Comunicadores del Sur

27.12.2020

Por Karina Lamagna

Karina Lamagna, hermana de Diego, uno de los cinco asesinados, recuerda las jornadas de represión del 19 y 20 de diciembre, la responsabilidad del ex presidente de la UCR y la complicidad del poder judicial.

Mi nombre es Karina Lamagna. Soy hermana de Diego, uno de los cinco asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo en las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001. Como para todos los argentinos, ese año era muy difícil. Mi vieja pensionada, Diego y yo con trabajos mal pagos y en marzo la muerte de mi hermana menor de 22 años, aún no esclarecida a la fecha.
Ese año yo vivía con mi compañero en Chubut. Había ido y venido a Buenos Aires en más de cinco oportunidades por la muerte de mi hermana. En diciembre Diego se encontraba en Córdoba por la construcción de rampas de BMX. Supo ser, es aún, muy reconocido en la disciplina, uno de los mejores y un precursor. Por una cuestión económica yo no podía venir a Buenos Aires a pasar las fiestas con mi mamá entonces Diego decidió volver antes para pasar “esas fiestas con la vieja”.
El 19 de diciembre ya había visto la convulsión con saqueos en el barrio y también lo que informaba la televisión. Esas fiestas ya eran muy dolorosas porque se cumplían nueve meses del asesinato de nuestra hermana menor.
El 20 de diciembre Diego tomaba mate con mamá y vio como reprimían a las Madres de Plaza de Mayo. Se puso la gorrita y le dijo: “Me voy, esto no da para más”. Esa noche no vuelve.
Al otro día sus amigos lo reconocen muerto en la tapa del diario Clarín. Nos avisan a mi mamá y a mí. Ahí comienza nuestra peregrinación. Buscar el cuerpo, buscar, buscar, buscar. En la morgue estaba como NN. Mi mamá lo reconoce y puede llevar su cuerpo.
Comenzamos a reconstruir sus últimos pasos. Diego llegó a Avenida de Mayo y marchaba pacíficamente con la gente. La policía reprimía y efectivos de la Federal, apostados en Tacuarí, dispararon contra los manifestantes con posta de plomo. De la misma perdigonada hieren a Diego y a Gastón Riva, quien es llevado por una ambulancia. Diego es llevado en andas por la gente a Avenida 9 de Julio y cuando llega la asistencia ya estaba muerto. 27 años tenía. A 19 años nadie está preso por su homicidio.
En 2014 se inicia el juicio a la cadena de mando y a los responsables materiales por los cinco homicidios y los cientos de heridos en las inmediaciones de la plaza. Mi vieja no llegó a ver la condena ya que muere de cáncer de mama. En 2016 se condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, y a algunos de los efectivos y comisarios que actuaron. Absolvieron a otros que fueron reconocidos por las víctimas que sobrevivieron.
Desde entonces la causa quedó en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se redujeron las condenas y se ratificaron las absoluciones. Hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. El poder judicial nos ha matado sistemáticamente. Casi 19 años sin justicia, mancillando la memoria y nuestra voluntad.
Que quede claro que hubo orden del Poder Ejecutivo para reprimir y la posta de plomo fue permitida y avalada. Fernando de la Rúa fue responsable. Claudio Bonadío, después de llorar con nosotras, lo sobreseyó. La justicia es cómplice.

27.12.2020

La agrupación Vacantes para Todxs se movilizará este lunes 28 de diciembre, a las 14, frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Cerrito 760, será para pedir el juicio político a sus integrantes luego de su fallo en contra de las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública.

A través de un comunicado, desde Vacantes para Todxs expresaron: “Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. Este fallo deja afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en CABA, ya que no permite que aquellas familias que no pudieron acceder a la escuela pública por la propia inoperancia del gobierno porteño puedan reclamar a través de la justicia. Además, legitima el ajuste constante y sostenido que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña realizan desde hace trece años en materia educativa y refuerza la política privatista hacia la educación.

