Comunicadores del Sur

10.3.2021

Luego del caos en el primer día de vacunación a adultos mayores, la CTA de la Ciudad disparó contra el Ministro de Salud porteño y pidió su renuncia. “Quirós vuelve a demostrar su incompetencia como funcionario público”, apuntaron.

El plan de vacunación a adultos mayores en CABA evidenció una enorme desorganización del Gobierno porteño y su consecuente colapso: bajo el rayo del sol, cientos de ancianos realizaron filas de hasta tres horas para poder vacunarse, lo que derivó en desmayos y descompensaciones en las afueras del Luna Park, en la sede del Club San Lorenzo de Almagro y en otros vacunatorios.
Luego del caos del primer día de vacunación, la CTA de la Ciudad publicó un duro comunicado contra Quirós, Ministro de Salud de CABA, mediante el cual pide que abandone su cargo. “Exigimos la renuncia de Fernán Quirós, quien parece ocupar su cargo sólo para beneficiar a intereses privados y no para cumplir su función de garantizar el acceso a la salud pública”, expresaron.
Asimismo, la central obrera que conduce Eduardo López apuntó directamente contra los responsables políticos de tamaña desorganización y declaró: “El sistema de vacunación para adultos mayores implementado por el Gobierno de Rodríguez Larreta y su Ministro de Salud, Fernán Quirós, demuestra el fracaso total de su gestión sanitaria”, al tiempo que señaló que “el desprecio de Larreta y Quirós por el derecho a la salud se agrava en el caso de los adultos mayores”.
Además, el escrito también mencionó la “privatización de vacunas” de la administración porteña. “Al desvío de dosis a empresas de medicina prepaga como “Italiano Salud”, a la que pertenece el mismo Quirós y a la demora en la aplicación de vacunas a mayores, se suma un operativo desastroso”, expresaron.
“Mientras en otras jurisdicciones avanzan con rapidez en la inmunización de personas de riesgo, Fernán Quirós vuelve a demostrar su incompetencia como funcionario público exponiendo la vida de miles de ciudadanos de edad avanzada”, concluye el escrito.

9.3.2021

El Gobierno de Larreta continuó este martes con el plan de vacunación a mayores de 80 años tan mal organizado que los adultos mayores debieron hacer filas interminables bajo el sol.

Este martes comenzó una nueva jornada de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño fue dando turnos a mayores de 80 años y para evitar la concentración dispuso distintos centros como vacunatorios, sin embargo la precariedad y falta de protocolos poniendo en riesgo la salud de los adultos mayores fue la noticia del día.
Es que como ellos mismos denunciaron que debieron esperar por horas para lograr ser vacunados, sin distanciamiento social dentro y fuera del predio, al ingresar continuaba el amontonamiento pero esta vez en un lugar cerrado y con mala ventilación.
Esto sucedió en cada uno de los vacunatorios habilitados por la Ciudad “Las imágenes de todas esas personas esperando una vacuna al sol, sin distanciamiento, son la comprobación de la denuncia que venimos haciendo: la vacunación privatizada, tercerizada, genera una desigualdad brutal” denunció la legisladora porteña Myriam Bregman y advirtió que “El sistema de vacunación de Larreta se debate entre la privatización y el desastre”.
Viene a la mente el vacunatorio vip del Ministerio de Salud nacional y el contraste genera más indignación, mientras las mayorías siguen con la incertidumbre de no saber cuándo podrán inmunizarse, los Gobiernos sea de un lado u otro de la grieta siguen beneficiando a unos pocos. Como lo denuncia Alejandrina Barry diputada porteña del FIT: “Otra forma cruel como se expresa el vacunatorio vip aquí en CABA también. Si tenés prepaga y sos amigo del poder accedés a todo. Si sos jubilado y no podes pagar tenés que correr estos riesgos y desprecio”.
Desde que llegaron las primeras vacunas al país se vio todo tipo de irregularidades. Cuando de sostener privilegios se trata, aunque sea a costa de la salud de millones, desparecen las grietas, demuestran a las claras el desprecio contra el pueblo trabajador. Por eso es indispensable la liberación de las patentes, para que se produzca lo que se necesita y no lleguen vacunas a cuenta gotas.

9.3.2021

En el marco de la jornada de lucha y visibilización en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sindicatos, organizaciones políticas y sociales de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una conferencia de prensa frente a la Legislatura porteña, en la que llevó adelante la lectura conjunta a un documento que reproducimos a continuación.

