Comunicadores del Sur

22.1.2021

La joven María Belén Guevara fue desalojada violentamente por la policía de la ciudad, de la vivienda donde se refugió con sus 4 hijos el día del temporal, luego de haber sido echada por no poder pagar el alquiler. Legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda Unidad llevaron el repudio a la Legislatura porteña, exigen su liberación inmediata y respuestas al grave problema habitacional.

En la madrugada del día viernes 14, el Gobierno de la Ciudad desalojó una vivienda en la Villa 31, deteniendo a la joven María Belén Guevara, una vecina del barrio que colabora en un merendero y es militante política de la organización MTR 12 de Abril. Al día de hoy continúa detenida. Legisladoras de la ciudad presentaron un Proyecto de Declaración para repudiar el hecho.
Fueron una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad quienes llevaron adelante un desalojo violento e ilegal, realizándose en la noche, sin haber presentado la orden judicial y sin tomar ninguna medida de higiene ante el rebrote. La vivienda ubicada en los nuevos complejos habitacionales del cuestionado “plan de urbanización”, se encontraba ociosa. María Belén con sus 4 hijos se refugió en ella ante el temporal, luego de haber sido echada de la pieza que alquilaba por no poder pagarla.
Ante este hecho las legisladoras de las bancas del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, junto al CePRODH, desde la Comisión contra la Violencia Institucional presentaron un Proyecto de Declaración en contra de este arbitrario desalojo y en solidaridad con Belén, para ser tratado en la Legislatura porteña.
Exigimos la inmediata liberación de Belén. Acompañamos el reclamo de los vecinos y vecinas por la real urbanización de la Villa 31, con viviendas definitivas y servicios de calidad. Basta de desalojos y represión.
El problema habitacional es estructural. Se extendió y profundizó a partir de la pandemia, donde la crisis sanitaria, económica y social golpea aún más fuerte en los barrios vulnerables. Miles de familias se ven obligadas a recuperar tierra y vivienda, como en la enorme lucha de Guernica y en centenares de tomas a lo largo del país. En la ciudad más rica de la región también se reflejó cuando familias habitaron el edificio vacío conocido como El Hotelito, en la Villa 31. Mayoritariamente mujeres solas responsables del hogar, sin trabajo ni techo, huyendo de la situación de calle, del hacinamiento y de la violencia de género acrecentada por el confinamiento.
Las mujeres son las más afectadas por esta crisis. Son quienes tienen los salarios más bajos, los empleos más precarios, las primeras en ser despedidas por la pandemia, muchas de ellas siendo jefas de hogar quedan expuestas y desamparadas. En los barrios populares, los indicadores sobre la situación laboral y habitacional de las mujeres, empeoran. Según el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, en un informe sobre las desigualdades de género en estos barrios previo a la pandemia, la tasa de desocupación de las mujeres casi se duplica, el porcentaje de asalariadas en blanco es menos de la mitad del nivel general tan sólo el 10%, y solo 3 de cada 10 mujeres declaró tener un trabajo con ingresos.
Según el último Informe de la Asignación Universal por Hijo (AUH), más del 95% de quienes lo reciben son mujeres y representan un poco más de dos millones; a quienes acaban de ajustar el ya magro importe que en muchos casos el único ingreso para vivir. Mientras el presidente Alberto Fernández anuncia “el fin del patriarcado”, ante la emergencia económica y habitacional, los distintos gobiernos responden con represión y más ajuste.

21.1.2021

El Gobierno de CABA anunció que las clases volverán a ser presenciales desde el 17 de febrero. Lo hizo a pesar de la oposición de los gremios y de las críticas de la docencia.