Reproducimos comunicado de Ademys:

La justicia porteña falla en contra del acceso a la educación. Apoyemos la lucha de las familias por vacantes.
El Tribunal Superior de Justicia de CABA acaba de emitir un fallo que va en contra del derecho al acceso a la educación pública ante la petición de una familia de una vacante para sala de dos años. Entre los fundamentos el Tribunal esgrime que quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asigna prioridad el artículo 17 de la CABA, no podrá exigir su admisión en el sistema público si las vacantes no son suficientes. Por otro lado, agrega que la obligatoriedad por parte del Estado se limita a asegurar la escolaridad de aquellos niños en situación de pobreza y exclusión, es decir, aquellos que presenten un certificado de pobreza y no puedan afrontar los gastos para una educación privada.
El fallo es aberrante por donde quiera que se lo mire y hace una diferenciación entre la escolarización obligatoria y no obligatoria sólo a los efectos de fundamentar el incumplimiento del gobierno en lo que respecta a su obligación de garantizar la educación pública desde los 45 días como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, desliga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la deposita sobre la Legislatura porteña señalando que mientras no asignen mayores fondos para la universalización del sistema educativo, el Poder Ejecutivo sólo puede limitarse a gestionar las vacantes disponibles. El fallo admite la falta de vacantes, pero omite el hecho de que, es en la misma legislatura en donde el partido gobernante, entre otros, obtura los proyectos integrales de construcción de escuelas.
Desde Ademys venimos denunciando año tras año la falta de vacantes, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras sobre las cuales aún recae el cuidado de los niños y niñas, y la forzada transferencia al sector privado obligando a las familias a pagar cuotas exuberante en escuelas de nivel inicial privadas.
Este fallo es a la medida del presupuesto de ajuste de Larreta en el cual no hay prioridad para áreas tan sensibles como educación, salud e infraestructura. Este fallo va en línea con la política privatista del Gobierno de Larreta que no sólo promueve la Educación privada sino también la precarización de la Educación, multiplicando los Centros de Primera Infancia, donde ya es requisito presentar un certificado de pobreza, en lugar de construir jardines.
Exigimos la construcción de escuelas y acompañamos a las familias que luchan por vacantes.

Reproducimos comunicado de UTE-CTERA:

Fallo judicial en contra del acceso a la educación pública
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad acaba de fallar contra las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública.
Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada.
El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021.
La Constitución porteña es muy clara al respecto y en su Artículo 24 establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.
Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos.
Con el recorte presupuestario, la persecución judicial a las y los docentes y los fallos hechos a la medida del macrismo-larretismo, el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia de la Ciudad ya no disimulan que tienen una política común para destruir la escuela pública.

25.12.2020

Por Horacio Cao y Alejandro Otero

La decisión de Mauricio Macri de aumentar las transferencias de recursos a la Ciudad de Buenos Aires generó la reacción del resto de las provincias, que consideraron arbitraria e injusta esta alteración unilateral y de hecho de la coparticipación. Entre otras cosas, esto le permitió a la CABA, el distrito más rico del país, bajar impuestos en medio de la crisis económica. El proyecto que aprobó el Congreso busca corregir esta realidad, pero no alcanza para consolidar un régimen federal que, más allá de esta situación puntual, acumula déficits y asimetrías.

