Comunicadores del Sur

16.11.2020

Carlos Elías, referente de la Agrupación Celeste del sindicato de municipales denunció ante el Ministerio de Trabajo a SUTECBA por incumplir la ley de cupo femenino otorgando apenas un 15% de su cuerpo directivo a mujeres.

El planteo realizado al ministro de trabajo Claudio Moroni, por la agrupación opositora del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA, comienza subrayando que “desde nuestro espacio sindical estamos convencidos del camino adoptado para revertir situaciones que postergan derechos”.
Tras señalar que el “Gobierno Nacional y la mayoría de los Argentinos estamos construyendo un país más justo e igualitario para todos, todas y todes”, afirma, la nota firmada por Carlos Elías, que el gremio de los municipales porteños otorga apenas un 15% de su cuerpo directivo a mujeres.
La ley de Cupo Femenino Sindical N°25.674 establece que “la integración obligatoria de mujeres en cargos electivos y representativos de las organizaciones sindicales determinando que el porcentaje femenino será de un mínimo de 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores y trabajadoras” y que en el caso que la cantidad de trabajadoras no llegase al 30% la representación en los cargos deberá ser proporcional a esa cantidad.
Además, la norma contiene dos pautas que constituyen una garantía para el sancionado “cupo”:
• Las listas que se presentan deben incluir mujeres en los porcentuales aludidos en lugares que posibiliten su elección.
• No se oficializarán las listas sindicales que se presenten y no cumplan con los requisitos indicados precedentemente.
La ley de Cupo Femenino Sindical N°25.674 fue sancionada el 65 de Noviembre 6 de 2002 de tal modo que la nota elevada a la cartera de trabajo por la agrupación celeste da cuenta que el SUTECBA tras 18 años no logró adecuarse a la ley.
El SUTECBA cuenta con un el 45% de afiliadas y la Comisión Directiva del gremio está compuesta por 22 hombres y solamente 4 mujeres.

16.11.2020

El sindicato docente respondió públicamente las preocupantes declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad, exponen la búsqueda de dividir a docentes de las familias y señalan que sólo «usa el Ministerio de Educación como plataforma electoral.»

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, homologando a Esteban Bullrich y a María Eugenia Vidal, le declaró la guerra a los docentes buscando mostrarse aliada de las familias. La fórmula es esquivar los grandes conflictos de la gestión macrista en materia educativa, apuntando a la extracción social de los docentes, a sus organismos sindicales y hasta a su edad. «Hablan como gerentes de una comunidad educativa a la que maltratan, espían y persiguen desde hace 13 años y a la que odian por no poder doblegarla.», afirman.
La Unión de Trabajadores de la Educación no dejaron pasar las escandalosas declaraciones y la compararon con el presidente brasileño: «A lo largo de toda la charla, la funcionaria hizo explícito su desprecio por quienes llevan adelante la tarea cotidiana de enseñar y dejó expuesto el programa educativo de la derecha en la Ciudad, en línea con muchas de las medidas que adopta Jair Bolsonaro en Brasil.»
Otro momento fuerte de la entrevista circuló en torno al llamado que hizo la ministra a que las familias acusen a docentes que enseñen sobre cuestiones de interés político o social: «Responsabilizó a toda la docencia de la Ciudad por las falencias del sistema educativo y convocó a las familias a denunciar docentes.»
Y les recordaron el «espíritu» de escuchar conversaciones ajenas, cuestión por la que se investiga judicialmente a la gestión macrista: «Una vez más intentan enfrentar a docentes con familias e incitan y fomentan una «caza de brujas» en prácticas oscurantistas propias de otras épocas. La persecución es una práctica habitual en cada una de sus gestiones. Lo hicieron cuando le pedían a los rectores que enviaran a las comisarías las listas de las y los estudiantes que reclamaban mejoras edilicias. Lo hacen con las cooperadoras escolares que no les gustan, como en el caso de la Escuela «Álvarez Thomas» y lo repiten cuando pretenden cerrar 40 secundarios nocturnos o los 29 Profesorados.»
También señalan el cuestionamiento a los «contenidos socialmente significativos» y el enfrentamiento con las organizaciones sindicales a las que acusan «de ser obstaculizadores de las prácticas educativas y de impedir de forma violenta cualquier transformación.»
La ministra Acuña retomó la pelea por la formación docente, aseguró que el problema radica en la edad de entrada a los terciarios, que se basaría en supuestos fracasos en otras carreras y aseguró que por ser «pobres» son «carentes de capital cultural» y «nunca llegarán a la universidad».
La UTE expuso el doble discurso que pareciera tener perspectiva de género pero en las cuestiones por las que lucha el feminismo mira para otro lado: «Habla de una economía con perspectiva de géneros mientras mantiene congeladas desde hace 8 años las asignaciones familiares y no construye escuelas infantiles para que las hijas y los hijos de las mujeres trabajadoras puedan tener acceso igualitario a la educación y al trabajo.»
«La Ministra no asume ninguna responsabilidad: nada dice acerca de la falta de inversión, de la baja sistemática del presupuesto educativo, de los graves problemas de infraestructura, de la falta de vacantes, del intento de cierre de escuelas, o del recorte de los programas socioeducativos, entre otros tantos aspectos de su gestión. Tampoco se cuestiona la falta de incentivo a la carrera docente y la precarización del sistema impulsada durante los años que lleva al frente del Ministerio de Educación porteño.»
«Larreta y Acuña viven en campaña, ocultan el fracaso de las burbujas educativas y la falta de apoyo para iniciar las clases el 17 de febrero, poniendo el marketing y las mentiras mediáticas por encima de educación y la salud.», exponen

