Comunicadores del Sur

3.12.2020

Santilli pidió “dejar las elecciones” para 2023. La ministra Losardo criticó a Larreta. De fondo, una discusión donde las necesidades de las mayorías populares no tienen importancia.

Como una suerte de (mal) remake de la eterna lucha entre unitarios y federales, la pelea por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires sigue su curso. En las últimas horas hubo reclamos cruzados, chicanas y presiones sobre la Corte Suprema de Justicia.
La pelea volvió a escena desde el fin de semana y tuvo su escena principal a lo largo del lunes en la Cámara de Diputados, cuando se puso en el temario de una sesión especial el punto en cuestión.
La maratónica reunión -duró alrededor de 18 horas- terminó con media sanción al proyecto de ley que modifica la coparticipación que el Gobierno nacional le envía a la Ciudad de Buenos Aires. En la votación, los diputados del Frente de Izquierda Unidad se abstuvieron. En su intervención, Nicolás del Caño denunció que se trataba de una disputa que no beneficiaba a las grandes mayorías populares.
La respuesta del Gobierno de Larreta fue inmediata. En una conferencia de prensa denunció al Gobierno nacional y afirmó que buscan llevar “a los porteños al límite del sometimiento”. Apostando al miedo y refiriéndose a los fondos destinados a la Policía de la Ciudad, se preguntó “¿quieren sacarle la Seguridad a la gente para que la calle sea tierra de nadie y que barrabravas violentos puedan tomar la Casa Rosada como el otro día?”.
Este miércoles, respondiendo específicamente a esas declaraciones, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó que “los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados”. En declaraciones radiales indicó que el Congreso de la Nación “ordenó” la coparticipación.
En la conferencia Larreta directamente apuró a la Corte Suprema de Justicia. “Necesitamos que la Corte se manifieste para restablecer el federalismo que se quebró. Porque hoy es la Ciudad pero mañana puede ser cualquier otra provincia”, afirmó en relación al recurso presentado por el Gobierno de la Ciudad frente al máximo tribunal.
Este miércoles fue la ministra de Justicia la encargada de responder estas críticas del jefe de Gobierno porteño. Desde su cuenta de Twitter, Marcela Losardo la que se mostró preocupada porque Larreta “pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema”.
A la funcionaria se le “olvidan” todas las “presiones inapropiadas” que su propio Gobierno ejerció contra la casta judicial. La velocidad con la que transcurren los hechos coopera a esas omisiones. Pero no pasaron ni dos meses de aquel pedido explícito de Alberto Fernández a la Corte Suprema para que decidiera en favor del oficialismo en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
Los cruces y las peleas no terminaron allí. Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de CABA, se lanzó a criticar a Máximo Kirchner. Lo hizo afirmando que sería bueno “dejar las elecciones para 2023”. La afirmación es una respuesta a lo que el jefe de los diputados oficialistas dijo en la Cámara baja el martes por la madrugada.
Ese día, en su discurso de cierre, criticó a Larreta como eventual futuro candidato presidencial y afirmó que “el país terminó endeudado y patas para arriba” cada vez que un jefe de Gobierno porteño fue presidente.
Macri, por su parte, cargo contra los diputados ligados a Schiaretti que votaron a favor y se mostró confiado en que la Corte Suprema termine fallando en contra de la resolución.
Hay que recordar que el origen de esta disputa está atado a la resolución que tomó el Gobierno de Alberto Fernández para poner fin a la protesta de la Policía Bonaerense que tuvo lugar en el mes de septiembre.
En ese entonces, el Gobierno nacional recortó por decreto fondos a la Ciudad de Buenos Aires para otorgar un aumento de remuneraciones a los efectivos de esa fuerza. Es decir, cedió abiertamente al chantaje de una de las mayores mafias del país.
Ahora, en la discusión reabierta entre el Ejecutivo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no hay en debate nada que pueda beneficiar a las grandes mayorías populares.

2.12.2020

Santilli pidió “dejar las elecciones” para 2023. La ministra Losardo criticó a Larreta. De fondo, una discusión donde las necesidades de las mayorías populares no tienen importancia.

