Comunicadores del Sur

9.12.2020

Por La Retaguardia

Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Fernando Tebele.

Lo dijo Rosa Herrera, abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos quien sostuvo un extenso diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana de La Retaguardia. En esta oportunidad habló acerca de la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio de Parque Patricios, vivienda desde hace 18 años para 106 familias. Amenazadas por un posible desalojo, convocaron a una conferencia de prensa, a una movilización, y a resistir hasta intentar torcerle el brazo al Gobierno porteño.

El edificio de Santa Cruz 140, una ex fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, se encuentra nuevamente en pie de lucha frente a un posible desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad. Quienes resisten y la defienden, convocaron a una conferencia de prensa realizada el pasado lunes 30 de noviembre al mediodía en la puerta del edificio y llevarán adelante una movilización el miércoles 9 de diciembre.
—La Retaguardia: ¿Cómo está la situación al día de hoy?
—Rosa Herrera: Las familias de Santa Cruz, que hace 18 años que viven en el edificio en Parque Patricios, a pesar de la situación de pandemia, aislamiento y ahora distanciamiento social, estuvo permanentemente en lucha y resistencia. Distintas organizaciones y compañeros/ras estamos acompañando la lucha de las familias. Porque en plena pandemia, que se había dictado oportunamente una feria judicial, se habilitó justamente para que se prosiga con el proceso y juicio de desalojo. El Poder Judicial no tuvo ningún tipo de sensibilidad de hacer una suspensión del proceso atento que los 131 niños, niñas y adolescentes y 106 familias que viven en el edifico también fueron afectadas por el Covid-19 y la situación de resistencia se agudizó porque también tuvieron que garantizar todos los días la olla y los cuidados que todos estamos haciendo frente al Covid. El 13 de Agosto, la Cámara Civil Sala A confirmó el desalojo. Lo que nos preocupa es que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, como el principal responsable político de garantizar una vivienda digna a estas 106 familias, no nos está dando respuestas concretas de solución habitacional. Las familias no están dispuestas a estar en la calle. Lamentablemente, hoy por hoy, están todas las condiciones dadas, no tenemos fecha, para que antes de fin de año se pueda producir y materializar el desalojo en plena Ciudad de Buenos Aires, la más rica y con el mayor presupuesto del país. Justamente estamos con unos vencimientos, porque nosotros ante esta falta de respuesta del gobierno iniciamos un amparo para exigirles que garanticen el derecho a una vivienda digna, y el Gobierno de la Ciudad, sistemáticamente, niega cualquier posibilidad de situación concreta de solución definitiva a las familias de acceso a la vivienda. Únicamente ofrece esos subsidios de montos insuficientes, que son de 8000 pesos, montos que están totalmente desactualizados. Es imposible que las familias puedan acceder a desalojos formales, y el mismo gobierno se presenta al Poder Judicial y dice que las familias no están acreditadas, supuestamente para ellos, que están prácticamente en situación de calle y que las familias no están en situación de vulnerabilidad. Hemos presentado todas las pruebas a nuestro alcance para acreditarlo. Hay un alto grado de desocupación de las familias que viven en Santa Cruz. Subsisten por trabajos informales, por changas que fueron perdidas en este momento de pandemia. Están comiendo de ollas y comedores populares. Y en estas condiciones avanza la situación de desalojo.
El decreto 320, modificado por el 766 que emitió el gobierno nacional, abarcó a un sector de la población que accede a contratos de locaciones formales, y no atiende a toda la población que vive en exclusión total. Porque hay un sector en la Ciudad de Buenos Aires que vive en una exclusión histórica. Están expuestos a desalojos de hecho. A través de patotas, de mecanismo de utilización de incendios.
En este caso, la orden viene emanada por el Poder Judicial, por eso lo denunciamos como insensible, pero el juez tiene que emanar la orden en armonía con todos los derechos de la Constitución Nacional, de la ciudad y de los tratados internacionales, que es la garantía del acceso a la vivienda digna. Si no es arbitraria, y por más que sea desde un juez, no deja de ser un desalojo forzoso violatorio de los derechos humanos básicos de las personas.
—LR: En un proceso de desalojo judicial, ¿puede negarse un gobierno a realizarlo?
—RH: Depende de casa caso concreto. En el caso de Guernica, el desalojo fue ordenado por un juez de garantías en el ámbito penal, porque las familias eran imputadas por usurpación. Entonces, en un tema penal es mucho más difícil, pero no imposible. Esa mesa de negociación que se estaba llevando adelante con diferentes actores era el camino para poder seguir. Y me parece que la protección de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, y el derecho a la vivienda, que es un derecho reconocido de igual jerarquía que el derecho a la propiedad privada valía, y era el deber del Estado continuar todo el tiempo necesario para poder llevar a buen puerto las negociaciones y así lograr una respuesta positiva. No hay impedimento, sí hay que tener voluntad política. En el caso de Santa Cruz, como en otras situaciones diferentes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, y en el lugar que nosotros más nos movemos que es el vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la vivienda, se dan desalojos por usurpación mal utilizando irregularmente el fuero penal. Criminalizando estas problemáticas que responden a causas sociales. En Santa Cruz utilizan la justicia civil. Esto ya lleva 11 años de juicio. Y las familias viven hace 18 años allí.