16.11.2020

Trabajadores y las trabajadoras de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en ATE anunciaron un paro de actividad para mañana, sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo a la paritaria del 5 % y en reclamo del pase a planta permanente de todo el personal de enfermería contratado para enfrentar la pandemia.
La huelga fue confirmada por Héctor Ortiz, delegado gremial en el Hospital Durand y referente del Frente de Salud en ATE en Ciudad de Buenos Aires, quien precisó que la medida de fuerza será «por 24 horas».
En declaraciones, precisó que la medida de fuerza prevista para mañana afectará los servicios en todos los Hospitales de la Ciudad, sin asistencia a los lugares de trabajo, donde dejarán una guardia mínima para las urgencias.
En ese marco, Ortiz enumeró las demandas de los trabajadores de la salud: «rechazamos la paritaria de Horacio Rodríguez Larreta, que otorga un 5% para todo el año 2020 y exigimos el aumento salarial acorde a la inflación con retroactivo al mes de abril».
«Reclamamos que se otorgue un bono de fin de año para todo el equipo de salud de la Ciudad; el urgente pase a planta permanente de todo el personal de enfermería contratado por pandemia y la inclusión a la carrera profesional de enfermería, bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos», precisó.

15.11.2020

Por Marilina Arias y Carlos Platkowski

Luego de asambleas, movilizaciones, gran apoyo de organismos y referentes de Derechos Humanos y diversas presentaciones judiciales, la justicia dispuso prorrogar la fecha de desalojo previsto para el 18 de noviembre. Vamos por “Techo por Techo”.

Mediante una resolución firmada pasadas las 23hs de este viernes, a horas de la movilización, la jueza Carla Cavaliere, a cargo del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°17, dio marcha atrás con el desalojo que estaba previsto para el 18 de noviembre.
Ahora, la jueza de la causa fijó un plazo que vencerá el 25 de noviembre a las 11hs para que se realicen nuevas propuestas de solución al conflicto y, a partir de eso, definir una nueva fecha para el desalojo. Con un gran apoyo se logró ganar tiempo para fortalecer la lucha contra el desalojo, por vivienda y unir al barrio por una verdadera urbanización que incluya a todos y todas.

¿Qué cambió para que se produzca esta prórroga?

