Comunicadores del Sur

24.2.2021

Desde esta madrugada comenzó el operativo de desalojo del conventillo de Vespucio 65 en el barrio porteño de La Boca. Más de 150 efectivos policiales arribaron al lugar donde habitan 22 familias, entre las cuales 40 son niños. A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 que interviene en el caso ha dispuesto llevarlo adelante. «Hasta ahora hay 150 policías y ni un solo trabajador, por ejemplo, del ministerio de Desarrollo y Hábitat. Hasta ahora no les han ofertado a las familias ir a un parador, el Gobierno de la Ciudad prefiere que estas 79 personas duerman en la calle».

Desde esta madrugada comenzó el operativo de desalojo del conventillo de Vespucio 65 en el barrio porteño de La Boca.
«Desde anoche a la 1 de la madrugada comenzó el operativo y colocaron las vallas. Para eso hubo un enorme despliegue con grúas. Como yo siempre digo: cosas imprevistas traen reacciones imprevistas. A la noche estaban los jóvenes y en un ratito se generó un revuelo que podría haber terminado mal. A las 5 am comenzó el operativo policial, absolutamente desproporcionado. Había como mínimo 150 efectivos. Ni el último desalojo violento que hubo, que fue Rocha hace un par de años, hubo la cantidad de efectivos policiales que tuvo este. A las 5 am pusieron en altavoz los modulares de ellos, amedrentando despertando a los niños. Ellos estarán acostumbrados, pero una no está acostumbrada a ver 150 personas armadas, sobre todo porque hay tres desalojos por semana y no se realizan de esta manera. En mi opinión tiene que ver con la parte actora, que es Comahue SA, una empresa que no dimensionamos y está radicada en el barrio, que tiene vínculos estrechos con el PRO que ha sido aportante en su campaña, pero no esperamos que tuviera este poder de lobby» explicó Natalia Quintos integrante de La Boca Resiste y propone.
Agregó «son 22 familias, 40 menores, 79 personas. Hasta ahora hay 150 policías y ni un solo trabajador por ejemplo, del ministerio de Desarrollo y Hábitat. Hasta ahora no les han ofertado a las familias ir a un parador, el Gobierno de la Ciudad prefiere que estas 79 personas duerman en la calle».
A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 que interviene en el caso ha dispuesto llevar adelante el desalojo.
«Es absolutamente inexplicable que se insista con llevar adelante un desalojo, que tendría graves consecuencias sociales, ya que ni el Juzgado ni el GCBA han previsto ninguna solución habitacional alternativa para ninguna de las familias. Tampoco tiene explicación la urgencia en realizar el desalojo, cuando todavía todos estamos padeciendo las consecuencias de la pandemia, lo que dificulta enormemente la capacidad de las familias de obtener ingresos para poder subsistir y encontrar un lugar digno en el que vivir. Pese a todo esto, el Juzgado privilegia intereses meramente económicos de la empresa que pretende realizar el desalojo (Alarmas Comahue S.A., una empresa de seguridad privada que compró el inmueble en estado de ocupación por un precio muy bajo, conociendo la situación de las familias, y esperando realizar un negocio con el desalojo)», concluyeron desde la Comisión de vivienda y hábitat y La Boca Resiste y Propone.

23.2.2021

Por Diego Moneta

“Ya lo han condenado en un fallo unánime. Hace más de un año que estoy esperando que los jueces dejen la sentencia firme para lograr que vaya preso como tiene que ser. Intentó matarme y está libre en su casa”, señaló la joven víctima de un caso de gatillo fácil.

