los medios hablaban de un “fuerte operativo” para evitar los “enfrentamientos” dentro del parque. Las versiones oficiales hablaban de disputas violentas entre las mismas personas ocupantes.
“Ayer, unas 500 personas que se identificaban como vecinos del predio, envueltos en banderas argentinas ingresaron al parque para intentar desalojarlo por la fuerza. Los enfrentamientos se agudizaron con el caer del sol. Hubo combates cuerpo a cuerpo, heridos de bala y un muerto”, informó La Nación el domingo 12. Las patotas paraestatales también actuaron como fuerza de choque. Las fuerzas represivas de ambos gobiernos las dejaron entrar.

0 responsables políticos o materiales enjuiciados

La investigación estableció que los disparos mortales y los que causaron lesiones fueron realizados por un grupo de 15 efectivos de la PM, “pero no se pudo determinar la responsabilidad del tirador individual”, sostiene el informe 2019 del CELS “Derechos Humanos en la Argentina”.
Además “muestra en qué medida la falta de identificación es un obstáculo para investigar las violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, algunos federales estaban de civil’”, agrega el informe, entre otras irregularidades de la Policía.
“También se pudo determinar qué agentes de la PFA dispararon a les vecines de la Villa 20 e imputarlos por el delito de abuso de armas. Pero luego, la Cámara del Crimen desconoció las pruebas y consideró que los jefes policiales y el resto de los agentes no tenían ninguna responsabilidad penal; todos fueron sobreseídos. La Cámara sostuvo que las muertes se habían producido por la exclusiva responsabilidad de algunos oficiales y no cuestionó cómo se había ejecutado el operativo ni analizó la cadena de responsabilidades. Más adelante, una resolución de la Cámara de Casación –instancia superior jerárquica a la Cámara de Apelaciones– reabrió la investigación contra los jefes y los agentes. Tanto los autores materiales como los jefes policiales están ahora imputados, pero nueve años después de los hechos aún no se

1.10.2020

Reincorporar a los agentes de tránsito desvinculados y continuar los pases a Planta Transitoria, dice el nuevo fallo judicial. Esta fue la promesa incumplida que Larreta arrastra desde hace un año, cuando los agentes de tránsito estallaron ante la muerte de una compañera.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Patricia López Vergara, sentenció “tener por incumplida parcialmente la medida cautelar dictada”. La misma intimaba al Gobierno de la Ciudad a reinstalar a los agentes de tránsito despedidos por reclamar el pase a planta en enero de este año.
El reclamo de pase a planta y la exigencia de la implementación de medidas de seguridad para los agentes de tránsito porteños, surgió ante la fatal muerte de una de ellas, Cinthia Choque. La joven agente de tránsito perdió la vida hace un año, cuando un conductor escapando de un test de alcoholemia la atropello delante de sus compañeros.
Además, el fallo obliga al Gobierno de la Ciudad a que en “un plazo de 30, 60 y 90 días escalonados para efectuar el pase progresivo de cada Agente de Tránsito contratada, a la planta transitoria”.
La muerte evitable, de su compañera Cinthia, fue la que motorizó la organización y el reclamo de los agentes de tránsito. Ante esta organización, el Gobierno de la Ciudad comenzó una cacería a sus organizadores con la anuencia del sindicato Sutecba. Llegando al despido de varios de ellos a fin de año, las relocalizaciones en otras áreas de cientos de ellos y a no cumplir las falsas promesas de un pase a planta que nunca llegó.
Sin embargo, la Justicia viene dando la razón a los trabajadores en varias oportunidades. Con fallos favorables en febrero y agosto de este año, nunca cumplidos por el Gobierno porteño.
Este nuevo fallo vuelve a darles la razón a los agentes de tránsito precarizados y el mismo fallo aclara de forma contundente al preguntar en sus considerandos “¿Acaso habría que esperar otra muerte más de una agente para plasmar un derecho en la realidad con suficiente solidez como para no desvanecerse en el aire?”.
El fraude laboral ejercido por este y todos los gobiernos, que mantiene en la precarización laboral a sus trabajadores es una constante entre los empleados estatales, dependan del gobierno que dependan. Este fallo debe redoblar la exigencia de pase a planta para todos, como así también reflexionar sobre la necesidad de organizarse y pelearla, ya que el gobierno, no solo comete el fraude laboral, sino que incluso incumple las órdenes judiciales.
En medio de esta pandemia son los precarizados los obligados a realizar las tareas más expuestas al contagio, sin protección alguna y con los peores salarios. Ayer lamentamos la vida de Cinthia Choque, hoy puede ser cualquier otro de los miles de precarizados de la Ciudad, por eso el pase a planta permanente y la lucha por las condiciones laborales debe ser una bandera para todos los trabajadores, aunque no le guste al Gobierno o incluso al Sutecba.

