19.4.2021
Durante la tarde del domingo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió que una Sala de la Cámara de Apelación del Poder Judicial porteño -a pesar de no tener competencia- lo habilite mediante un fallo exprés a insistir con la presencialidad en establecimientos escolares en la Ciudad. Cinco sindicatos docentes, estatales y judiciales iniciaron medidas de fuerza reclamando que se cumpla el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial que instauró la virtualidad escolar por 15 días en el AMBA. “La salud y la vida son prioridad”, sentenciaron. El gobierno nacional inició acciones judiciales y una abogada denunció por sedición a Rodríguez Larreta.
Medidas de fuerza
Los sindicatos docentes UTE, Ademys y Sadop, de estatales ATE Capital y de judiciales Sitraju paran este lunes contra el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que busca sostener la presencialidad en las escuelas.
“En este gravísimo contexto nos organizamos para seguir peleando para defender la salud y la vida”, plantearon desde Ademys.
“Si la justicia viola la constitución, paramos en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmaron por su parte en un comunicado conjunto el gremio docente UTE y ATE Capital, que representa a los auxiliares de la educación en los establecimientos porteños.
Por su parte, en el ámbito de la educación privada, Sadop Capital anunció que también parará. “No se va a tolerar que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas”, especificaron.
“El Sindicato insiste en que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández tiene fuerza de Ley, y por éste se suspende la asistencia a las aulas y la vuelta a la virtualidad en el AMBA, en el marco de la Emergencia Sanitaria provocada por la segunda ola de COVID-19”, aseguraron.
Por su parte el Sitraju, gremio de las y los judiciales de la Ciudad, cuestionó el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña y acusó a los jueces de “vulnerar el Estado de Derecho”.
El fallo exprés
De forma virtual este domingo los jueces de la Sala 4 de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, frenaron mediante un fallo la suspensión de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
La Sala 4 es conocida como “la sala amarilla” por su afinidad política con el PRO. El dato más evidente es que una de las juezas, Nieves Machiavelli, es hermana de Eduardo Machiavelli, secretario general del PRO y Secretario de Ambiente del Gobierno porteño.
Otro de los jueces de la sala, Marcelo López Alfonsín, está investigado en la justicia federal por un caso de corrupción junto con Hernán Lombardi, cuando ambos eran funcionarios de De La Rúa. Lombardi fue ministro de Turismo de la Alianza e Interventor de la Administración de Parques Nacionales (APN), y Marcelo López Alfonsín, presidente de Parques Nacionales, y quedaron involucrados por su firma en un contrato millonario para la compra de la propiedad “Estancia San Nicolás”, de 10.624 hectáreas en la provincia de San Luis, que luego no se realizó. Allí se evaporaron alrededor de un millón y medio de dólares.
El expediente por el que surge el fallo de este domingo fue iniciado por un amparo presentado por dos organizaciones civiles: Abramos las escuelas y el Centro de Estudios en Políticas Públicas.
La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Nidia Karina Cicero, respaldó en la mañana del domingo la solicitud de la medida cautelar. Lo hizo admitiendo que esa cámara es incompetente en el tema. “Los tribunales locales resultan incompetentes para intervenir en el juzgamiento de la cuestión aquí concernida”, escribió. Sin embargo, argumentó luego que el tema de las clases presenciales era de “extrema relevancia” y carácter “urgente”, lo que autorizaría al tribunal a “dictar una medida cautelar aun sabiéndose incompetente”.
El miércoles pasado, Cicero había adelantado su opinión escribiendo en Twitter “No corten las clases. Basta de chicos deprimidos y sin escuela”.
Cicero le pidió a los camaristas que dieran una respuesta mediante una especie de per saltum, es decir directamente, sin devolver el expediente al juez de primera instancia que al recibir el caso lo rechazó por cuestiones de procedimiento, es decir que aún no había tratado el reclamo en sí.
El fallo de la Sala 4, además, no le solicita informes al Estado y no lo hace parte. Uno de los camaristas sugiere que habría que hacer algo más que notificarlo. Pero queda ahí.
“Estrago jurídico”
A última hora del domingo, después de demorarla varias veces, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta celebró en conferencia de prensa: “Mañana tenemos clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y los chicos tienen que ir a la escuela como la semana pasada”, afirmó en un discurso cargado de eslóganes de campaña.
Además, también sobre la medianoche, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires -cartera a cargo de Soledad Acuña- envió correos a su base de datos de familias pidiendo que que se organicen para que una sola familia lleve varios chicos, lo cual dañaría aún más el criticado protocolo de “burbujas” implementado en la educación porteña.
“Lo que hicieron es un estrago jurídico, están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte”, declaró el presidente Alberto Fernández en el programa del periodista Roberto Navarro.
Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, indicó que “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”.
El gobierno nacional inició varias acciones judiciales. Por una parte, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Interviene el juzgado contencioso administrativo federal 2 a cargo de Esteban Furnari. Por otro, avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción. Mediante estas acciones legales se pretende anular el fallo incompetente de la Sala 4 y restablecer la vigencia del DNU.
Por otra parte, una abogada denunció por atentado a la salud pública y sedición al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich.
La denuncia fue presentada la misma noche del domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos. En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó “en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes”.
Llegado el mediodía de este lunes, la Corte Suprema de la Nación se declaró competente para tratar la presentación de Larreta sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo segundo del decreto 241/2021, que fue el que interrumpió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Corte Suprema resolvió que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU es de su “competencia originaria”. Corrió traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional. Se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo, por el plazo de 5 días.