¿Quién reclama la propiedad?

La obsesión del gobierno porteño con esa propiedad puede hacer presumir que se trata de tierra fiscal. Sin embargo, no es así. Lo explicó Rosa Herrera: “El que se dice propietario compró en subasta un edifico que ya estaba ocupado, con las familias adentro, utilizando al Poder Judicial como una brazo funcional de sus negocios inmobiliarios. Compra a 1,5 millón de pesos un inmueble ocupado, utiliza el Poder Judicial, uno de los poderes estatales, para desalojarlos inmediatamente. Entonces adquiere un valor de mercado mucho mayor. Por supuesto que ese objetivo no lo logró porque las familias se organizaron, y pudimos defenderlos como abogados en el momento oportuno y durante todo este tiempo, así lo hicimos.
El tema es que el Estado no puede soslayar su deber que garantiza el derecho a la vivienda digna. Entonces ahí empieza una cuestión, cuando el Gobierno de la Ciudad se quiere lavar las manos y dice que es un conflicto entre particulares: entre el dueño y las familias. Cuando no es así, porque las familias están en contexto de vulnerabilidad, son habitantes de la ciudad, tienen derechos”, señaló la abogada de la LADH.
Herrera destacó el apoyo de diversas organizaciones sociales y políticas: “Acá en Santa Cruz también hay diversos actores que participan: organizaciones como CIBA (Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires), MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), legisladores de distintos bloques políticos, tanto del FIT-U (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) y del Frente de Todos. Solidarios con esta causa, y sabiendo de las razones que asisten a las familias de Santa Cruz. El defensor de menores, asesores tutelares. Todos estamos pidiendo la suspensión del desalojo, y en este momento el juez no está escuchando. Rechazó cada uno de los pedidos que nosotros estamos haciendo, incluso conseguimos un informe del CESAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria) N° 10 que actúa en Parque Patricios para acreditar con pruebas la situación de vulnerabilidad que están sufriendo las familias de Santa Cruz. Y el juez lo único que hizo es: ‘bueno, al momento del desalojo, infórmese al Ministerio de Salud de la Ciudad para que también esté ahí participando. Pero nadie, está suspendiendo en este momento esta medida”.
La abogada dio cuenta de la protección que la legislación da a las familias en estado de vulnerabilidad: “Nuestra normativa reconoce derechos como el interés superior del niño; pero en la realidad, cuando nosotros llevamos nuestras argumentaciones jurídicas, estas son cuestiones desoídas y no se tienen en cuenta. Estamos pidiendo y conformando, ya sea en el juicio del amparo como en los ámbitos políticos donde permanentemente las familias de Santa Cruz, La Cooperativa Francisco, El Cuerpo de Delegadas, las organizaciones, el acompañamiento de los medios comunitarios y populares, piden una mesa entre Nación y Ciudad con participación de los habitantes para que se pueda generar este dialogo y llegar a una respuesta que permita un solución pacífica de la situación. Es necesario que se visualice la situación de los desalojos”.
—LR: ¿Qué posibilidad cierta hay para que intervenga el gobierno nacional en este caso y se expida de otra manera?
—RH: En el 2015 pudimos tener tres audiencias ante el juez. Las familias se movilizaron, incluso el juez pidió una sala amplia, porque suelen ser muy chicas en el fuero Civil. Participaron sus habitantes, representantes, organizaciones, y el cura del barrio. En ese momento logramos una articulación con la Secretaría de Acceso al Hábitat. Se estaba terminando el mandato de, en ese momento, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ese camino que se había empezado a construir hasta presentando una propuesta de parte de ellos, que consistía en una partida presupuestaria para la compra del edificio, luego se vio bloqueado a partir de la asunción al gobierno de Mauricio Macri.
Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández y la creación del Ministerio de Desarrollo, Territorio y Hábitat, estábamos haciendo gestiones para poder reanudar este tipo de intervención. Pedimos al juez que se libre un oficio a este nuevo ministerio. En el mes de octubre logramos tener una reunión, y justo pasó este cambio de funcionarios con la renuncia de María Eugenia Bielsa, y la asunción del nuevo ministro (Jorge Ferraresi) así que estamos tratando otra vez de reactivar esa intervención. Creemos que es súper necesaria, sería una forma de generar una propuesta y obligar al Gobierno de la Ciudad a que también asuma su parte de responsabilidad. Lo concreto es que hoy por hoy no tenemos una respuesta concreta de ninguno de los dos gobiernos para parar este desalojo. Todos los funcionarios competentes a la temática están al tanto.