Esto no siempre fue así. Hasta mediados del siglo pasado, la Nación explicaba el 80% del gasto y el 80% de los ingresos. Desde ahí en adelante, los procesos de transferencias de funciones hacia las provincias (salud, educación, etc.) fueron incrementando sus niveles de gasto, pero no hubo un camino paralelo en la adecuación de los recursos. Esto rompió la triangulación territorial que desde fines del siglo XIX ejercía la Nación: tomaba recursos del “centro” pampeano para financiar las economías regionales (la periferia histórica) y colonizar la Patagonia (las provincias “despobladas”).
El ajuste neoliberal desarmó las políticas de poblamiento y de desarrollo regional que se habían implementado hasta el momento mediante la inversión y el gasto nacional en estas zonas, y reinventó el patrón de redistribución territorial alrededor de una serie de instrumentos: el principal es la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), que reasigna lo recaudado por los principales impuestos (IVA, Ganancias, etc.) en base a potestades tributarias compartidas, pero cuya gestión la realiza exclusivamente el gobierno central. Alrededor del 75 por ciento de las transferencias de Nación a las provincias responden a la CFI y otras vinculadas a ella. El 25 por ciento restante se realiza a partir de transferencias presupuestarias: fondos para el despliegue de políticas públicas específicas. Las primeras son automáticas; las segundas, no.
Este nuevo sistema de reparto de recursos se fue estructurando a partir de una serie de hitos institucionales: la Ley de Coparticipación sancionada en 1988, los pactos fiscales 1 y 2, firmados en 1992 y 1993, y la reforma constitucional de 1994. El efecto fue paradójico: si bien convalidaron el ajuste estructural, significaron también un límite al proyecto neoliberal, que se proponía profundizar las descentralizaciones –inclusive llevándolas hasta el nivel municipal– y hacer que cada jurisdicción se autofinanciara.
El sistema, tal como está construido, tiene varias ventajas: la principal es que es un creador de gobernabilidad para la Presidencia de la Nación, que concentra una gran cantidad de recursos y puede, por lo tanto, afirmar sus decisiones frente a los poderes provinciales. Pero genera varios problemas. Uno de ellos –que no siempre se reconoce– es que las jurisdicciones “ricas” (CABA, Córdoba, Santa Fe) gozan de una base financiera suficiente como para desplegar eventuales posiciones hostiles hacia el gobierno nacional.

La coparticipación porteña

Los recursos de coparticipación que recibe cada provincia dependen de un coeficiente fijo establecido en la ley. Como la CABA no existía como tal al momento de sancionarse la norma y recién accedió a su actual status con la reforma constitucional de 1994, se le asignó un monto fijo de alrededor de 157 millones de pesos (equivalentes a la misma cantidad de dólares), lo que fue convalidado por la Legislatura porteña.
Los desajustes y cambios nominales y reales pos crisis del 2001 depreciaron rápidamente la suma fija que recibía CABA, situación que se corrigió mediante la asignación de un coeficiente fijo de 1,4 ciento que, a diferencia de las provincias, se detrae de la porción que le corresponde a la Nación. De ese modo, la Ciudad dejaba atrás el esquema de suma fija sin afectar directamente los recursos de ninguna provincia (aunque, al provenir de recursos nacionales, incidiendo sobre el total de los fondos del conjunto de las jurisdicciones).
Es interesante recordar que esa novedad –que fue acompañada del traspaso del Impuesto de Sellos desde Nación a la Ciudad– fue vivida como un logro. Y sin dudas lo fue. Basta repasar el debate del 2002, durante el cual se trató la cuestión en la Legislatura porteña, para comprobar que oficialismo y oposición (con muchos diputados que luego confluirían en el macrismo), celebraron el hecho y avalaron el porcentaje conseguido.
Aceptado ese porcentaje, era impensable que la situación creada pudiera alterarse por decisión unilateral de la Nación o por acuerdo bilateral. Estaba claro para todos –y lo ilustran muy bien las intervenciones de aquel día– que la porción asignada a la Ciudad solo podría ser revisada en el marco de la discusión de una nueva ley de coparticipación, que manda sancionar la Constitución Nacional reformada en 1994 y que aún se encuentra pendiente. Es decir, se entendía que el porcentaje de 1,4 solo podía ser alterado en el marco de una revisión con el conjunto de las jurisdicciones, dado que la modificación de cualquiera de las asignaciones establecidas afecta, directa o indirectamente, a todas, y que tal revisión requiere de parámetros comunes de medición de la situación de cada una ellas: los “criterios objetivos” (población, necesidades básicas insatisfechas, etc.) de la manda constitucional incumplida, con los que aún hoy no se cuenta.
Sin embargo, al mes de asumir Macri firmó un decreto que dejó de lado todas estas consideraciones, alteró la situación de la Ciudad e indirectamente la de las provincias. Con este decretó, la porción de recursos para la CABA se incrementó 168% –pasó del 1,4% al 3,75%–. Con la firma del Consenso Fiscal en 2017, esta participación se redujo a 3,5%.
La arbitrariedad en este cambio de reglas hizo que, a pesar de haberse implementado en la primera etapa del gobierno de Macri, cuando aún gozaba de altos índices de popularidad, las quejas de los gobernadores no se hicieran esperar. Todos pidieron, sin éxito, un trato equivalente, o al menos que los cambios se hicieran alrededor de algún tipo de acuerdo más amplio.
Para entender la magnitud del beneficio, señalemos que hasta 2016 los recursos de origen nacional de la CABA representaban un 10% del total. Tras el incremento del coeficiente, pasaron al 26%. Curiosamente, en los últimos tres años la Ciudad redujo impuestos a sus contribuyentes, tal como nos informa la página oficial (1). Es decir que el conjunto de la Nación financió la rebaja de impuestos locales. Un criterio de equidad y justicia social por demás llamativo tratándose de uno de los distritos más ricos en un país con enormes asimetrías territoriales en cuanto a ingresos.
El gobierno argumentó en los medios, pero no lo fundamentó así en el decreto, que el incremento de la coparticipación se realizaba para cubrir la transferencia de los servicios de seguridad. Sin embargo, nunca se presentó un cálculo del costo de las prestaciones que se transferían. Ese vacío dio lugar a muchas dudas. De hecho, la desproporción entre lo que sucedió en CABA y las otras 23 jurisdicciones fue notorio, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