El intento de asesinato de Lucas Cabello por parte de Ricardo Luis Gabriel Ayala, oficial de la, en ese entonces, Policía Metropolitana, es paradigmático del gatillo fácil como política de estado. Abusos cotidianos de las fuerzas de seguridad, encubrimiento por parte de los responsables políticos y demoras o fallas en el proceso judicial.
A finales de 2015, Lucas salía de una panadería en La Boca y, tras discutir con el uniformado, este decidió dispararle en tres oportunidades, en presencia de su mujer y de su hija. En la Comisaría 24 les negaron a varias personas la realización de una denuncia por lo que había sucedido. Lucas, que en ese momento tenía 20 años, quedó internado en grave estado durante varios meses. El accionar de la Metropolitana cerraba su círculo.
El siguiente paso fueron las declaraciones de las autoridades del Gobierno de la Ciudad. En primer lugar, María Eugenia Vidal, por aquel entonces no sólo Vicejefa porteña sino Gobernadora bonaerense electa, deslizó que “en origen era un caso de violencia de género”. Fue desmentida por la pareja del joven y por la Defensa Pública de la Ciudad. Más tarde Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad, agregó a dicha hipótesis, ya refutada, que Lucas estaba armado, pero fue rápidamente desmentido por los abogados de la familia Cabello. El hecho se sumaba al historial de violencia institucional por parte de la fuerza de seguridad dependiente de Ciudad y servía como muestra del cinismo del PRO.
En instancias judiciales, tras cuestionamientos al juez y dos postergaciones, el 5 de diciembre de 2019 el policía Ayala fue condenado a 16 años de prisión por intento de homicidio agravado. Sin embargo, a más de un año, la sentencia todavía no fue ratificada por la Cámara de Casación.
¿Cuál es la situación del policía Ricardo Luis Gabriel Ayala?
Lucas Cabello: Ya lo han condenado en un fallo unánime. Hace más de un año que estoy esperando que la Cámara de Casación ponga la sentencia firme para lograr que vaya preso como tiene que ser. Intentó matarme y está libre en su casa. Me levanto todos los días pensando en ese día. Estoy esperando que Casación haga algo porque todavía no hizo nada. Si hubiese sido al revés, yo estaba preso desde el primer minuto. No entiendo por qué se protege tanto a un policía asesino. Es una vergüenza la demora.
¿Considera que esta demora se enmarca en las postergaciones del juicio?
LC: Más allá de las postergaciones, el juicio fue bastante rápido. La Cámara se demora porque lo están protegiendo. Si la condena es mayor a 15 años tiene que estar preso por riesgo de fuga. Él tiene contactos. Si se fuga y no lo encuentran, ¿qué pasa? Yo me quedo sin justicia, esperando que algún día se aparezca por mi casa para terminar lo que quiso hacer. Sé que no va a ir a una cárcel común, sino a un pabellón con privilegios, con otros que han intentado asesinar y no han podido. Fue tan cobarde que ni siquiera me mató y me dejó vivo para que yo pueda contar toda la verdad.
¿Qué pasó con la investigación que se abrió para averiguar responsabilidades políticas y civiles de las autoridades?
LC: Tampoco sé nada. Depende de los jueces ya. Quisiera saber quién fue el psicólogo que le hizo la pericia para que con diez meses de instrucción saliera a la calle armado. Vidal había dicho además que había llegado caminando al Hospital Argerich. Es una vergüenza porque se dijeron un montón de versiones para ensuciarme y defender a la policía. Nunca recibí un llamado del gobierno para saber cómo estaba. Las autoridades que se tenían que hacer cargo en estos seis años nunca vinieron. Lo único que hicieron, el 10 de noviembre de 2015, fue acercarse a mi mamá para ofrecerle 300 mil pesos y que la causa quede cerrada, mientras yo estaba internado.
¿Cuál es tu análisis sobre el proceso judicial?
LC: Hasta ahora no hubo justicia porque no pasó nada. Va a llegar tarde, pero va a llegar. El tema son los ánimos. Yo la estoy pasando muy mal, con tratamiento psiquiátrico. Estoy trabajando en una radio, tengo proyectos. Este año voy a empezar la universidad para estudiar periodismo deportivo. Lo que me gustaría es que se haga justicia y así poder ejercer en unos años la profesión que a mí me gusta.
Este jueves van a salir algunas agrupaciones del barrio para pegar afiches para dar a conocer la cara del asesino y que quede encarcelado. No puede seguir caminando tranquilo. Me arruinó todo lo que tenía pensado a mis 20 años. Quiero justicia para cerrar una etapa. Si algún funcionario superior me lee, quiero decirles que no les cuesta nada llamarme, pero yo sé que no lo van a hacer.

23.2.2021

La abogada Natalia Salvo presentó una denuncia contra el jefe de gobierno porteño de y su ministro de salud por facilitar vacunas a clínicas privadas y crear así vacunas de “privilegio”.