Las organizaciones convocantes expresamos con preocupación el estado de situación de las mujeres y personas LGBTTI+ trabajadoras de la CABA. Este 8M paramos y exigimos respuestas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Las mujeres y personas LGBTTI+ padecemos desigualdades estructurales en torno al trabajo, que se han visto profundizadas y agudizadas durante la pandemia y requieren de políticas públicas urgentes para erradicarlas. La desocupación en la CABA es uno de los problemas centrales y la inserción laboral de les jóvenes es un tema que debe estar en agenda. Especialmente, para las mujeres jóvenes de la Ciudad, donde las cifras de desempleo son aún más alarmantes. Al tiempo que dentro de la población de jóvenes asalariadxs, 3 de cada 10 están en situación de precariedad laboral.
La tercerización en el GCBA es un problema acuciante porque genera mayor precariedad en las condiciones de trabajo, así como la instalación del teletrabajo sin regulación clara con el gasto extra de servicios recayendo en trabajadoras.
¡Los salarios de les trabajadores estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza! Exigimos al Estado de la Ciudad que el trabajo estatal sea valorado en su magnitud. Es urgente la recomposición salarial y pase a planta de todas las personas contratadas bajo modalidades precarias. La precariedad laboral se acentúa aún más en la población travesti y trans, donde las jóvenes viven en casi un 90% de la prostitución/trabajo sexual. Exigimos la implementación del cupo laboral travesti-trans en la administración pública de la Ciudad, en cumplimiento de la ley 4.376.
Sabemos también que el trabajo de casas particulares es uno de los sectores que más afectó la emergencia sanitaria en la CABA y que, en su gran mayoría, son mujeres desarrollando estos trabajos. En el tercer trimestre de 2020, hubo una fuerte reducción de las ocupadas en esta labor (38 por ciento en la comparación interanual).
En su discurso de apertura de sesiones legislativas, Larreta habla de modificar las desigualdades estructurales pero sólo propone «capacitaciones» para que las mujeres puedan acceder a trabajo con derechos. Como si el problema fuera nuestra falta de capacitación.
La principal dificultad que afrontamos son las tareas de cuidado que recaen sobre nosotras: el trabajo no pago que nos impide dedicarnos a tareas remuneradas y que se traduce en mayor carga mental y en una sobrerrepresentación en los índices de pobreza y precariedad. Esto se profundizó con la nueva vuelta a clases y los horarios partidos y reducidos. Más logística, más viajes que dependen de nosotras. La escasez de servicios de cuidado públicos y/o en los lugares de trabajo vulnera aún más a las mujeres que nos ocupamos de las tareas de cuidado. A los cuidados de los infantes le sumamos la falta de políticas públicas para transitar una vejez digna, cuya consecuencia es que los cuidados de adultes mayores recaigan en las mujeres jefas de hogares. La falta de derechos redunda en multiplicación de tareas hacia nosotras, quienes debemos sostener multiplicadas y solapadas las jornadas de trabajo – cuidado por eso, en la Ciudad también necesitamos un sistema integral de cuidados.
Si algo puso en evidencia la pandemia, fue la esencialidad del trabajo comunitario: las trabajadoras de los comedores y merenderos comunitarios, las educadoras populares, las promotoras de salud y de género sostienen diariamente una red de cuidados en los barrios populares de la ciudad sin reconocimiento salarial ni institucional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las compañeras de las organizaciones sociales se sostuvieron en la primera línea cuidando a su comunidad en condiciones de extrema precariedad ante el desamparo del Estado.
En este sentido, demandamos el reconocimiento del trabajo comunitario en salud, en asistencia alimentaria, en educación popular y en promoción y prevención en violencia de género que realizan fundamentalmente adelante por mujeres, travestis, lesbianas y trans y cumple una función primordial en el cuidado de la vida de adultxs mayores, mujeres en situaciones de violencia, niñes y jóvenes. Garantizar alimentos, escucha, acompañamiento, sostén generando espacios de promoción de derechos resulta esencial. Este trabajo que lleva décadas invisible debe ser reconocido, valorado y remunerado por el Estado. Por eso, exigimos la sanción de la Ley Betty de promotoras territoriales.