9.12.2020

Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón convocan para este miércoles 9 de diciembre frente a la Legislatura porteña para exigir la patrimonialización ya de Cromañón. A las 14, se concentrarán frente a las puertas del parlamento, ubicado en Perú al 100 de la Ciudad de Buenos Aires, donde a las 17 harán una conferencia de prensa.

A pocos días de cumplirse 16 años de la Masacre de Cromañón y a dos años de presentado el proyecto de patrimonialización, sobrevivientes y familiares piden su urgente tratamiento.
El proyecto de los familiares y sobrevivientes reclama la expropiación del espacio donde funcionó Cromañón, y en el que el 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas, para levantar allí un espacio de memoria. Desde el oficialismo porteño, manifestaron que esta iniciativa no era viable por cuestiones económicas, por lo que elaboraron un nuevo expediente por la patrimonialización, que contempla una protección estructural del edificio.
Sin embargo, ninguno de los dos proyectos fue tratado y perderían estado parlamentario a fin de año, por lo que esta tarde familiares y sobrevivientes exigirán su inclusión en el temario de las últimas sesiones de este 2020.

7.12.2020

Por Juan Borges

Federico Ravina, abogado de la víctima de violencia institucional Fernando Carrera, dialogó sobre el emblemático caso conocido como “la Masacre de Pompeya”. El 25 de enero de 2005, Carrera conducía su Peugeot 205 cuando sufrió la persecución de agentes policiales -vestidos de civil- que lo confundieron con otro vehículo que perseguían por un robo.

Luego de que Carrera intentara escapar de quienes creía que era un grupo de delincuentes, los efectivos dispararon brutalmente contra su vehículo. El ataque con armas de fuego provocó la embestida del su vehículo contra dos mujeres y un niño que fallecieron en el cruce de Avenida Sáenz y Esquiú. Allí comenzaron los intentos de la fuerza de seguridad de encubrir el crimen policial que terminaron con Carrera preso.
¿Qué balance haces sobre los hechos de la llamada “Masacre de Pompeya” y el derrotero judicial?
FR: Tengo sentimientos encontrados sobre el balance de la causa que nos tocó militar, defendiendo a Fernando Carrera.
Por un lado, brotan sensaciones de impotencia ante la impunidad manifiesta de un Poder Judicial que decidió concluir la causa, absolviendo y liberando a un inocente tras las rejas, dejando impunes a los verdaderos responsables de tanta muerte, sangre y dolor.
Sin perjuicio de esto, rescato el enorme compromiso colectivo que permitió poner en la agenda pública, la terrible injusticia que vivía Fernando tras las rejas y la de su familia encerrada en tremendo dolor.
Pudimos, en primer lugar, dar vuelta la condena mediática, para luego lograr que el Poder Judicial (a través de la Corte Suprema en dos oportunidades y luego de más de 12 años de lucha), aceptara que se trató de una causa armada policial con complicidades judiciales y de los medios de comunicación.
Rescato el producto audiovisual de la película “El rati horror show”, que puso en evidencia una práctica policial, judicial y mediática, y que trascendía al caso concreto y mostró el funcionamiento corporativo de un poder judicial, alejado de cualquier concepto cercano al de “administrar justicia”.
Lamentablemente, terminando el año 2020, todo sigue igual, pero nos queda la experiencia de saber que se le puede ganar.
Está en nosotros.
¿Qué mirada tiene sobre los casos de violencia institucional sucedidos en los últimos tiempos?
FR: La violencia Institucional aumentó exponencialmente durante los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y sus secuaces.
Lo medios masivos de comunicación, difundiendo hechos de inseguridad en forma irresponsable, construyeron la respuesta macrista de que está bien primero disparar y después preguntar (gatillo fácil). Se desarticularon las Unidades especializadas del Ministerio Publico Fiscal sobre violencia institucional y los jueces de nuestro querido país, continuaron avalando muchísimas muertes injustas y sus impunidades.
¿Cuáles considera que fueron los casos emblemáticos de violencia policial durante la gestión macrista?
FR: Todos los casos injustos impactan, pero la muerte de Rafael Nahuel, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado fueron un punto de inflexión.
No me puedo olvidar de las terribles imágenes del efectivo policial Chocobar asesinando a un muchacho, tirado en el suelo, desarmado y herido.
La responsabilidad de los gobernantes, fue determinante.
¿Cómo observa actualmente a la justicia y que aspectos es necesario reformar?
FR: El Poder Judicial es muy precario e injusto. Es necesario reformular el rol de las fuerzas de seguridad, dentro del organigrama de los jueces. Pienso en una policía judicial y en jueces que trabajen con la responsabilidad y el debido control de cualquier funcionario público.
Los fiscales deben tener protocolos de investigación cuando intervengan fuerzas represivas del estado en la comisión de cualquier delito.
Por supuesto que no me cierra que ningún funcionario tenga cargo vitalicio. No me gustan las monarquías.

