Comunicadores del Sur

11.2.2021

Por Gabriela Carpineti*

La Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, realizó una denuncia penal y administrativa para que se investiguen los hechos de público conocimiento del pasado sábado en el barrio porteño de Almagro, en el que se produjeron hechos de violencia institucional y se realizaron tres detenciones arbitrarias: contra un trabajador de la vía pública.

La Policía de la Ciudad se excedió de modo ostensible y evidente del uso legítimo de la fuerza, conforme los parámetros establecidos por la propia ley procesal de CABA. Aun suponiendo que existió una contravención, la medida de la fuerza debe ser la estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar. Y sólo podrá haber aprehensión (demorar a la persona) cuando sea necesario para hacer cesar el daño o peligro.
La pandemia profundizó una realidad que existe hace décadas: los descartados del mercado formal de trabajo se inventan un laburo en la economía popular. Para muchos de ellos, trabajar en la vía pública es su única forma de subsistencia y lo hacen sin ningún perjuicio sustancial para terceros. De ninguna manera, el Estado puede responder punitivamente a los padecimientos de las y los que menos tienen.
Pese a ello, en los últimos años la normativa de la Ciudad de Buenos Aires ha ido avanzando hacia un endurecimiento en el abordaje de este conflicto humanitario. A partir del año 2018, la Ciudad convirtió en contravenciones un conjunto de conductas desempeñadas por trabajadores/as del espacio público: limpiar vidrios, vender mercadería sobre una manta, y otras tareas que no lesionan a terceros sino más bien pretenden la provisión de lo necesario para sobrevivir. Esta decisión, de por sí polémica y cuestionable por su dudosa constitucionalidad y razonabilidad, no ha llegado al nivel de considerar a estas conductas como delitos y promover la persecución penal a quienes incurren en ella.
Lo ocurrido el pasado sábado 6 de febrero saca a la luz un mecanismo que ahora (y en función de lo que provocó su publicidad) da cuenta de lo que ocurre a diario: se fingen situaciones para encuadrarlas legalmente en “resistencia a la autoridad” y así trasladar al plano de lo penal algo que según la legislación vigente es una simple contravención, por lo tanto, sancionable con multa.
Este actuar sistemático tiene como finalidad justificar la privación temporaria de la libertad para así desincentivar estas formas que tienen las personas de escasos recursos para proveerse de lo necesario para su subsistencia.

Próximos pasos

Se propiciarán los mecanismos para que estos hechos, que producen un enorme daño social en un Estado de Derecho, se investiguen de modo eficiente y activar los controles necesarios para evitar que se instalen a modo de malas prácticas que deterioran la democracia plena.
Para ello la funcionaria y su equipo legal impulsarán la investigación de estos hechos por medio de las denuncias penales y administrativas que corresponden al caso. En sede penal deberá investigarse su carácter delictivo; pero además se pondrá en aviso formalmente a las autoridades de las respectivas carteras a fin de que procedan conforme a derecho.

* La Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, presentó una denuncia penal y administrativa para que se investiguen los hechos de público conocimiento del pasado sábado en el barrio porteño de Almagro, en el que se produjeron hechos de violencia institucional y se realizaron tres detenciones arbitrarias: contra un trabajador de la vía pública, una testigo que filmaba el abuso policial y la propia abogada y funcionaria que se apersonó en el lugar de los hechos para garantizar la integridad física del detenido original.

10.2.2021

Compartimos un informe elaborado por María Eva Koutsovitis (CLIC/IPYPP), Jonatan Baldiviezo (ODC) y Alejandro Volkind (ODC / IPYPP) sobre la contratación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de empresas de limpieza por 1000 millones de pesos para la vuelta a clases, a pesar de lo cual las escuelas siguen sin jabón ni alcohol en gel.

El lunes fue el primer día en que docentes y directivos volvieron a las escuelas, decenas de imágenes y cartas comenzaron a circular mostrando la falta de inversión en infraestructura y el incumplimiento de medidas básicas de higiene detalladas en el protocolo para la vuelta a clases presenciales.
“En el día de la fecha, docentes del establecimiento nos presentamos en la Escuela Técnica N° 1 DE 4 ubicada en Paseo Colón 650, y constatamos la ausencia de elementos de protección personal suficientes (…) Por ello solicitamos al Ministerio de Educación la entrega de los elementos de protección establecidos en el “Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021: Dispenser de barbijos, Dispenser de Alcohol en gel, Mascarillas faciales, Dispenser de toallas de papel”.
Denuncias similares se multiplicaron durante toda la mañana del lunes 8 de febrero mostrando la falta de jabón y papel en los baños, la ausencia de termómetros o aparatos que directamente no funcionan y la ausencia de mascarillas y barbijos. También se multiplicaron los testimonios del pésimo estado edilicio de ciertos establecimientos, como la escuela N° 19 DE 19 del barrio Ramón Carrillo, sin agua corriente.

