Comunicadores del Sur

11.1.2021

En este caso, el juez Andrés Gallardo hizo lugar a una acción de amparo en favor de una niña de 1 año. Ya son 2 los magistrados que fallaron en contradicción con el Tribunal Supremo de Justicia.

El juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado n.° 2 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno porteño que “ a través del Ministerio de Educación e Innovación, de forma inmediata”, le otorgue una vacante a una niña de 1 año en el nivel inicial en el establecimiento elegido en la preinscripción; en alguno que se ubique dentro del radio de dos mil (2.000) metros del domicilio real de la actora; o en su defecto abone a la actora la totalidad de las erogaciones que impliquen la asistencia de la niña a una escuela infantil o jardín de infantes de gestión privada –a elección del padre– dentro del mismo radio.
De esta manera, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo que interpuso el padre de la criatura el 16 de diciembre contra el Gobierno de la Ciudad. En la presentación se detalló que “la niña (…) fue inscripta para sala de 1 año, (…), y que el día 30 de noviembre se asignaron las correspondientes vacantes, negándose la misma a la menor representada”. Asimismo, informó que “su pretensión no se limita al ciclo lectivo 2021, ‘por lo que ante el supuesto de persistir la inconducta para el ciclo lectivo 2022, se seguirá reclamando el derecho en los presentes actuados’”.
Ante el pedido, el gobierno de Larreta aseguró que “no cuenta con vacantes disponibles en el lugar solicitado” y que “actualmente el aspirante se encuentra en lista de espera en el establecimiento que seleccionó como primera prioridad”. Además, esgrimió “que la obligación de garantizar el acceso a la educación pública sólo comprendería ‘el nivel preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o período mayor que la legislación determina’, citando en apoyo de sus afirmaciones un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”.
Dicho fallo, ampliamente repudiado, indicaba que no existe una obligación del Estado de ofrecer vacantes escolares a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad. Esto, sumado a otras medidas, motivó el impulso de un pedido de juicio político por parte de los legisladores del Frente de Izquierda, Frente de Todos y referentes sociales y de organismos de derechos humanos contra Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano, cuatro de los cinco integrantes del máximo tribunal porteño.
Ante la respuesta del gobierno de Rodríguez Larreta, el juez afirmó que “la conducta de la Administración se evidenciaría contraria a las obligaciones que le imponen las normas supra reseñadas, y puntualmente los artículos 23 y 24 de la Constitución local, así como a la referida ley federal de educación, y demás normas citadas». Destacó, también, que “la negativa a otorgar a la niña una vacante en alguna de las escuelas elegidas sin ningún fundamento concreto constituye, en principio, un obstáculo inaceptable al normal ejercicio del derecho a recibir de parte del Estado, la educación gratuita garantizada tanto en la Constitución y leyes locales, como en las normas internacionales de rango constitucional”.
Este fallo se suma al emitido por el juez Darío Reynoso quien también ordenó el otorgamiento de una vacante al Gobierno de la Ciudad, en este caso, en una sala de 2. Ambos en contradicción con el emitido por el Supremo tribunal. Sobre este, la diputada porteña del Frente de Izquierda dijo: “la actuación del tribunal muestra datos concretos, se trata de porcentajes, no es que uno piense que no son independientes, ya que en el 99,9 % de los casos existe complicidad con el gobierno de Rodríguez Larreta, con lo cual estamos ante un problema político serio”.
El expediente de Juicio Político presentado en la Legislatura porteña deberá primero pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ello podrá ocurrir a partir del 1° de marzo cuando se reanuden las sesiones. Para su aprobación requerirá de 40 votos afirmativos de 60 que hay en la Cámara.

8.1.2021

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, afirmó esta tarde en conferencia de prensa que la situación sanitaria cambió y hay un aumento exponencial de casos con picos de hasta 1500 contagios por día. Anunció que los bares y locales cerraran de 1 a 6 de la madrugada. Habrá controles de las fuerzas de seguridad en 76 puntos de la ciudad.