En primer lugar, las familias de El Hotelito salieron al barrio convocando a enfrentar el desalojo y a luchar por vivienda digna. Así fue que se dió una asamblea de mujeres y solidaridad el 7 de noviembre en el Barrio, que mostró el amplio apoyo entre sus vecinas y vecinos, organizaciones del barrio, sindicales y políticos y también de otras luchas por vivienda como Guernica. Las mujeres de El Hotelito, que todas las semanas cocinan ollas populares para todo el barrio, lograron forjar en esta asamblea los primeros pasos de unidad en un barrio donde el problema habitacional es tan estructural como dramático.
El apoyo y la solidaridad continuaron con un “Amicus Curiae”, una presentación judicial propuesta por las mujeres de El Hotelito, donde se exigía que se suspenda el desalojo y se garantice el derecho a la vivienda. La presentación fue impulsada por cientos de firmas, que seguían llegando incluso una vez ya presentado: Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo); Mirta Baravalle (cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo); Elsa Pavón (Abuela de Plaza de Mayo y Presidenta de la Asociación Anahí), Encuentro Memoria, Verdad, y Justicia, SERPAJ, AEDD; APDH Nacional; Liga Argentina por los Derechos Humanos, CEPRODH, Colectivo Memoria Militante; CADEP; CADHU; Comité de Acción Jurídica (CAJ); CORREPI; APEL; Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo; HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma; Hijos Capital; entre otros.
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El Amicus Curiae incluye la adhesión de cientos de firmas, entre las que se encuentran las organizaciones del barrio, como la Mesa de urbanización participativa y rotativa del Barrio Padre Carlos Mugica; Casa Popular Las Mirabal – Villa 31 bis; Proyecto Habitar; Consejerías de vivienda; Coordinadora por la Vivienda Digna; Corriente Villera; JP rebelde comuna 1; Centro cultural Martín Fierro; Centro de Jubilados Tital, “La escuelita” Asociación Civil Voluntades; Urbana Tv; Peronismo x la ciudad-Barrio 31; Cuidadoras comunitarias UTEP; Tupac Amaru Buenos Aires; Casa de las Brujas MPD; entre otras.
La lucha contra el desalojo adquierió tanta fuerza que se sumaron más firmas, como: la Comisión Directiva del Sindicato Docente Ademys; Angélica Graciano Secretaria Gral. de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE –CTERA); Eduardo López Secretario Gral. CTA CABA; Claudio Marín, Secretario Gral. Adjunto de FOETRA Bs. As.; Candelaria Botto y Natsumi Shokida de Economía Feminita; Daniel Catalano, Secretario Gral. de ATE Capital, Eduardo Saab, Delegado General de LATAM; Martín Brat, Delegado GPS (Aerolíneas Argentinas); Marilina Arias, Miembra del Consejo Directivo de ADEMYS; Virginia Espeche, docente, delegada de UTE; Brenda Hamilton, Consejera de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA); y siguen las firmas.
Se sumaron también las organizaciones políticas de la ciudad donde se encuentras las y los legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Alejandrina Barry del PTS, Gabriel Solano del PO y (MC) Laura Marrone de IS; Victoria Montenegro y María Bielli del Frente de Todos junto a decenas de Comuneros; Víctor Cantero del Partido Justicialista, Comuna 1; Nueva Mayoría – Frente Patria Grande; entre otros. Mientras que los diputados, a su vez, llevaron la misma preocupación a la Legislatura porteña.
A su vez, la suspensión del desalojo también fue solicitada por la Defensora Penal Oficial Marina Kornzaf, la Defensora del fuero Contencioso Lorena Castro Feijoo, les Asesores Tutelares Mabel López Oliva y Rodrigo Dellutri, y el Defensor del Pueblo Alejandro Amor. Todas estas presentaciones coincidieron además en que era necesario encontrar soluciones habitacionales para las familias de El Hotelito. Estas intervenciones en la causa permitieron demostrar que de un lado está Larreta y del otro miles de acompañamientos con las familias de El Hotelito.
A la par, se desarrolló una fuerte campaña en Centros de estudiantes universitarios, en las escuelas y en los sindicatos que permitió llevar donaciones a El Hotelito y expresar una importante muestra de solidaridad y unidad entre estudiantes y trabajadores ocupados y desocupados.
Esta unidad se volvió a demostrar este viernes, pocas horas antes de que la jueza Cavaliere firme la prórroga del desalojo: las mujeres de El Hotelito encabezaron una movilización por el barrio y se dirigieron a la SISU en el Polo Educativo del barrio. Participaron distintas organizaciones del barrio y sindicales, como sindicatos docentes, trabajadoras de Latam en lucha y partidos políticos, demostrando que estas mujeres no están solas y están dispuestas a plantarse frente a las maniobras del Gobierno y a dar la pelea hasta el final por una vivienda digna para sus familias, uniéndose a las del conjunto del barrio “vamos a luchar, todos unidos por vivienda digna ya” cantaban en su paso por la feria.

