11.11.2020
El pasado martes 10 de noviembre, vecinas/os y organizaciones protagonizaron una importante movilización al Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat de CABA. Los principales reclamos fueron la quita de restricciones al acceso al subsidio habitacional, la creación de una línea inmediata para casos de violencia de género y un piso de $ 15.000 para ayuda económica que permita solventar alquileres y evitar la ola de desalojos.
La medida del pasado martes se enmarca en un plan de lucha escalonado que fue votado en el Congreso por la vivienda, realizado en Plaza de Mayo el pasado 16 de octubre. Allí se elaboró un programa de 15 puntos con demandas tanto al gobierno nacional de Alberto Fernández como al de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta (PRO). Entre los puntos, se encuentran la declaración de la emergencia habitacional a nivel nacional, la creación de un banco de tierras para la construcción de vivienda social, la incorporación de los inmuebles ociosos para alquiler social a través de uso social o expropiación, sumado a un impuesto a las viviendas vacías.
Con las armas de la policía de Berni aún humeantes luego del violento desalojo en Guernica, la crisis habitacional a nivel nacional se ha puesto en agenda pública. Con el poder político y los defensores de la propiedad privada envalentonados, se han sucedido desalojos de recuperaciones de tierra en Chaco, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires y demás provincias, dejando aún más precario e incierto el futuro habitacional de miles de familias que sufren la falta estructural de políticas de suelo y vivienda desde hace décadas.
Mientras el gobierno retoma iniciativa (por derecha), Guzmán recibe al FMI y comienza un plan de ajuste feroz sobre les trabajadores. Esto se demuestra en el ajuste a les jubilades, la quita del IFE, y el acuerdo con la CGT para llevar paritarias a la baja. Además, el presupuesto 2021 presenta recortes en áreas como salud y seguridad social.
En el área de tierra y vivienda también ha habido movimientos. Hace poco más de un mes, la Secretaría de Integración Socio-Urbana pasó de la esfera del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social, un sector con mayor vínculo y experiencia de trabajo con las organizaciones sociales. Gesto necesario de Fernández a organizaciones sociales afines para evitar un “fuego amigo” de tomas de tierra. A su vez, se da la novedad del desembarco de Ferraresi al ministerio de Hábitat que conducirá hasta el jueves 12 la Arquitecta María Eugenia Bielsa, en un movimiento con intenciones similares. Esto se da a días de declaraciones del presidente Fernández en relación a “poner a producir” las tierras ociosas (fiscales) del país, pero aclarando que no se trata de una reforma agraria. No vaya a ser que la derecha crea que va a ir en contra de la propiedad privada. Mientras tanto, el PRO.CRE.AR es hoy único programa de vivienda social con condiciones de ingreso expulsivas para la clase trabajadora, y el programa de Alquiler Social definido en la nueva ley de alquileres, brilla por su ausencia.
Si estas son las medidas adoptadas por el gobierno nacional, ¿qué resta para la derecha de Larreta y el PRO en la Ciudad? En la ciudad más rica del país, más de 300.000 personas habitan en villas, muchísimes inquilines alquilan a través del mercado informal y se calculan más de 7000 personas en situación de calle. Además, hay más de 1.000.000 de pobres, cuya situación ha empeorado rotundamente a partir de la crisis económica que se vive en el mundo entero, en una de las mayores crisis del capitalismo que no logra una recomposición sostenida desde hace ya mucho tiempo.
Así, como primer medida de lucha, la organizaciones que participaron del Congreso por la vivienda en la Ciudad ha entregado un petitorio de demandas en la Jefatura de Gobierno de CABA el martes 3/11 exigiendo respuestas tanto inmediatas como estructurales. Del mismo, hasta el día de la fecha, el gobierno porteño no ha dado ningún tipo de respuestas.
Como segunda medida concreta, se realizó la movilización del pasado martes 10/11, donde el Polo Obrero, las Consejerías de Vivienda, el MTR 12 de Abril, el MTL Rebelde y vecines de hoteles, pensiones y villas realizaron un corte en Pavón y Entre Ríos, sede de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, encabezada por Maximiliano Corach. Dicha cartera, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es quien tiene a cargo el programa de Asistencia a personas y familias en situación de calle, que otorga subsidios habitacionales a población vulnerable. Producto de esta medida de fuerza, fue recibida una delegación que presentó al funcionario una lista de demandas que incluye los siguientes puntos:- Quita de requisitos para el acceso al subsidio habitacional, dado que los mismos dejan por fuera a muchísimas personas y familias. Por empezar, el ingreso requiere estar en situación efectiva de calle, cuando una política de estas características debería evitar que se llegue a dicha situación. Además, requisitos como presentar la boleta de ABL de la vivienda que se alquila es completamente inaccesible para quienes alquilan en villas, por ejemplo.- Línea urgente para víctimas de violencia de género. Como se sabe, la pandemia ha recrudecido los conflictos de violencia intrafamiliar y muchas mujeres y disidencias continúan conviviendo con su agresor por la imposibilidad material de alquilar una nueva vivienda. Así, se exige que la sola denuncia por violencia sea suficiente para acceder al subsidio. – Aumento del monto. Hoy, el subsidio habitacional va de $ 5.000 a $ 8.000, mientras una habitación con baño y cocina compartida en el barrio de Constitución ronda los $ 14.000. Se demanda que el monto mínimo ascienda a $ 15.000 y el máximo a $ 24.000- Plus por desendeudamiento en las cuotas. La falta de trabajo ha generado cuantiosas deudas en los alquileres y es por esto que se requiere de un plan de desendeudamiento urgente. Por este motivo, se propone que a cada cuota del subsidio se le adicione un proporcional de la deuda total para ir saldando la misma.- Ordenamiento de la fecha de cobro. Se exige que las mismas sean entre los días 1 y 5 de cada mes.
Luego de la reunión en donde las organizaciones presentaron sus demandas al funcionario, el mismo se comprometió a dar una reunión para jueves o viernes de la semana entrante para dar una respuesta. En la asamblea del cierre de la medida, las organizaciones dejaron en claro que de no recibir una respuesta certera y favorable, se fortalecerán las acciones de lucha.
Además, se planteó la continuidad del reclamo también en la esfera nacional. Resulta que hoy los desalojos en el circuito formal, así como la suba de los alquileres, se encuentran prohibidos por el DNU 766 que vence el 31/1/21. Sin embargo, les inquilines precarizades que no cuentan con contrato y habitan en hoteles, pensiones y villas quedan por fuera de esta normativa y los desalojos aumentan día a día. Otras situaciones de precariedad habitacional como las casas y tierras recuperadas tampoco están consideradas, lo cual genera un peligro para miles de familias que ven en la toma de espacios y viviendas abandonadas su última esperanza de acceder, al menos por mano propia ante la ausencia estatal, al derecho a la tierra y la vivienda dignas. Por esto, quienes participaron de la medida de fuerza, plantearon la necesidad de posicionar en la agenda de lucha de las organizaciones a nivel nacional, la extensión y ampliación del DNU 766, para evitar lo que en febrero se avizora como una ola de desalojos de no prorrogarse esta medida.