El debate actual

El 10 de diciembre el Senado aprobó por 40 votos positivos y 25 negativos un proyecto de ley que ya tenía media sanción de Diputados y que propone que la Nación y la Ciudad abran una instancia de negociación para que, con la asistencia de la Comisión Federal de Impuestos, definan en 60 días el monto de la transferencia anual para solventar el traspaso de la policía a la Capital. Hasta la entrada en vigor del convenio que eventualmente se alcance, la coparticipación para la CABA volverá al histórico 1,4 por ciento, y el Tesoro Nacional transferirá mensualmente la doceava parte de 24.500 millones de pesos a cuenta del monto que se termine acordando (la cifra surge del cálculo realizado por el Poder Ejecutivo sobre el costo de la transferencia de las funciones de seguridad y forma parte de la futura ley. Se prevé actualizarla trimestralmente mediante una combinación de índices).
En términos institucionales, la principal virtud de la ley es que contempla los dos pasos que establece la Constitución, que establece que la transferencia de servicios debe estar acompañada por la correspondiente transferencia de recursos, pero no dice que tiene que ser vía coparticipación, ni que tienen que ser de giro automático. El proyecto, en efecto, transparenta el costo que tiene la prestación de seguridad, cuestión que hasta ahora no se había hecho, y sería aprobado por una ley del Congreso Nacional, que luego deberá ser ratificada por la Legislatura porteña.