La abogada Natalia Salvo presentó una denuncia ante el Poder Judicial contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y contra el ministro de Salud de Buenos Aires, Fernán Quirós, por “privatizar” la campaña de vacunación contra el Covid-19.
“Hemos denunciado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Férnan Quirós, por privatización en la vacunación. Ya presentamos la denuncia, estamos a la espera de que se resuelva el juzgado, tenemos pruebas y nos gustaría que la ciudad informe a los que han recibido las vacunas”, dijo la abogada entrevistado.
Salvo indicó que lo que se está en cuestión y debe ser investigado es el otorgamiento de vacunas a obras sociales y prepagas. Con este mecanismo, la abogada explicó que así “se está defraudando al Estado nacional en la distribución de un bien escaso” como la vacunas.
“Hay una violación a la legalidad del gobierno de la Ciudad, hay una resolución que se debe respetar”, afirmó en la misma entrevista. “El gobierno nacional proporciona las vacunas, pero las pagamos todas”, agregó.
Entre las clínicas privadas que recibirían discrecionalmente las vacunas, se encuentra el Hospital Italiano, la Clínica Güemes y el Hospital Alemán, entre otros. Allí quienes estén afiliados, podrán recibir la vacuna más rápidamente que los que acudan al sistema de salud público, lo que beneficiaría a la medicina privada en detrimento de la pública. Esto, según la denuncia presentada por Salvo, violaría el artículo 248 del Código Penal.
Salvo advirtió también que la forma en que se está llevando a cabo la campaña de vacunación en la ciudad “impide que las personas que se consideran de mayor riesgo y que necesitan vacunarse puedan hacerlo, lo que aumenta sus posibilidades de contraer la enfermedad o fallecer”.
A partir del escándalo de la Vacunas Vip, se mostró que a ambos lados de la grieta, lo que prima es el beneficio para los amigos del poder, mientras que los trabajadores esenciales y las personas de riesgo a duras penas acceden a la vacunación.
De hecho ayer, Larreta era noticia porque se conocía la propia lista VIP de CABA, que incluía a dirigentes sindicales como Amadeo Genta y su hijo.

23.2.2021

En medio del escándalo de la vacunación vip, este martes se realizó la audiencia pública sobre el aumento del pasaje del Subte. La diputada de la Ciudad por el FIT Alejandrina Barry, llevó la voz cantante en contra de lo que denominó “Un tarifazo contra el pueblo a favor del Grupo Roggio, el privilegiado Vip de Larreta”.

Como se desnudó en la audiencia y denunció Alejandrina Barry, el Gobierno de la Ciudad se apresta a habilitar un nuevo tarifazo en el Subte a favor del Grupo Roggio, “De conjunto y en total, la tarifa aumentará 43%, argumentando para ello los gastos a octubre 2020. Pero el aumento está muy por encima de la inflación relevada acumulada del año 2020, que fue del 36,1%” explicaba Barry.
Este aumento por encima de la inflación que pretende otorgar Larreta a la empresa Metrovías es una demostración de que su empresario Grupo Roggio es uno de los privilegiados vip del Gobierno, que le permite con la concesión del subte amasar ganancias a costa del tarifazo sobre el pueblo.
Este aumento se viene preparando desde diciembre, nos decía Barry: “A fin de año Larreta nos trajo un regalito de navidad, aumentos en el conjunto de los transportes públicos que implicarán un golpe al bolsillo del pueblo trabajador, en el marco de la caída del salario y del crecimiento de los índices de pobreza”.
Son tan bochornosos e indignantes los argumentos esgrimidos por la empresa y avalados por el Gobierno de Larreta, que solo se le puede definir como otros de los “privilegiados Vip”, como le dice Alejandrina Barry.
Para que se tenga una noción la diputada nos explica “Dentro de los gastos incluidos por Metrovías (y avalados por el Gobierno) para calcular la tarifa, se siguen incluyendo los “gastos de mantenimiento”, que representa el 8,6% de la tarifa”, o sea que habilita que los gastos empresarios sean trasladados a los usuarios, aumentado sus ganancias.
Nos recordaba por otro lado que “En el amparo que presentamos en 2018 desde el Frente de Izquierda con Myriam Bregman, y que la Justicia falló a favor de frenar por un tiempo el aumento del subte, logramos que sea establecido que esos gastos debía afrontarlos el concesionario, Metrovías”.
Por este fallo es que el Gobierno tuvo que reconocer en la misma licitación, de esta nueva concesión dada otra vez al Grupo Roggio, que los gastos de mantenimiento estén a cargo del empresario. Sin embargo, otra vez los incluyen para solicitar un nuevo aumento del subte.
“En el amparo del 2018 también se comprobó que dentro de la tarifa Metrovías incluía gastos suntuosos como: compra de diarios por $ 3.262; un ticket por una cena en un restaurant de lujo por $ 56.500; cursos de inglés por $7.560; servicio de remís por $ 27.760. El Gobierno jamás hizo nada sobre esto. Por el contrario el sistema de entrega de subsidios millonarios se mantiene”, afirmó.
Alejandrina expresó: “Ante la pregunta que le hicimos sobre el primer semestre de 2020 el jefe de gabinete Felipe Miguel respondió que al 22 de julio del 2020 le dieron a Metrovías $5.364 millones en concepto de subsidios. “¿Dónde fueron a parar? Al mantenimiento del servicio podemos asegurar que no. Sin ir más lejos hace unos meses descarriló la línea E por mal mantenimiento y por tener vagones con 60 años de antigüedad. O algo que es común para todo pasajero del subte: encontrarse con las estaciones inundadas”.
Y agregó la diputada: ¿A los trabajadores? Tampoco. Recientemente se dio el grave hecho que la patronal intento hacer volver a trabajar a sus trabajadores mayores de 60 años, aunque son considerados grupos de riesgo. Tuvieron que hacer un paro para cuidar su salud y su vida. Y el Gobierno no tomó ninguna acción sobre esto ante una medida ilegal e inhumana contra sus propios trabajadores.
Además también manifestó todos los negociados que tuvo Roggio con los distintos gobiernos: “Entonces aquí si podemos hablar claramente de privilegios también a los amigos del poder. El grupo Roggio mantienen la concesión del servicio del subte consecutivamente desde el año 1994 con cientos de irregularidades en las distintas licitaciones. En la “causa de los cuadernos”, Aldo Roggio declaró como “arrepentido” y admitió que pagó desde 2003 hasta 2011, a través de Ricardo Jaime, el 5 por ciento del dinero que recibió como subsidios por la empresa Metrovías ¿qué paso con esto? ¿Cómo siguió la cadena de investigación? ¿Por qué se lo sigue premiando? Desde 2015 venía manejando el servicio con el contrato vencido, con la sola prórroga y subsidios entregados por el Gobierno porteño. Los gobiernos pasan pero los curros quedan. “
Por último también planteó la posición del Frente de Izquierda: “No sólo nos oponemos a este nuevo aumento, que como decía es un golpe al bolsillo del pueblo trabajador en un momento de mayor apertura de la cuarentena, incluidos las familias y docentes que tienen que dar clases. También opinamos que hay que terminar con este sistema de privatización, con la estatización del subte controlado por sus propios trabajadores para dar un servicio barato y de calidad al conjunto de la población. Es parte de también terminar con los privilegios a los amigos del poder”.