Decirle “plan” es mucho. Este jueves por la mañana, pensando más en las elecciones que en la salud y en la educación de miles de niños y niñas de CABA, Larreta anunció que las clases en CABA empezarán de manera presencial el 17 de febrero.
El anuncio se hizo en contra de las críticas que los gremios y la docencia vienen realizando desde hace semanas. La propuesta no puede ser menos seria.
El Gobierno anuncia el regreso sin explicar cómo garantizará que sea efectivo el distanciamiento social que se requiere ante la pandemia. Lo hace en un marco en el que los contagios se mantienen altos, algo que afecta a la Ciudad de Buenos Aires de manera notoria. Lo hace sin que esté garantizada la vacunación de los miles de docentes que cumplen funciones en el distrito.
En el documento que trascendió a los medios, el Gobierno habla de garantizar, en cada escuela, un kit de limpieza, una guía de cuidados y los docentes de escuelas públicas contarán además con barbijos quirúrgicos.
Sin embargo, como denunció la diputada Myriam Bregman desde su cuenta de Twitter, esa promesa viene de la misma gestión que redujo el presupuesto educativo en plena pandemia, en 2020.
El Gobierno porteño, en su presentación, afirmó que “la enorme mayoría” de las escuelas está en condiciones de garantizar el distanciamiento. Sin embargo, la realidad es que existen cursos que llegan a tener 30 o más alumnos que suelen hacinarse en las aulas. ¿Cómo se garantiza la distancia social en ese caso?
Precisamente por eso, uno de los reclamos que vino llevando la docencia plantea la necesidad de contar con una infraestructura mayor y más amplia, que permita garantizar esa distancia. Esa infraestructura no existe en la Ciudad. No se previó ni se llevó a cabo su construcción en el año que pasó.
La falta de previsión del Larreta y Acuña es enorme. Queda en evidencia, por ejemplo, en la “propuesta” ante el transporte público. El Gobierno de CABA señaló que, en función del retorno a clases, en los horarios de ingreso y egreso escolar el uso del transporte será prioritario para docentes y alumnos.
Sin embargo, eso suena completamente inverosímil. El transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires ya muestra señales se saturación. Las imágenes de los trenes del Sarmiento y el Roca completamente repletos de gente son la confirmación de esta situación.
En ese marco, partiendo de lo absurdo de su “plan”, el Gobierno de Larreta llegó a anunciar en la conferencia que el Banco de la Ciudad volverá a dar facilidades para comprar bicicletas en 36 cuotas sin interés.
En el esquema de Larreta y Acuña, los niños y las niñas no tienen importancia. Tampoco los y las docentes. Por eso, la ministra no tuvo problema en afirmar públicamente que tomaban esta decisión sin consultar o discutir con los gremios.
Es todo lo contrario lo que hay que hacer. La docencia tiene que discutir de manera democrática cuales son las condiciones para volver a las aulas. Si algo deja en claro las últimas décadas es que la preocupación por la educación de los niños y las niñas siempre es garantizada por docentes y maestras.
Son ellas y ellos quienes sostienen la educación, muchas veces poniendo plata de su bolsillo para garantizar aquellos insumos que los Gobiernos no dan. Sin ellas y ellos quienes contienen a niños y niñas en situaciones vulnerables. Son quienes ponen todo su esfuerzo por enseñar lo mejor posible, en condiciones edilicias y laborales muchas veces deplorables.
Larreta y Acuña, a coro con la gran corporación mediática, piden que “los chicos vuelvan a las aulas”. Pero lo que menos les importan son los niños y sus familias, que podrían eventualmente contagiarse.
El Gobierno nacional, mientras tanto, también hace suyo el discurso de volver a las aulas. Presionado por la gran corporación de los medios y la derecha macrista, habla del retorno de la presencialidad, aunque no están garantizadas plenamente las condiciones.
Es la docencia la que, de manera democrática mediante asambleas, tiene que discutir las medidas necesarias para garantizar el retorno a clase. Tiene que hacerlo buscando al mismo tiempo encontrar soluciones junto al conjunto de la comunidad educativa. Junto a las familias que sienten la necesidad de que sus hijos vuelvan a contar con una educación en mejores condiciones.
Las “soluciones” de los Gobiernos son más bien planes que pueden terminar haciendo aumentar aún más los contagios.

21.1.2021

Ante el debate sobre la presencialidad de las clases, la ministra de Educación porteña aseguró que las clases comienzan el 17 de febrero, y que aquel docente que tome medidas de fuerza se le descontará el día.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo covid-19 recientemente afirmó que las clases vuelven el 17 de febrero. ¿Cómo van a ser los protocolos para docentes y estudiantes?
Esta noticia se conoce en medio del debate sobre la vuelta a clases. Como informamos en este medio el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta declaró recientemente que “no hace falta vacuna para realizar la presencialidad, lo comprueba la realidad del 2020, la mitad de las provincias tuvieron instancias de presencialidad, lo que sí la vacuna nos va a permitir intensificar esa presencialidad y un regreso seguro a las aulas”.
En medio de la segunda ola de covid, el gobierno y la oposición de derecha instalan en los medios el debate sobre la vuelta a clases presenciales.