Como un vistoso ejemplo del momento crítico en la curva de contagios que está atravesando el país, esta vez la conferencia de prensa estuvo a cargo de Diego Santilli debido a la noticia de que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, dió positivo para covid-19.
El vicejefe estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, y la subsecretaria de Gestión Comunal, Marina Hernández.
Al inicio de su discurso Santilli reconoció que: “En diciembre, la tendencia a la baja que veníamos viendo en los últimos meses, cambió. Estos días estamos viendo un aumento exponencial en la cantidad de casos diarios. Los datos son muy claros. Mientras hace un mes teníamos un promedio diario de 350 casos, hoy está en 942”.
“Este promedio es de los últimos 15 días, en donde tuvimos algunos días con más de 1.500 casos”, y agregó: “Por otro lado, el R (cantidad de personas que pueden contagiar a otras) está en 1.05 y la ocupación de camas de terapia intensiva del sector público se encuentra en 28%”.
Además mencionó que los pilares de la estrategia sanitaria son: la responsabilidad social y la estrategia de vacunación. Al respecto dijo que la Ciudad de Buenos Aires recibió 23100 vacunas y que se vacunaron hasta ahora 7200 trabajadores de la salud.
Por ultimo insistió con la idea de comenzar las clases el 17 de Febrero, medida cuestionada por la comunidad educativa ya que los establecimientos no se encuentran en estado apto para retomar las clases presenciales y las burbujas que intentaron hacer en diciembre mostraron altos índices de inviabilidad.
A continuación anunció una serie de medidas pero aclaró que en esta etapa epidemiológica no se restringirá la circulación nocturna. Las medidas anunciadas tendrán vigencia a partir de las cero horas del próximo domingo:
• se reducirán de 20 a 10 la cantidad de personas en encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como cerrados.

• desde la 1:00 de la madrugada hasta las 6:00, los locales deberán permanecer cerrados y no funcionarán tampoco actividades culturales y de entretenimiento.

• habrá controles de las fuerzas de seguridad en 76 puntos de la ciudad incluidos los parques y plazas. 39 puntos gastronómicos y 37 espacios verdes.
Estas medidas fueron decididas por las autoridades porteñas, que aseguraron que en esta etapa todavía no acatarán la restricción de circulación nocturna que sugirió a través de un decreto el Gobierno nacional.
En cuanto a la disposición del Ministerio de trabajo que establece la finalización de la licencia de cuidado de hijos, que está generando preocupación entre las madres y los padres que se ven obligados a exponerse y exponer a sus familias en este momento de emergencia sanitaria, parece tener acuerdo con el gobierno nacional ya que no mencionó ninguna palabra.

8.1.2021

Con una suba del 62 %, los precios registran el mayor aumento anual desde el 2012. Los aumentos son efecto de un mercado inmobiliario exceptuado de cualquier tipo de regulación.

Mientras los salarios siguen perdiendo poder de compra, en la Ciudad de Buenos Aires los precios de alquileres registraron una suba del 62%, ubicándose en un 25% por encima de la inflación.
El director comercial de Zonaprop en Argentina y Uruguay confirmó que los fuertes aumentos corresponden a la reacción del mercado inmobiliario a la nueva de ley de alquileres, la cual entre las principales modificaciones incluye reajustes anuales, atados a un índice combinado entre la variación salarial (RIPTE) y del nivel general de precios (IPC).
Si bien esta ley contiene puntos favorables a los inquilinos como la extensión de contratos a 3 años, la misma no prevé regulación alguna sobre el “mercado” inmobiliario. De esta manera son los dueños y pulpos inmobiliarios quienes aplican aumentos siderales muy por encima de la inflación. En efecto, el incremento más fuerte ocurrió justo después de que se pusiera en marcha la nueva ley, en julio de 2020.
Según el informe de Zonaprop con datos a diciembre de 2020, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $30.683 por mes, mientras que un departamento medio de tres ambientes (70 metros cuadrados) sale 42.338 pesos. Para darnos una idea del salto: un departamento de dos ambientes que en marzo estaba $ 18.990, en diciembre alcanzó los 30.683 pesos.
Todos los barrios registraron aumentos superiores al 48 %, mientras que el 68 % aumentó en un 60 %. Los barrios con alquileres más económicos se posicionan: Vélez Sarsfield ($ 26.141 por mes), Constitución ($ 25.799 por mes) y, por último, La Boca ($ 24.854 por mes).
La Federación de Inquilinos Nacional solicitó esta semana al Gobierno Nacional una nueva extensión del decreto que congela alquileres y suspende desalojos, que está vigente hasta el 31 de enero próximo. Mediante una carta a las máximas autoridades, la entidad recordó que el problema comprende a alrededor de 9 millones de personas y que los hogares destinan la mitad de sus ingresos sólo a pagar el alquiler. La extensión del decreto retardaría una catástrofe habitacional, que implicaría desalojos y hacinamiento.
El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, enfatizó que “las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran”. Mientras los pulpos inmobiliarios continúen aplicando aumentos siderales sin ningún tipo de regulación, la casa propia no será más que un sueño y el problema de acceso a la vivienda afectará cada vez más a millones de familias.