23.2.2021

El paro iniciado a las 6:00 por el Sindicato de Camioneros en la rama Recolección de Residuos y Barrido se levantó esta tarde, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto al reclamo del pago de un bono para 500 trabajadores recolectores y barrenderos que pertenecen a grupos de riesgo.

La medida tuvo lugar tras la denuncia realizada por el gremio sobre las medidas de ajuste implementadas por Horacio Rodríguez Larreta en el ámbito municipal porteño: “El Gobierno de la Ciudad, con el pretexto de la quita de coparticipación, ha empezado con un plan de ajuste en distintas actividades; por eso presionan para que los trabajadores dejen de trabajar un día a la semana o quitarle los feriados”, había señalado esta mañana Pablo Moyano, Secretario General Adjunto de Camioneros.
“Eso se suma a que no se ha pagado el bono de 25.000 pesos a los trabajadores de recolección que están aislados por el tema del coronavirus”, señaló Moyano, indicando que el Gobierno incumplió el pago tanto de trabajadores que están sin trabajar desde el inicio de la pandemia, debido a pertenecer a grupos de riesgo, como de otros que se contagiaron trabajando. “El reclamo es el pago del bono a los trabajadores y que dejen de intentar recortar el salario”, argumentó.
Entrada la tarde se alcanzó un acuerdo mediante el cual las seis empresas encargadas de la Recolección e Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a pagar el Bono a los casi 500 trabajadores recolectores y barrenderos que pertenecen a grupos de riesgo.
Por otro lado desde el Sindicato de Camioneros se enfatizó en que “se advirtió una vez más al Gobierno Porteño y a todos los Intendentes, para que no intenten tomar ninguna medida en contra de los trabajadores de la Recolección, porque se podrían tomar medidas similares en cualquier distrito”.
“Esto es una nueva conquista que logra Camioneros para los trabajadores, siempre defendiendo sus derechos laborales y cuidando el poder adquisitivo de sus familias, ante los constantes intentos de flexibilizar al sector obrero de parte de los Gobiernos de Derecha, antes el de Macri, hoy el de Larreta”, señalaron desde el Sindicato.