Las propuestas de solución al conflicto y la nueva etapa que se abre

Con la postergación del desalojo y hasta el plazo que vence el 25 de noviembre a las 11hs, aumentarán las presiones del Gobierno porteño para intentar bajo la extorsión dividir a las familias. Ya lo vimos en Guernica.
Ante una urbanización que nunca se dio en el barrio, donde denuncian que de las 2500 casas prometidas solo se realizaron unos 1300, el problema habitacional es dramático para miles de familias. Mientras el Gobierno deja que una empresa, como Flecha Bus, usufructúe un galpón, donde se podrían construir más vivienda.
“Nuestro reclamo es porque no queremos más hacinamiento en el barrio, nosotros nacimos acá, jugamos en el barrio. Y ahora estos políticos vienen y quieren urbanizar este barrio cuando sabemos que están haciendo las cosas mal. Hicieron 1.200 viviendas con 500 millones de pesos. ¿Dónde está la plata? En el barrio estamos cansados de vivir hacinados, de que la SISU y Larreta se callen. Hoy decimos basta y salimos a luchar con todas las organizaciones que nos apoyan. Ni una menos sin vivienda, vivienda para todos”, declaraba Rosalyn de El Hotelito en la marcha del viernes.
Por su parte Anto agregaba: “Hay tomas por todos lados, con la pandemia salió a flote que hay una crisis habitacional en todo el país, donde el Gobierno no se está haciendo cargo, no solo de nosotros sino de mucha gente. Lo que pedimos es una vivienda digna. A su vez, en el barrio vemos muchos despidos y desocupación, nuestra pelea también es por trabajo digno”. Como dice la bandera de los trabajadores de Latam, que acompañaron la marcha de este viernes: “Ni una menos sin vivienda, Ni una menos sin trabajo”.
Diego Fernández, secretario de integración urbana, solo les ofrece, a algunas de las familias, subsidios habitacionales, que en el mejor de los casos les alcanzan para 15 días de alquiler en hoteles. El GCBA manifestó en el expediente que existían hogares o habitaciones en alquiler accesibles por esos montos. Pero cuando se relevó el listado acompañado por el GCBA se constató que esos lugares no estaban disponibles (estaban ocupados), su alquiler era mayor al monto contemplado en el subsidio o no aceptaban niños. En otros casos les ofrecen construirles una habitación en casas de donde se fueron por situaciones de violencia. Como dicen las mujeres del “Hotelito”, eso sería “casa para hoy, calle para mañana”.
Además, estos ofrecimientos implicarán en los hechos que el Gobierno busque aprietes y extorsiones para dividir antes del plazo que vence este 25 de noviembre. De estas maniobras ya conocemos, junto a la salida represiva se encuentra también la extorsión y los aprietes, como fueron las que intentaron usar para dividir a las familias de Guernica, antes y después de la represión. O las falsas promesas incumplidas que se dieron hace años en la toma del Indoamericano donde actuaron juntos los gobiernos de la Ciudad y nacional, luego de la feroz militarización y represión.
La consigna de “techo por techo” se vuelve así una demanda vital para mantener la unidad contra las maniobras del Gobierno y lograr una solución habitacional definitiva. Y parte de una pelea del conjunto del barrio por una verdadera urbanización de todo el barrio.
El legítimo derecho a una vivienda digna no solo se encuentra reconocido en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Es además una garantía prevista en la Ley local N° 6.129, referida a la re-urbanización del Barrio Mugica: allí se establece que “las transferencia monetarias”, como es el caso de un subsidio, no constituyen soluciones habitacionales únicas y definitivas. Por su parte, dicha ley establece expresamente que “serán consideradas como una solución habitacional única y definitiva la adjudicación de viviendas” ¿Por qué pretende entonces el Gobierno que las mujeres de El Hotelito acepten propuestas que están por debajo de ese piso mínimo que establece la ley?
En la movilización del pasado viernes al Ministerio de Educación, las mujeres de El Hotelito explicaron que están peleando por el futuro de sus hijos e hijas, pero no solo de ellas, sino de todas las familias del Barrio Calos Mugica y de tantas otras tomas y reclamos por vivienda que se desarrollan a lo largo del país. “Queremos un futuro para nuestros hijos, ellos son el futuro, por eso no nos vamos a callar, por ellos peleamos por una vivienda, mientras queremos ser la voz de todas las familias del barrio y lograr unidad para la lucha”.
En ese marco, el reclamo de “techo por techo” se vuelve indispensable para luchar por una vivienda digna, en un contexto social y económico que se agrava. Se vienen días decisivos, tenemos que redoblar la movilización y la solidaridad desplegada en lugares de estudio y trabajo para frenar el desalojo y sortear las maniobras del Gobierno, se debe poner en el centro la pelea de “Techo por Techo”. La lucha de El Hotelito, de ser la pelea con las mujeres a la cabeza, por una urbanización real en el barrio, contra todos los desalojos, por vivienda digna para todos. Y esta pelea se debe unir al conjunto de las peleas de las y los trabajadores. Porque si este ejemplo de lucha se transforma en una referencia, todos estaremos más fuertes para enfrentar las políticas de una ciudad que privilegia el negociado inmobiliario de los ricos a costa del sudor de las y los trabajadores.