Contrataciones millonarias y escuelas abandonadas

El estado de las escuelas contrasta con las millonarias contrataciones que, de manera directa, es decir, sin licitación pública, realizó el Ministerio de Educación de la Ciudad desde finales de 2020 con un grupo de 5 empresas, a las cuales les otorgó casi $ 1000 millones de pesos en los últimos seis meses.
El 15 de Septiembre del 2020, en simultáneo a la presentación de los primeros protocolos para la denominada “Vuelta a Clases”, el Ministerio de Educación porteño publicó en el Boletín oficial cuatro Contrataciones Directas (Nº 6232/SIGAF/2020, Nº 6231/SIGAF/2020, Nº 6229/SIGAF/2020 y Nº 6227/SIGAF/2020) para la contratación de servicios de “provisión e instalación de dispensadores de jabón líquido y de papel higiénico, reposición mensual de jabón líquido y papel higiénico, y de refuerzo de personal de limpieza integral y desinfección de los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” correspondientes a la totalidad de los Distritos escolares y “por un periodo de 4 (cuatro) meses”, solicitado por la Subsecretaría de Carrera Docente del Ministerio de Educación e Innovación.
Resultaron adjudicadas las siguientes empresas:
1. Zona Escolar 1 (Distritos escolares N° 1, 2 y 6) a la empresa Bencen Construcciones SRL, por un total de $ 134.236.240.
2. Zonas 2, 3 y 4 (Distritos escolares N° 3, 4 y 5, y N° 7, 9 y 14, y N° 10, 15 y 16), a la empresa Claryty SRL, por totales de $ 103.389.845, $ 83.863.548 y $ 80.815.504 respectivamente.
3. Zona 5 (Distritos Escolares N° 12, 17 y 18) a Lessiver SRL, por un total de $ 100.908.382.
4. Zonas 6 y 7 (Distritos escolares N° 8, 11 y 19 y N° 13, 20 y 21) a la empresa Servba S.A., por totales de $ 94.927. 864 y $ 86.544.628 respectivamente.
El gasto total en estos servicios llegó a $ 684.686.011.
Estas contrataciones fueron prorrogadas en diciembre del año pasado por dos meses, es decir, hasta el mes de febrero, lo que implica un nuevo desembolso de al menos $ 342.342.000 pesos, lo que da un total de más de 1000 millones de pesos ($1.027.029.016) otorgados a estas cuatro empresas de limpieza en los últimos seis meses
En los justificativos se esgrime que la medida fue adoptada “a fin de iniciar el período escolar para el ciclo lectivo 2021 a partir del 8 de febrero, afianzar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje fortaleciendo las trayectorias educativas y posibilitando la igualdad de oportunidades para todos los/las estudiantes y garantizar su derecho a la educación”, y que en virtud de lo expuesto, “resulta necesario garantizar las condiciones de higiene y desinfección necesarias para prevenir el contagio del virus COVID-19 (Coronavirus) para la realización de actividades presenciales en los establecimientos escolares”.
Algunas de las empresas beneficiadas son viejas conocidas del macrismo en la Ciudad, como el caso de Bencen Construcciones, usual adjudicataria de las obras referidas al barrio Padre Mugica (recolección de residuos áridos, mantenimiento de la red de luminaria pública, mantenimiento de espacios comunes y edificios, entre otros).