Paramos en defensa de la educación pública

La vuelta a clases presenciales vulneró aún más el derecho de les trabajadores de la educación, un sector ampliamente feminizado. Se triplicaron las jornadas laborales, con formato mixto (virtual y presencial), y no están garantizadas las medidas sanitarias mínimas. Además, somos también las mujeres quienes nos ocupamos de llevar a les niñes a las escuelas. Ahora con las jornadas cortas y rotativas es aún más complejo compatibilizar trabajo remunerado y no remunerado.
A ello se suma el ya histórico problema de falta de vacantes para les niñes principalmente en el nivel inicial en la escuela pública, lo que se extiende al resto de los niveles. En la actualidad, además, la situación se agrava con la demora en la asignación de micros escolares que para quienes ingresan a primer grado o preescolar.
Durante la pandemia, desde las organizaciones sociales se sostuvieron espacios de educación no formal que se encargaron de garantizar el acceso al derecho a la educación en los sectores populares. Queremos la incorporación de esas experiencias al sistema educativo formal a través del reconocimiento del trabajo que llevan adelante, fundamentalmente, mujeres educadoras populares.
Larreta también se refirió a la violencia por razones de género y defendió los dispositivos existentes en la Ciudad. Sin embargo, sabemos que estos son insuficientes, sólo están pensados para mujeres cis, tienen poco despliegue territorial, no trabajan desde la integralidad ya que son espacios tercerizados que dependen de distintas ong o asociaciones civiles y sus trabajadoras carecen de derechos laborales mínimos. Les trabajadores de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad (DGM), hace años que vienen exigiendo condiciones laborales dignas. Están contratades bajo convenios de asistencia técnica, tienen sueldos por debajo de la canasta básica, no cuentan con paritarias, ni con ART. Exigimos condiciones laborales dignas para estxs trabajadorxs y más y mejores dispositivos para el abordaje de las violencias por razones de género. Las líneas de CABA para denunciar funcionan de modo deficiente. Los CIMs, refugios y casas de medio camino están en pésimas condiciones habitacionales. La falta de equipos y condiciones de infraestructura para el funcionamiento de los CIM redunda en una atención mínima que impide el acceso a derechos.
Además, no se piensan como políticas integrales ya que no se combinan con acciones de ingreso al trabajo, de solución habitacional o coordinación con otros ministerios y/o áreas estatales. Es necesario poner el foco en la promoción de derechos y en el trabajo como garantía de autonomía.
Las promotoras territoriales contra la violencia de género trabajan en cada barrio de la Ciudad desde la prevención de la violencia, el acompañamiento y la promoción de derechos garantizando un enfoque integral para construir vidas libres de violencia machista. Su tarea es invisibilizada por la CABA y es porque exigimos el reconocimiento salarial e institucional de las promotoras en los diversos territorios en donde desarrollan sus tareas y en articulación con los ámbitos de los CIM.

Paramos por derechos para la diversidad y una agenda de géneros para la CABA

La población LGBTTI no forma parte de la agenda en la CABA. Eso explica la falta de perspectiva que tiene la Ciudad. Sólo existe una Dirección General de «Convivencia en la Diversidad», con escasxs trabajadores y casi sin recursos propios.
Exigimos políticas reales: aumento de presupuesto, mejor estructura que articule las políticas llevadas adelante (aumento de organigrama), integralidad en las respuestas. Un buen inicio sería la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Ciudad para, al menos, estar a la altura de lo que está sucediendo a nivel nacional.
Las problemáticas habitacionales en la ciudad son estructurales y se expusieron con mayor fuerza en la pandemia. Quienes más sufren estas problemáticas son las mujeres y disidencias, que enfrentan mayores dificultades para acceder a alquileres formales o informales, lo que repercute y se vincula con otras dimensiones de su mayor vulnerabilidad. El 65% de las travestis y trans viven en habitaciones de hotel, en pésimas condiciones y con alquileres muy caros. Abusan de los cobros por su identidad de género y porque no tienen trabajos formales. Es por eso que exigimos la emergencia habitacional travesti y trans.
Mientras el GCBA enarbola dentro de sus ejes de campaña la política de integración de los barrios populares, estos procesos vienen avanzando, en muchos casos, de manera parcial y sin contemplar la participación específica de mujeres y disidencias en la definición de los procesos. Más aún, se viven situaciones como el desalojo de Norma Castillo de 79 años o la del Hotelito en la Villa 31, que exponen con toda crudeza la política represiva del poder ejecutivo, donde la policía de la ciudad intentó desalojar a las mujeres y familias víctimas de violencia de género que habían encontrado resguardo en medio de la pandemia en un edificio de viviendas vacíos del GCBA. Es necesaria una perspectiva feminista de las urbanizaciones, que pongan la vida y no la especulación inmobiliaria y los negocios en el centro.
La pandemia demostró aún más la centralidad de la salud pública para la reproducción de la vida y el cuidado de nuestro pueblo. En este contexto, fueron claves les trabajadores de la salud, especialmente les enfermeres. La enfermería es un sector sumamente feminizado, donde se invisibilizan las permanentes tareas que llevan adelante. Es por eso que exigimos que se reconozca la enfermería como carrera profesional, luego de la degradación de la carrera que se llevó adelante en 2018 por parte del oficialismo y que abrió las puertas a una mayor precarización laboral.
También exigimos que todo el personal de salud de la CABA se encuentre vacunado contra el COVID, lxs trabajadorxs de la salud de la CABA siguen dejando sus vidas en la lucha contra la pandemia mientras en otras jurisdicciones ya están inmunizades.
Es indispensable que el plan de vacunación se lleve a cabo a través del sistema público y no se privatice a través de obras sociales y prepagas. ¡Ni las vacunas ni la salud son un negocio!
Durante la pandemia el sistema de salud demostró sus falencias y fueron las promotoras de salud comunitaria quienes garantizaron el acceso a la información y promovieron los cuidados comunitarios para que las consecuencias fueran menos. Exigimos el reconocimiento institucional y económico de las tareas que realizan las compañeras a través de la incorporación de las promotoras de salud a los ámbitos de los CESAC y Hospitales públicos.
En el discurso de apertura de sesiones legislativas Larreta anunció que va a ampliar las contravenciones en la CABA para perseguir la venta ambulante. Tal como viene haciéndolo en el barrio de Once donde hace un año murió Beatriz, fruto de una persecución. Sabemos que hasta que no se produzca el traspaso de los delitos nacionales a la CABA, las contravenciones son uno de los focos para desplegar su política de hostigamiento y violencia contra les más vulnerables que se ganan el mango en la vía pública.