21.1.2021

El secretario general del gremio aseguró que “son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”.

Jorge Adaro, Secretario Adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) rechazó la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante el anuncio del regreso presencial a las aulas. Sostiene que la decisión del Gobierno “es irresponsable” frente “al avance de la pandemia”.
Adaro señalo, “nos da la sensación de que dicen ‘insistamos que los vamos a convencer de que esto es posible’. Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de los contagios y de la pandemia en el país en general y en la Ciudad en concreto”.
El dirigente porteño critico la noticia del gobierno de Rodríguez Larreta y dijo que antes de fijar una fecha de inicio de clases, deberían realizar “un plan, un programa” ante un contexto aún de pandemia, lo cual resulta riesgoso para docentes, alumnos y familiares.
Frente a la decisión del gobierno de la Ciudad, el dirigente no descartó medidas de fuerza “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer” y amplio “no descartamos tomar medidas de fuerza que confronten con estas políticas del Gobierno. Lo vamos a resolver de modo democrático. Tenemos una gran preocupación por estos anuncios y por el camino que está tomando el Gobierno de la Ciudad”

20.1.2021

Se trata de Mario Ángel Raspagliesi, presidente de la empresa constructora Bricons, quien fuera aportante de la campaña electoral del PRO en 2015. El Gobierno de la Ciudad le pre adjudicó tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación.

El Gobierno de la Ciudad pre adjudicó una obra de casi $1.000 millones a la empresa constructora Bricons SAICFI. El presidente de la entidad es Miguel Ángel Raspagliesi, quien según Tiempo Argentino, aportó en 2015, a título personal, medio millón de pesos para la campaña de Mauricio Macri y otro medio millón desde la firma El Mistol, una empresa de aceite de oliva que su familia tiene en San Juan.
La oferta presentada para la Licitación Pública 719/SIGAF/20 fue de $998.000.869. La resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el Boletín Oficial porteño pre adjudica la obra consistente de tareas de remediación, demolición e infraestructura en el Parque de la Innovación a dicha empresa.
Las obras se realizarán en el Polígono 1 y 2 de la zona C del predio de 13 hectáreas delimitado por la Avenidas Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, en el barrio Núñez. Es en las tierras de lo fue el predio de Tiro Federal.
Según el sitio de internet del proyecto, en el Parque de la Innovación “se instalarán universidades públicas y privadas, institutos terciarios orientados a la formación en nuevas tecnologías y un Campus Abierto”.
Sin embargo, hasta la fecha, tras un acuerdo de relocalización con las autoridades de la entidad deportiva, la administración porteña dividió el predio en tres lotes (A, B y C) y subastó dos terrenos. Uno, en el 2018, al Fideicomiso Financiero Inmobiliario de Administración Buenos Aires LandMark, propiedad de la familia Werthein, por $5.620.650.000. Y en agosto del 2020, en pleno pico de la pandemia, Sancor Seguros se quedó, por US$11.950.173,32, con 1.800 m2.
Según publicó Tiempo Argentino, en el Polígono 1 se ejecutará la apertura de calles y veredas del espacio público y, en el 2, la remediación y el tendido de infraestructura. Las tareas a realizar por Bricons SAICFI no serán su primera participación en la obra pública.
Según el portal del gobierno BA Obras, la empresa le facturó a la Ciudad los 24.950 metros cuadrados del Polo Educativo en el Barrio 31. También los trabajos en el barrio de la Villa Olímpica de Lugano, ACUMAR, Metrobus Norte, Teatro San Martín, Centro de Transbordo Constitución, Corredor Verde Del Oeste, 192 viviendas en el Barrio Rivera Iguazú, un edificio y tareas de infraestructura y pavimento en el Barrio 31, entre otros.
La venta de terrenos e inmuebles públicos es uno de los negocios más redituables para el gobierno de Larreta y el sector privado. Los fines especulativos e inmobiliarios terminan siendo prioridad mientras que la emergencia habitacional y social que viven millones en una de las ciudades más ricas del América Latina nunca es atendida. Es el modelo Puerto Madero. Las tierras se venden a privados y a su vez la Ciudad invierte ese dinero en infraestructura para el mismo barrio. Y para colmo, a través de sus aportantes de campaña.