Insumos que se evaporan

En simultáneo a estos millonarios contratos, desde septiembre de 2020, el Ministerio de Educación también realizó contrataciones directas para adquirir dispenser de alcohol en gel, máscaras de protección facial, termómetros corporales a distancia, tapetes sanitizantes, guantes para protección y pulverizadores.
A través de la Contratación Directa N° 6121/SIGAF/20 se adjudicó la adquisición de máscaras de protección facial reutilizables a la firma Talleres Gráficos del Norte S.R.L. Se compraron 64.500 máscaras (precio unitario: $ 290) a un precio total de $ 18.705.000.
A través de la Contratación Directa N° 6118/SIGAF/20 se adjudicó la adquisición de dispensadores de alcohol en gel a pedal a la firma Mariano Pelle. Se compraron 1850 dispensadores (precio unitario: $ 7125) por un precio total de $13.181.250. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 2.861 escuelas de las cuales 1.803 son públicas.
A través de la Contratación Directa Nº 7212/SIGAF/2020 se adjudicó la adquisición de termómetros a la firma Software by Desigm S.A y a la firma Laurence Druscovich. Al primer proveedor se le compraron 1880 termómetros por la suma de $ 5.856.200 (precio unitario: $3115). Al segundo, 920 termómetros por la suma de $ 2.438.000 (precio unitario: $2650)
A través de la Contratación Directa Nº 6116/SIGAF/2020 se adjudicó la adquisición de tapetes sanitizantes y guantes para protección a la firma Durador Argentina S.A (se compraron 5.700 unidades de guantes de protección por un precio total de $ 986.271,00), y la adquisición de 17.900 pulverizadores a favor de la firma Marketing Dimension S.A, por la suma de $2.685.000,00.
Estas contrataciones realizadas en septiembre fueron prorrogadas en diciembre, incrementando la orden de compra en un 20%. De esta forma, el Ministerio destinó $ 3.741.000 más a la compra de máscaras de protección facial, $2.636.250 en la compra de dispensers de alcohol en gel a pedal, $487.600 y $1.171.240 en termómetros, $537.000 en pulverizadores y $197.254,20 en guantes.
En total, el Ministerio otorgó más de 50 millones de pesos ($52.622.065) a estas seis empresas, entre las que se destaca Marketing Dimension SA, empresa elegida por el gobierno porteño para brindar, entre otros, el servicio de producción integral del evento “Buenos Aires Playa 2019”.

Maquillaje sí, infraestructura y conectividad, no

En 2020, donde la pandemia obligó a tener las escuelas vacías, el GCBA consideró más adecuado dar de baja las obras de infraestructura que aprovechar la situación para refaccionarlas y avanzar en arreglos estructurales.
De esta forma, suspendió trabajos de instalación eléctrica en el Comercial Nº 33 D.E. 18 y en la Escuela Nº 1 D.E. 16 “Delfín Gallo” por $20,5 millones, y hasta canceló la construcción de la Escuela Primaria de Creación “Estación Buenos Aires” del Distrito Nº 5 por un monto $ 214 millones y de la escuela de danzas Nº 2 DE 18 “Jorge Donn por un monto de 241.700.000 pesos, ambas ya licitadas y adjudicadas, con la excusa de que ese dinero será destinado a “medidas sanitarias”.
Esta política fue reafirmada en el Presupuesto 2021, donde el ítem Mantenimiento Escolar, pese a la insistencia del gobierno por Volver a las Aulas, está lejos de ser prioridad. Si en 2020 el monto destinado fue de 3600 millones de pesos, este año es de apenas 3400 millones, una quita nominal de 6,4% y un recorte real del 41%, teniendo en cuenta la inflación proyectada promedio del 35%.
El Ministerio de Educación también invertirá menos fondos para nuevas escuelas. De los 3 mil millones de pesos presupuestados en 2020 se pasó a 1140 millones para este año, lo que representa un ajuste real del 97% (sumando la inflación interanual).
Mientras tanto, para llevar adelante el marketing educativo vinculado con la Vuelta a Clases, el GCBA no dudó en otorgarle más de 1000 millones de pesos a empresas de limpieza que viven de hacer negocios con el Estado.
Las prioridades del GCBA quedaron esta semana a la vista de todos: a días de que miles de estudiantes tengan que comenzar el ciclo lectivo, las escuelas ni siquiera tienen garantizado jabón ni alcohol en gel.

Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)

9.2.2021

Por Elizabeth Portontiero

La joven tiene 27 años, es madre de 4 niños y vive en la calle. Fue detenida al ocupar una vivienda vacía en la Villa 31, en medio de un temporal. El gobierno porteño le daba un subsidio de 8 mil pesos para que resolviera su situación habitacional.