7.1.2021

Por Carla Libertad

Cuando todavía no se ha publicado el decreto presidencial que restringe la circulación nocturna, los gobernadores de Córdoba, Mendoza y CABA anticiparon su negativa a dicha medida.

“Vamos a seguir con el sistema de trabajo con el cual veníamos hasta hoy. La actividad productiva industrial está abierta las 24 horas, los comercios pueden funcionar hasta las 23 y los bares y restaurantes siguen con posibilidad de funcionar hasta la 1 y desde las 6 ” afirmó, en una una conferencia de prensa, Juan Schiaretti, del PJ, quien gobierna la provincia de Córdoba.
Por su parte, Horario Rodríguez, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que volvió de sus vacaciones en la costa enfermo de COVID-19, declaró: “Creemos que hay que atacar los encuentros sociales que se están dando especialmente en boliches, bares, restaurantes, espacio público y privado, pero no restringir la circulación”. Además, espera que las medidas para la CABA sean similares a las que se dispongan en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en lo que respecta al cierre de comercios.
Para el radical Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, la situación sanitaria en la provincia no amerita el tipo de restricción. Lo había anticipado en la reunión virtual que convocó el Alberto Fernández con gobernadores de todo el país, para preparar esta medida. Allí Suarez también planteó reservas frente al impacto económico directo en actividades como restaurantes, bares y salones de eventos que se verían perjudicados si se implementa un límite horario.
Más allá de sus declaraciones, los gobernadores esperan a la publicación del DNU presidencial -que ya anticipó Cafiero, restringirá la circulación nocturna, desde las 11pm hasta las 5am- para disponer medidas locales.
Por otro lado, resulta acertada la crítica de la legisladora porteña Myriam Bregman quien cuestionó que Juntos por el Cambio se opone a las medidas de restricción de la circulación planteadas por el Frente de Todos, con el argumento de que atacan a la libertad; pero tanto de un lado como del otro de la grieta, ningún gobierno atiende los reclamos persistentes del personal de salud por sus condiciones de trabajo y la carencia de recursos en el sistema de salud.

7.1.2021

Una investigación del periodista de El Destape, Ari Lijalad, relacionó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani e Ignacio Sáenz Valiente, uno de los abogados más importantes del Grupo Clarín.

Lijalad afirma que Santa María «es parte del Frente de Todos mientras cultiva relaciones con los hacedores del lawfare.»
Las relaciones incluyen un hotel del sindicato cuya concesión estaría a cargo de la hermana de Larreta, la hija de Majdalani y el abogado Sáenz Valiente, «a cambio de un canon irrisorio». Por otra parte, los hijos de Santa María trabajan en empresas vinculadas a los mismos personajes, pero también habría otros negociados con los hoteles del sindicato y «algunas fuentes señalan también la existencia de otros manejos inmobiliarios», aseguró en su nota de este jueves.
Lijalad también recordó que El Cohete a la Luna hace unos días apuntó que «en los medios del Grupo Octubre existe una lista negra de personas que no se pueden mencionar. Entre ellas figuran Majdalani y Sáenz Valiente. A Larreta no se lo puede silenciar, aunque sí proteger.«
Un apartado especial mereció la sociedad Midas Hotel Management, a la que la FATERYH, la Federación de encargados de edificios, entregó la concesión de un hotel turístico de Iguazú para uso y explotación a cambio de 150 mil pesos por mes. Monto menor. En esa sociedad estarían involucrados directa o indirectamente todos los mencionados personajes.
Graves acusaciones recaen sobre el presidente del PJ Capital y el dueño del floreciente Grupo Octubre.