Conclusión

Cabe señalar algunos elementos para entender el curso que ha ido tomando el debate sobre el tema. En primer lugar, es lógico que ninguna jurisdicción acepte pasivamente que se le reduzcan los fondos con que cuenta. También que, en estos temas, suele haber un clivaje partidario más que doctrinario, y que la pirotecnia verbal, propia de la época, hace más difícil separar la paja del trigo. En este sentido, la vocación provocadora de los sectores conservadores –que sí se animan a sostener posiciones polémicas frente a temas tan espinosos como el impuesto a la riqueza, la cuarentena y el lawfare sin que se les mueva un pelo– hace comprensible que se involucren en un tema tan confuso como el de la coparticipación.
Alimenta esta tensión una visión puramente pragmática: Juntos por el Cambio busca fortalecer territorios en donde prevé mantenerse durante largo tiempo, organizando una retaguardia en la que preservar espacios de poder institucional y disponibilidad de recursos para conservar margen de maniobra. La CABA es sin dudas el más importante. Esta estrategia resulta más atractiva si paralelamente debilita la periferia, es decir las provincias en las que prevalece el peronismo.
Otra arista de lo sucedido, menos conocida y de implicancias hoy por hoy imprevisibles, es la ruptura de la entente Larreta/Schiaretti ocurrida alrededor de la elección de intendente de Río Cuarto, que posibilitó al oficialismo contar con los votos necesarios en Diputados para aprobar la ley.
Pero también es posible señalar algunas perspectivas más estratégicas. El programa de Juntos por el Cambio para las provincias sigue siendo el mismo que sostiene el neoliberalismo desde los 90: descentralización de responsabilidades recaudatorias hacia las provincias y los municipios de modo tal que cada jurisdicción se financie con sus impuestos propios y rinda cuentas a la sociedad por los servicios que otorgue a cambio de dichos impuestos. Esto reducirá ostensiblemente la capacidad de la presidencia para coordinar un proyecto nacional, incrementará las tensiones entre las provincias ricas y pobres, debilitando al federalismo como elemento generador de gobernabilidad, además de cristalizar las asimetrías existentes y complicar las posibilidades de construir un país más igualitario.
Como vimos, desde el fondo de su historia el modelo federal argentino estableció políticas para el balanceo del peso relativo de las regiones. La potencia de esta idea le evitó a la Argentina tensiones regionales separatistas similares a las que ocurren en otros países del mundo. Es algo que puede empezar a cambiar.

Nota:
1. Véase www.buenos aires.gob.ar/presupuesto-de-la-ciudad-2020# 9/12/2019
Horacio Cao es Doctor Administración, Subdirector del CIAP (FCE/UBA), ex Director Nacional del INAP.
Alejandro Otero. Mg en Administración Pública, presidente del Frente Grande de la CABA, ex Director General de Rentas de la CABA (2000/2006), profesor de la Universidad Nacional de Moreno.
Fuente: https://www.eldiplo.org/notas-web/la-caba-y-la-geopolitica-federal/

24.12.2020

Se extienden los despidos y cierre de programas sociales en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este 23 de diciembre, 15 trabajadoras del Programa de Acompañamiento Social Integral (PASI) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA fueron despedidas. El programa es el sostén de mil familias en situación de emergencia habitacional y sanitaria.

Las trabajadoras denuncian que la sobrecarga de trabajo en el contexto de Covid fue cubierta con los mismos recursos materiales, a costa de mayores y más agotadoras jornadas de trabajo, aun cuando la mayoría de las trabajadoras son también sostén de hogar. Piden solidaridad para evitar los despidos y cierre de este Programa, que se suma a otros en el IVC (instituto de la vivienda) y otros.
Las trabajadoras han emitido que dice:
Mil familias al borde de quedar en situación de calle por el desmantelamiento de un programa del GCBA
No somos descartables, somos trabajadorxs esenciales
El 23 de Diciembre, un día antes de Navidad, hemos sido despedidos 15 trabajadorxs del Programa de Acompañamiento Social Integral (PASI) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA. Somos trabajadorxs esenciales, aunque contratadxs precariamente, con sueldos miserables por debajo de la línea de pobreza y sin reconocimiento por las tareas desempeñadas en este contexto de pandemia. A su vez, quienes no han sido desvinculados del PASI serán reubicados en otras áreas del Ministerio, evidenciando que el objetivo es el vaciamiento del programa.
Acompañamos a más de 1.000 familias en situación de vulnerabilidad social, emergencia habitacional y sanitaria, y con riesgo inminente de quedar NUEVAMENTE en situación de calle, en su mayoría mujeres solas, desocupadas y con hijxs a cargo, excluídxs del sistema de salud y expulsadxs del sistema educativo. Trabajamos diariamente para revertir estas situaciones que tras haber atravesado la crisis sanitaria por Covid-19 sin precedentes, han empeorado sus condiciones de vida. Son 1.000 familias con diferentes problemáticas que quedan a la deriva, sin acompañamiento ni contención.
Somos despedidxs de forma discrecional e injustificada, trabajadorxs esenciales que hemos triplicado nuestras tareas ante la escasez de recursos de un Gobierno de la Ciudad que, en medio de una pandemia, no invirtió ni un centavo adicional en la contratación de personal en áreas sociales, y que hoy por el contrario nos descarta de forma violenta, dejando sin ingresos a compañeras jefas de hogar con niñxs a cargo.
Denunciamos las políticas de ajuste en el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, en un contexto de crisis económica, social y sanitaria, que sólo provocarán el aumento desmedido de gente en situación de calle.
No a los despidos en el PASI. Nadie sin trabajo. Urgente reincorporación de lxs 15 compañerxs.
No al vaciamiento del Programa de Acompañamiento Social Integral (PASI).
Pase a planta de todxs lxs trabajadorxs del PASI. Basta de precarización laboral.
Basta de violencia laboral y de gén ero en el Ministerio.
No más familias en situación de calle.