Varias organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales exigen la inmediata liberación de Belén Guevara, una joven de 27 años y madre de 4 niños que se encuentra en situación de calle y fue detenida por la Policía de la Ciudad el 14 de enero, cuando la sacó violentamente de una vivienda de la Villa 31 en la que se encontraba provisoriamente junto a sus hijos para guarecerse de un temporal.
La joven que vive en condiciones de precariedad había sido desalojada de una pieza en la Villa 31 por no poder pagar el alquiler, por lo tanto, al no contar con un lugar en donde permanecer, se vio obligada a dormir en la calle con sus hijos. La noche del 14 de enero, debido a las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad, decidió ingresar en una de las viviendas que se encuentran vacías en la Villa 31, pero a las pocas horas, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente para detenerla, echándola de allí de una manera violenta.
Según contó la militante del MTR 12 de Abril, María Mena, en una entrevista realizada por FM La Tribu, mientras la familia dormía, la fuerza de Seguridad irrumpió en el lugar con mucho ensañamiento, rompiendo vidrios y golpeando con gran furia a Belén y a su hijo mayor, al que le pisaron una mano.
A pesar de que, de acuerdo con la ley, por este hecho Belén debió haber sido liberada dentro de las 24 horas. Igualmente, quedó detenida por encontrarse en “estado de rebeldía” por otra causa que ya fue elevada a juicio oral y por la que nunca había sido notificada. Así, luego de pasar por varias comisarías, finalmente la llevaron al Penal de Ezeiza, donde se encuentra todavía.
Según señaló Ramiro Geber, abogado defensor y copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de CABA, luego de presentar varios recursos para su liberación, tanto la Fiscalía a cargo como el Tribunal Oral Criminal de Feria 2 rechazaron el pedido, debido a que la joven no tiene un domicilio fijo para notificarla, uno de los requisitos que impone la ley para eximirse de prisión.
Belén Guevara, quien vive en las calles con sus hijos menores por no contar con una vivienda, colabora en el comedor comunitario Santiago Maldonado de la Villa 31 y, asimismo, es militante de la Agrupación MTR 12 de Abril y, como muchas otras personas en situación de calle, ha iniciado el trámite en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para poder acceder a un hogar digno. Sin embargo, todavía no obtuvo respuesta del Gobierno que, hasta el momento, solo le ha proporcionado un subsidio de 8.000 pesos que no le alcanza para sobrevivir.
Según lo expresado en el Art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando una persona es detenida, solo existen dos causas por las que se la puede privar de la libertad, una es, de acuerdo con el delito, que el imputado pueda entorpecer la investigación de alguna manera y la otra es que la persona no cuente con un domicilio efectivo, es decir de arraigo, para que se la pueda notificar y, por lo tanto, pueda darse a la fuga.
Si bien la joven no cuenta con un domicilio fijo, la Justicia puede valerse de otros recursos o elementos para resolver la situación y analizar con conciencia las condiciones socioeconómicas de la joven, sobre todo, considerando que nuestro Código contempla que “la privación de la libertad es el último recurso coercitivo que puede llegar a aplicarse”.
En términos forenses, arraigo no necesariamente implica la existencia del lugar de residencia, sino que, también concibe cualquier lugar en donde la persona acusada de un delito pueda ser encontrada para que se la notifique. En este caso, Belén trabaja en un comedor comunitario de la Villa 31, allí podrían encontrarla y, también, milita en una agrupación que perfectamente puede dar garantías por ella.
Además, su abogado afirmó que los cuñados de la joven viven en uno de los nuevos departamentos de la Villa 31, información que fue presentada en otro escrito ante la Cámara de Casación, que ya le dio lugar, con el fin de solicitar su excarcelación o la posibilidad de la prisión domiciliaria.
Ahora, mientras esperan una respuesta favorable, diputados del FIT, personalidades como Pérez Esquivel y varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Fundación Buena Memoria e Hijos, repudiaron este hecho por el que aún mantienen en prisión a Belén y piden su pronta liberación.

9.2.2021

Por Fernanda Paixao

Luego de un año de clases virtuales debido a la nueva pandemia de coronavirus, las escuelas en Argentina reabrirán en marzo, según el calendario tradicional del año escolar en el país. La única jurisdicción para anticipar el regreso a las clases presenciales es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) -, que fijó la fecha para el 17 de febrero.

