9.12.2020
Por La Retaguardia
Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Fernando Tebele.
Lo dijo Rosa Herrera, abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos quien sostuvo un extenso diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana de La Retaguardia. En esta oportunidad habló acerca de la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio de Parque Patricios, vivienda desde hace 18 años para 106 familias. Amenazadas por un posible desalojo, convocaron a una conferencia de prensa, a una movilización, y a resistir hasta intentar torcerle el brazo al Gobierno porteño.
El edificio de Santa Cruz 140, una ex fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, se encuentra nuevamente en pie de lucha frente a un posible desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad. Quienes resisten y la defienden, convocaron a una conferencia de prensa realizada el pasado lunes 30 de noviembre al mediodía en la puerta del edificio y llevarán adelante una movilización el miércoles 9 de diciembre.
—La Retaguardia: ¿Cómo está la situación al día de hoy?
—Rosa Herrera: Las familias de Santa Cruz, que hace 18 años que viven en el edificio en Parque Patricios, a pesar de la situación de pandemia, aislamiento y ahora distanciamiento social, estuvo permanentemente en lucha y resistencia. Distintas organizaciones y compañeros/ras estamos acompañando la lucha de las familias. Porque en plena pandemia, que se había dictado oportunamente una feria judicial, se habilitó justamente para que se prosiga con el proceso y juicio de desalojo. El Poder Judicial no tuvo ningún tipo de sensibilidad de hacer una suspensión del proceso atento que los 131 niños, niñas y adolescentes y 106 familias que viven en el edifico también fueron afectadas por el Covid-19 y la situación de resistencia se agudizó porque también tuvieron que garantizar todos los días la olla y los cuidados que todos estamos haciendo frente al Covid. El 13 de Agosto, la Cámara Civil Sala A confirmó el desalojo. Lo que nos preocupa es que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, como el principal responsable político de garantizar una vivienda digna a estas 106 familias, no nos está dando respuestas concretas de solución habitacional. Las familias no están dispuestas a estar en la calle. Lamentablemente, hoy por hoy, están todas las condiciones dadas, no tenemos fecha, para que antes de fin de año se pueda producir y materializar el desalojo en plena Ciudad de Buenos Aires, la más rica y con el mayor presupuesto del país. Justamente estamos con unos vencimientos, porque nosotros ante esta falta de respuesta del gobierno iniciamos un amparo para exigirles que garanticen el derecho a una vivienda digna, y el Gobierno de la Ciudad, sistemáticamente, niega cualquier posibilidad de situación concreta de solución definitiva a las familias de acceso a la vivienda. Únicamente ofrece esos subsidios de montos insuficientes, que son de 8000 pesos, montos que están totalmente desactualizados. Es imposible que las familias puedan acceder a desalojos formales, y el mismo gobierno se presenta al Poder Judicial y dice que las familias no están acreditadas, supuestamente para ellos, que están prácticamente en situación de calle y que las familias no están en situación de vulnerabilidad. Hemos presentado todas las pruebas a nuestro alcance para acreditarlo. Hay un alto grado de desocupación de las familias que viven en Santa Cruz. Subsisten por trabajos informales, por changas que fueron perdidas en este momento de pandemia. Están comiendo de ollas y comedores populares. Y en estas condiciones avanza la situación de desalojo.
El decreto 320, modificado por el 766 que emitió el gobierno nacional, abarcó a un sector de la población que accede a contratos de locaciones formales, y no atiende a toda la población que vive en exclusión total. Porque hay un sector en la Ciudad de Buenos Aires que vive en una exclusión histórica. Están expuestos a desalojos de hecho. A través de patotas, de mecanismo de utilización de incendios.
En este caso, la orden viene emanada por el Poder Judicial, por eso lo denunciamos como insensible, pero el juez tiene que emanar la orden en armonía con todos los derechos de la Constitución Nacional, de la ciudad y de los tratados internacionales, que es la garantía del acceso a la vivienda digna. Si no es arbitraria, y por más que sea desde un juez, no deja de ser un desalojo forzoso violatorio de los derechos humanos básicos de las personas.
—LR: En un proceso de desalojo judicial, ¿puede negarse un gobierno a realizarlo?
—RH: Depende de casa caso concreto. En el caso de Guernica, el desalojo fue ordenado por un juez de garantías en el ámbito penal, porque las familias eran imputadas por usurpación. Entonces, en un tema penal es mucho más difícil, pero no imposible. Esa mesa de negociación que se estaba llevando adelante con diferentes actores era el camino para poder seguir. Y me parece que la protección de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, y el derecho a la vivienda, que es un derecho reconocido de igual jerarquía que el derecho a la propiedad privada valía, y era el deber del Estado continuar todo el tiempo necesario para poder llevar a buen puerto las negociaciones y así lograr una respuesta positiva. No hay impedimento, sí hay que tener voluntad política. En el caso de Santa Cruz, como en otras situaciones diferentes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, y en el lugar que nosotros más nos movemos que es el vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la vivienda, se dan desalojos por usurpación mal utilizando irregularmente el fuero penal. Criminalizando estas problemáticas que responden a causas sociales. En Santa Cruz utilizan la justicia civil. Esto ya lleva 11 años de juicio. Y las familias viven hace 18 años allí.