14.11.2020

Por Roberto Andrés

Las reformas impulsadas en Buenos Aires sobre los plásticos de un solo uso no han estado exentas de polémicas entre “prohibicionistas” y “regulacionistas”. Según recolectores, no hay proceso para hacer “el circuito de la comercialización”. Los recicladores argumentan que “las plantas no están capacitadas para el posconsumo”.

El pasado 6 de noviembre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso, aprobó un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos de un solo uso, aquellos que se calcula que tienen un promedio de uso de 20 minutos pero que tardan entre 150 y 500 años en desaparecer completamente.
La vicepresidenta de la Comisión, la diputada cordobesa Brenda Austin (UCR) ya había presentado en agosto de 2019 la iniciativa legislativa: “La contaminación por plásticos es un desafío ambiental que requiere acción inmediata. Todo el plástico que desechamos nos vuelve. Micropartículas y pedazos diminutos entran en nuestros ecosistemas y contaminan nuestra comida, agua y aire. Se calcula que comemos 5 gramos de microplásticos por semana: el equivalente a una tarjeta de crédito”.
No se trata de una iniciativa solitaria. En la Comisión de Ambiente de la legislatura porteña, tanto la banca del Frente de Todos, bajo la conducción de Cecilia Segura, como la de UCR-Evolución, bajo la conducción de Manuela Thourte, presentaron respectivamente proyectos para “reducir la generación de plásticos de un solo uso vinculados al consumo de alimentos” y “promover la transición a una economía circular”.
Sin embargo, las reformas impulsadas en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años sobre el uso de plástico no han estado exentas de polémicas y visiones cruzadas. A la oposición que la Cámara del Plástico y el Sindicato del Plástico han manifestado por el cierre de empresas y la pérdida de empleo, se suman los temores de pymes recicladoras ante los vaivenes del precio del petróleo y de las cooperativas recolectoras ante la inseguridad laboral y la exposición sanitaria.