Cada provincia del país, con sus respectivos ministerios de salud y educación, aplica las medidas y el proyecto de retorno a las escuelas de la forma que considere más adecuada.
Sin embargo, la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (Partido Republicano – PRO), incluso adelantó a la reunión del Consejo Federal de Educación, que alinearía políticas y medidas entre todas las provincias del país. .
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, lamentó la falta de alineación del jefe de gobierno de la Capital, en entrevista con el canal C5N: «A veces, priorizan los titulares más que las preguntas fundamentales, que son con las que damos las mejores respuestas a la sociedad”, agregó. El avance no fue, sin embargo, acompañado de un fuerte plan de medidas de seguridad contra los contagios del covid-19.
El juez Andrés Gallardo convocó al ministro de Salud de la Capital, Fernán Quirós, y a la ministra de Educación de la Capital, Soledad Acuña (quien, en su cargo, estigmatiza a los docentes y cree que son trabajadores que «no tenían otra opción»), para aclarar detalles sobre los protocolos de seguridad que pretenden aplicar para anticipar el regreso a las clases presenciales. En respuesta, el gobierno de Buenos Aires rechazó al juez, afirmando que «anteriormente, el magistrado ya tendría la intención de impedir el regreso a clases».
En un año de elecciones legislativas, la educación ha sido objeto de disputa política en Argentina. Entre las expectativas de los alumnos, la precariedad de los docentes y el apuro en el lobby educativo, el regreso a las clases presenciales preocupa a buena parte de los profesionales de la educación, los movimientos sociales y los sindicatos. Critican tanto la decisión del gobierno capitalino de adelantar la reapertura, como la posición del gobierno nacional, que decidió volver a las clases presenciales antes de que se completara la vacunación del sector docente.
Este jueves 4 por la mañana, colectivos de la comunidad educativa capitalina realizaron una rueda de prensa frente a la sede del gobierno porteño para reclamar el avance de la reapertura de escuelas. «Están utilizando las clases de regreso a clases como un caballo de batalla electoral», dijo Patricia Pines, miembro del colectivo Familias por un retorno seguro a las escuelas. «No queremos lamentar las muertes para revertir esta decisión inconsistente, arbitraria y caprichosa de los gobiernos sobre el regreso de las escuelas antes de tiempo». El presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) lanzó un plan de vacunación que incluye a los profesionales de la educación como sexto grupo prioritario, etapa que aún no se ha alcanzado. 390.000 personas ya han sido inmunizadas con Sputnik V. La semana pasada, se publicó en la revista científica The Lancet que la vacuna rusa tiene una eficacia del 91,6%.
Sujeto de disputa política, el tema ha sido utilizado por la oposición como una agenda de aparente prioridad para la educación en relación con el gobierno nacional. «La educación es una prioridad para la Ciudad», dijo el jefe de Gobierno de la Capital, al anunciar el proyecto titulado «La Escuela Primero». Un nombre contradictorio, considerando que los recortes en educación por parte del gobierno de derecha en la capital resultaron en el presupuesto más bajo en diez años, con solo un 17% destinado a la cartera. A principios de enero, el expresidente de derecha Mauricio Macri (PRO) publicó una carta en su Facebook en la que acusaba al gobierno nacional de descuidar la educación. «Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el regreso a la escuela a la situación epidemiológica, aun cuando, desde noviembre pasado, la OMS defiende la necesidad de mantener abiertas las escuelas porque está comprobado que los niños, niñas y adolescentes no son los principales vectores de contagio», puntualizó. Durante los cuatro años que presidió Argentina (2015 a 2019), la gestión de Macri provocó un recorte del 35% en el presupuesto nacional orientado a la educación, especialmente en proyectos dirigidos a combatir las desigualdades socioeducativas.