Comunicado de Consejerías de vivienda:
NO A LOS DESPIDOS EN IVC Y PASI, ¡REINCORPORACIÓN YA! LARRETA, BASTA DE ATAQUES A LXS TRABAJADORXS

Desde las Consejerías de vivienda queremos expresar nuestra solidaridad con les trabajadores despedides, tanto en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (donde 60 compañeres perdieron el trabajo), como del Programa de Acompañamiento Social Integral, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (que cuenta con 15 despedides e implica el desmantelamiento del programa).
En primer lugar, si bien no nos sorprende, nos negamos a naturalizar la falta total de humanidad de este gobierno de derecha y anti pueblo. Que 75 personas/familias tengan que estar más tristes aún de toda la angustia que ya cargamos con este año matador, no tiene perdón. Además, son les trabajadores de las áreas sociales dependientes de Larreta que hacen lo imposible con recursos casi nulos, exponiéndose altamente a nivel sanitario, económico, etc., para no dejar a otras familias laburantes en la lona. Son quienes toda la pandemia reclamaron por su condición de esenciales, y a quienes hoy Larreta y sus ministrxs tratan como descartables.
Los recortes en las áreas sociales, en particular la vivienda, fueron algo claro en el Presupuesto 2021 votado recientemente en la Legislatura. Trabajadorxs de la salud y la educación junto con organizaciones sociales hemos confluido en Perú 160 el pasado 10/12, día de la votación. La denuncia no era sólo por este recorte, sino por aumento de fondos para las fuerzas represivas y la publicidad (¡justo en año electoral!), además de sostener más de $ 2.000 millones en «gasto impositivo» (lo que se le perdonan de impuestos a las grandes empresas radicadas en los distritos económicos.
Como ya sabemos, no hay nada más clasista que los salvatajes y el destino de fondos, más aun en tiempos de crisis, para colaborar con el desarrollo de determinadas tareas, en detrimento de garantizar derechos. Es así que los despidos ejecutados por Maquieyra y Migliore perjudican no sólo a les compañeres despedides, sino a las 2.000 familias que encontraban en su intervención (humana, solidaria, más allá de los pocos o nulos recursos que el Estado aportaba), la única posibilidad de no quedar en situación de calle, o que se garanticen derechos enmarcados en luchas de muchos años como los procesos de reurbanización. La mayor parte de los afectados por estas políticas de recorte, son hogares monoparentales a cargo de compañeras mujeres.
Así, el riesgo cierto sobre 2.000 familias en términos de acceso a la tierra y la vivienda en la Ciudad, se agudiza en un contexto ya muy adverso. Recordemos que el 31/1/21 vence el DNU 766/20, que prohíbe algunos desalojos y subas en los alquileres y ni Fernández ni Ferraresi dan señales de su extensión (aunque con las medidas de ajuste que se fueron tomando no pareciera ser algo garantizado). Si bien su aplicación es limitada, principalmente al mercado formal de alquileres, es una herramienta que se ha podido utilizar para frenar desalojos de inquilines precarizades o casas recuperadas. Sin embargo, los desalojos no cesaron y, en un contexto de crisis con baja o ausencia total de laburo, changas, etc., muches han pasado a estar en situación de calle. Les que no, corren el riesgo de ser parte de una ola histórica de desalojos. Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad no ha hecho nada, en primer lugar para hacer cumplir el DNU en CABA. Y en segundo, para afrontar un plan de desendeudamiento serio que dé respuesta real a las grandes deudas que les inquilines han ido acumulando en estos tiempos de pandemia. Pareciera ser que la única respuesta de Horacio y amigues es recortar y desmantelar las únicas asistencias para que estas 2.000 familias evitaran estar en situación de calle.
Como siempre expresamos, será la unidad de la clase trabajadora que frene estos avances sobre nuestros derechos. Ya hemos expresado a les trabajadores del IVC y del PASI, nuestra solidaridad incondicional y acompañamiento en la lucha por sus reincorporaciones, a la vez que estar a disposición para las urgencias que pudieran surgir a las 2000 familias que han quedado con un estado aún más ausente de lo que todes creíamos que podía estar.
¡REINCORPORACIÓN DE TODXS LXS DESPEDIDXS DEL IVC Y EL PASI BASTA DE RECORTE EN TIERRA Y VIVIENDA! ¡NO A LA OLA DE DESALOJOS!