30.9.2020

Este jueves enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires realizan un paro y se movilizan a la Legislatura porteña en reclamo del reconocimiento profesional. Además, trabajadores y trabajadoras de la salud de distintas provincias argentinas llevan adelante medidas para exigir mejores condiciones salariales y laborales.

A diez días de la represión sufrida en la puerta de la Legislatura porteña durante una movilización por el Día de la Sanidad, los enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a manifestarse. El principal reclamo del sector es por el reconocimiento profesional.
“Si creían que con la represión nos iban a amedrentar, se equivocaron. El jueves 1 de octubre en CABA desde las 11 marchamos de Congreso a la Legislatura. Y en todo el país, en múltiples autoconvocatorias, Enfermería va a construir un enorme paro nacional. En la Ciudad, principalmente por el reconocimiento profesional y en todo el país el aumento salarial y cumplimiento de licencias y condiciones laborales”, expresó Carolina Cáceres, miembro de la Comisión Directiva de Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE). En igual sentido, se manifestó Andrea Ramírez, también integrante de ALE: “Es indignante la discriminación del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta a la enfermería. Vivimos con una enorme presión bajo la pandemia y nos ningunean con un bono de 5.000 pesos que es la mitad de lo que le dan a los médicos y a las otras profesiones”.
La jornada de este jueves incluirá paros, concentraciones y movilizaciones de trabajadorxs de la Salud, Espacios Comunitarios y Auxiliares de la Educación a la Legislatura Porteña. A las 11, hay varias convocatorias previstas; una marcha partirá desde Congreso hasta el parlamento de la Ciudad (en este marco, el Frente de Salud de ATE en Hospitales del GCBA realizará una conferencia de prensa en Avenida Callao y Rivadavia), y otra desde el Obelisco también hasta la Legislatura, además de las ollas populares que todas las semanas se realizan en distintos barrios.
“Lxs trabajadorxs de salud, educación y espacios comunitarios nos cansamos de la falta de respuesta a nuestros reclamos (…). En este contexto signado por la pandemia de Covid-19 lxs trabajadorxs de enfermería, al igual que todo el equipo de salud, hemos puesto el cuerpo en la primera línea de la batalla sanitaria con elementos de seguridad insuficientes y de mala calidad, con protocolos de trabajo ineficientes y fallas en los sistemas de bio seguridad, hemos hecho guardias eternas y extenuantes que nos han costado la vida de compañerxs invaluables y hemos recibido la violencia institucional del gobierno porteño como respuesta a nuestro pedido de reconocimiento profesional y salarial para enfermería. En el ámbito privado la situación es similar, pero se suman la aplicación de protocolos incorrectos (con nulo control de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo), recortes salariales, falta de personal y presiones para que trabajen compañeros con patologías preexistentes”, expresaron las organizaciones convocantes al paro y movilización de este jueves.
En la Ciudad de Buenos Aires se suman los reclamos de los trabajadores de los espacios comunitarios de las organizaciones sociales, que desde hace más de 15 semanas llevan adelante la campaña Somos Esenciales para lograr el reconocimiento de su trabajo como esencial en el marco de la pandemia. Advierten que sus pedidos no han sido escuchados por las autoridades gubernamentales, como tampoco sus reclamos de acceso a los servicios esenciales como agua y electricidad en los barrios populares. Los trabajadores Auxiliares de la Educación también se movilizan con el mismo pedido, que sus tareas se reconozcan como esenciales en el actual marco sanitario.
En tanto, Santa Fe inicia el mes de octubre con un paro de trabajadores y trabajadoras del sector público provincial de las áreas salud, asistentes escolares y la Dirección de Niñez. Habrá asambleas y acciones en diversos lugares de trabajo, y una conferencia de prensa, a las 12, frente a Gobernación en la ciudad de Rosario para denunciar el veto del gobernador Omar Perotti a la ley de asistencia a reemplazantes.
“El pliego común de los diversos sectores provinciales continúa siendo salarios dignos tras la paritaria 0% firmada por las conducciones provinciales, pase a planta del personal precarizado, condiciones seguras y salubres de trabajo, entrega de elementos de protección personal en cantidad y calidad, defensa de la caja de jubilaciones y haberes dignos para las y los jubilados, e inversión en salud y educación. Se trata de puntos elementales para hacer realidad esto de ‘Cuidar a los que nos cuidan’, que enarboló el gobernador Perotti en conferencia de prensa. Les asistentes escolares, además, van al paro por el veto del primer mandatario provincial a la Ley 13.992, que tendía a una ayuda económica al sector de reemplazantes: no sólo una mayoría de elles está sin trabajo y sin sueldo, sino que tampoco pudieron acceder a asistencias oficiales por estar dentro del universo de empleados públicos. Su situación es acuciante y el gobernador les propinó una nueva muestra de insensibilidad. Para dar más detalles, se brindará una conferencia de prensa al mediodía en la sede local de Gobernación”, expresaron desde ATE Rosario.
Además, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, específicamente de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, realizan un paro de 72 horas exigiendo la implementación urgente del salario fijo para quienes se desempeñan en el programa de acompañantes personalizados, y el aumento del valor hora, hoy en 130 pesos.
Además, el sindicato Siprus Fesprosa anunció que los monotributistas, que no han recibido ofertas de recomposición de sus ingresos, comenzarán con retención de tareas también a partir de este jueves.
Por su parte, el lunes las Asociaciones de Profesionales y Técnicos de los Hospitales de Bariloche, Viedma y General Roca realizaron medidas de fuerza y movilizaciones en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a las sumas en negro. En Chubut, en tanto, se lleva adelante otra semana de reclamos y movilizaciones por salarios atrasados. En Catamarca, Aprosca Fesprosa movilizó este miércoles por aumento salarial.
El reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la salud se extiende a todo el país. A los pedidos por mejoras salariales y laborales se suma la crisis sanitaria por la pandemia Covid 19. En este área son más de 38.000 los profesionales contagiados por coronavirus, y el número de fallecidos supera los 160.
En este marco, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA) reiteró el pedido de que se convoque a una mesa paritaria del sector salud. “Los trabajadores estamos pagando un enorme precio en enfermedad y en vidas. Frente a ello, el reconocimiento del Estado es como mucho insuficiente. Amén del bono -que es un paliativo-, necesitamos un horizonte claro de jerarquización y desprecarización laboral. Esta no parece ser una preocupación de los ministros de Salud ni del Cofesa (Consejo Federal de Salud), que sigue abocado al manejo vertical de la pandemia siendo muy pocas las jurisdicciones que le dan el lugar que le corresponde a los trabajadores de salud”, expresó la titular de la Federación, María Fernanda Boriotti.