¿Quién reclama la propiedad?
La obsesión del gobierno porteño con esa propiedad puede hacer presumir que se trata de tierra fiscal. Sin embargo, no es así. Lo explicó Rosa Herrera: “El que se dice propietario compró en subasta un edifico que ya estaba ocupado, con las familias adentro, utilizando al Poder Judicial como una brazo funcional de sus negocios inmobiliarios. Compra a 1,5 millón de pesos un inmueble ocupado, utiliza el Poder Judicial, uno de los poderes estatales, para desalojarlos inmediatamente. Entonces adquiere un valor de mercado mucho mayor. Por supuesto que ese objetivo no lo logró porque las familias se organizaron, y pudimos defenderlos como abogados en el momento oportuno y durante todo este tiempo, así lo hicimos.
El tema es que el Estado no puede soslayar su deber que garantiza el derecho a la vivienda digna. Entonces ahí empieza una cuestión, cuando el Gobierno de la Ciudad se quiere lavar las manos y dice que es un conflicto entre particulares: entre el dueño y las familias. Cuando no es así, porque las familias están en contexto de vulnerabilidad, son habitantes de la ciudad, tienen derechos”, señaló la abogada de la LADH.
Herrera destacó el apoyo de diversas organizaciones sociales y políticas: “Acá en Santa Cruz también hay diversos actores que participan: organizaciones como CIBA (Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires), MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), legisladores de distintos bloques políticos, tanto del FIT-U (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) y del Frente de Todos. Solidarios con esta causa, y sabiendo de las razones que asisten a las familias de Santa Cruz. El defensor de menores, asesores tutelares. Todos estamos pidiendo la suspensión del desalojo, y en este momento el juez no está escuchando. Rechazó cada uno de los pedidos que nosotros estamos haciendo, incluso conseguimos un informe del CESAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria) N° 10 que actúa en Parque Patricios para acreditar con pruebas la situación de vulnerabilidad que están sufriendo las familias de Santa Cruz. Y el juez lo único que hizo es: ‘bueno, al momento del desalojo, infórmese al Ministerio de Salud de la Ciudad para que también esté ahí participando. Pero nadie, está suspendiendo en este momento esta medida”.
La abogada dio cuenta de la protección que la legislación da a las familias en estado de vulnerabilidad: “Nuestra normativa reconoce derechos como el interés superior del niño; pero en la realidad, cuando nosotros llevamos nuestras argumentaciones jurídicas, estas son cuestiones desoídas y no se tienen en cuenta. Estamos pidiendo y conformando, ya sea en el juicio del amparo como en los ámbitos políticos donde permanentemente las familias de Santa Cruz, La Cooperativa Francisco, El Cuerpo de Delegadas, las organizaciones, el acompañamiento de los medios comunitarios y populares, piden una mesa entre Nación y Ciudad con participación de los habitantes para que se pueda generar este dialogo y llegar a una respuesta que permita un solución pacífica de la situación. Es necesario que se visualice la situación de los desalojos”.
—LR: ¿Qué posibilidad cierta hay para que intervenga el gobierno nacional en este caso y se expida de otra manera?
—RH: En el 2015 pudimos tener tres audiencias ante el juez. Las familias se movilizaron, incluso el juez pidió una sala amplia, porque suelen ser muy chicas en el fuero Civil. Participaron sus habitantes, representantes, organizaciones, y el cura del barrio. En ese momento logramos una articulación con la Secretaría de Acceso al Hábitat. Se estaba terminando el mandato de, en ese momento, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ese camino que se había empezado a construir hasta presentando una propuesta de parte de ellos, que consistía en una partida presupuestaria para la compra del edificio, luego se vio bloqueado a partir de la asunción al gobierno de Mauricio Macri.
Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández y la creación del Ministerio de Desarrollo, Territorio y Hábitat, estábamos haciendo gestiones para poder reanudar este tipo de intervención. Pedimos al juez que se libre un oficio a este nuevo ministerio. En el mes de octubre logramos tener una reunión, y justo pasó este cambio de funcionarios con la renuncia de María Eugenia Bielsa, y la asunción del nuevo ministro (Jorge Ferraresi) así que estamos tratando otra vez de reactivar esa intervención. Creemos que es súper necesaria, sería una forma de generar una propuesta y obligar al Gobierno de la Ciudad a que también asuma su parte de responsabilidad. Lo concreto es que hoy por hoy no tenemos una respuesta concreta de ninguno de los dos gobiernos para parar este desalojo. Todos los funcionarios competentes a la temática están al tanto.