Como una suerte de (mal) remake de la eterna lucha entre unitarios y federales, la pelea por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires sigue su curso. En las últimas horas hubo reclamos cruzados, chicanas y presiones sobre la Corte Suprema de Justicia.
La pelea volvió a escena desde el fin de semana y tuvo su escena principal a lo largo del lunes en la Cámara de Diputados, cuando se puso en el temario de una sesión especial el punto en cuestión.
La maratónica reunión -duró alrededor de 18 horas- terminó con media sanción al proyecto de ley que modifica la coparticipación que el Gobierno nacional le envía a la Ciudad de Buenos Aires. En la votación, los diputados del Frente de Izquierda Unidad se abstuvieron. En su intervención, Nicolás del Caño denunció que se trataba de una disputa que no beneficiaba a las grandes mayorías populares.
La respuesta del Gobierno de Larreta fue inmediata. En una conferencia de prensa denunció al Gobierno nacional y afirmó que buscan llevar “a los porteños al límite del sometimiento”. Apostando al miedo y refiriéndose a los fondos destinados a la Policía de la Ciudad, se preguntó “¿quieren sacarle la Seguridad a la gente para que la calle sea tierra de nadie y que barrabravas violentos puedan tomar la Casa Rosada como el otro día?”.
Este miércoles, respondiendo específicamente a esas declaraciones, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó que “los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados”. En declaraciones radiales indicó que el Congreso de la Nación “ordenó” la coparticipación.
En la conferencia Larreta directamente apuró a la Corte Suprema de Justicia. “Necesitamos que la Corte se manifieste para restablecer el federalismo que se quebró. Porque hoy es la Ciudad pero mañana puede ser cualquier otra provincia”, afirmó en relación al recurso presentado por el Gobierno de la Ciudad frente al máximo tribunal.
Este miércoles fue la ministra de Justicia la encargada de responder estas críticas del jefe de Gobierno porteño. Desde su cuenta de Twitter, Marcela Losardo la que se mostró preocupada porque Larreta “pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema”.
A la funcionaria se le “olvidan” todas las “presiones inapropiadas” que su propio Gobierno ejerció contra la casta judicial. La velocidad con la que transcurren los hechos coopera a esas omisiones. Pero no pasaron ni dos meses de aquel pedido explícito de Alberto Fernández a la Corte Suprema para que decidiera en favor del oficialismo en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
Los cruces y las peleas no terminaron allí. Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de CABA, se lanzó a criticar a Máximo Kirchner. Lo hizo afirmando que sería bueno “dejar las elecciones para 2023”. La afirmación es una respuesta a lo que el jefe de los diputados oficialistas dijo en la Cámara baja el martes por la madrugada.
Ese día, en su discurso de cierre, criticó a Larreta como eventual futuro candidato presidencial y afirmó que “el país terminó endeudado y patas para arriba” cada vez que un jefe de Gobierno porteño fue presidente.
Macri, por su parte, cargo contra los diputados ligados a Schiaretti que votaron a favor y se mostró confiado en que la Corte Suprema termine fallando en contra de la resolución.
Hay que recordar que el origen de esta disputa está atado a la resolución que tomó el Gobierno de Alberto Fernández para poner fin a la protesta de la Policía Bonaerense que tuvo lugar en el mes de septiembre.
En ese entonces, el Gobierno nacional recortó por decreto fondos a la Ciudad de Buenos Aires para otorgar un aumento de remuneraciones a los efectivos de esa fuerza. Es decir, cedió abiertamente al chantaje de una de las mayores mafias del país.
Ahora, en la discusión reabierta entre el Ejecutivo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no hay en debate nada que pueda beneficiar a las grandes mayorías populares.

1.12.2020

El diputado del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, intervino en el debate por el traspaso de fondos de coparticipación de Nación a Caba, para solventar el aumento de la policía.