Firmas:
Ni Una Menos Red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21-24 y Zavaleta
Red de redes y asambleas feministas CTA Ciudad – Secretarías de Géneros CABA
AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro)
SUTEPA-Secretaría de Igualdad de Género Seccional Capital ATE Capital ATE Legislatura Mala Junta – Vamos
Abriendo Caminos La Dignidad en Movemos Espacio Puebla en Movemos
Frente Germán Abdala en Movemos
Liberación Popular
Nuestramérica Frente de Mujeres Evita CABA Partido Comunista Revolucionario
Partido del Trabajo y el Pueblo
Corriente Clasista y Combativa CABA
Partido Comunista CABA
Géneros Micaela García / Grupo Bicentenario
Centro Cultural El Sueñero
La Sublevada – Nuevo Encuentro CABA FOL – Regional Capital
La Mateada, consejería popular feminista
La Colectiva, corriente política y social
Frente de Géneros y Diversidad de Peronismo Militante
El Hormiguero
Somos barrios de pie / Marea
Victoria Montenegro – Legisladora porteña
Alma Fernández – Casa de Diana y Lohana
Ofelia Fernández – legisladora porteña
Lucía Cámpora – legisladora porteña
Maru Bielli – legisladora porteña
Laura Velasco – legisladora porteña

5.3.2021

Organizaciones de todo el país manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno de no volver a extender el decreto 320/2 que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.