La cruzada contra el plástico

En agosto de 2019 la Ciudad de Buenos Aires adhirió al Compromiso Global para la Nueva Economía de los Plásticos, un acuerdo impulsado por ONU Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur para erradicar la contaminación plástica desde su origen.
“La basura marina es uno de los ejemplos más visibles e inquietantes de la crisis de contaminación por plásticos que enfrentamos”, señaló Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, en el lanzamiento de la campaña. “Este compromiso es el paquete de objetivos más ambicioso que hemos visto hasta ahora en la lucha para vencer la contaminación por plásticos”.
Las noticias de animales marinos como ballenas, tortugas o aves que confunden los plásticos con alimentos se multiplican día a día. Se calcula que este material representa el 85 % de la basura marina y que cada año se arrojan más de ocho millones de toneladas a los mares y océanos, el equivalente en peso a 268 Congresos de la Nación por año.
El Compromiso Global fue firmado por 250 organizaciones, incluyendo multinacionales como Danone, L’Oréal, PepsiCo, Coca Cola y Unilever, entre otras, responsables del 20 % de todos los envases plástico a nivel mundial. También adhirieron empresas minoristas y recicladores, así como gobiernos y ONG.
Dos años antes, la ola de medidas contra el plástico en América Latina y el Caribe desembarcaba con la campaña Mares Limpios, también obra de ONU Medio Ambiente. La región cuenta con el segundo mar más contaminado del mundo con plástico, el Caribe. Para cuando fue lanzado el Compromiso Global, Mares Limpios ya agrupaba a 16 países latinoamericanos, más algunas ciudades de Brasil y México.
En la Ciudad de Buenos Aires la prohibición de la entrega de bolsas plásticas de un solo uso comenzó en enero de 2017, y para sorbetes en noviembre de 2019. Según informó el Gobierno de la Ciudad, la prohibición “evitó que más de 500 millones de bolsas por año terminen en rellenos sanitarios o en los desagües pluviales”.
Sin embargo, la medida contó con la oposición de la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP), de la ONG Ecoplas, vinculada a Dow Chemical y PetroPack, entre otras, y de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP). En síntesis, señalan que no es negocio prohibir, porque las pymes no tienen financiamiento para la reconversión tecnológica, y apuestan al desarrollo de la industria del reciclado.
Otros sectores, como los recicladores de botellas y las cooperativas recolectoras argumentan que bolsas y sorbetes “no tienen proceso para hacer el circuito de la comercialización” y que “las plantas no están capacitadas para el posconsumo”.

Una política sin transición

En septiembre de 2016 Ecoplas ya había denunciado que la inminente prohibición de bolsas era una medida “fundamentalista” y que “la mejor opción para el medioambiente y los consumidores” era “el consumo racional, reutilización y reciclado de las bolsas plásticas”.
Por su parte, UOYEP informa a sus afiliados que su objetivo como sindicato es “proteger los puestos de nuestros trabajadores frente a los proyectos de prohibición de plásticos”. Como contrapartida proponen fomentar el reciclaje y el desarrollo de la industria recicladora plástica. “Por eso dentro de nuestras actividades, trabajamos para asesorar en proyectos de reciclaje”.
“Más de 500 empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y los 12.000 trabajadores que directa o indirectamente allí se emplean, verán afectados y vulnerados su derecho al trabajo”, señaló Ecoplas ante la prohibición de bolsas. Para octubre de 2018, y ante la inminente prohibición de los sorbetes, el sector volvió al ataque denunciando la pérdida de 10.000 empleos.
Junto a la Cámara del Plástico, la ONG cuestionó los límites para una reconversión tecnológica. “Europa se tardó de cinco a diez años en la reconversión. Acá dieron tres meses para sacar las bolsas”, criticó Sergio Hilbrecht, gerente de CAIP. Mientras que Julio Bisio, directivo de Ecoplas, sostuvo que “para reconvertirse se necesita tiempo y capital. Hoy la financiación no existe y las tasas no dan para la rentabilidad del negocio”.
Para UOYEP, “la mala gestión de los residuos en el mundo ha terminado por contaminar el medioambiente. No obstante, la correcta separación en origen de estos materiales y su posterior gestión son una potencial e importante fuente de empleos para la industria recicladora”.
Argentina produce unas 45 mil toneladas de residuos, de los cuales el 12 % corresponde a plásticos. Hoy la industria plástica tiene el 50 % de capacidad ociosa para trabajar en el reciclado. En ese proceso se podría reciclar más de un millón de toneladas de plásticos. Sin embargo, el conflicto es mucho más complejo que el expuesto entre los “prohibicionistas” y los “regulacionistas”.