30.9.2020

Por CORREPI

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el mayor presupuesto en seguridad (60% más que la provincia de Buenos Aires) y un despliegue de fuerzas represivas más importantes del país (casi tres veces los 300 efectivos “recomendados” por la ONU cada 100 mil habitantes), no pierde oportunidad para volver a la carga con “la necesidad” de dar curso a la utilización de las pistolas Taser por parte de las fuerzas locales.

Vemos como la muerte de Juan Pablo Roldán, policía federal, es utilizada por los medios de comunicación para lograr consenso, y por el gobierno de la Horacio Rodríguez Larreta que, aún sin aprobación, hace más de diez años insiste con este tema, sin contar que la compra de estas armas ya fue realizada y espera poder ponerlas en uso. El gobierno nacional, por su parte, volvió a dar un paso al costado al limitarse a decir que la decisión de usar estos instrumentos de tortura es jurisdicción local, por lo que no tienen injerencia.
El argumento de que es un arma “no letal” y por tanto, menos nociva, cae por su propio peso con las numerosas muertes que el uso de las mismas ha provocado. El caso más reciente ocurrió en Colombia el pasado 11 de septiembre, cuando Javier Ordoñez, un abogado de 46 años, fue sometido a reiteradas descargas eléctricas por parte de la policía, lo que provocó su muerte. Hay un video que muestra las imágenes en las que Ordoñez pide por favor que se detengan y la policía, sin mediar palabras, aplica la picana portátil.
Como ya hemos dicho, “no hay armas no letales y mucho menos si quien la empuña fue entrenado para ser un asesino. Tenemos un millón de ejemplos de las supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentealba no le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muchos muertos y muertas con de balas de goma. (…) O los bastones de madera, Diego Gallardo fue apaleado con 42 fracturas en todo el cuerpo.”
Así como en otros momentos advertimos, en esta nueva campaña, un nuevo intento de poner “la inseguridad” como tema en la agenda para convalidar una política de avance represivo y mayor control social. Nada más y nada menos que en un contexto en el que las fuerzas de seguridad siguen contando con la facultad de detener arbitrariamente y son los responsables de casi 120 muertes en la cuarentena.
En contraposición, una vez más, volvemos a insistir con la agenda antirrepresiva que venimos reclamando para reducir la letalidad de la violencia policial.
NO AL USO DE LAS TASER
¡BASTA DE REPRESIÓN!