7.12.2020

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que Horacio Rodríguez Larreta pretende recortar los días de recolección de basura: «Es un mamarracho más del candidato de Clarín y La Nación«, disparó el dirigente sindical.

Sobre ello, remarcó que el jefe de gobierno porteño «le cobra a los laburantes que consumen con la tarjeta de crédito y ahora quiere recortarle uno o dos días a los trabajadores de la recolección. Que Larreta no le toque ni un peso al gremio de los camioneros porque ya sabemos cómo va a ser la reacción«.
En diálogo con El Destape Radio, Moyano aseveró: «No entiendo la locura de ajustar salarios y condiciones de trabajo. Puede haber un colapso de residuos en caso de tormenta«.
Por otro lado, el líder sindical se refirió al futuro de la CGT: «El país necesita la unidad del movimiento obrero para bancar lo que se viene. Necesitamos una CGT que acompañe, critique y lleve propuestas al gobierno. El año que viene la oposición va a salir con todo a desestabilizar. Es un año electoral y no podemos olvidar que el macrismo fue el gobierno más nefasto para los trabajadores y los jubilados», subrayó

3.12.2020

El Dr. Alejandro Hakim falleció hoy de un infarto mientras marchaba junto a sus compañeros hacia la sede del Gobierno porteño. En el día del médico y en el marco de un paro del personal de salud que se encuentran reclamando por “salarios dignos” y el reconocimiento de la carrera profesional, entre otras demandas.

Hoy es el día del médico y para los médicos y todo el personal de salud es un día de lucha y los encontró de paro y en la calle. Marchando a la sede del Gobierno porteño, el Dr. Alejandro Hakim, Jefe de Obstetricia del hospital Ramos Mejía, falleció de un paro cardiaco rodeado de sus compañeros que no pudieron salvarlo. “Tendríamos que estar atendiendo en el hospital, pero no, tenemos que salir a la calle a protestar por los magros salarios, mientras damos nuestra vida por la salud pública”, decían sus compañeros.
En la sede del Gobierno porteño, en la calle Uspallata, se congregaron para reclamar todo el personal de salud de la Ciudad. Los médicos exigiendo un aumento salarial acorde a la inflación, el personal de enfermería por el reconocimiento como carrera profesional y los residentes y concurrentes contra la precarización de sus condiciones de trabajo.
En medio de la pandemia y con un sistema de salud en crisis, donde el personal de los 34 hospitales porteños se pusieron al frente de salvar vidas, generó un estrés particular, desgaste, cansancio y como si esto fuera poco tuvieron que lidiar todo el año con protestas para conseguir los materiales de protección sanitaria, refacciones edilicias acordes a la pandemia, un sobre trabajo en guardias, el multi empleo y todo sin poder llegar a fin de mes con salarios muy por debajo de la canasta familiar.
Los residentes y concurrentes, realizaron una asamblea para discutir los pasos a seguir. La misma fue cruzada por el dolor y la bronca por el fallecimiento de su colega médico del Ramos Mejía. Junto con esto repudiaron a la conducción de la Asociación Médica por su falta de unidad con el resto del personal de los hospitales y por su tibieza en encarar el fallecimiento de su compañero.
En dicha asamblea, se hizo presente la diputada porteña del Frente de Izquierda, que se acercó a llevar la solidaridad de su bloque ante la lucha de todo el personal de salud.
Hoy es un día donde todo el personal de salud recuerda a sus compañeros fallecidos por Covid-19. Dieron su vida salvando vidas, mientras los gobiernos los felicitan en conferencias de prensa y los denominan “los esenciales” los tratan como descartables. El dolor y la bronca recorre la movilización y la pelea seguirá.