La vulnerabilidad del reciclado

Carlos Briones, gerente institucional de Ecopek, planta recicladora de botellas que abastece a Coca Cola, informó a este medio sobre la vulnerabilidad comercial del reciclado. “El galón del barril de petróleo hasta el 2015 estaba en 100 dólares, pero por una pelea entre los americanos y los árabes ese año se fue a menos de 30 dólares. Esto hizo que los insumos para fabricar los plásticos bajaran”.
Al bajar el precio de los insumos, baja el del producto, pero también el del reciclado, “porque los costos de mano de obra, de energía, flete, seguro, impuestos, todo estaba a un valor que no bajó, y la única alternativa que hubo fue la de bajar el precio de la botella usada”.
“Cuando hicimos eso, los recuperadores empezaron a bajar la recolección, se dedicaron más al papel y al cartón, que, si bien valen menos que el plástico, en un bolsón se pueden meter muchos más kilos bien dispuestos”, agrega.
“Tenemos un gran porcentaje de material reciclable que es plástico”, señala Leonor Larraburu, presidenta de la cooperativa 18 de abril y comisión de El Amanecer de los Cartoneros. En diálogo con LID, Leonor indicó que el problema de su sector consistía en una irregularidad de los precios ante el comprador.
“Nosotros nos tomamos el trabajo de preparar la botella según las exigencias de la industria, que son como cinco horas de trabajo. Eso vos me lo tenés que pagar a mí como se lo estas pagando a cualquier otra cooperativa. Nos unimos todas las cooperativas para pelear un mejor precio a todos por iguales”, aclara.
Leonor también nos explica sobre otro punto débil del reciclado: “La prohibición del plástico de un solo uso, como los sorbetes y bolsas, a nosotros no nos afecta en nada, porque no tienen proceso para hacer el circuito de la comercialización que nosotros tenemos”.
“Los plásticos chiquitos, las bolsas que son muy volátiles… yo estoy medio de acuerdo con ir reduciendo su producción e ir remplazándola por alternativas mucho más sustentables”, agrega Alejandro Valiente, del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
En diálogo con este medio, Valiente señala: “El sorbete no hay quien venga a comprártelo. La Cámara del Plástico te va a decir que es reciclable. Su organismo técnico Ecoplas dice que es todo reciclable. Técnicamente es cierto, pero eso no quiere decir que haya una industria dispuesta a comprarle a una cooperativa de cartoneros un sorbete usado para reciclar. La bolsa de polietileno sí, se puede incorporar a un proceso de recuperación para hacer bolsas de consorcio o baldes de albañilería”, agrega.
“Acá el problema grave que hay en general es que las plantas no están capacitadas para el posconsumo. Entonces, no compran, y compran posindustrial”, se queja Carlos Briones. A diferencia del cartón, papel, vidrio o aluminio, “los materiales más nuevos como el plástico se tratan en plantas más nuevas. Ese uso se disparó, pero no hubo un acompañamiento en el conocimiento y el tratamiento de estos materiales”.
Desde hace varios años se han venido implementando toda una serie de reformas contradictorias en CABA sobre el tratamiento de residuos. Para habilitar la incineración de basura (una iniciativa polémica que generó una amplia oposición de ambientalistas, recicladores y organizaciones sociales) el Gobierno quiso modificar la Ley de Basura Cero de 2007.
Esta ley permitió el reconocimiento de los trabajadores recolectores y recicladores, lo que concedió a su vez a las cooperativas la responsabilidad de recolectar y separar los residuos reciclables en la Ciudad. Pero no ha sido suficiente.
“Desde la Federación estamos impulsando una ley de responsabilidad del productor que regule como tiene que ser el envase para que sea más fácil de reciclar, y que con ese envase se pague un pequeño impuesto para sustentar los sistemas de reciclado”, indica Valiente.
“Una ley que incluya todo lo socio-comunitario, el reciclado”, agrega Leonor. “Armar un combo de todo con una ley que lo ampare y que nadie se quede afuera. Porque tenemos más de cinco mil compañeros que no están reconocidos a pesar de estar prestando un servicio a la Ciudad”.