Asociaciones de inquilinos de todo el país manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno de no volver a extender el decreto 320/2 que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.
En un comunicado conjunto expresaron: “desde hace meses que organizaciones de inquilinos de todo el país venimos solicitando reunirnos con el ministro para aportar miradas y propuestas para garantizar el derecho a la vivienda y a un alquiler justo de todos los inquilinos.”
“Creemos que el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo, y que tanto el decreto 320 como la reciente reglamentación del registro de los contratos en AFIP son medidas positivas. Pero también estamos convencidos que en el tiempo transcurrido se debió haber avanzado con políticas que permitieran ir transformando las condiciones de alquiler en la Argentina. Es urgente hacerlo, y más aún en un momento crítico como la pandemia de COVID 19. La propuesta del Ministro Ferraresi de un plan de construcción de viviendas a tres años es interesante pero no coincide con esta urgencia que tienen las familias más endeudadas que son más del 30% de la población inquilina”, señaló Maxi Vittar, referente de Inquilinos Córdoba.
El texto enumera las principales preocupaciones de las organizaciones:
• Nos preocupa la situación de endeudamiento de muchísimos inquilinos. Las condiciones económicas apenas empiezan a despuntar tras más de un año de pandemia. El impacto real en la recuperación del empleo y del poder adquisitivo llevará tiempo. No es factible pensar que miles de inquilinos que han perdido su trabajo o visto disminuir drásticamente sus ingresos hoy puedan afrontar el pago de los aumentos más las deudas, aún en 12 pagos.
• Nos preocupa que al día de hoy sigamos sin organismos de control a los cuales recurrir y que puedan intervenir efectivamente ante situaciones de abuso o incumplimiento de la ley. Sin organismos gubernamentales de control los inquilinos seguimos indefensos frente al sector inmobiliario, que actúa impunemente.
• Nos preocupa que tampoco se hayan puesto en funcionamiento aun los espacios de mediación del Ministerio de Justicia. ¿Piensan hacerlo en menos de un mes, el tiempo que falta para que pierda vigencia el decreto? Todo parece indicar que los desalojos serán una realidad cotidiana.
• Nos preocupa que sigan diciendo que “la construcción de viviendas será la solución”. No puede ser la única respuesta. ¡Necesitamos alquilar de forma justa ahora! ¡Necesitamos que el Estado ponga un freno a la especulación inmobiliaria ya!
“Estamos solicitando una reunión con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat para abordar estas cuestiones. Las organizaciones de inquilinos venimos construyendo una agenda de demandas y propuestas y queremos que se nos escuche”, explicó Roberto Díaz de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.
Las agrupaciones de inquilinos demandan:
1- Extensión del decreto 320/2020 hasta que se recupere la situación económica;
2- Desendeudamiento en 24 cuotas;
3- Escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas;
4- Congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como se hizo en varios países de Europa, esta medida cuida el bolsillo de los inquilinos/as (que hoy destinan un 53% de sus ingresos sólo al pago del alquiler), y frena la inflación futura;
5 – Reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social;
6- Incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC; 7- Que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad;
8- Tarifa de servicios públicos para inquilinos/as;
9- Control del Estado sobre la vivienda ociosa.
“En esta crisis de la pandemia COVID se puso de relieve la solidaridad de millones de argentinos que pusieron el hombro para entre todos poder superar esta difícil situación que nos tocó vivir. Pero también se pudo ver el egoísmo de algunos pocos que siempre están viendo qué ventaja sacar. El sector inmobiliario ve en la crisis una oportunidad para maximizar sus ya exorbitantes ganancias y opera en consecuencia. En los últimos meses vienen imponiendo alzas desmedidas de precios de los alquileres, en pos de presionar para concluir la vigencia del decreto 320 y derogar la Ley de Alquileres. Es un sector poderoso y no reconoce límites”, concluyó Germán Schierff de la Asociación Platense de Inquilinos.
Asociaciones firmantes: Inquilinos Córdoba – Asociación de Inquilinos Rosario – Inquilinxs Santa Fe – Inquilinxs Santiago del Estero – Inquilinos Tucumán – Asociación Inquilinos/as de Mendoza – Unión Inquilinos Salta – Inquilinos Lomas de Zamora – Alquiler Justo Lanús – Inquilinos Unidos Vicente López – Frente de Inquilinos de Morón – Inquilinos Avellaneda – Inquilinos de Quilmes – Inquilines Mar del Plata – Inquilinxs Tres de Febrero – Unión de Inquilinos Buenos Aires – Asoc. Platense de Inquilines – Inquilinos Entre Ríos – Inquilinos Jujuy – Unión de Inquilinos Rionegrinos – Inquilinos x Nuestros Derechos CABA – Protección de Inquilinos Ushuaia – Inquilinos San Martín

5.3.2021

La diputada del PTS-FIT denunció además la naturalización de la dolarización de viviendas impuesto por una ley de la dictadura, a días del 24 de marzo. También se refirió a la medida del gobierno nacional y al acuerdo de Cambiemos y la oposición peronista en la Legislatura.

Esta semana el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó que no extenderá el DNU que prohibía los desalojos y aumento de alquileres. Será el 31 de marzo. El funcionario presentó como alternativa la nueva Ley de Alquileres y el registro de los contratos, que no solucionan el problema estructural de la vivienda.
La diputada del PTS-Frente de Izquierda Unidad criticó hoy la medida en sus redes sociales. “Se intenta naturalizar la medida o compensarla con la promesa de construcción de viviendas, pero es un enorme golpe a las familias trabajadoras y para nada “natural””, dijo.
Entonces denunció la naturalización de la dolarización de viviendas impuesto por una ley de la dictadura, a días del 24 de marzo.
Bregman además se refirió a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde la precaria situación habitacional de miles de familias convive con cientos de miles de vivienda desocupados y los negociados inmobiliarios.
En ese marco criticó los acuerdos entre Cambiemos y la oposición peronista que favorecen a las constructoras, como las rebajas impositivas aprobadas a fin de año.