22.12.2020

Trabajadores y trabajadoras de la salud residentes y concurrentes nucleados en Asamblea de Residentes de Nación, la Comisión Provincial de Residentes y Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires realizan un paro y movilización unificada a Plaza de Mayo en rechazo a las propuestas paritarias gubernamentales, por considerar que mantienen sus salarios desactualizados y debajo de la Canasta Básica del INDEC, ante la falta de pago a los y las ingresantes desde octubre de este año, por mejores condiciones laborales, ante la falta de insumos y precaria infraestructura en la instituciones de salud públicas, siendo que son la primera línea de lucha contra la pandemia de Covid-19. «También hay mucha gente que la ingresaron a planta permanente en provincia y están cobrando sueldos que no se corresponden con la realidad, o no nos pagan el bono. Por eso movilizamos: para tener una respuesta del Estado nacional, provincial y de CABA», agregó Juan Pablo, trabajador de la salud residente.

Juan Pablo es uno de los trabajadores de la salud residentes que se encuentra movilizando. En diálogo detalló los motivos de la medida de lucha conjunta: «movilizamos por la falta de pago a los ingresantes de octubre de este año, la falta de pago a los jefes de residentes, salarios totalmente desactualizados, que no alcanzan ni siquiera a la Canasta Básica del INDEC, y ni hablar de las condiciones de laburo, que siempre tenemos, con escasez de insumos y nombramientos».
Asimismo, expresó: «también hay mucha gente que la ingresaron a planta permanente en provincia y están cobrando sueldos que no se corresponden con la realidad, o no nos pagan el bono. Por eso movilizamos: para tener una respuesta del Estado nacional, provincial y de CABA», señaló el trabajador.
Desde que se declaró la pandemia por Covid-19 en todo el mundo, y el personal de salud comenzó a ser la primera línea de lucha contra la pandemia, los reclamos de los y las trabajadoras de la salud, y de los y las residentes y concurrentes en particular, se agudizaron en reclamo de sueldos dignos, pase a planta permanente, contra los despidos masivas ante la baja de casos de coronavirus y por mejores condiciones laborales, como insumos e infraestructura en el sistema público de salud nacional, provincial y porteño.