El momento de volver a las aulas

En parte, el regreso responde a la necesidad de las familias de enviar a sus hijos pequeños a la escuela, y retomar la socialización, el aprendizaje y el rol social que el espacio escolar, de manera amplia, juega y construye. Sin embargo, la situación epidemiológica no parece justificar el regreso de los establecimientos educativos ante el cumplimiento del plan de vacunación para docentes: la Capital se encuentra actualmente en alerta roja de contagio.
Los sindicatos de trabajadores de la educación vienen mostrando su preocupación desde el año pasado, cuando reabrieron algunas escuelas en algunas provincias, incluida las de la Ciudad de Buenos Aires. Las entidades denuncian que no hubo un adecuado apoyo y seguimiento por parte de los gobiernos para realizar su trabajo a distancia, además de la falta de equipamiento, conectividad y consultas sobre lo que estaría o no funcionando durante el excepcional año académico de 2020. “Ni siquiera nos consultaron si teníamos espacio y condiciones en nuestros hogares para tomar clases virtuales”, señala Estefanía Lombardi, profesora de secundaria del sistema privado de la Capital. También es madre de Téo, de 5 años, y tuvo que dividirse entre las clases que impartía y acompañar a las de su hijo. «Hay mucha presión de las familias, especialmente en la Capital, para la reapertura de las escuelas, porque había un mensaje de que era un año ‘sin clases’. Yo suelo explicarle a la gente que había clases, pero no en persona. ; eran virtuales, y con triple trabajo ”, dice. “Muchos compañeros de trabajo no quieren regresar, porque sienten que las condiciones de seguridad no son suficientes”, continúa. Su hijo estudia en un colegio público, el cual aún no ha emitido una notificación oficial sobre el regreso a las aulas el día 17. «Hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se generan en los niños. Estamos preparando sus materiales escolares. , pero no avisaremos a Téo de que regrese a la escuela hasta que haya una notificación de la escuela ”, dice.
La aclaración solicitada por la justicia bonaerense al gobierno de la Capital podría generar cambios en la fecha de regreso de las escuelas de la ciudad. Por el momento, con la negativa del juez Gallardo por parte del gobierno porteño, se llevará el caso a sorteo para que otro magistrado proceda con la solicitud.

9.2.2021

Dos de cada tres edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con aulas con la ventilación recomendada para evitar contagios de coronavirus, de acuerdo a un informe preliminar elaborado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) frente al regreso a las clases presenciales, el cual indica también que el 60% de los alumnos y docentes usa el transporte público para llegar a las escuelas.

Los datos se desprenden del Mapa de Riesgo Escolar que elabora el gremio docente en base a las respuestas obtenidas de actores de la comunidad educativa -entre ellos docentes, delegados y padres y madres de alumnos- a un formulario distribuido con consultas.
El relevamiento apunta a conocer las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de la Ciudad, así como también indaga sobre otros aspectos vinculados a los requisitos a tener en cuenta para el retorno a las aulas.
En declaraciones a Télam, el secretario de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de UTE, Pablo Francisco, sostuvo que la encuesta abarcó, hasta este jueves, a unas 700 edificios escolares de educación pública de los 1000 existentes en la Ciudad.
En ese marco, uno de los datos mostró que el 68% de las aulas de los edificios, es decir dos de cada tres, no tiene la ventilación necesaria para garantizar la circulación de aire que es considerada una de las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
En el borrador del protocolo para el regreso a clases del Ministerio de Educación porteño, que entregó el martes a los gremios docentes, se establece como una de las acciones a tener en cuenta para el acondicionamiento de los establecimientos «el mantener las puertas y/o ventanas abiertas en forma permanente para evitar contacto con herrajes y permitir la ventilación adecuada».
Por otra parte, el informe de UTE revela que el 58% de los edificios no llega a tener la cantidad de sanitarios disponibles que garanticen las condiciones de higiene básicas para prevenir la circulación del virus.
Según indicó Francisco, el protocolo contempla un baño cada 40 alumnos varones, el que deberá contar al menos con un inodoro, un mingitorio y dos lavabos; mientras que fija un baño cada 40 alumnas mujeres, con la provisión de dos inodoros y dos lavabos.
También, el relevamiento indica que el 52% de los establecimientos no tiene bancos individuales destinados a la ubicación de los alumnos en las aulas, sino que existe una mayoría de escritorios compartidos para dos estudiante.
Señala que el 59% de los edificios tiene un solo acceso y egreso del personal docente y no docente y de los estudiantes, lo cual no colaboraría ante la posibilidad de que se generen aglomeraciones en esos sectores al momento del ingreso y salida de los alumnos.
Por último, la encuesta evidenció que el 60% de los docentes y alumnos se traslada desde sus domicilios hasta la escuela en el transporte público: un 50% lo hace en colectivo y el 10% restante en subte y tren.
Al respecto, el borrador del Gobierno porteño cita el artículo 24 del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia 67-PEN/21 que establece que «el personal docente, no docente y las/os estudiantes -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales, quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano».