Comunicadores del Sur

9.2.2021

Por Elizabeth Portontiero

La joven tiene 27 años, es madre de 4 niños y vive en la calle. Fue detenida al ocupar una vivienda vacía en la Villa 31, en medio de un temporal. El gobierno porteño le daba un subsidio de 8 mil pesos para que resolviera su situación habitacional.

Varias organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales exigen la inmediata liberación de Belén Guevara, una joven de 27 años y madre de 4 niños que se encuentra en situación de calle y fue detenida por la Policía de la Ciudad el 14 de enero, cuando la sacó violentamente de una vivienda de la Villa 31 en la que se encontraba provisoriamente junto a sus hijos para guarecerse de un temporal.
La joven que vive en condiciones de precariedad había sido desalojada de una pieza en la Villa 31 por no poder pagar el alquiler, por lo tanto, al no contar con un lugar en donde permanecer, se vio obligada a dormir en la calle con sus hijos. La noche del 14 de enero, debido a las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad, decidió ingresar en una de las viviendas que se encuentran vacías en la Villa 31, pero a las pocas horas, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente para detenerla, echándola de allí de una manera violenta.
Según contó la militante del MTR 12 de Abril, María Mena, en una entrevista realizada por FM La Tribu, mientras la familia dormía, la fuerza de Seguridad irrumpió en el lugar con mucho ensañamiento, rompiendo vidrios y golpeando con gran furia a Belén y a su hijo mayor, al que le pisaron una mano.
A pesar de que, de acuerdo con la ley, por este hecho Belén debió haber sido liberada dentro de las 24 horas. Igualmente, quedó detenida por encontrarse en “estado de rebeldía” por otra causa que ya fue elevada a juicio oral y por la que nunca había sido notificada. Así, luego de pasar por varias comisarías, finalmente la llevaron al Penal de Ezeiza, donde se encuentra todavía.
Según señaló Ramiro Geber, abogado defensor y copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de CABA, luego de presentar varios recursos para su liberación, tanto la Fiscalía a cargo como el Tribunal Oral Criminal de Feria 2 rechazaron el pedido, debido a que la joven no tiene un domicilio fijo para notificarla, uno de los requisitos que impone la ley para eximirse de prisión.
Belén Guevara, quien vive en las calles con sus hijos menores por no contar con una vivienda, colabora en el comedor comunitario Santiago Maldonado de la Villa 31 y, asimismo, es militante de la Agrupación MTR 12 de Abril y, como muchas otras personas en situación de calle, ha iniciado el trámite en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para poder acceder a un hogar digno. Sin embargo, todavía no obtuvo respuesta del Gobierno que, hasta el momento, solo le ha proporcionado un subsidio de 8.000 pesos que no le alcanza para sobrevivir.
Según lo expresado en el Art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando una persona es detenida, solo existen dos causas por las que se la puede privar de la libertad, una es, de acuerdo con el delito, que el imputado pueda entorpecer la investigación de alguna manera y la otra es que la persona no cuente con un domicilio efectivo, es decir de arraigo, para que se la pueda notificar y, por lo tanto, pueda darse a la fuga.
Si bien la joven no cuenta con un domicilio fijo, la Justicia puede valerse de otros recursos o elementos para resolver la situación y analizar con conciencia las condiciones socioeconómicas de la joven, sobre todo, considerando que nuestro Código contempla que “la privación de la libertad es el último recurso coercitivo que puede llegar a aplicarse”.
En términos forenses, arraigo no necesariamente implica la existencia del lugar de residencia, sino que, también concibe cualquier lugar en donde la persona acusada de un delito pueda ser encontrada para que se la notifique. En este caso, Belén trabaja en un comedor comunitario de la Villa 31, allí podrían encontrarla y, también, milita en una agrupación que perfectamente puede dar garantías por ella.
Además, su abogado afirmó que los cuñados de la joven viven en uno de los nuevos departamentos de la Villa 31, información que fue presentada en otro escrito ante la Cámara de Casación, que ya le dio lugar, con el fin de solicitar su excarcelación o la posibilidad de la prisión domiciliaria.
Ahora, mientras esperan una respuesta favorable, diputados del FIT, personalidades como Pérez Esquivel y varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Fundación Buena Memoria e Hijos, repudiaron este hecho por el que aún mantienen en prisión a Belén y piden su pronta liberación.

9.2.2021

Por Fernanda Paixao

Luego de un año de clases virtuales debido a la nueva pandemia de coronavirus, las escuelas en Argentina reabrirán en marzo, según el calendario tradicional del año escolar en el país. La única jurisdicción para anticipar el regreso a las clases presenciales es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) -, que fijó la fecha para el 17 de febrero.

Cada provincia del país, con sus respectivos ministerios de salud y educación, aplica las medidas y el proyecto de retorno a las escuelas de la forma que considere más adecuada.
Sin embargo, la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (Partido Republicano – PRO), incluso adelantó a la reunión del Consejo Federal de Educación, que alinearía políticas y medidas entre todas las provincias del país. .
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, lamentó la falta de alineación del jefe de gobierno de la Capital, en entrevista con el canal C5N: «A veces, priorizan los titulares más que las preguntas fundamentales, que son con las que damos las mejores respuestas a la sociedad”, agregó. El avance no fue, sin embargo, acompañado de un fuerte plan de medidas de seguridad contra los contagios del covid-19.
El juez Andrés Gallardo convocó al ministro de Salud de la Capital, Fernán Quirós, y a la ministra de Educación de la Capital, Soledad Acuña (quien, en su cargo, estigmatiza a los docentes y cree que son trabajadores que «no tenían otra opción»), para aclarar detalles sobre los protocolos de seguridad que pretenden aplicar para anticipar el regreso a las clases presenciales. En respuesta, el gobierno de Buenos Aires rechazó al juez, afirmando que «anteriormente, el magistrado ya tendría la intención de impedir el regreso a clases».
En un año de elecciones legislativas, la educación ha sido objeto de disputa política en Argentina. Entre las expectativas de los alumnos, la precariedad de los docentes y el apuro en el lobby educativo, el regreso a las clases presenciales preocupa a buena parte de los profesionales de la educación, los movimientos sociales y los sindicatos. Critican tanto la decisión del gobierno capitalino de adelantar la reapertura, como la posición del gobierno nacional, que decidió volver a las clases presenciales antes de que se completara la vacunación del sector docente.
Este jueves 4 por la mañana, colectivos de la comunidad educativa capitalina realizaron una rueda de prensa frente a la sede del gobierno porteño para reclamar el avance de la reapertura de escuelas. «Están utilizando las clases de regreso a clases como un caballo de batalla electoral», dijo Patricia Pines, miembro del colectivo Familias por un retorno seguro a las escuelas. «No queremos lamentar las muertes para revertir esta decisión inconsistente, arbitraria y caprichosa de los gobiernos sobre el regreso de las escuelas antes de tiempo». El presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) lanzó un plan de vacunación que incluye a los profesionales de la educación como sexto grupo prioritario, etapa que aún no se ha alcanzado. 390.000 personas ya han sido inmunizadas con Sputnik V. La semana pasada, se publicó en la revista científica The Lancet que la vacuna rusa tiene una eficacia del 91,6%.
Sujeto de disputa política, el tema ha sido utilizado por la oposición como una agenda de aparente prioridad para la educación en relación con el gobierno nacional. «La educación es una prioridad para la Ciudad», dijo el jefe de Gobierno de la Capital, al anunciar el proyecto titulado «La Escuela Primero». Un nombre contradictorio, considerando que los recortes en educación por parte del gobierno de derecha en la capital resultaron en el presupuesto más bajo en diez años, con solo un 17% destinado a la cartera. A principios de enero, el expresidente de derecha Mauricio Macri (PRO) publicó una carta en su Facebook en la que acusaba al gobierno nacional de descuidar la educación. «Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el regreso a la escuela a la situación epidemiológica, aun cuando, desde noviembre pasado, la OMS defiende la necesidad de mantener abiertas las escuelas porque está comprobado que los niños, niñas y adolescentes no son los principales vectores de contagio», puntualizó. Durante los cuatro años que presidió Argentina (2015 a 2019), la gestión de Macri provocó un recorte del 35% en el presupuesto nacional orientado a la educación, especialmente en proyectos dirigidos a combatir las desigualdades socioeducativas.

El momento de volver a las aulas

En parte, el regreso responde a la necesidad de las familias de enviar a sus hijos pequeños a la escuela, y retomar la socialización, el aprendizaje y el rol social que el espacio escolar, de manera amplia, juega y construye. Sin embargo, la situación epidemiológica no parece justificar el regreso de los establecimientos educativos ante el cumplimiento del plan de vacunación para docentes: la Capital se encuentra actualmente en alerta roja de contagio.
Los sindicatos de trabajadores de la educación vienen mostrando su preocupación desde el año pasado, cuando reabrieron algunas escuelas en algunas provincias, incluida las de la Ciudad de Buenos Aires. Las entidades denuncian que no hubo un adecuado apoyo y seguimiento por parte de los gobiernos para realizar su trabajo a distancia, además de la falta de equipamiento, conectividad y consultas sobre lo que estaría o no funcionando durante el excepcional año académico de 2020. “Ni siquiera nos consultaron si teníamos espacio y condiciones en nuestros hogares para tomar clases virtuales”, señala Estefanía Lombardi, profesora de secundaria del sistema privado de la Capital. También es madre de Téo, de 5 años, y tuvo que dividirse entre las clases que impartía y acompañar a las de su hijo. «Hay mucha presión de las familias, especialmente en la Capital, para la reapertura de las escuelas, porque había un mensaje de que era un año ‘sin clases’. Yo suelo explicarle a la gente que había clases, pero no en persona. ; eran virtuales, y con triple trabajo ”, dice. “Muchos compañeros de trabajo no quieren regresar, porque sienten que las condiciones de seguridad no son suficientes”, continúa. Su hijo estudia en un colegio público, el cual aún no ha emitido una notificación oficial sobre el regreso a las aulas el día 17. «Hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se generan en los niños. Estamos preparando sus materiales escolares. , pero no avisaremos a Téo de que regrese a la escuela hasta que haya una notificación de la escuela ”, dice.
La aclaración solicitada por la justicia bonaerense al gobierno de la Capital podría generar cambios en la fecha de regreso de las escuelas de la ciudad. Por el momento, con la negativa del juez Gallardo por parte del gobierno porteño, se llevará el caso a sorteo para que otro magistrado proceda con la solicitud.

9.2.2021

Dos de cada tres edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con aulas con la ventilación recomendada para evitar contagios de coronavirus, de acuerdo a un informe preliminar elaborado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) frente al regreso a las clases presenciales, el cual indica también que el 60% de los alumnos y docentes usa el transporte público para llegar a las escuelas.

Los datos se desprenden del Mapa de Riesgo Escolar que elabora el gremio docente en base a las respuestas obtenidas de actores de la comunidad educativa -entre ellos docentes, delegados y padres y madres de alumnos- a un formulario distribuido con consultas.
El relevamiento apunta a conocer las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de la Ciudad, así como también indaga sobre otros aspectos vinculados a los requisitos a tener en cuenta para el retorno a las aulas.
En declaraciones a Télam, el secretario de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de UTE, Pablo Francisco, sostuvo que la encuesta abarcó, hasta este jueves, a unas 700 edificios escolares de educación pública de los 1000 existentes en la Ciudad.
En ese marco, uno de los datos mostró que el 68% de las aulas de los edificios, es decir dos de cada tres, no tiene la ventilación necesaria para garantizar la circulación de aire que es considerada una de las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
En el borrador del protocolo para el regreso a clases del Ministerio de Educación porteño, que entregó el martes a los gremios docentes, se establece como una de las acciones a tener en cuenta para el acondicionamiento de los establecimientos «el mantener las puertas y/o ventanas abiertas en forma permanente para evitar contacto con herrajes y permitir la ventilación adecuada».
Por otra parte, el informe de UTE revela que el 58% de los edificios no llega a tener la cantidad de sanitarios disponibles que garanticen las condiciones de higiene básicas para prevenir la circulación del virus.
Según indicó Francisco, el protocolo contempla un baño cada 40 alumnos varones, el que deberá contar al menos con un inodoro, un mingitorio y dos lavabos; mientras que fija un baño cada 40 alumnas mujeres, con la provisión de dos inodoros y dos lavabos.
También, el relevamiento indica que el 52% de los establecimientos no tiene bancos individuales destinados a la ubicación de los alumnos en las aulas, sino que existe una mayoría de escritorios compartidos para dos estudiante.
Señala que el 59% de los edificios tiene un solo acceso y egreso del personal docente y no docente y de los estudiantes, lo cual no colaboraría ante la posibilidad de que se generen aglomeraciones en esos sectores al momento del ingreso y salida de los alumnos.
Por último, la encuesta evidenció que el 60% de los docentes y alumnos se traslada desde sus domicilios hasta la escuela en el transporte público: un 50% lo hace en colectivo y el 10% restante en subte y tren.
Al respecto, el borrador del Gobierno porteño cita el artículo 24 del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia 67-PEN/21 que establece que «el personal docente, no docente y las/os estudiantes -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales, quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano».

9.2.2021

Myriam Bregman y Alejandrina Barry, diputadas porteñas del PTS en el Frente de Izquierda, presentaron el pasado jueves un proyecto de declaración por la falta de pago de salarios a 200 residentes que se encuentran trabajando en emergencia sanitaria por covid-19.

Con fecha del día 4 de febrero, las diputadas porteñas del PTS-FITU Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron el proyecto de declaración nº 2959-D-2020, mediante el cual se exige al Gobierno de la Ciudad que tome las medidas necesarias e inmediatas para los 200 residentes de salud que desde el mes de octubre se encuentran sin cobrar.
Cuando aún se sigue haciendo frente a la pandemia por la irrupción del COVID-19, queda más que claro que el área de salud es fundamental y prioritaria. Pero en la ciudad con más recursos del país, aún continúan dandole la espalda a los trabajadores esenciales, en particular el sector de residentes, que son alrededor de 200 ingresantes, jefes e instructores que no vieron ni un peso desde el mes de octubre de 2020.
Y por si fuera poco, en el caso de cobrar todos los sueldos juntos, les descontarán ganancias (que más adelante serán devueltas), cuando las mismas fallas y trabas burocráticas los arroja a esta situación. La precarización laboral a la que están expuestos sigue vigente y se profundiza con este panorama. Ni las autoridades del Gobierno de la Ciudad de la mano de Larreta, ni del Ministerio de Salud liderado por Quirós, ofrecieron algún tipo de respuesta.
El proyecto también exige el cobro del salario para los concurrentes, aquellos trabajadores de la salud que hacen sus tareas de manera gratuita, necesarios para enfrentar la pandemia y garantizar la atención en la salud pública, pero que a la vez son la cara más visible de la precarización laboral.
Es imperioso el cobro de los salarios adeudados y frenar así este tipo de atropellos hacia los esenciales de la salud, los primeros en poner el cuerpo a la pandemia, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a lo largo y ancho del país.

7.2.2021

Por Lic. Daniela Giorgetta y Lic. Adelqui Del Do*

Estas últimas semanas hemos asistido a debates en los medios de comunicación masivos sobre el plan de inoculación en nuestro país, en donde se invisibiliza intencionalmente la contraposición de dos paradigmas: el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires.

Por decisión de sus autores, el artículo contiene lenguaje inclusivo.
De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
Ramón Carrillo

Provincia o Ciudad

A fines de enero, el GCBA habilitó una plataforma en la página web de la Ciudad para comenzar a dar turnos para la tan ansiada vacunación contra el COVID-19. La “difusión” de esto comenzó a circular en redes sociales (principalmente WhatsApp); grupos de personas (profesionales independientes de la salud) sumidas en la incertidumbre y la ansiedad preguntaban cómo anotarse, pues la página no los dejaba. Otres contaban que se habían podido anotar a las siete de la mañana, otres por propia deducción habían llegado a la conclusión de que a las 8 de la misma mañana no había más turnos. Luego, por testimonios de colegas nos enteramos de la anulación de muchos turnos asignados, sin la explicación correspondiente.
Después de haber intentado anotarnos durante toda la mañana, nos resignamos a asumir que efectivamente no habría más turnos, dado que ya nadie más había conseguido sacar uno. ¡Qué suerte los que consiguieron! ¡Si nos hubiésemos despertado más temprano! ¡Si hubiéramos mirado el celular antes!, fueron algunas de las cosas que nos dijimos y pensamos embroncados por no haber podido ni siquiera inscribirnos para cuando hubiera más turnos. Pero claro, si algo de eso que pensamos hubiera pasado, otre se encontraría en nuestra misma situación.
Y aquí aparece sin velos una de las lógicas más estructurales del neoliberalismo: ¡sálvese quien pueda!; que, tal como refiere Jorge Alemán (2013), es un nuevo tipo de “racionalidad” dominante construida por el neoliberalismo, que se apropia del orden del Estado y produce un nuevo tipo de subjetividad. Es así como sucede la “naturalización” de una suerte de competencia en la que gana el más apto, el que primero se “aviva”; en palabras de Alemán (2013), “el empresario de si mismo” que no necesita de la presencia y cuidado del Estado.
Hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo a funcionarios del GCBA declarar en los medios de comunicación que no seguirían el modelo de inscripción de la PBA para no generar falsas expectativas ni ansiedad en los ciudadanos, que ellos irían vacunando a medida que tuvieran las vacunas, sin ningún tipo de alojamiento previo. Lo que evidentemente no dijeron, o lo dijeron solapado, fue que dejarían a los ciudadanos a su suerte a tratar de conseguir un turno a los codazos, como si se tratara de entradas para un recital o de alguna promoción empresarial. Como dice un colega amigo: “El Black Friday” de la vacunación.
No hay difusión, no hay publicidad, no hay mensajitos ni mails de esos que tanto gustan de enviar, no hay cronograma, no hay planificación ni contención que contemple a toda la población de la CABA. Y aquí cabe aclarar que lleva la delantera en cantidad de contagios y muertes por cantidad de habitantes en todo el país. Sabemos que esto último no es ni por casualidad ni por azar, pero no es un tema que ahora no analizaremos.
Esta visión es parte de una moral meritocrática que establece el éxito o fracaso en la responsabilidad individual para gestionar sus propias conductas o actos, siempre individuales y autónomos de toda determinación social. Se establecen así nuevas formas de gestión en la administración pública moldeadas a semejanza de ciertas metodologías del sector privado. La Ciudad ha subordinado la salud a las lógicas del marketing político.

Estado de vacunación

En contraposición a esto, el plan de vacunación anunciado e implementado por la PBA, bajo el lema “Buenos Aires vacunate”, nos permite ver la diferencia entre un Estado presente que busca acompañar, cuidar y promocionar la salud de sus ciudadanes desde una lógica sanitaria.
La PBA cuenta con una App y con una página web desde la que se pueden gestionar los turnos y la inscripción de acuerdo a las etapas del cronograma de vacunación. La primera de estas, comenzará priorizando a quienes tengan entre 18 y 59 años de edad con enfermedades de riesgo preexistentes, a mayores de 60 años, al personal de salud, policial, docente y auxiliar. Quienes no apliquen dentro de alguna de estas categorías, quedarán inscriptes para las siguientes etapas y serán notificados una vez que las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación confirmado. De esta manera, no sólo se evita la aglomeración de gente en los puntos de vacunación, sino que el Estado trasmite previsibilidad y confianza a la población.
Este programa de inscripción, o es invisibilizado o se lo intenta desprestigiar a través de los medios masivos de comunicación. No informan cómo se accede, y no sólo eso, sino que trabajan arduamente para instalar indignación. Mentiras que no sólo atentan contra el plan de vacunación de la PBA, sino que atentan contra la salud pública del país. Desinformar, tergiversar y mentir es el modus operandi de muchos de los “reconocidos periodistas” de nuestros lamentables medios hegemónicos de comunicación masiva.

Operación mediática

Las campañas de mentiras y desprestigios impactan negativamente en el ánimo de la población, lo cual repercute directa o indirectamente en la salud mental. Y ese es uno de los objetivos de los medios opositores; generar incertidumbre, desconcierto, enojo; esa es su victoria. Tal como señala Alicia Stolkiner (2020), “buena parte de la comunicación de los medios ha sido deteriorante de la salud mental”.
Han impulsado discursos de negación y naturalización del riesgo, lo que indefectiblemente ha generado el incremento de la angustia y la tristeza. Debemos sumarle al flagelo de la pandemia del Covid-19, la infodemia a la que nos someten los medios opositores al Gobierno Nacional y Provincial.
¡Ah! pero frente al modelo de la Ciudad de Buenos Aires solo hemos escuchado loas y reconocimiento acerca del manejo de la cuarentena y las medidas tomadas, incluso han fogoneado e incitado a la gente para que salga a la calle y exija reaperturas de negocios, bares, etc. Y ahora no informan que nuestra Ciudad tiene la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en el país, más muertos que la PBA, como así tampoco comunican el disgusto y la incertidumbre que se ha generado en los habitantes de la CABA por no tener un plan de vacunación claro.
Claramente, en la Ciudad de Buenos Aires, mayor riqueza y mayor presupuesto no equivale a mayor inversión en políticas de salud ni a mayores cuidados sobre sus ciudadanes. Pero sí implica cobertura y blindaje mediático, como así también desprestigio sobre otras provincias.
Por otro lado, diferentes grupos de profesionales del sistema público de la Ciudad han manifestado malestar y preocupación por la falta de información y cronograma para hacer efectiva la vacunación de todo el personal del sistema público de salud contra el COVID-19. Pidiendo, además, que se garantice la transparencia del proceso y que se actualice su difusión con cada arribo de nuevas dosis.

Estar o no estar, ese es el Estado de la cuestión

Creemos que, en sintonía con el Gobierno Nacional, la PBA cumple el rol de un Estado presente, con una lógica sanitaria y de cuidado sobre sus ciudadanes. La elaboración de un programa de vacunación transparente y equitativo, no solo atañe a salud pública, ya que entendiendo a esta como un derecho, también atraviesa a los derechos humanos.
El acceso a la salud es un derecho humano básico que numerosos tratados internacionales de rango constitucional bregan para que se ejerza su garantía. La especulación electoral y el marketing político no pueden ser los cimientos de las políticas públicas en salud.
El Gobierno de la CABA vulnera los derechos de les profesionales de la salud y del conjunto todo de la población de la Ciudad. No informar correctamente y no recibir respuestas por parte de los funcionarios de este gobierno es una forma más de descuido y maltrato al que tan acostumbrades nos tienen, profundizado aún más durante la pandemia y la emergencia sanitaria.
Es fundamental la articulación entre Estado y Comunidad para garantizar el derecho a la salud a través de la participación multisectorial. Como señala Stolkiner (2020), “no hay otra opción que pensar la salud en términos de cuidados colectivos” y con un Estado presente.
Bibliografía
Alemán, J. (2013). https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-215793-2013-03-14.html
Stolkiner, A. (2020). https://www.pagina12.com.ar/291795-me-preocupa-mucho-la-naturalizacion-del-riesgo
*Lic. Adelqui Del Do. Psicoanalista. Docente Universitario. Lic. Daniela Giorgetta. Psicoanalista.