La Cámara de Diputados modificó y giró en segunda revisión al Senado el proyecto sobre el convenio entre la Nación y el distrito porteño para solventar el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires, cuya suma deberá ser consensuada entre Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara de Diputados, debatió y votó a favor el dictamen de sobre el convenio entre Nación y Caba por el traspaso de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este marco, el diputado por el Frente de Izquierda intervino en la sesión, recordando el origen que la discusión por el punto de coparticipación que le retiró el gobierno de Fernández a la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Recordó que recordó el origen de esta discusión fue el motín policial en octubre, cuando los uniformados incluso fueron armados a la Quinta de Olivos, logrando un fabuloso aumento de haberes.
Por eso es que el diputado Del Caño afirmó que este dictamen “en nada va a beneficiar a las mayorías populares”.
A su vez, el referente de la izquierda, denunció la hipocresía de las coaliciones mayoritarias, que ahora se pelean para saber quién financia a la policía, pero que en lo esencial representan a los grandes empresarios y acuerdan en llevar adelante el programa de ajuste del FMI.
El dictamen de mayoría, finalmente, fue aprobado por 129 votos de los cuales 117, aportados por el Frente de Todos, 4 por Córdoba Federal, 6 por el interbloque de Unidad para el Desarrollo, 1 el Movimiento Popular Neuquino, y del Bloque Justicialista.
Por el lado de Juntos por el Cambio, junto con bloques aliados, reunió 118 votos para rechazar el proyecto. El Frente de Izquierda, por su parte, decidió abstenerse de la votación, ya que -como explicó Nicolás del Caño- este proyecto de ley no va a aportar en nada a la situación que viven millones de trabajadores, que día a día sufren los despidos, la inflación y la carestía de la vida.
Un dato que grafica esto, es que luego de todo el show montado por el oficialismo y la oposición, levantaron la sesión justo cuando se iba a tratar una ley sobre la conectividad de los docentes, y además que también postergó el inicio del debate del aborto legal. Quedó claro cuáles son las prioridades de los partidos mayoritarios.

1.12.2020

Por Julieta Azcárate

Los cargos forman parte de la Dirección de Escuela Abierta, del Ministerio de Educación porteño. En la lista de designados se encuentra Nicolás Cascallares Vidal, hermano de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Otro enorme ataque a los docentes por parte de la Ministra, mientras hay cientos sin trabajo.

La Ministra de Educación porteña Soledad Acuña, continúa ganándose el odio y repudio de la comunidad educativa. Esta vez salió a la luz, en una nota realizada por el periodista Martín Suárez, de El Grito del Sur, y la denuncia de Eduardo López, dirigente del sindicato UTE-CTERA, que la Ministra designó de manera arbitraria e irregular a 25 personas en cargos correspondientes a la Dirección de Escuela Abierta, dependiente del Ministerio de Educación porteño.
En lugar de convocar a actos públicos, como es el procedimiento legal para que las y los docentes y trabajadores de educación del Ministerio tomen un cargo, la ministra los designó sin procedimientos transparentes. Según El Grito del Sur, la designación se hizo mediante la mala implementación del artículo 66L del estatuto docente, que es un artículo que se usa cuando un cargo que se presentó previamente en acto público queda vacante, es decir, sin que nadie lo tome.
En estos días, se habría conocido un listado con 25 personas que, sin pasar por acto público, tomarían los cargos vacantes de los programas del área socioeducativa. Uno de ellos sería Nicolás Cascallares Vidal, hermano de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Las y los docentes porteños denuncian esta medida como un fuerte ataque al estatuto docente, a sus derechos conquistados como trabajadores/as, mientras hay cientos que se quedaron sin trabajo durante la pandemia y no consiguieron cargo.
Desde el sindicato docente porteño UTE denunciaron que “los y las docentes designados para estos 25 interinatos son conocidos integrantes del entorno de Fabián Capponi”, el actual director general de Educación de Gestión Estatal, dependiente del Ministerio de Educación de Soledad Acuña, funcionario que fue conocido por salir bailando en las oficinas del ministerio en medio de la pandemia, cuando en las escuelas los docentes se quedaron sin trabajo, los chicos y chicas no tuvieron conectividad ni computadoras, y se insistió permanentemente desde la cartera de Acuña con la vuelta a clases presenciales, poniendo en riesgo a estudiantes y trabajadores de la educación.
Algunos programas del Área socioeducativa del Ministerio forman parte de la Dirección de Escuela Abierta: Club de chicos y Jóvenes, Ajedrez, Centros Infantiles, Orquestas, Campamentos Escolares, Escuela de Verano, etc. Muchos de ellos vieron recortados sus presupuestos durante los últimos años, como el de Orquestas, en los que el oficialismo en la Ciudad dejó a trabajadores/as de la educación sin trabajo y chicos y chicas con cada vez menos posibilidades de acceder a estos programas.
Una trabajadora de Centros Infantiles, dijo a este diario: “Se trabajó todo el año para que salgan esos cargos vacantes e iban a salir en febrero y marzo recién. Pero ahora con estas designaciones arbitrarias no sabemos quién viene, si los vamos a poder tomar los trabajadores del programa o ya se los dieron a estas personas. Es necesario que la UTE organice a los trabajadores de la educación para enfrentar estos ataques al estatuto docente”.
La designación a dedo realizada por Acuña se suma a los escándalos que protagonizó gracias a sus frases estigmatizadoras y discriminatorias contra los docentes hace sólo unos días, llamándolos “viejos, zurdos y fracasados”, y alentando a las familias a denunciarlos en las escuelas, como en las peores épocas de la historia del país.
Las designaciones a dedo en el PRO, sobre todo para familiares de María Eugenia Vidal, tiene importantes antecedentes: la cuñada de Vidal, Carolina Olivelli (esposa de Nicolás Cascallares Vidal), fue designada como auxiliar administrativo en asesoría tutelar, como lo indica la Resolución 233/2014, mientras que antes de que Vidal asumiera la gobernación en la Provincia, le asignaron un cargo a Erica Plattner, suegra de Nicolás Cascallares Vidal, en el Ministerio de Desarrollo que estaba a cargo de Carolina Stanley.

30.11.2020

Las 106 familias del edificio de Santa Cruz 140, del barrio porteño de Parque Patricios, anunciaron una conferencia de prensa para hoy a las 12, donde denunciarán un nuevo intento de desalojo. «La inacción y omisión histórica de las responsabilidades políticas por parte del Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta; la falta absoluta de sensibilidad por parte del juez Fernando Cesari, que pretende dejarnos en la calle a 350 personas y 131 niñas, niños y adolescentes en medio de una crisis profunda públicamente reconocida, ignorando la vigencia del DNU N° 320/20 y su prórroga, que ordena la suspensión de desalojos; la desatención del Poder Judicial de la Ciudad, ante la acción de amparo que iniciamos las familias en el 2019 que tramita ante el Dr. Marcelo Segón del Juzgado en CAyT N° 17 de la Ciudad; la sed de dinero de un especulador inmobiliario como Leonardo Ratuschny, propietario de distintos ‘falsos hoteles’ que lucran con la necesidad habitacional de miles de vecinos y que cuentan con la complicidad política y financiera de Larreta, hacen que hoy reforcemos nuestra resistencia y lucha», sentencian.

Así lo expresaron en un comunicado las 106 familias: «en el edificio de Santa Cruz 140 de Parque Patricios, luego de 18 años de haber recuperado un inmueble abandonado, que fuera la sede social de la ex fábrica textil SELSA, y que hoy es nuestra casa, la especulación inmobiliaria de Leonardo Ratuschny y la insensibilidad del Dr. Fernando Cesari del Juzgado Civil N°60 arremeten nuevamente avanzando con el intento de desalojo de las 106 familias que vivimos en el edificio y sin garantizar el acceso a una vivienda digna definitiva«.
En la misma línea, agregan: «la inacción y omisión histórica de las responsabilidades políticas por parte del Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta; la falta absoluta de sensibilidad por parte del Juez Fernando Cesari que pretende dejarnos en la calle a 350 personas y 131 niñas, niños y adolescentes en medio de una crisis profunda públicamente reconocida, ignorando la vigencia del DNU N° 320/20 y su prórroga que ordena la suspensión de desalojos; la desatención del Poder Judicial de la Ciudad, ante la acción de amparo que iniciamos las familias en el 2019 que tramita ante el Dr. Marcelo SEGÓN del Juzgado en CAyT N° 17 de la Ciudad; la sed de dinero de un especulador inmobiliario como Leonardo Ratuschny, propietario de distintos ‘falsos hoteles’ que lucran con la necesidad habitacional de miles de vecinos y vecinas y que cuentan con la complicidad política y financiera de Larreta, hacen que hoy les habitantes de Santa Cruz 140 reforcemos nuestra resistencia y lucha por la solución definitiva más que nunca para enfrentar el intento de desalojo ratificado por un Poder Judicial clasista, patriarcal y funcional a la especulación que nos despoja demuestra vivienda y hábitat».
Para la conferencia de prensa, que realizarán a las 12 en la puerta del edificio de Santa Cruz 140, esperan contar con «el apoyo solidario de decenas de organizaciones sociales y políticas, legisladores y legisladoras, diputados y diputadas de la Nación, referentes barriales y de derechos humanos, cooperativas de vivienda y trabajo, para mostrar una vez más después de 18 años y de 11 años de batalla judicial y en las calles, que la lucha de Santa Cruz sigue en pie por el derecho a la vivienda digna y el derecho a vivir en la ciudad», sostienen.